Se presentó la aplicación “MPF Móvil”: Una herramienta para fiscales y auxiliares del fuero penal

En línea con la política de gestión eficiente e incorporación de nueva tecnología en el Ministerio Público Fiscal, se realizó la presentación de una nueva aplicación diseñada para fiscales y auxiliares de toda la provincia. Fue diseñada y producida por la Dirección de Informática del MPFS.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella y la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal Patricia Aballay, presentaron hoy, la primera versión de la aplicación “MPF Móvil” para dispositivos electrónicos con sistema operativo Android, destinado a magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Salta. 

El propósito de esta novedosa herramienta informática es que, tanto fiscales como auxiliares de las fiscalías penales de la provincia, cuenten con información de las audiencias programadas directamente en sus dispositivos móviles, asegurando una visualización eficiente, confiable y segura.

La aplicación, en su primera versión, muestra el calendario completo de audiencias de la fiscalía, abarcando audiencias de debate, de la Oficina Judicial (OfiJu), audiencias por pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) notificadas al sistema, así como las denuncias registradas.

 «La implementación de esta aplicación móvil en las fiscalías representa una oportunidad única para potenciar la eficiencia de nuestro trabajo, agilizando los procesos, facilitando la comunicación y mejorando la gestión de la información. Con esta herramienta tecnológica, estamos dando un paso importante hacia una justicia más efectiva y ágil .»– resaltó el Procurador durante la presentación.

García Castiella hizo hincapié en la importancia de utilizar sistemas digitales que aporten la calidad de carga de datos, como en este caso, aclarando que tanto el acceso como el uso de la aplicación contarán con medidas de seguridad, al igual que el resto de los sistemas informáticos.

La convocatoria se llevó a cabo en modalidad híbrida, con la participación  tanto de manera presencial como a través de zoom, de fiscales y auxiliares de toda la provincia, contando con el aporte del personal de Informática del Ministerio Público Fiscal que explicaron la funcionalidad de la aplicación.

Juró la nueva secretaria letrada de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de Orán

El procurador general, Pedro García Castiella, acompañado de la asesora general, Mirta Lapad, tomó juramento en el Salón de Reuniones del Colegio de Gobierno a Analía Elizabeth Fonseca como secretaria letrada de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Orán.

El Procurador General presidió el acto de juramento para la asunción de la nueva secretaria, quien fue seleccionada tras un proceso de concurso público y cumplimiento de las etapas establecidas que dicho procedimiento exige.

La recientemente designada funcionaria desempeñará sus funciones en la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Orán, cuya fiscal es Marcela De los Ángeles Fernández.

Ministerio Público Fiscal de Salta y Fiscalía Federal acuerdan coordinar acciones frente a cortes de ruta

Ambas partes se comprometen a resolver de manera consensuada, priorizando el interés general y la eficiencia en la actuación judicial.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta representado por el procurador general Pedro García Castiella y la Fiscalía Federal – Distrito Salta, representada por el fiscal coordinador Eduardo José Villalba, celebraron el pasado 24 de mayo, un acuerdo con el objetivo de coordinar una actuación conjunta y efectiva en relación a los cortes de ruta nacional que se producen en el acceso a la ciudad de Salta, particularmente en las inmediaciones del ex Peaje AUNOR.

Este acuerdo tuvo como finalidad asegurar una coordinación efectiva de ambas Instituciones a fines de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario en este tipo de intervenciones, garantizando una actuación coordinada y eficiente, asegurando una respuesta oportuna y efectiva frente a hechos que afecten derechos de los ciudadanos salteños, con la particular circunstancia en que los sucesos se produjeron en el acceso a la ciudad de Salta.

En ese contexto se entendió que la sola circunstancia de que un hecho se produzca en una ruta nacional no es suficiente para calificarlo de competencia federal, ya que las provincias mantienen su jurisdicción siempre que su actividad no afecte directa o indirectamente intereses nacionales o fines para los cuales esos lugares están reservados.

