El Procurador General de Salta presenció la primera audiencia del Plan Piloto de Oralidad

Un hombre fue condenado a prisión efectiva, dos días después de haber cometido el delito. La reducción de los tiempos procesales, es uno de los ejes de la reforma judicial.

 

Junto a la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero, el Procurador General Pedro García Castiella, asistió hoy a la primer audiencia enmarcada en la implementación del Plan Piloto de Oralidad de la Justicia de Salta.

La audiencia, tuvo lugar en la Sala del Juzgado de Garantías IV, a cargo del Juez Diego Rodríguez Pipino, donde se informó sobre el acuerdo al que arribó el fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos como representante del Ministerio Público Fiscal con la defensora oficial, por lo que solicitaron que la causa se resuelva bajo el procedimiento abreviado. Carlos Adrián Maximiliano Rivadeneira, de 27 años, fue condenado por el delito de robo en grado de tentativa.

El hecho sucedió el pasado 15 de febrero cuando una persona caminaba por Avenida Tavella mientras hablaba por su teléfono móvil, cuando sufrió por parte de Rivadeneira, el arrebato del aparato. Circunstancialmente, tres efectivos policiales y un agente del Servicio Penitenciario advirtieron lo sucedido mientras se trasladaban en un colectivo urbano, del que descendieron inmediatamente, logrando detener al autor del hecho.

El hombre, fue sorprendido en situación de cuasi flagrancia (momento inmediato posterior a que se cometió el hecho), razón por la cual, ante la suficiencia probatoria de la acusación fiscal, basada en testimonios de los intervinientes, testigos y del propio damnificado, y atento a que el acusado ya había cumplido una condena por un hecho anterior por delito contra la propiedad, se lo condenó a prisión efectiva, declarándolo reincidente por primera vez.

 

Plan Piloto

El procurador general de Salta Pedro García Castiella señaló al término de la audiencia que: “Avanzar en la profundización de la oralidad en el proceso penal, implica un salto cualitativo muy significativo en la calidad de la administración de justicia, dadas las bondades que ofrece la inmediación, la presencia oral y actuada entre el juez y las partes; un proceso de mayor calidad en un sentido en el que ya avanzaron muchas provincias y el mismo Código Procesal Penal Federal de la Nación, que se aplica en la justicia federal de Salta y Jujuy”.

“Sistemas de esta naturaleza, permiten que se resuelva y concentre en una sola audiencia, lo que en el actual proceso – entre plazos y traslados-, demanda entre treinta y cuarenta días, tiempo en el que la persona detenida se encuentra en un largo lapso de indefinición de su situación de libertad, o confirmación de su privación de libertad y avance ´posterior del proceso”- agregó el funcionario judicial.

Finalmente, García Castiella expresó su reconocimiento “ya que hay un enorme esfuerzo concurrente entre el Poder Judicial y el Ministerio Publico, y va a demandar también mayor esfuerzo y compromiso de todos los operadores del sistema judicial, por cuanto van a tener que concentrar todos los fundamentos y respaldo probatorio para un solo acto, como lo es la audiencia de prisión preventiva que puede ser convertida en audiencia multipropósito. No debemos olvidar también que este proceso de modernización demanda un gran esfuerzo tecnológico y logístico, tanto para la registración fílmica, como para los canales de comunicación y accesos informáticos”.

Procuradores del país expresaron su preocupación por el narcotráfico y reclaman políticas de estado conjuntas y coordinadas con Nación

Ante la ola de hechos trágicos e inseguridad vinculados al narcotráfico registrados en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Procuradores Generales de las distintas provincias realizaron un pronunciamiento calificando la situación como “gravísima”.

Procuradores y Fiscales de las distintas jurisdicciones provinciales, entre ellos el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, advirtieron sobre la alarmante situación y reclamaron «una política de Estado que opere de manera conjunta y coordinada entre los estados provinciales y la Nación».

En un comunicado conjunto, los funcionarios se mostraron preocupados por «la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico».

Remarcaron la necesidad de una «política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro país».

«Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente», señalaron.

Añadieron también: ”No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal».

En ese contexto, consideraron «necesaria y urgente» la adopción de «medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad”.

Es preocupación de la Procuración General de la provincia de Salta en consonancia con el resto de los Procuradores, la replica de este flagelo en todo el territorio nacional. De esta manera, pusieron a disposición «toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar». A su vez, propusieron que, «desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo».

En la misma línea, los funcionarios provinciales expresaron un «incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional».

«Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos», concluye el comunicado.

Además de la firma del procurador general de Salta Pedro García Castiella, se encuentra la del procurador de Santa Fe, Jorge Barraguirre, y del fiscal general Jorge Baclini, junto a la de sus pares de las distintas provincias de Mendoza, Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Catamarca, Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Neuquén.

El comunicado completo:

 

COMUNICADO
Los Procuradores y Fiscales Generales, Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de las Provincias que integran la República Argentina, y miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, individualizados al pie del comunicado, profundamente preocupados por la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico en la misma, manifestamos:

1- Que desde hace varios años venimos denunciando la gravísima situación que se presenta en esta materia, y la necesidad de una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro País. Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente.

2- No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal.

3-El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad.

4-Nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática.

5-Es en mérito de ello que ponemos a disposición toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar, y proponemos que, desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo.

6-Por último, manifestamos nuestro incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional.

7- Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos.

Suscriben la presente:
Alejandro Gullé –Presidente – Procurador General Provincia de Mendoza Jorge Crespo- Presidente-Procurador General Provincia de Rio Negro Eduardo Quatropani- Fiscal General Provincia de San Juan
Julio Conte Grand- Procurador General Provincia de Buenos Aires
Juan Bautista Mahiques- Fiscal General de CABA
Jorge Barraguirre- Procurador General Provincia de Santa Fe
Juan Manuel Delgado- Fiscal General Provincia de Córdoba
César Sotelo – Fiscal General Provincia de Corrientes
Jorge García- Procurador General Provincia de Entre Ríos
Jorge Miquelarena- Procurador General Provincia de Chubut
Luis Martínez- Procurador General Provincia de San Luis
Jorge Baclini- Fiscal General Provincia de Santa Fe
Tristán Lobo- Procurador General Provincia de Catamarca
Jorge Canteros – Procurador General Provincia de Chaco
Pedro García Castiella- Procurador General Provincia de Salta
Miguel Piñero- Procurador General Provincia de Misiones
Luis De La Rúa- Fiscal General Provincia de Santiago del Estero                                                                                                                 José Ignacio Gerez – Fiscal General de la Provincia de Neuquén

                                                                                                                                                                             Febrero 13 de 2023.-

Se analizaron planes de acción para solucionar la problemática de la Subcuenca Arias – Arenales


En la Procuración de la provincia de Salta, se analizó el estado actual y problemáticas presentes. Experimentados profesionales y técnicos coincidieron en la importancia de la convocatoria a fin de realizar un trabajo interdisciplinario de planificación.

Convocados por el procurador general de Salta Pedro García Castiella, para conocer diferentes perspectivas científico técnicas sobre la problemática socio-ambiental de la Subcuenca de los Ríos Arias-Arenales, se realizó una reunión técnica con centros científicos de la Universidad Nacional y Católica de Salta.

El encuentro realizado el pasado 12 de diciembre, contó con la presencia de investigadores y académicos de vasta trayectoria, alcanzados por los convenios de colaboración que los Fiscales mantienen con estas casas de estudios, lo que les permite colaborar científicamente como auxiliares de justicia.

Al darles la bienvenida, García Castiella  manifestó la importancia de contar con la asistencia técnica de instituciones que tienen dilatada experiencia en la tarea de estudiar, muestrear, diagnosticar, proyectar, evaluar y monitorear las condiciones ambientales de la provincia, ratificando la importancia del trabajo interdisciplinario en materia ecológica.

