Fiscales federales de distintas jurisdicciones de todo el país, participaron en la ciudad de Salta de una jornada organizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para tratar el intercambio sobre buenas prácticas y desafíos en la gestión de casos de trata de personas en el sistema procesal acusatorio. El Procurador General de Salta, Pedro García Castiella estuvo invitado y resaltó la importancia de un trabajo mancomunado y de cooperación entre las jurisdicciones nacionales y provinciales.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del Fiscal General Eduardo José Villalba, Fiscal de Distrito de la Unidad Fiscal Salta y del Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, quienes realizaron una presentación del trabajo interinstitucional entre la Unidad Fiscal de Salta y la Procuración General de Salta.
El fiscal general Villalba aludió al desafío que representa la implementación del sistema acusatorio para los Ministerios Públicos Fiscales y destacó que en el abordaje de la trata de personas, la responsabilidad se potencia, haciendo necesario un trabajo de colaboración entre los organismos nacionales y provinciales.
A su turno, el procurador general García Castiella, se refirió a la experiencia en Salta, donde el sistema acusatorio está implementado desde hace 10 años, calificándola como beneficiosa y fundamental para dar respuesta a la sociedad y a la víctima de un delito.
También destacó como significativo el intercambio con el Ministerio Público Federal, donde se trabajó en forma conjunta en casos significativos, se firmaron acuerdos en materia de narcotráfico y se avanza en nuevos convenios de cooperación recíproca en cuestiones vinculada al abordaje de la trata de personas y delitos conexos, como lo son los que se cometen contra la integridad sexual.
Encabezaron el encuentro, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, titular y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Laura Estomba, como especialista en Protección y Trata de personas de la OIM Argentina y contó con la participación de fiscales federales de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires y otros distritos.
El viernes pasado tuvo lugar en la Sala de Reuniones de la Procuración General de la Provincia, una reunión convocada por el Procurador General, Dr. Pedro García Castiella, en el marco de las actuaciones referidas al requerimiento de informe sobre aguas subterráneas en Salta.
Estuvieron presentes por la Procuración General, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret y el integrante del Servicio de Ambiente del Departamento Técnico Científico del CIF, Ing. Eliseo Joel Medina; el Secretario de Recursos Hídricos, Ing. Julio Romero Leal; el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Dr. Jorge Figueroa Garzón, junto a otros funcionarios de ambos organismos; el Vice Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, Dr. Virgilio Núñez, en carácter de cooperación técnico-institucional con el Ministerio Público Fiscal.
A 22 años de vigencia de la Ley
de Medio Ambiente, las autoridades no dieron cumplimiento a lo estipulado respecto
a la aplicación del Programa Sistemático de Construcción de Mapas de
Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas, es decir que releve las debilidades del
sistema y los niveles de situación de riesgo existentes.
En el marco del convenio de cooperación existente y en respuesta al pedido de informe que oportunamente se hiciera, la Procuración General de la Provincia cumplió con una serie de pasos tendientes a avanzar en un proceso multi-institucional de trabajo, conforme se evaluó durante la reunión mantenida con los representantes de los diferentes organismos e instituciones.
Se coincidió en la necesidad de convocar a una próxima reunión, a la brevedad, a fin de establecer de manera formal un plan de trabajo sostenido para arribar a los resultados esperados.
Cabe recordar que es
competencia del Procurador de la Provincia el control de la legalidad de los
llamados “derechos colectivos”.
Hasta 2019, sólo el ENRESP medía, periódicamente, las aguas de abastecimiento público e hídrico, en relación a algunos problemas puntuales, tales como arsenicismo endémico. Y, de acuerdo a lo informado en aquella oportunidad por el CIF, se poseía un padrón relativo de pozos habilitados en la provincia, con bajo nivel de precisión. Es por ello que se trabaja en base a principios de prevención y precaución, por los riesgos, tanto para la sociedad, como el ambiente, ambos involucrados de manera directa.
En el año 2000 se sancionó la Ley provincial N° 7070 de Protección del Medio ambiente (ver Sección III sobre “De las aguas subterráneas y su protección”, artículos 71 y 72 sobre sistema de clasificación de las aguas subterráneas, vulnerabilidad y elaboración de mapas de vulnerabilidad y Autoridad de Aplicación, respectivamente).
El Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella dispuso mediante el dictado de la Resolución 1328 del día de la fecha, la creación de una nueva Unidad Fiscal para intervenir en el Legajo de Investigación Nº 67/2019 de la UGAP (AP 49/2017 de la Sub comisaría Vaqueros), a fines de dar continuidad a la investigación del caso y cumplir con la premisa constitucional del afianzamiento de la Justicia y promover la actuación de la misma en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, como así también abastecer no solo el mandato constitucional que impone la actividad acusatoria, de perseguir -debido proceso mediante- el enjuiciamiento y eventual imposición del castigo penal al o los responsables del delito, sino también el derecho a la verdad, todo conforme a los paradigmas consagrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución aludida, señala “Que teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones tramitadas mediante Legajo de Investigación N° 67/2019 de la Unidad de Graves Atentados a las Personas (AP N° 49/2017 de la Sub Comisaría Vaqueros) ,corresponde a este Procurador General que, con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones acusatorias, adoptar medidas tendientes a favorecer ese rol, que implica cumplir con el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 166, letra a, Constitución de Salta).
Que, en ese sentido, resulta indispensable dar continuidad a la investigación del caso, estableciendo que la representación del Ministerio Público Fiscal se ejerza por magistrados diferentes a los que hasta ahora intervinieron”.
La nueva Unidad Fiscal estará integrada por la Sra. Fiscal Penal Especializada en Femicidios, Mónica Susana Poma, el Fiscal Penal de Graves Atentados a las Personas, Leandro Flores y el Fiscal Penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, quienes deberán asumir de manera conjunta, con la colaboración de sus respectivos Auxiliares”.
Se agrega que la Corte de Justicia de Salta en el dia de ayer, 5 de abril, dictó sentencia desestimando la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en el proceso judicial hasta ahora llevado a cabo, agotando así de este modo la instancia recursiva por resultar el máximo tribunal de la Provincia.
El titular de la UFECI Horacio Azzolín mantuvo una reunión con fiscales de distintas especialidades como inicio de una agenda de futuras capacitaciones y jornadas abiertas con miras a la puesta en marcha de la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provincia. El funcionario judicial les transmitió su experiencia y destacó el conocimiento de los fiscales salteños sobre la problemática y su abordaje, comprometiéndose a brindar su apoyo en jornadas de capacitación a realizarse en los próximos meses.
El Procurador General de la provincia Pedro García Castiella se reunió con el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) Horacio Azzolín a fin de dinamizar las tareas preparatorias para la próxima puesta en marcha de la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provinciade Salta. El Procurador remarcó el avance en la diagramación de “una serie de capacitaciones, a fin de recibir los aportes, experiencia y dotación de herramientas necesarias para no vernos sorprendidos en la puesta en marcha en un futuro no lejano de la fiscalía de ciberdelitos”.
Para ello, se realizó junto a integrantes del Ministerio Público Fiscal, una primera reunión preparatoria, como parte de una agenda de futuras capacitaciones y mesas de trabajo que se iniciarán como jornadas abiertas en el mes de junio. Azzolín pudo transmitirles a los fiscales la experiencia en el armado, la estructura y diseño de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Se adentró en la especialidad de los profesionales necesarios para el trabajo, las herramientas con las que cuentan, en qué delitos intervienen y de qué forma se organizan para el abordaje de las distintas causas.
Fueron parte de la reunión los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual Cecilia Flores Toranzos y Pablo Rivero, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, y el fiscal de Derechos Humanos Gabriel Gonzalez.
En el intercambio de experiencias, cada uno de los fiscales presentes relató su especificidad, y a partir de ellas, sobre que casos fueron atravesados ya sea por la delincuencia digital o por tratarse de delitos informáticos por sí mismos. En especial se hizo hincapié a los delitos relacionados con estafas, y material de explotación sexual y Grooming.
Azzolin habló también sobre los nuevos desafíos que se están presentado en la investigación frente a delitos, sobre los que se observa una tendencia que tiene no solo una dirección en alza respecto al número de casos, sino también al surgimiento de nuevas modalidades delictivas, para los cuales se debe estar preparado y contar con las herramientas necesarias.