Mediante esta acta se resolvió que la Fiscalía Federal actuará en aquellos casos en los que se vean afectados intereses generales protegidos por la legislación federal, mientras que el Ministerio Público Fiscal de Salta intervendrá en situaciones donde se vulneren derechos de los ciudadanos relacionados con la seguridad, salud, libertad de circulación, daños contra la propiedad privada y lesiones del ámbito provincial.

Finalmente acordaron las formas de intervención conjunta para los supuestos en los que convergen intereses federales y provinciales, estableciendo mecanismos de coordinación para compartir información, recursos y abordar de manera integral la problemática que se pudiera suscitar. 

Intervención judicial resuelve de forma eficaz el conflicto en corte de ruta

El procurador de la provincia Pedro García Castiella dispuso en la tarde del día miércoles, la presencia de los fiscales Pablo Rivero y Gabriel González en respuesta a la situación de emergencia pública generada, y con el propósito de preservar el derecho a la libre circulación de las personas frente a una protesta y corte de ruta que tenía lugar en el acceso a la ciudad de Salta.

Como primera medida, el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, intentó entablar un diálogo con los manifestantes para garantizar el flujo vehicular de aquellos que intentaban ingresar y salir de la ciudad, dada la gran cantidad de familias, servicios de salud y contingentes varados en el lugar.

A pesar de los esfuerzos por parte de los fiscales, los manifestantes persistieron en bloquear la vía de comunicación y perturbar el tráfico vehicular. Ante esta situación, la Fiscalía dió intervención a la Jueza de Garantías Nº 1, Ada Zunino, quien se presentó en el lugar y ordenó el levantamiento del bloqueo. La magistrada solicitó a los manifestantes que cesaran su actitud y advirtió que, en caso de no hacerlo, se recurriría a la fuerza pública.

Antes de que se venciera el plazo establecido, los manifestantes, de manera voluntaria, despejaron la ruta, permitiendo así el flujo vehicular que se había acumulado en ambos sentidos, extendiéndose aproximadamente por 5 kilómetros.

El fiscal Pablo Rivero resaltó el compromiso de promover el diálogo y el camino institucional, haciendo hincapié en la importancia de respetar la ley y los derechos de todas las partes involucradas.

En el contexto de los acontecimientos ocurridos, el Ministerio Público Fiscal ha destacado su compromiso en asegurar y proteger el ejercicio pleno del derecho a la libre circulación. La intervención de los fiscales y la Jueza de Garantías tenía como objetivo resolver el conflicto surgido en el lugar y garantizar que las personas pudieran transitar sin obstáculos ni riesgos para su integridad.

La Cónsul de Bolivia y el Procurador de Salta coordinan acciones de colaboración transfronteriza

La Cónsul de Bolivia mantuvo un encuentro  con el Procurador de Salta a fin de inciar el abordaje de una agenda compartida en cuestiones de seguridad y labores forenses en zona de frontera. Se trabajará en forma conjunta para facilitar el trabajo de los profesionales que intervienen en los casos de hechos violentos en la zona de Los Toldos y que por una cuestión geográfica deben ingresa y egresar por el vecino país.

El procurador de Salta, Pedro García Castiella, se reunió hoy con la cónsul de Bolivia en Salta, Mónica Roxana Álvarez, a fin de aunar criterios respecto a la agilización  del trámite de egreso y retorno al país de los peritos criminalísticos y personal del CIF en casos de hechos violentos con resultado de muerte ocurridos en Los Toldos, departamento de Santa Victoria, localidad cuyo único acceso es la frontera con Bolivia.

El objetivo de la reunión fue el de evaluar las vías alternativas para agilizar el proceso de traslado de cuerpos para su examen en la morgue de la ciudad de Orán, lo que actualmente produce tardanzas, pudiendo perjudicar la investigación. Con esta medida, se espera mejorar la eficiencia en la investigación y facilitar el trabajo de los profesionales que intervienen en los casos de hechos violentos en esa zona de la provincia de Salta.

