Pedro García Castiella

 CIF

Reconocieron la tarea del jefe de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales

Roberto Washington González se encuentra a cargo del área desde 2011. En el Día de la Criminalística, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, le entregó  una placa de reconocimiento por su labor y aporte en la resolución de numerosos casos.

En el Día de la Criminalística, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, entregó una placa de reconocimiento a Roberto Washington González, jefe del área de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

García Castiella agradeció a González por todos los años de servicio y, a través de su persona, agradeció a los licenciados en criminalística que se desempeñan en el CIF por el protagonismo que tienen los cuerpos periciales, dándole las herramientas necesarias a los fiscales y jueces para el descubrimiento de la verdad.

Por su parte, la directora del CIF, Gabriela Buabse, recordó que González ingresó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales en enero de 2011y, desde entonces, se encuentra a cargo del área, siendo un pilar importante para la concreción del CIF, brindando su experiencia a quienes transitaron por él área a lo largo de los años y cuyo aporte fue fundamental para la resolución de distintos casos.

Washington González agradeció el reconocimiento a su labor y rememoró que, en sus inicios, el área de Criminalística contaba sólo con seis personas y hoy son más de cien quienes trabajan todos los días, sin horarios, en la búsqueda de microdetalles que permitan resolver los distintos delitos

 

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La Fiscal ante la Corte Patricia Di Paolo se retiró de la función pública

La funcionaria, luego de una vasta trayectoria en el sistema judicial de nuestra provincia, accedió al beneficio jubilatorio. Se le hizo entrega de una placa de reconocimiento.

Presidido por el procurador general, Pedro García Castiella, se realizó en el salón auditorio de la Escuela del Ministerio Público, el acto de despedida de la Fiscal 2 ante la Corte, Patricia Josefina Di Paolo.

“Trabajé en el Ministerio Público en un ambiente de total libertad, respeto, colaboración y consideración. Sólo me acabe agradecer”, destacó la fiscal Di Paolo, quien deja su cargo para acceder al beneficio jubilatorio.

“Entendí que el principio de unidad de actuación, además de su faceta jurídica, tiene una faceta humana que se traduce en el esfuerzo en común para lograr una labor exitosa”, continuó expresando la funcionaria.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, dijo Di Paolo y reconoció el apoyo y colaboración de todo el personal del Ministerio Público, los que calificó como “invaluables”, al tiempo que agradeció a sus hijos y amigos por el acompañamiento en esta etapa activa que deja, de trabajo.

El Procurador, le hizo entrega de una placa en reconocimiento a la labor desempeñada en la función pública, en el acto en el que estuvieron presentes, funcionarios, empleados y familiares.

Patricia Di Paolo había sido designada con el cargo de Fiscal ante la Corte por Decreto N°2564/15, previo concurso de antecedentes y oposición, llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura, tomando posesión el 7 de agosto de 2015. Luego de una vasta trayectoria en el sistema judicial de Salta, le fue aceptada la renuncia al cargo de Fiscal ante la Corte, por parte del Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, mediante Decreto N° 493/23 y publicado en el Boletín Oficial el 10 de agosto pasado.

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 Institucional

Cooperación Interprovincial: Salta y Jujuy abordan desafíos comunes

Los procuradores generales de Salta y Jujuy se reunieron para fortalecer la cooperación interprovincial en la lucha contra el microtráfico y la protección del medio ambiente. Este encuentro marcó un paso significativo hacia una colaboración conjunta.

El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, se reunió con su par de la provincia de Jujuy, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y el secretario general del Ministerio Público de la Acusación, Ignacio Pasquini, a fin de abordar diversos temas de interés y compartir experiencias de trabajo.

El encuentro entre ambas provincias marcó un importante paso en la consolidación de la cooperación interprovincial en temas de vital relevancia. La reunión tuvo como objetivo principal fortalecer la colaboración y el trabajo conjunto en la lucha contra el microtráfico, especialmente después de que Jujuy ingresara en el proceso de desfederalización. 

Ambas partes expresaron su firme compromiso de compartir información relevante y experiencias acumuladas en la materia, así como de promover la formación de equipos investigativos interdisciplinarios para combatir este flagelo de manera más efectiva.