El titular de la UFECI resaltó el nivel de conocimiento de los fiscales presentes respecto a los temas abordados y planteó tareas de acompañamiento para el abordaje de un modo articulado y atendiendo a sus especificidades para el abordaje de un fenómeno grave y complejo, sobre el que el Ministerio Público Fiscal ampliará y profundizará su capacidad de intervención.
Así lo aseguró el procurador General, Pedro García Castiella, durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana. Señaló que la velocidad del retorno de la actividad financiera investigada implicaría que el sistema era nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita. La fiscal Salinas Odorisio precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas.
El procurador General, Pedro García Castiella, brindó esta mañana una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre los allanamientos y secuestros realizados a una financiera desde el viernes pasado.
Pese a la reserva de actuaciones decretada en la causa, que impide brindar detalles mas precisos sobre la investigación, García Castiella aseveró que lo revelado hasta el momento “es sólo la punta del iceberg” y que no se descarta que existan más imputados.
“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del Esquema Ponzi, alcanzara a más víctimas” contó, para luego puntualizar que “la realidad con la que nos encontramos excede a la investigación de una mera financiera irregular”.
“No estamos ante un clásico sistema Ponzi porque el retorno prometido, según surge de los contratos secuestrados, es bastante veloz. Esto implicaría que el sistema sería nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera”, consideró García Castiella en clara alusión al lavado de activos de origen ilícito que será materia de análisis una vez concluidos los primeros estudios periciales.
Ademas afirmó que «se detectó un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la policía de la provincia confundidos con la organización en diversos roles , algunos de captación de incautos, otros prestando seguridad, otros filtrando información hacia afuera de la investigación y dando apoyo, aun en la clandestinidad luego de los allanamientos, a las personas que se encuentran prófugas».
Además, el Procurador General señaló que producto de ello, personas relacionadas a la causa fueron amenazadas por lo que se solicitó custodia a la Policía Federal Argentina.
“También surge de los primeros avances de la investigación y los elementos hasta ahora reunidos, y por ello la necesidad de avanzar en la misma, la probable existencia de determinados superiores jerárquicos involucrados en la funcionalidad de la organización, tanto en los montos de los dividendos ya percibidos como así también en el aventajado posicionamiento piramidal”- amplió el Procurador respecto de lo que, no se puede dar mayores precisiones para así proteger la reserva y éxito de las investigaciones.
Junto a García Castiella se encontraban los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; el fiscal Penal, Ramiro Ramos Ossorio; y los auxiliares del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gaspar Solá y Nicolás Montaldi.
Salinas Odorisio advirtió que, previo a los allanamientos, existieron filtraciones que permitieron a cuatro personas –entre ellas, la organizadora de la financiera- darse a la fuga, posiblemente con parte del dinero de los inversores. En cuanto a los ocho detenidos, indicó que fueron imputados por estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras. A ello el Procurador agrego también que oportunamente se dará también intervención a la justicia federal, por la eventual ocurrencia de delitos de esa jurisdicción.
Sobre el audio que una de las prófugas envió a varias víctimas asegurando que devolvería el dinero, García Castiella fue categórico al señalar que tomará medidas con aquellas personas -pertenezcan o no a las fuerzas de Seguridad- que colaboren de alguna manera con los fugitivos ya que estarían incurriendo en el delito de encubrimiento.
Respecto al pase a disponibilidad realizado por el Jefe de la Policía del comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda, el Procurador manifestó que permanecerá en el cargo, anunciando el dictado de una Resolución de la Procuración General que se sostiene en los Arts. 167 y 168 de la Constitución de la Provincia, mas los convenios preexistentes. Señaló también que la medida dispuesta, contraviene el convenio rubricado entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración General en 2017, que establece que la elección de los funcionarios de la Policía de la Provincia que se desempeñen en el CIF es facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal.