Además, se buscará establecer un marco de diálogo para coordinar actividades con las autoridades del país vecino en caso de hechos delictivos que demanden intereses comunes, buscando la gestion de canales que permitan el diálogo transnacional con el Estado Plurinacional vecino, que permita una mejor articulación futura de los fiscales regionales.

García Castiella enfatizó en la necesidad de coordinar acciones conjuntas entre ambas naciones, a fin de garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía en las zonas de frontera. Asimismo, celebró y agradeció la disposición y colaboración de la cónsul Mónica Roxana Álvarez y de las autoridades bolivianas para llevar adelante esta iniciativa.

Participaron además de la reunión la directora del CIF Gabriela Buabse, el coordinador de Fiscales Pablo Rivero y el secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, quienes destacaron la importancia de establecer una comunicación fluida y efectiva con las autoridades bolivianas para poder atender de manera oportuna los casos de interés común en ambas regiones.

El Procurador destacó la ilustre visita de Luigi Ferrajoli en Salta

El eminente jurista florentino brindo una clase magistral en la apertura de jornadas de capacitación en la provincia, organizadas por la Escuela de la Magistratura.

El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella, participó de la apertura de las jornadas de capacitación jurídica “Poder y Jurisdicción. Las funciones de gobierno y de garantía de los derechos en la actualidad”  que se desarrollarán en Salta hasta el viernes con la participación de Luigi Ferrajoli, destacado jurista italiano. También disertaron los reconocidos juristas Dres Perfecto Andres Ibañez (España) y Dario Ippolito (Italia), habiendo dado la apertura a las jornadas el director de la Escuela de la Magistratura Dr. Fabian Vittar, y la Presidente de la Corte de Justicia de Salta, Dra. Teresa Ovejero.

Es un verdadero privilegio contar en Salta con el destacado pensamiento filosófico constitucional de Luigi Ferrajoli. Su obra es tan amplia y compleja que resulta difícil resumirla y caracterizarla con precisión. Junto con otro filósofo clásico y contemporáneo italiano de la filosofía polìtica, el ya fallecido Norberto Bobbio, Ferrajoli es considerado uno de los precursores de la constitucionalización y positivización de los derechos humanos a partir de la conciencia que el mundo tomó del valor de los mismos, luego de la segunda posguerra y otras tragedias universales del siglo pasado.. Ferrajoli comprende los derechos humanos no solo reducidas a las garantías procesales penales, sino en un espectro más amplio del constitucionalismo que incluye derechos tales como el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación, al trabajo. En su obra, «Derecho y Razón», sostiene que no basta con proclamar u otorgar mediante declaración de derechos nomativos, ello no es suficiente, sino que lo que importa es su efectiva materialización y realización. Es decir, los derechos deben ser garantizados por el Estado constitucional y efectivamente disfrutados en su ejercicio por las personas”– destacó el Procurador.

Agregó también García Castiella que,: “Ferrajoli es precursor de la filosofía moderna en los últimos 40 años del derecho procesal penal y su teoría de validación racional de la verdad de una sentencia penal que sostiene que la tesis acusatoria debe superar el test de confrontación con la defensa. Esto implica el cumplimiento de una serie de condiciones, tales como la defensa material efectiva, la igualdad de armas, la presunción de inocencia y la prueba sujeta al control de la defensa. De este modo, el respeto por un proceso penal justo se convierte en una garantía de verdad, no solo para el imputado, sino esencialmente para la víctima que obtiene una sentencia que ha sido validada de manera racional a través de un proceso justo, tendrá la seguridad de que el condenado es realmente responsable del delito y no una persona inocente, o que pueda haber dudas respecto a su culpabilidad. En resumen, se asegura que la condena de una sentencia penal es el resultado de un proceso penal justo que ha superado el test de confrontación y no simplemente el resultado de un dogma o subjetivismo en la apreciación judicial de libre conviccion. Incluso en su pensamiento actual. Ferrajoli en su pensamiento critico va mas allá, y llega a cuestionar los modelos clásicos constitucionales. Es considerado uno de los filósofos del derecho más trascendentes a nivel mundial. En definitiva, su obra representa un lujo sin precedentes y difícil de mensurar para Salta y para el mundo de la filosofía constitucional y del derecho”.