Explicó el Procurador que la convocatoria se basó en dos finalidades: poner en valor el trabajo intelectual y de campo que realizan los centros académicos locales, para la perspectiva forense: y por otro lado, ampliar la óptica de enfoque más acotada que se tiene en los casos judicializados en los que intervienen los Fiscales en sus respectivas causas, para poder mirar los problemas en su integralidad. Esto les permitirá a los magistrados canalizar mejor las peticiones, reclamos y requisitorias que hacen ante los jueces, buscando orientar los trámites a las mejores soluciones posibles.

Por el Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la ingeniera química Leonor Barrenechea realizó un repaso de las causas investigadas sobre la subcuenca, tanto en la parte alta, en los cursos de las quebradas, en la Reserva Hídrica de Finca Las Costas, como en el propio cauce de los ríos Arias y Arenales. 

Expuso que los valores de estas aguas hacen considerarlas no propias para uso recreativo en contacto directo, y que se detectaron metales peligrosos para la protección de vida acuática. Advirtió la presencia de residuos en distintos puntos sobre las márgenes del tramo urbano, todo lo cual termina recalando en la parte baja de la sub cuenca, caracterizada por el embalse Cabra Corral.

Por el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), de la Facultad de Ingeniería de la UNSa. y el CONICET, Verónica Rajal explico una serie de informes basados en estudios realizados en la zona media de la sub cuenca, donde se encuentra el sector más urbanizado del valle.

La ingeniera detalló sobre los resultados obtenidos de tesis doctorales y trabajos de investigación. Confirmó los datos del CIF y evidencio la presencia de bacterias virus y parásitos. Puntualizó que, del estudio de riesgo sobre la población afectada, tanto para contacto por inmersión como contacto mano-boca, las conclusiones son en extremo preocupantes.

En cuanto a perspectivas de mejoramiento, el magister arquitecto Pedro Fernández, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta, y quien fuera uno de los artífices del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de Salta, explicó que para esta problemática interesa la interfase entre lo urbano y la ribera del río. Expuso el docente e investigador científico, que todo lo que se hace en la ciudad, repercute en el río; y detalló obligaciones urbanísticas que están plasmadas en los PIDUA I y II que ayudarían a abordar los problemas planteados. El profesional marcó como un desafío a resolver la situación de las márgenes, en donde se encuentran asentadas en lugares muy riesgosos e insanos algunas barriadas.

Seguidamente la master Ana Zelarayán, secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa., realizó un abordaje de la problemática del Rio Arenales desde la integridad territorial y la dinámica social y económica. Explicó se debe trabajar en el ordenamiento ambiental del territorio, y que las unidades de cuenca hídrica son la mejor escala de medida. En la exposición de la licenciada en Recursos Naturales, fue apoyada por la diplomada y licenciada Silvia Ferreira, directora del Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña, quien hizo hincapié en la tarea de planificación, gestión y estabilización de las áreas altas de la subcuenca. 

La doctora en Geología del Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA), Verónica Rocha Fassola, por su parte, destacó la necesidad de tener en cuenta la dinámica de los sistemas acuíferos, es decir, el cómo actúan en todo este esquema las aguas subterráneas. 

En el espacio final de dialogo y preguntas, se profundizaron algunas dudas que los fiscales civiles, Ramiro Michel Cullen y Agustín Vidal y el fiscal penal Federico Jovanovics, plantearon respecto a causas particulares.

En el cierre, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, manifestó la importancia de contar con los cuadros técnicos de las Universidades de la provincia, y su intención de profundizar la tarea de colaboración con las facultades y los institutos científicos.

Subcuenca Arias-Arenales: La Procuración convocó a una reunión para abordar sus problemáticas

Es considerada la más degradada de la provincia, presentando conflictividad ecológica, económica y social. Asistirán fiscales, autoridades de distintas Instituciones y Organismos, técnicos y funcionarios.

Convocada por el procurador general, Pedro García Castiella, tendrá lugar este lunes 12, una reunión a fin de recabar información vinculada a aspectos técnicos de la problemática sobre la Subcuenca Arias-Arenales, perteneciente a la Cuenca Alta del Río Juramento.