En este punto, el Procurador fue inflexible al asegurar que “la asignación de Miranda resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones que el Ministerio Público Fiscal se encuentra llevando adelante” y que el Comisario General fue elegido por él para encabezar el proceso de reorganización del Departamento de Investigaciones del CIF, solicitando que no se avance con la medida, y se colabore con la investigación por el bien de la institución policial y de la seguridad de los salteños.
Por último, la fiscal Salinas Odorisio precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas de esta financiera.
Estudiantes de Abogacía tendrán la oportunidad de realizar prácticas en el ámbito judicial a partir de un convenio entre Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta y la Procuración General.
El procurador general de la provincia Pedro García Castiella y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, Eduardo Romani, firmaron un Convenio para la implementación de una formación práctica en el ámbito de las Fiscalías y Delegaciones Fiscales de la provincia, destinado a los alumnos del último año de la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Salta.
El propósito es promover la integración entre el ámbito académico y el profesional, afianzando los conocimientos teóricos adquiridos en el ámbito académico mediante actividades prácticas formativas y adquiriendo habilidades que serán una herramienta de formación indispensable en los tiempos actuales.
Es fundamental destacar los beneficios del acuerdo, poniendo énfasis en los alumnos que estudian en el interior de la provincia, ya que en un desafío por descentralizar las oportunidades, la práctica se desarrollará en las instalaciones de las distintas Fiscalías y Delegaciones Fiscales dependientes de la Procuración General, dentro de todo el territorio provincial.
La Procuración recibirá en calidad de practicantes a los alumnos que designe la Facultad, que se encuentren en condiciones académicas de realizar las prácticas profesionales no rentadas, brindando colaboración en el asesoramiento académico que requieran, con una duración máxima hasta treinta horas mensuales, debiéndose cumplimentar durante el ciclo lectivo entre los meses de abril a noviembre de cada año.
El cumplimiento de la práctica por parte de los alumnos, otorgará la excepción de cursado de las materias Práctica Forense II o Practica Profesional II correspondiente al 5to año de la carrera de Abogacía, cuando estos además de contar con el 80% de asistencia, obtengan informe favorable de los profesionales a cargo de la práctica profesional, debiendo rendir el examen final para la aprobación de las materias mencionadas.
El ingreso del alumno como practicante en el Ministerio Público Fiscal de Salta no origina ningún tipo de relación laboral entre éste y el alumno manteniendo la Facultad, las potestades académicas y disciplinarias sobre los alumnos así como las obligaciones de su aseguramiento civil correspondientes.
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, mantuvo diversos encuentros en la ciudad de Buenos Aires con distintos organismos nacionales para la coordinación de las intervenciones adecuadas y oportunas en el abordaje integral y el robustecimiento de las políticas victimológicas. Estos vínculos vienen a reforzar el trabajo que desde la Procuración General de Salta se lleva a cabo, en orden a colocar en la agenda de prioridades de las políticas públicas a la perspectiva victimológica y las buenas prácticas en tal sentido, para mejorar las respuestas y garantizar una apertura adecuada a las víctimas en los procesos penales en la defensa de sus derechos y garantías.
El día lunes 28 se celebró un encuentro en sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el que se firmó una primer acta acuerdo y marco de colaboración institucional entre el CENAVIC (Centro Nacional de Atención a las Víctimas de Delitos) y la Procuracion General de la Provincia, comprendiendo también al SAVIC (Servicio de Asistencia a las Victimas de Delitos) que integra el Ministerio Publico Fiscal, a fin de coordinar esfuerzos institucionales para defender, promover y robustecer, la defensa y vigencia de las garantías y derechos individuales de las personas víctimas de delitos, de modo interjurisdiccional, coordinado y complementariamente entre ambos organismos.
Del encuentro participaron el Subsecretario de Acceso a Justicia Dr. Víctor Oyarzo y la Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Asistencia a la Víctima (CENAVID), Dra. Azul Romero Beery, la Dra. Sandra Elena Furio y el Lic. Pablo Fasciotti, a cargo de la coordinación del Equipo Interdisciplinario; por parte de la provincia de Salta concurrió el Procurador General, como también la Directora del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal Dra. Matilde Alonso, junto al Dr. Rafael Benegas.