Además de la cuestión relacionada con el microtráfico, se abordaron otros temas de gran trascendencia para ambas provincias. Se acordó avanzar en iniciativas conjuntas para la protección del medio ambiente, mediante la elaboración de protocolos compartidos y programas de capacitación en la materia. Esta colaboración busca no solo salvaguardar los recursos naturales de ambas provincias, sino también promover prácticas sostenibles que beneficien a la comunidad en su conjunto.

Este encuentro marca un paso fundamental hacia una mayor cooperación entre Salta y Jujuy, subrayando la importancia de la unidad y la colaboración regional para abordar desafíos comunes.

Del encuentro participaron también la directora del CIF Gabriela Buabse, el secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia; y el secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá.

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Exitosa apertura del Ciclo de Capacitación en Cibercrimen, Delitos Informáticos y Evidencia Digital

El evento responde al creciente papel de las tecnologías digitales en el ámbito legal y busca proporcionar a los operadores judiciales las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos emergentes en el ciberespacio.

Se inauguró hoy el ciclo de capacitación «Cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital», organizado por la Procuración General de la Provincia de Salta en colaboración con la Defensoría General de la Provincia, la Escuela del Ministerio Público y el Colegio de Magistrados y Funcionarios. 

La ceremonia de apertura contó con la presencia de figuras destacadas del ámbito provincial, así como representantes judiciales, académicos y funcionarios de organismos públicos. Expertos reconocidos en el campo de la ciberseguridad y delitos informáticos, como Marcos Gabriel Salt de la Universidad de Buenos Aires, Horacio Juan Azzolín de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación, Diego Calo Maiza del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, Rafael García Borda de la Procuración General de Buenos Aires y representantes de Lemon Cash, brindaron su perspectiva.

Virginia Solórzano, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia de Salta, inauguró el evento extendiendo una cálida bienvenida a los disertantes y expresando su satisfacción por contar con expertos en la materia. Resaltó la importancia de la capacitación constante para los magistrados y funcionarios, destacando que esta formación continua es esencial para fortalecer el sistema de justicia.

Por su parte, Pedro García Castiella, Procurador General de la Provincia de Salta, resaltó la importancia de este ciclo de capacitación como continuación de un programa iniciado en mayo de 2022. Destacó la relevancia de la creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia y su adaptación a los desafíos contemporáneos en el ámbito del cibercrimen.

García Castiella valoró el aporte de la Fiscalía de Ciberdelincuencia en la reforma del Código Procesal Penal y mencionó la colaboración con diversos sectores de la sociedad, que incluyen capacitaciones en colegios, instituciones provinciales y entre los funcionarios del Ministerio Público. 

Subrayó el Procurador, la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen, enfatizando en la necesidad de adaptar los métodos de investigación ante los cambios en la comisión de delitos.

Por su parte, Marcos Gabriel Salt de la Universidad de Buenos Aires agradeció la invitación y destacó la política pública de Salta en materia de cibercrimen, enfatizando la capacitación desde 2018, la creación de una Fiscalía especializada y la adaptación del Código Procesal Penal.

Este ciclo de capacitación, que se desarrolla en modalidad mixta, cobra relevancia tras la promulgación reciente de la ley 8386, que introduce la evidencia digital al Código Procesal Penal de Salta. El objetivo es dotar a los operadores legales de la provincia de conocimientos para manejar la evidencia digital conforme a las nuevas disposiciones legales, asegurando investigaciones eficaces y respeto a los derechos de las personas sometidas a proceso.

La jornada de hoy se centró en la evidencia digital en el ámbito legal, mientras que mañana se abordarán las investigaciones relacionadas con criptoactivos.

 

 

 

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El Procurador General realizó aportes al proyecto de modificación del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil

El procurador general Pedro García Castiella acudió a la invitación realizada por los miembros de la Comisión de Legislación General del Senado con el propósito de brindar su perspectiva respecto a la Ley provincial Nº 8097 que instaura un Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes, cuya entrada en vigencia ha sido prorrogada.

El procurador general Pedro Oscar García Castiella, junto a la fiscal Penal Juvenil Nº 1, Nadia Lorena Cruz, y el secretario relator, Aldo Rubén Saravia, se reunieron con miembros de la Comisión de Legislación General del Senado, con el objeto de analizar el proyecto de Ley que modifica parcialmente el “Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes” (Ley 8097), cuya entrada en vigencia viene siendo prorrogada sucesivamente.