Las jornadas, que se desarrollan hasta el viernes, contarán, también con las ponencias de Santiago French, Nicolás Escándar, Carolina Maglione, Pablo Eiroa, Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Guadalupe Valdés Ortiz, Juan Pablo Alonso, Nicolás Guzmán, Fernanda Aré Wayar, María Elena Godoy Berrocal e Ignacio Colombo.

Desbaratan organización delictiva involucrada en robo de datos de tarjetas de crédito en Rosario de la Frontera y Tucuman

Se trata de una denuncia por defraudación en la que el denunciante realizó una carga de combustible y posteriormente se registró una compra no autorizada con su tarjeta. Se detuvo a dos personas en domicilios ubicados en Rosario de la Frontera, secuestrándose diversos elementos relacionados con la causa. Uno de los detenidos había sido requerido a juicio por anteriores hechos de estafa.

La causa se relaciona con una denuncia por defraudación por robo de datos de tarjeta de credito, cuya modalidad consistía en fotografiar datos de tarjetas de crédito de clientes en viaje y su posterior oferta a terceras personas para su uso irregular.

En el caso, la denuncia fue presentada por Pedro García Castiella a travez del sistema de Denuncias Web del Ministerio Público Fiscal, por un hecho ocurrido el 10 de febrero de este año, en la que se informa que el denunciante había realizado una carga de combustible en la estación de servicio YPF de la localidad de Rosario de la Frontera, abonando con su tarjeta de crédito.

Posteriormente y pasadas algunas horas, se informó mediante correo electrónico del alerta del sistema bancario, un consumo no autorizada de $38.510 en la empresa EDETSA con la misma tarjeta, en la Provincia de Tucuman. El damnificado se encontraba de viaje en vehículo, habiendo partido desde la ciudad de Salta en primeras horas de la mañana, con destino a la ciudad de Buenos Aires, y en el horario del registro de pago, ya se encontraba en la localidad de Sunchales, provincia de Santa Fé.

Luego de tomar conocimiento del ilícito cometido, además de la denuncia correspondiente, García Castilla realizó la gestión ante la tarjeta de crédito y entidad bancaria, desconociendo la compra y solicitando el bloqueo de la tarjeta.

Corresponde aclarar ante inexactitudes difundidas con anterioridad que, ante el inmediato reconocimiento y reintegro por parte de la entidad bancaria del monto sustraído en el uso irregular de los datos de la tarjeta, el damnificado en el caso por el hecho ilícito, es el asegurador del sistema bancario y no el denunciante en el caso.

Luego de las investigaciones ordenadas por el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar Lopez Ibarra, el pasado viernes, se solicitó al magistrado competente ordene allanamientos dirigidos a personas presuntamente involucradas en la investigación de una supuesta organización delictiva, de los cuales resultó la detención de dos masculinos, uno de ellos con requerimiento a juicio por anteriores hechos de estafa. En la diligencia, se secuestraron diferentes elementos electrónicos y documentación relacionados con la causa, tales como teléfonos celulares, computadoras, tarjetas de crédito, etc.