En el encuentro se dialogó sobre la necesidad de articulación para un abordaje integral que abarque lo jurídico, psicológico y social, con el objeto de dar contención, orientación y acompañamiento a las víctimas de delitos.
García Castiella, propuso una articulación colaborativa, la proyección a futuro en diversas actividades concurrentes y la organización de mesas de trabajo en la Provincia de Salta, a fin de optimizar los recursos disponibles, generando mecanismos ágiles y eficaces de intervención y acompañamiento de personas víctimas de delito, todo teniendo en cuenta que las situaciones que se presentan son de inminente peligro y vulnerabilidad. Destacó el Procurador que con parámetros comunes, se obtendrán procedimientos eficaces para la optimización de la intervención más respetuosa de los derechos humanos de las personas afectadas por los efectos del delito.
En el marco de sus funciones, tanto el Servicio de Asistencia a la Victimas del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Salta, como el Centro Nacional de Assitencia a Victimas, se especializan en políticas publicas y victimologicas, y son quienes asumirán la responsabilidad de fortalecer la capacidad de respuesta a las situaciones de asistencia a victimas.
Encuentro en Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad
Con anterioridad, el pasado viernes 25 de marzo, el Procurador General de la Provincia mantuvo un encuentro con la Subsecretaria de Programas Especiales Contra la Violencia por Razones de Género, Dra. Carolina Varsky y la Directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual, Dra. Natalia Chinetti, con la finalidad también de potenciar las posibilidades de articulación de las actividades entre organismos nacionales y provinciales en el abordaje de violencias contra la vida de mujeres y personas miembros de colectivos LGBTQ y delitos contra la integridad sexual. Se coincidió en la necesidad de procurar los mecanismos mas aptos para otorgar una red de contención y acompañamiento suficiente, especialmente en aquellos casos de sectores de extrema vulnerabilidad. En particular, se trataron aquellos casos en los que son victimas personas pertenecientes a comunidades aborígenes, que exhiben una complejidad diferente. Se intercambiaron perspectivas y alternativas para lograr un mejor abordaje en casos particulares como el acontecido en la comunidad “Pluma de Pato”.
También se abordaron aspectos vinculados al avance y proyección del Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género, al que la provincia de Salta adhirió en su oportunidad, auspiciando proyecciones futuras de ampliación en la coordinación y colaboración recíproca.
El Ministerio Publico Fiscal de Salta viene ya desde tiempo atrás avanzando en la sistematización, ordenamiento y disponibilidad de los antecedentes de casos de violencia por motivos de género, constituyendo una herramienta de anticipación en la información, seguimiento y consulta para las fiscalías de Violencia Familiar y de Género.
Abordaje de situaciones que afectan a comunidades aborígenes
En el ámbito de la provincia de Salta, tratándose en la mayoría de los casos de delitos contra la integridad sexual y resultando estos dependientes de instancia privada conforme las normas procesales y de fondo vigentes en el territorio nacional, no resulta suficiente ni eficaz la mera y sola disponibilidad física o territorial de uno o mas fiscales, sino que la determinación de instar la acción requiere de todo un proceso ordenado y previo de acompañamiento, contención, asesoramiento y protección suficiente para dotar así a las victimas de las herramientas y condiciones apropiadas para permitirles el ejercicio de sus derechos, salvo los casos de menores de edad. Por ello se dispuso un abordaje integral a través de una comisión interdisciplinaria coordinada por el SAVIC para la concurrencia a la zona y entrevistas con las victimas que deseen formular denuncias, y tomar conocimiento también de aquellos casos en que las víctimas pudiesen resultar menores de edad.
«En general, no solo en el abordaje victimológico, sino también en la investigación del delito en sus diversas modalidades, se observa la particularidad de que, al encontrarse la provincia de Salta integrando una organización como nación federal, existen tanto jurisdicciones nacionales y federales, como así también provinciales, que intervienen en las diversas conflictividades que pudiesen padecer los habitantes de nuestra provincia. No hay razón para que los esfuerzos que convergen a la misma finalidad que es el bienestar de las personas habitantes de nuestra provincia, actúen por separado y sin una comunicación y coordinación civilizada, armónica y superadora. Ello también se ve reflejado en los avances que se vienen logrando entre las fiscalías federales y provinciales; no existe motivo alguno para que ello no sea posible y realizable, ya que todo redundará en una mejor capacidad de respuesta del servicio de justicia como derecho de las personas«, afirmo el Procurador General Garcia Castiella.