García Castiella estará acompañado del fiscal de cámara a cargo del caso “Mercado, Amelia Emilia” Ramiro Michel Cullen, y del fiscal penal 5, a cargo de la actuaciones “Sobre contaminación aguas” Federico Jovanovics; la secretaria coordinadora de Procuración, Belén Rubio y el Secretario Relator Ambiental de Procuración, Juan Sebastián Lloret.

La agenda de trabajo contempla un espacio de exposición, distribuido en los cuatro organismos técnicos participantes, tas lo cual se dará paso a preguntas, intercambio y evacuación de dudas técnicas y sugerencias de procedimiento a los magistrados fiscales.

Está previsto, además, que se acerquen diferentes enfoques de la interdisciplina e institucionalidad, a fin de abordar con objetividad y de manera global los distintos aspectos complejos y de incidencia colectiva de la problemática.

Es por ello que se ha convocado al encuentro, a diferentes autoridades y funcionarios: la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, el responsable del Servicio de Medio Ambiente, José Luis Manzano y equipo, quienes poseen los datos técnico-forenses, detectados a la fecha en el medio . También, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNSa, Héctor Raúl Casado; la directora del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), Elsa Mónica Farfán y los ingenieros Verónica Rajal y Ramiro Poma, quienes ya han realizado evaluaciones científicas en el lugar y verificado aportes de asesoramiento a la causa penal.

Se ha invitado también al decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCaSal, Pedro Fernández y la directora ejecutiva del Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT), Gabriela Poliotto, quienes poseen la más vasta trayectoria en planificación urbano-ambiental de la subcuenca y han colaborado asesorando a la Procuración General en estas problemáticas; y el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, Julio Nasser y la secretaria de Relaciones Institucionales, Ana Zelarayán; las responsables de las cátedras de Hidrogeología y Manejo de Cuencas Hídrográficas, Verónica Rocha Fassola y Silvia Elena Ferreira Padilla, respectivamente, Facultad con la cual existe sostenidos vínculos de asistencia técnica.

Es oportuno mencionar que ambas casas de altos estudios llevan a cabo convenios de amplia colaboración y asistencia técnica, suscriptos con el Ministerio Publico Fiscal de Salta.

Por último, cabe recordar que la Subcuenca Arias-Arenales, perteneciente a la Cuenca Alta del Río Juramento es considerada la más antropizada (influenciada o manipulada por el hombre) y degradada de la provincia y, por tanto, la que presenta una mayor conflictividad ecológica, económica y social a la fecha.

“Mercado, Amelia Emilia” (Cam. CyC, III, Expte. CAM N° 380.533/12) “Sobre contaminación aguas” (Legajos N° AV-38/16 y N° AV-75/17)


García Castiella puso en funcionamiento la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia

Con el acompañamiento del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz, y el defensor general, Martín Diez Villa; el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella; tomó juramento a Sofía Cornejo Solá como fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia. 

El procurador general, Pedro García Castiella, tomó juramento a Sofía Cornejo Solá como fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, acto que contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz.

Sofía Cornejo Solá recibió el acuerdo del Senado Provincial en la sesión del 17 de noviembre de 2022 y fue designada mediante el decreto 997/22 del Poder Ejecutivo Provincial.

El procurador García Castiella agradeció al Gobernador y felicitó a Cornejo Solá “no sólo por haber sido designada y asumir sus funciones como fiscal de Ciberdelincuencia, sino también por el compromiso que implica el poner en marcha, desde su nacimiento, una fiscalía especializada con tantas particularidades y peculiaridades ya que será transversal a otros delitos, como violencia de género, abuso sexual, abuso de menores, estafas, delitos contra la propiedad y narcotráfico, entre otros”

Durante el acto, García Castiella tuvo un reconocimiento hacia su antecesor, Abel Cornejo, “por formar parte de la iniciativa e impulsar la creación en la provincia de una Fiscalía especializada en ciberdelincuencia”.