Causas anteriores y requerimiento a juicio

El pasado 10 de agosto, el fiscal  Lopez Ibarra, formuló el requerimiento de remisión a Juicio contra uno de los detenidos ayer, Gaston Claudio Sanchez Toscano, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA POR EL USO DE TARJETA DE CRÉDITO EN CONCURSO REAL CON ROBO (Arts. 173 inc 15, 164 y 55 del CP) en perjuicio de tres personas

El primer delito por el que se le acusa ocurrió el 24 de junio de 2021 en Rosario de la Frontera, mientras que los otros dos tuvieron lugar el 30 de abril de 2022 en la misma ciudad. En la solicitud, el fiscal destacó la gravedad de la acusación “ya que involucra el uso fraudulento de tarjetas de crédito y el robo en varios casos, por lo que se espera que se siga el debido proceso en este caso”.

La Fiscalía y el Juez de Garantías Nº 1 solicitaron el allanamiento, secuestro y detención de Gastón Toscano, y el 25 de mayo de 2022 se realizó la medida judicial, en la que se descubrió que el hombre obtenía datos de tarjetas de crédito/débito de víctimas y las utilizaba para realizar compras en otros comercios de la ciudad. Al momento de intentar cobrar el dinero, el acusado denunciaba las tarjetas como robadas, evitando así el pago. Durante el allanamiento, se secuestraron elementos de interés para la causa.

El Procurador General creó la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales

Persigue como propósito la unificación de causas vinculadas a la cuestión ambiental en la provincia de Salta para el abordaje de la problemática de contaminación de la subcuenca Arias-Arenales.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, para la protección y recomposición hídrica integral del área geográfica abarcada por la subcuenca de los mencionados ríos.

Mediante Resolución 1429/23, del 26 de abril del presente año y publicada hoy en el Boletín Oficial, la Procuración General de la Provincia de Salta, pone en funciones esta Unidad Fiscal con competencia en los hechos, acciones u omisiones que afecten la gobernabilidad y gestión de los recursos y cuerpos de agua, desde los aspectos propios de la responsabilidad constitucional, civil y contencioso-administrativo, contravencional y penal, tal como lo establece el punto I de la parte dispositiva.

En un trabajo continuo desde el año pasado para el abordaje de la problemática de contaminación hídrica de la subcuenca Arias-Arenales, el procurador Pedro García Castiella mantuvo reuniones multiinstitucionales e interdisciplinarias con ambientalistas y especialistas en desarrollo urbanístico, bioquímicos, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e ingenieros.

La creación de la Unidad Fiscal tiene el firme propósito de que se unifique el manejo y el avance de todas las causas que hoy se encuentran dispersas, se trate de causas penales, como de amparos que continúan su curso.

García Castiella afirmó sobre la iniciativa: “La creación de la Unidad Fiscal manifiesta nuestra preocupación sobre un tema que está incluido en nuestra agenda, y nos ocupa. Es por eso que estamos comprometidos en abordar y coordinar, junto con otras áreas como la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, una solución para la problemática del río Arenales».

«Se trata de trabajar juntos para abordar cualquier situación que implique contaminación, ya sea desde el ámbito público, como el privado. Queremos perseguir y combatir estas prácticas, tanto desde una perspectiva penal como civil, y unificar nuestros esfuerzos para lograrlo», explicó el Procurador.

Cuenca y subcuenca

Entre los considerandos de la Resolución se hace expresa manifestación que la legislación ambiental de la provincia de Salta estableció que una Cuenca Hidrográfica es el área delimitada por un contorno en el interior del cual el agua que precipita corre por su superficie, se centra y pasa por el punto considerado de salida, la que funciona como un colector y conduce el agua, desde la parte más alta hacia la salida o parte más baja.

Hablando en términos de “territorialidad ambiental”, el Decreto provincial N°2785/09 estableció que el territorio de la Provincia de Salta se divide en 9 (nueve) macro cuencas, entre las que se cuenta la Cuenca del Río Juramento. Dentro de esa macro cuenca se encuentra incluida la subcuenca de los ríos Arias y Arenales.

¿Cómo funciona?