En el marco del mega operativo llevado adelante para desarticular a una financiera, personas desconocidas, ingresaron al sistema digital de la Policía de la Provincia de Salta obteniendo datos sensibles de la causa. Un investigador de la Unidad de Delitos Económicos y su familia fueron amenazados. Interviene el Fiscal Penal Ramiro Ramos Ossorio.
El procurador general de la Provincia Pedro García Castiella tomó intervención inmediata disponiendo la protección de un integrante de la Unidad de Investigación UDEC que recibió mensajes intimidatorios tras el operativo de allanamiento a una financiera, dirigido por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
García Castiella destacó que, acciones execrables de esta naturaleza, no admiten tolerancia alguna y dispuso arbitrar las medidas necesarias tendientes a neutralizar cualquier tipo de amenaza y hostigamiento.
El pasado sábado, un integrante de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de investigaciones del CIF, que tuvo participación en el operativo bajo la estricta supervisión de la Fiscal, tomó conocimiento de la viralización de una imagen con información personal donde se observa, entre otros datos, teléfono móvil, e-mail, domicilio y fotografía. La imagen corresponde a una captura de la plataforma virtual SIRH (Sistema Integral de Recursos Humanos) de la Policía de la Provincia de Salta, a cuyo sistema digital se puede acceder solamente mediante usuario y contraseña asignada de manera particular y con los registros correspondientes.
En la información difundida, figura un oficio judicial del Juzgado de Garantías N° 3, donde el magistrado consigna al investigador, en condición de denunciante, siendo que su responsabilidad fue únicamente la redacción del informe correspondiente al operativo. Además se viralizó la primera carilla del Oficio de Allanamiento librado para un domicilio de Tres Cerritos.
Es así como el investigador comienza a recibir una serie de amenazas vía whatsapp por parte de personal policial. Los mensajes fueron subiendo de tono, y se extendieron a su grupo familiar, a través de una fotografía en la que se encuentra con su esposa y su hija menor de edad.
En este contexto, tomó inmediata intervención el Fiscal Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, quien en primer lugar, solicitó colaboración al Jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, a fin de resguardar la integridad física del investigador y su grupo familiar, mediante la correspondiente consigna.
Así también instruyó la investigación correspondiente a fin de dar con los autores de la filtración de datos y posteriores amenazas.
Se amplian mesas de trabajo para coordinar tareas conjuntas entre fiscalías federales y provinciales; ahora, en la lucha contra la trata de personas y delitos conexos. Se diseñarán estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención, que aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas.
Durante la mañana del pasado viernes, el Procurador General Pedro García Castiella, se reunió con el Fiscal General Federal Eduardo José Villalba, con el objetivo de ampliar la articulación de acciones conjuntas entre ambas jurisdicciones para el abordaje integral del delito de trata y explotación de personas; además de la protección y asistencia a las víctimas.
Se acordó como primer medida poner en funcionamiento una Mesa de Trabajo entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Publico Fiscal de laprovincia de Salta para el abordaje temprano del delito de trata de personas.
Esta propuesta de trabajo conjunto entre los fiscales federales y fiscales provinciales, se enmarca en el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en la lucha contra la trata de personas (Cf. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena y su protocolo final aprobado por la ley 15.768, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional aprobado por ley 25.632), un flagelo que requiere de la coordinación de todos los organismos involucrados en la materia.
La iniciativa deriva de los ventajosos resultados consolidados, en el que fiscales provinciales y federales realizan trabajos de investigación de forma aunada sobre el tráfico de drogas sintéticas y delitos vinculados, y que fueron también analizados en la reunión.