En el encuentro, el Procurador General expuso la visión desde el Ministerio Público Fiscal sobre el proyecto  que se encuentra en tratamiento, resaltando la importancia de avanzar con la implementación de la Ley 8097, que establece principalmente un modelo procesal acusatorio para el abordaje de los delitos que puedan haber sido cometidos por jóvenes menores de edad, como así también prevé una serie de derechos y garantías que brindan un tratamiento diferenciado y especializado de esos casos.

García Castiella destacó que la transición a dicho modelo procesal, implica que el Ministerio Público Fiscal asuma la carga de la investigación de los hechos -que hasta el momento, viene siendo ejecutada por los Juzgados de Menores y bajo modalidad procesal mixta-, para lo cual resulta absolutamente indispensable que se dote de mayor estructura al M.P.F.S., para poder afrontar ese enorme desafío. Por esta razón, evaluó como positiva y saludable, la instauración de los cargos propuestos en el proyecto mencionado, al mismo tiempo que se respaldó la sugerencia de la Cámara de Senadores de condicionar la implementación de la Ley al pleno establecimiento en sus funciones de los Fiscales, Defensores y Asesores de Incapaces previstos en el Distrito Centro en una fase inicial, y posteriormente en toda la provincia.

Además, el Procurador expresó su preocupación en relación al proceso que se podría establecer en casos donde menores inimputables cometan delitos de extrema gravedad. Señaló que el Estado no debiera limitarse únicamente a emitir un sobreseimiento por inimputabilidad, sino que requiere estar en condiciones de proporcionar una respuesta más cuidadosa y adecuada en estas circunstancias. No sería apropiado que el Estado se desentendiera de la situación, ya que le incumbe garantizar tanto el respeto por los derechos y garantías del joven que cometió el delito, así como también, abordar adecuadamente sus problemas subyacentes. Correspondiéndole además, atender a los efectos mismos del delito y a la posible alarma social que eventualmente provoque, escuchar a las víctimas y canalizar así el derecho a acceder a la verdad respecto de los hechos investigados. En respaldo de esta postura,  se hizo referencia a la necesidad de atender estos aspectos para evitar situaciones de autoincriminaciones direccionadas a lograr impunidad en mayores o menores imputables.

Por su parte, la fiscal Nadia Cruz resaltó la imperiosa necesidad de la participación de operadores específicos, como es el caso de equipos profesionales interdisciplinarios. Estos actores son fundamentales debido a su estrecha relación con la esencia y la singularidad del procedimiento penal juvenil, el cual demanda un enfoque diferenciado en comparación con los procedimientos para adultos. Enfatizó que gracias a estas intervenciones, es posible adecuar las medidas cautelares establecidas en el proceso penal juvenil, considerar la viabilidad de soluciones alternativas, evaluar la aplicación de criterios de oportunidad y determinar la necesidad o no de imponer una pena.

Nadia Cruz también destacó el trabajo llevado a cabo por la Comisión Especial del Régimen de Responsabilidad Penal para Niños, Niñas y Adolescentes, instituida en virtud de la Ley 8333. Esta comisión tiene como propósito presentar las reformas legislativas necesarias y un plan progresivo de implementación del «Régimen Penal Juvenil», tal como se establece en la ley 8097, contemplando los órganos que intervienen en el proceso penal y los dispositivos y herramientas que se requieren para la atención de las necesidades de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Es importante destacar que esta  Comisión estuvo integrada por dos Diputados Provinciales, dos Senadores Provinciales, dos representantes del Ministerio Público (uno por la Defensa y otro por la Fiscalía), dos representantes del Poder Judicial y dos representantes del Poder Ejecutivo, quienes presentaron un proyecto cuyo texto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en tratamiento ante la Cámara de Senadores, lo que motivó la invitación al Procurador General para que brinde su perspectiva y opinión al respecto.

 

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Convenio de colaboración y cooperación entre el Ministerio Público Fiscal y el Ente Regulador de Servicios Públicos

Mediante la suscripción de un acuerdo estratégico ambos organismos asumen de manera más eficiente la protección de nuestros recursos naturales, medio ambiente y el bienestar de la comunidad. No solo se garantiza un acceso adecuado al agua, sino que también se impulsa un enfoque de desarrollo responsable y sostenible.