Este sistema hídrico drena (desagua) gran parte del Valle de Lerma y de las serranías que lo conforman. El río Arias se forma de los desagües generados en “Finca Las Costas”, que son recogidos por el río Peñalva, a partir de la confluencia con el río San Lorenzo. El río Arias corre en dirección sureste hasta las serranías que limitan el sector este del Valle de Lerma, se une con el río Arenales y, después de recibir al río Ancho, continúa hacia el sur con el nombre de río Arias, hasta su desembocadura en el Dique Cabra Corral

La resolución

Establece que la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales estará conformada por el Procurador General de la Provincia, en la coordinación y actuación conjunta; el Fiscal Penal 5, Federico Jovanovics, en la competencia Penal y Contravencional; en tanto, en la competencia Constitucional, Civil y Contencioso-Administrativa estará el Fiscal en lo Civil y Comercial 1, Rodrigo Erazo Schmidt.

Se instruye, además, al Secretario Relator del Medio Ambiente e Intereses Difusos, Juan Sebastián Lloret, a extender sus funciones también como Auxiliar Fiscal y Secretario Letrado, respectivamente, de los magistrados integrantes de dicha Unidad Fiscal, en las causas que resulten de sus competencias.

Por su parte, la Técnica Forense del Servicio de Medio Ambiente del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), ingeniera química Leonor Barrenechea, a actuar en calidad de asesora técnica directa de la Unidad Fiscal en las causas que resulten de su competencia, tal como lo establece la resolución.

La resolución 1429/23 contempla que se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Unidad Fiscal, en el marco de los Convenios de Colaboración Institucionales ya vigentes, de organismos, tales como el Instituto de Investigaciones para Industria Química (INIQUI), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa); el Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA) y el Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña (CECRIM), ambos dependientes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa); y el Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta (UCaSal).

Finalmente, la resolución incluye en su anteúltimo apartado, la solicitud de cooperación al “Programa Ciencia y Justicia”, del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET), mediante las capacidades técnicas y los servicios que pudiera prestar a la Unidad Fiscal Ambiental recientemente creada.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución que establece la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, la siguiente etapa contempla la organización y revisión de los antecedentes existentes en materia de acciones, legislación, abordaje multidisciplinario e informes sobre la situación epidemiológica, entre otros, de dicha subcuenca, para lo cual está prevista la convocatoria a una próxima reunión con las instituciones, organismos y sectores intervinientes.

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal proponen medidas integrales para combatir el narcotráfico

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal han emitido un comunicado conjunto tras la reunión de los titulares de Ministerios Públicos de todo el país, celebrada en la Provincia de Mendoza los días 27 y 28 de abril de 2023. Durante la reunión, en la que Salta contó con la representación del procurador General  Pedro García Castiella, se abordaron temas relacionados con la situación del narcotráfico, narcocriminalidad y narcomenudeo en las provincias, así como la necesidad de una política de estado para combatir estos delitos.

A continuación el comunicado: 

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, a partir de la reunión de los Titulares de Ministerios Públicos de todo el país efectuada en la Provincia de Mendoza los días 27 y 28 de abril próximos pasados, manifiestan:

I-Que desde hace años nuestras organizaciones vienen reclamando colocar en agenda nacional la situación por la que atraviesan algunas provincias argentinas en razón del avance de la distribución de drogas en sus territorios.

Entendemos el flagelo del narcotráfico y narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad. Es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de estado que sean generales, fuertes y sustentables en el tiempo. Las medidas parciales que se adoptan de manera espasmódica, se erigen en soluciones paliativas temporales que sólo retrasan un resultado indefectiblemente negativo.

Es necesario un abordaje integral del conflicto mediante la creación de un sistema integrado de lucha que abarque tres aspectos: prevención, asistencia médica y social y punición del fenómeno. Atacar directamente las consecuencias sin actuar sobre las causas no soluciona el problema.