Resaltó la transversalidad y colaboración recíproca, tendiendo puentes, con otros Ministerios Públicos Fiscales, fiscalías federales y nacionales y ponderó que “la puesta en marcha de esta Fiscalía potenciará  la nueva dinámica que pretendemos imponer al Ministerio Público Fiscal ante el incremento de las demandas, necesidades y desafíos de estos tiempos”

Acompañaron durante el acto de asunción, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; los jueces de Corte María Alejandra Gauffin y Guillermo Catalano; el director de la carrera de Especialización y del Posgrado de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Marcos Gabriel Salt; el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación, Horacio Juan Azzolín; el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Eduardo José Villalba; autoridades de Colegios y Asociaciones provinciales, legisladores provinciales, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial y familiares. 

Fiscalía de Ciberdelincuencia

La Fiscalía en Salta fue creada por ley provincial N° 8175/19, sumándose a la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Oficina Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. 

La Fiscalía, con asiento en el distrito judicial del Centro y con competencia en todo el territorio salteño, tendrá intervención en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos acorde a lo establecido en la Resolución 1396 de la Procuración General de la Provincia.

Se lleva adelante el Seminario: “Femicidios: Herramientas para la investigación”

El encuentro es coorganizado por la Procuración General de Salta y UFEM Nación, con la participación de la Justicia Federal de Salta. Se busca reforzar la capacitación sobre investigación y persecución penal de los hechos de muertes violentas de mujeres, con perspectiva de género.

A fin de dar continuidad al trabajo iniciado a partir de la aprobación del “Protocolo para la investigación y litigio de las muertes violentas de mujeres (femicidios)”, por parte del Ministerio Público Fiscal de Salta, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, acompañado por la Secretaria letrada de la Procuración General de la Nación y Coordinadora General de la UFEM; Agustina Rodriguez, y el titular de la Unidad Fiscal Salta, fiscal general Eduardo José Villalba, presidieron la jornada inicial de capacitación destinada a funcionarios y operadores judiciales locales y federales.

El Ministerio Público Fiscal de Salta hizo propio el Protocolo elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, documento que se basa en normas y estándares internacionales y regionales, en materia de derechos humanos. 

 El principal objetivo del Protocolo, es proporcionar orientaciones y líneas de actuación para mejorar la práctica de los/as operadores/as de justicia,  ya sea que intervengan en la escena del crimen, en el laboratorio forense, en los interrogatorios a testigos y presuntos responsables, en el análisis del caso, en la formulación de la acusación o frente a los tribunales de justicia; de modo de asegurar investigaciones más eficientes pero que, a la vez, garanticen los derechos de las víctimas.

Con esta actividad, se busca reforzar la capacitación de los operadores judiciales que tiene a su cargo la investigación y persecución penal de los hechos de muertes violentas de mujeres (femicidio/feminicidio) con perspectiva de género.

El encuentro se desarrolla en dos jornadas de trabajo con una agenda exhaustiva de temas. 

Las actividades están a cargo de: Agustina Rodríguez Secretaria letrada de la Procuración General de la Nación y Coordinadora General de la UFEM; Agustina Calabró Auxiliar Fiscal y Coordinadora del Área de Litigio Estratégico de UFEM, y Luis Lozano, Subdirector de la Procuración General de la Nación y Director de Relaciones Institucionales.

 La agenda de este encuentro y la participación tanto de funcionarios del Ministerio Público salteño como del Ministerio Público federal, es una muestra del compromiso con el que cada una de las instituciones mencionadas, ha venido abordando estas temáticas. 

Destacan y amplían a otros delitos, la tarea conjunta entre fiscales federales y provinciales

Así lo establecieron los titulares de la Procuración General de la Provincia y de la Unidad Fiscal Federal Salta. La decisión surgió de la coincidencia y afinidad con la que los fiscales de ambos fueros combaten el delito, tal como lo promueve el sistema acusatorio.