La erradicación del delito de trata de personas es de suma complejidad y exige un trabajo permanente y coordinado, porque si bien la competencia es federal, se encuentra íntimamente vinculada a delitos conexos, de jurisdicción provincial como ser la facilitación y/o promoción a la prostitución, pornografía infantil, grooming, entre otros. Mejorar la coordinación y colaboración entre las jurisdicciones permitirá un abordaje mas contundente y ágil, en especial en relación a las “zonas grises” respecto de la calificación inicial que los hechos investigados pudiesen eventualmente exhibir en los primeros momentos, independientemente de cual sea el fuero que inicie la investigación.
Mediante el abordaje colaborativo, se proyecta optimizar los recursos disponibles para generar mecanismos ágiles y eficaces de intervención, teniendo en cuenta que las situaciones que se presentan son de inminente peligro y vulnerabilidad.
Tanto el Ministerio Público Fiscal de Salta, como la Procuración General de la Nación, trabajarán en la elaboración de un Protocolo de trabajo donde se establecerán estrategias de investigación mancomunadas tanto para la trata de personas como los delitos conexos, consensuar criterios de actuación, canales formales para compartir datos, actividades de capacitación a los agentes involucrados en la materia, y prestar especial atención a la protección y asistencia de las víctimas a través de una coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Salta.
Participaron de la reunión, el procurador general Pedro García Castiella, en representación del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, Eduardo Villalba; además de fiscales y auxiliares de ambos fueros, incluidos UFINAR y Unidad de Delitos contra la integridad sexual.
El Procurador participó de la firma para la puesta en marcha del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El acto fue desarrollado en el Centro Cívico de Grand Bourg.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, participó del acto de integración y puesta en funcionamiento del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, realizado este miércoles en el Centro Cívico de Grand Bourg.
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anunció formalmente la inauguración de este Sistema Provincial de Prevención de la Tortura en la Provincia, como así también la previsión y disponibilidad presupuestaria para su regular funcionamiento desde el presente año, la previsión edilicia y demás recursos aptos y suficientes para su funcionamiento.
La Ley 8024 que crea este Sistema en nuestra provincia, dispone que el mismo sea conformado por el Comité Provincial Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y un Consejo Consultivo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, tratos abusivos, inhumanos o degradantes a la Dignidad humana.
Los mismos son mecanismos accesorios y complementarios resultantes de la adhesión a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo; y actúa en todo el territorio de la Provincia.
El Comité Provincial está integrado por dos miembros designados por las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos reconocidas legalmente, más un representante de la Cámara de Diputados, uno de Cámara de Senadores y un representante del Poder Ejecutivo.
En el acto, se incorporaron formalmente los dos miembros representantes de organismos de Derechos Humanos: la especialista en Archivología y militante social Cristina Cobos y el abogado y especialista en Derechos Humanos Rodrigo Solá. Como representante de la Cámara de Diputados se incorporó Ramón Corregidor, mientras que el Senado designó a Marcelo Robles como interino; por el Ejecutivo provincial fue designado al abogado Ricardo Nioi.
“Este es un acto sumamente trascendental para la vida institucional, ya que se incorpora a la Provincia de Salta a las primeras que entran en sintonía con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina al tiempo de adherir a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que fue incorporada a la Constitución Nacional en ocasión de la última reforma constitucional. El funcionamiento operativo que se inaugura en la provincia de este sistema provincial de prevención, resulta complementario a aquellos compromisos. Es fundamental su existencia para la prevención, monitorieo y control de la actividad del Estado a través de sus fuerzas de seguridad,. Uno de los aspectos más trascendentales del sistema, es que no solo está integrado por representantes de las distintas áreas del Estado Provincial, sino también por distintos organismos y ámbitos de la sociedad civil, tales como el Colegio de Abogados, la Universidad, organismos defensores de Derechos Humanos, entre otros”, remarcó el Procurador.
Participaron en el acto el vicegobernador de la Provincia; Antonio Marocco; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo , Ricardo Villada; el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo; la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; el secretario de Justicia y Métodos Alternativos, Diego Pérez; el coordinador general del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Javier Solá; el vicepresidente de la Corte de Justicia, Fabián Vittar, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; el procurador de la Provincia, Pedro García Castiella; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Carlos Ampuero; la coordinadora de la Secretaría General, Verónica Martín; el representante del IPPIS, Fausto Peloc, representantes de la Universidad Nacional de Salta, del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, y del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