Pensar que la situación por la que atraviesa hoy Rosario no es asimilable a lo que ocurre en otros lugares del país, o que en todo caso no va a extenderse o repetirse en otras provincias, es asumir la realidad a partir de un pensamiento ingenuo.

Es necesario que desde la nación se bregue por la desfederalización en todas las provincias y la interacción de todos sus Ministerios Públicos Fiscales para que, mediante la implementación de criterios comunes de persecución penal, se logre un eficaz combate del narcomenudeo, bloqueando los canales de distribución de la droga. El federalismo debe concebirse como una herramienta y no como un obstáculo.

II-La nación debe coadyuvar colaborando de manera efectiva con los MPF provinciales. Es imprescindible reforzar los laboratorios forenses, hoy con recursos escasos y que son fuente cotidiana de procesos penales exitosos, tanto en el ámbito de la justicia provincial como federal. A tal efecto, es menester poner en marcha un nuevo compromiso de ayuda y colaboración por parte del Ministerio de Justicia de la Nación con los MPF con destino a los laboratorios forenses.

III-Desde nuestros Consejos, requerimos la pronta modificación de la ley 26548 y sus modificatorias, regulatorias del funcionamiento del Registro Nacional y Banco de Huellas Genéticas. La injustificada limitación de los perfiles genéticos a los que cometen delitos contra la integridad sexual, carece de todo fundamento lógico.

La indiscutida utilidad del cotejo de perfiles genéticos con evidencias levantadas de los lugares donde se cometen delitos, torna indispensable la ampliación de los bancos de huellas genéticas y en especial del Banco Nacional de Huellas Genéticas, extendiendo la extracción obligatoria del perfil a quienes hayan cometido cualquier tipo de delito.

La toma de una muestra de saliva para generar el perfil genético de una persona no es un método más invasivo ni estigmatizante que la extracción de las huellas digitales, procedimiento hoy incuestionado para identificar y presente como recaudo esencial para conseguir cualquier tipo de documentación habilitante.

IV-De una vez y para siempre, los estamentos gubernamentales argentinos, sin distinción ideológica o partidaria, deben asumir políticas de estado que definan claramente el camino hacia una convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos y en especial aquellos vinculados al narcotráfico e infracciones penales colaterales.

Mendoza, 28 de abril 2023

El Ministerio Público Fiscal participó de la Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2)

El encuentro, denominado COP 2, contó con la presencia de autoridades nacionales y activistas socioambientales de América Latina y El Caribe.

Atento al rol de defensa de los intereses generales ambientales de la sociedad y de atención y resguardo de víctimas ambientales al que está llamado a cumplir el Ministerio Público Fiscal, se comisionó al funcionario especializado en asuntos ambientales, Sebastián Lloret, a concurrir a la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2).

La invitación a participar de este encuentro llegó por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD), cuyo representante Residente en Argentina es Claudio Tomasi. El PNUD es la red mundial de la ONU que impulsa el acceso al conocimiento, experiencia y obtención de recursos necesarios por parte de los países como una forma de colaborar a que las personas accedan y labren un futuro mejor. Trabaja en 1470 países y territorios, ayudando a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y la exclusión social.

La dinámica de esta segunda reunión en la que Lloret hizo uso de la palabra en calidad de miembro del Sistema Judicial, abarcó una serie de paneles multiinstitucionales, en los que se abordaron temáticas  vinculadas al ambiente como, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran comunidades del mundo, la directa relación del ambiente con los derechos humanos, la relación de los desastres naturales con la contaminación, y la implementación de las leyes ambientales.

En julio de 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución general en la que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, como un derecho humano universal. Además pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.

El Acuerdo de Escazú del 4 de marzo de 2018, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo cuyo contenido incluye disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental; la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, promueve la formación de autoridades y equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los países.

Argentina aprobó dicho acuerdo en el año 2020, mediante Ley 27566.