A modo de balance, y en un clima ameno, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella y el titular de la Unidad Fiscal Salta, fiscal general Eduardo José Villalba, analizaron el trabajo en cooperación que llevan a cabo los fiscales de ambos organismos, resaltaron los logros alcanzados, hicieron calibraciones, ajustes, e impartieron instrucciones precisas con la finalidad de avanzar sobre otros hechos, entre ellos la ciberdelincuencia.

En el Salón de Reuniones de la Procuración General, en la ciudad judicial, los funcionarios destacaron las investigaciones llevadas adelante, y el curso de otras que se encuentran en etapa de investigación, sin entrar en detalles respecto al objeto procesal, sino más bien en cuanto a las técnicas y el uso de herramientas procesales aplicadas.

Por tal razón, participaron del encuentro investigadores y representantes de las divisiones especializadas de las distintas fuerzas de seguridad, tanto del orden federal como provincial, y entre ellas, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Los presentes destacaron el afianzamiento de las herramientas procesales que brindaron resultados exitosos, pero por sobre todo, se remarcó la afinidad lograda, tanto en los niveles de toma de decisiones, como entre los investigadores de campo, los que pudieron hacer aportes valiosos para optimizar la tarea conjunta.

Tanto García Castiella como Villalba, resaltaron el clima alcanzado, el que adjudicaron al acertado criterio cristalizado por el Código Procesal Penal Federal, en particular en sus artículos 90 y 123, que facultan y obligan a los Ministerios Públicos a trabajar en cooperación, contra el delito.

Sobre el mencionado artículo 90 cabe señalar, que impone sobre el Ministerio Público Fiscal de la Nación el deber de promover “una amplia coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias”, para lo cual otorga la facultad de celebrar los convenios necesarios a tal efecto.

El artículo siguiente, incluso, es más expeditivo al respecto, pues insta a que las investigaciones se lleven a cabo de manera “conjunta” y en un ámbito de “cooperación”, para lo cual se faculta a los fiscales federales a formar equipos de trabajo tanto en una misma jurisdicción, como fuera de ella. 

“Consideramos que este deber de trabajar codo a codo, que llegó de la mano del sistema acusatorio, se vio cumplido ampliamente. Y esto no es porque nosotros lo digamos, sino basta con mirar los casos resueltos de manera conjunta, y no sólo en materia de narcotráfico que ya fueron varias, sino también en hechos de trata de personas y el secuestro extorsivo sufrido por un empresario local, coincidieron ambos funcionarios.

En este análisis, no se pasó por alto el trabajo previo impulsado desde 2014, cuando el gobierno provincial adhirió a la desfederalización en materia de estupefacientes, oportunidad en la que se impulsaron mesas de trabajo entre la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y la PROCUNAR NOA, lo que puso a Salta a la vanguardia en materia de investigación criminal. 

“En base a ello, es que entendimos y decidimos avanzar y aplicar esta modalidad de trabajo sobre otros ilícitos, incluida la ciberdelincuencia, pues en vez de ir por detrás, debemos anticiparnos. En estos últimos tres años, desde el 10 de junio de 2019, Salta y Jujuy han demostrado que la justicia, a través de la implementación del sistema acusatorio, puede dar respuesta a la sociedad y hacerlo en niveles de celeridad nunca antes vistos”, destacó Eduardo Villalba.

Por su parte, García Castiella señaló que “la colaboración reciproca  alcanzada con la interacción y aportes entre fiscales y equipos de investigación que se ha logrado consolidar ha dado resultados exitosos inobjetables, no suficientemente visibilizados y ponderados, en el esclarecimiento de numerosos hechos criminales. Tenemos el deber de anticiparnos en la potenciación de la ingeniería de investigación criminal, entendiendo que, logrando el esclarecimientos de hechos violentos y de modalidades criminales inusitadas, se evita la impunidad. Esta debe ser una respuesta contundente y sin fisuras de todas las agencias de investigación y persecución penal del Estado, ya sean federales o provinciales, ante la amenaza constante de instalación del crimen organizado” . 

El Procurador General presidirá el Colegio de Gobierno del Ministerio Público

El día miércoles se llevó a cabo una reunión de acuerdo del Colegio de Gobierno del Ministerio Público para la elección de nuevas autoridades. De la deliberación entre sus miembros, se eligió como presidente al procurador general, Pedro García Castiella y como vicepresidenta la asesora general, Mirta Lapad.

El Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, que integra el sistema de administración de Justicia. Lo integran el Ministerio Público Fiscal, que ejerce la acción penal pública y acciona en defensa de la legalidad, intereses  generales, difusos y medio ambiente; el Ministerio Público de la Defensa, que tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de personas de escasos recursos y de quienes estuviesen ausentes y el Ministerio Público Tutelar, que vela por los derechos y bienes de los menores e incapaces de hecho. Al Ministerio Público lo dirige el Colegio de Gobierno, que elige entre sus integrantes a una o un presidente, que dura dos años en sus funciones.

García Castiella se desempeñará en el cargo por un periodo de dos años, según lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, que ejercerá de manera rotativa y alternada entre sus miembros conforme a la Resolución 19270 de 2020.

En tanto, la asesora general Mirta Lapad se desempeñará como vicepresidente del Colegio de Gobierno y el defensor general Martín Diez Villa lo hará como Director de la Escuela del Ministerio Publico.

Continúa la instancia digital del Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas

Se declararon 62 pozos, de los identificados hasta el momento. Quienes no hayan aportado esa información, tendrán la oportunidad de regularizar su situación, evitando multas y sanciones

Hasta el 31 de enero de 2023, personas y empresas que hasta ahora no hayan declarado tenencia, uso o perforación de un pozo tendrán la oportunidad de regularizar su situación, evitando, de este modo, ser multados.

A través de la página www.saltacensoaguas.gob.ar, los habitantes de todo el territorio provincial tendrán la posibilidad de declarar la existencia o posesión de pozos de agua, someros y profundos. De esta forma, quienes no hayan aportado esa información en tiempo y forma, tendrán la oportunidad de regularizar su situación. Una vez culminado el censo, está prevista la aplicación de un régimen sancionatorio para quienes incumplan con la declaración del pozo ante la autoridad hídrica, previsto por la legislación de Aguas de Salta.

Hasta la semana pasada se habían declarado 62 pozos, de los identificados los cuales en su mayoría corresponden al Departamento Cafayate.

Las personas que tengan dificultades en el acceso a la tecnología, podrán acercar la información de manera tradicional a través de la Mesa de Entradas de la Secretaría de Recursos Hídricos, ubicada en Avenida Bolivia 4650, Salta Capital.

Este  censo se realiza a pedido de la Procuración de la Provincia, mediante un convenio con la Secretarías de Recursos Hídricos y el Ente Regulador de Servicios Públicos. Participando también el Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Medicina Social y la Dirección de Epidemiología, la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Coincidente con esta acción, el pasado jueves 24 de noviembre, el Senado de Salta aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declara el estado de Emergencia Hídrica por escasez de agua en todo el territorio de la Provincia de Salta, por el término de 1 año, a partir de la fecha de promulgación, iniciativa que pasó luego a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Mapa hídrico mundial

Según una investigación llevada a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a nivel mundial, más de 3.000 millones de personas corren el riesgo de contraer enfermedades porque se desconoce la calidad del agua de sus ríos, lagos y aguas subterráneas. Mientras tanto, una quinta parte de las cuencas hidrográficas del mundo están experimentando fluctuaciones dramáticas en la disponibilidad de agua y 2.300 millones de personas viven en países que padecen “estrés hídrico”, incluidos 721 millones en áreas donde la situación del agua es “crítica” (19 Mar 2021 |https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/la-salud-de-3000-millones-de-personas-en-riesgo-por-falta-de).

Por ello, la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, indicó que “la recopilación constante de datos completos y actualizados es vital para administrar nuestros recursos hídricos de manera más sostenible y garantizar el acceso al agua potable para todos”.

Mapa hídrico de Salta

Esta etapa del Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas de Salta fue concebido como el inicio de un proceso de construcción multiinstitucional y participativo para comenzar a abordar la problemática de la evaluación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua y la conformación del Mapa de  Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas de la provincia, para lo cual se trabajó sus aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y sociales, concentrados en los institutos legales del Censo y Libro de Aguas Subterráneas como instrumentos de gestión, previstos para ello en el Código de Aguas (Ley 7107) y la Ley Ambiental (7070) y su Decreto Reglamentario (N° 3097/00).

Conforme a las registraciones por parte de la Jefatura de Aguas Subterráneas, se conocen en todo el territorio de la provincia de Salta alrededor de 3500 pozos, entre someros y profundos, ya detectados, pero con la proyección se estima que ascendería a unos 13000 pozos en existencia.

Ambiente, Ciencia y Justicia: Destacan los avances de la Procuración de Salta

Salta estuvo presente en el Primer Encuentro “Ambiente, Ciencia y Justicia” del que participaron investigadores del CONICET junto a especialistas ambientales y representantes del ámbito judicial. Al abordarse temáticas de interés y desafíos en la materia, se destacó el funcionamiento del Servicio de Ambiente del CIF, único en el país.

Se llevó a cabo el Primer Encuentro “Ambiente, Ciencia y Justicia” organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia  del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF), la Red de Escuelas de Capacitación Judicial (Reflejar) y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

El objetivo de la jornada fue abordar junto a fiscales, jueces, defensores y operadores de la justicia, sobre las capacidades técnicas y servicios que tiene el CONICET para aportar en el esclarecimiento de causas judiciales ambientales. Se dialogó sobre las complejidades y desafíos de los avances científicos y judiciales en diferentes mesas plenarias.

En el encuentro,  el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en representación del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Barraguirre, hizo extensivo el agradecimiento especial al procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, por el apoyo brindado en la Jornada, consistente en la presentación del informe institucional del Servicio de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que fuera destacado como un ejemplo del avance de las jurisdicciones provinciales. Actualmente Salta, cuenta con el único Servicio Forense en Ambiente, integrado interdisciplinariamente.

Es así como el gerente de Asuntos Legales del CONICET y representante técnico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, Alan Temiño, solicitó la participación de Salta en la delegación del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, debido a los avances y experiencia que presentan sus servicios jurídicos y forenses al respecto.

En representación de la Procuración General de la Provincia, participó el secretario relator ambiental Juan Sebastián Lloret, quien integró la mesa de trabajo sobre Pericias Ambientales, disertando  junto a investigadores del CONICET y especialistas del Sistema Judicial.

Las jornadas

La apertura de la jornada contó con la participación de la presidenta del Consejo, Ana Franchi, el gerente de Asuntos Legales del CONICET y Representante Técnico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, Alan Temiño, la presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de las provincias argentinas y CABA (Reflejar/Jufejus), Claudia Mizawak y el procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre.

Uno de los objetivos del programa es ayudar a fortalecer la integridad de las contribuciones científicas, aseguró la presidenta del consejo, quien resaltó que se trata de un trabajo que viene realizando el programa desde hace varios años, brindando oportunidades de cooperación y asistencia técnica en diversas áreas jurídicas. También remarcó la convocatoria federal del encuentro con la participación de especialistas de varias provincias. “La federalización es una asignatura pendiente que tenemos para llegar con igualdad a todas las provincias del país. La CyT se desarrolla casi en el 85% en la región central. Cuesta mucho integrar investigadores e investigadoras y también interactuar con la sociedad en las provincias más alejadas”.

Por su parte la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María del Carmen Battaini, elogió el acierto en la tarea de acercar el sector científico y el de la administración de justicia, resaltando que sin ambiente sano, no es posible ejercitar dignamente ninguno de los otros derechos humanos esenciales.

Los tres organismos participantes, de manera conjunta (CONICET, JUFEJUS y CONSEJO FEDERAL) dejaron abierta la propuesta para la concreción de un nuevo encuentro, con una mirada más federal dado el interés e importancia de la temática y la actividad.