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta (MPFS) y el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (EnReSP) suscribieron un acuerdo de Colaboración y Cooperación con el objetivo de establecer una alianza estratégica para fomentar actividades de interés mutuo y beneficio.

El Convenio rubricado por el procurador general Pedro García Castiella y el presidente del EnReSP, Carlos Humberto Saravia, se fundamenta en la conveniencia de optimización de los recursos humanos, información  y materiales de ambas instituciones con el fin de potenciar su eficacia y eficiencia en beneficio de la protección del medio ambiente, y el bienestar general de la sociedad. Se apoya en disposiciones legales y constitucionales que confieren al Ministerio Público la responsabilidad de protección del medio ambiente, sus recursos y la salvaguarda de los intereses colectivos y dirigir la acción penal pública.

Adicionalmente, se ha acordado un Protocolo específico que se centra en cuestiones ambientales, la racionalización de controles y la mejora de los sistemas de agua y saneamiento en nuestra provincia. Mediante el mismo, se establece la colaboración en el análisis de agua potable y efluentes cloacales, en el que el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) proporcionará orientación técnica y llevará a cabo análisis conforme a estándares de calidad en cooperación con el EnReSP.

García Castiella destacó: “Uno de los aspectos más notables de la firma de este convenio es la sinergia entre ambas entidades, posibilitando una acción conjunta para abordar denuncias que puedan tener implicaciones investigativas o administrativas relacionadas con la preservación del medio ambiente, la contaminación y un control mas riguroso de los cauces de aguas. Esta colaboración brinda confianza a la comunidad, garantizando que cualquier asunto vinculado al entorno ambiental sea abordado con firmeza, seriedad y rigor. Constituye un paso crucial hacia la conservación y cuidado de nuestros recursos naturales y la salud y el bienestar de nuestra comunidad; basta advertir como solo ejemplo respecto de ello lo que ocurre con los niveles de contaminación del Rio Arenales, su efecto inmediato en la población de la capital y mediato, en los niveles aguas abajo que culminan en embalse Cabra Corral».

Por su parte, Saravia señaló que “El Convenio también aborda el desafío de áreas previamente carentes de regulación y control adecuado. A partir de la firma de este acuerdo, el Estado asume la responsabilidad de asegurar que el desarrollo urbano, tanto público como privado, se realice bajo los mismos estándares. Esto proporciona seguridad a los propietarios actuales y futuros, así como a los residentes en áreas afectadas”.

Ambos organismos también se comprometen a promover una colaboración integral entre el EnReSP y el MPFS con el propósito de alcanzar las metas y objetivos de ambas instituciones, impulsar iniciativas educativas, culturales y científicas, así como fomentar la investigación en áreas de interés compartido. Brindarán asesoramiento especializado a solicitud de cualquiera de las partes dentro de sus respectivas competencias y llevarán a cabo acciones coordinadas para garantizar que los servicios públicos provinciales cumplan con estándares de calidad, respetando el entorno natural y los recursos disponibles.

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 Institucional

Homicidio de Liliana Ledesma: El Procurador General pidió informes sobre la suspensión de audiencia de debate y fuga de un condenado

García Castiella dispuso medidas inmediatas al tomar conocimiento sobre la suspensión de un juicio relevante,  y la fuga de un recluso bajo régimen de salidas transitorias.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, requirió una serie de informes relacionados con la reciente suspensión de la Audiencia de Debate en la causa caratulada «Castedo, Raul; Castedo, Delfin y otros – Homicidio Calificado en perjuicio de Ledesma, Liliana Del Valle«, así como también en relación a la fuga del interno penado Lino Ademar Moreno, debido al incumplimiento del régimen de salidas transitorias concedidas por el Juzgado de Ejecución de Sentencia del Distrito Judicial de Orán.

En este contexto, se solicita a la presidenta de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta que a través de su autoridad correspondiente, se proporcione información detallada acerca de las condiciones en las que se otorgó el régimen de salidas transitorias a Lino Ademar Moreno. Asimismo, se requiere un informe exhaustivo sobre las distintas suspensiones que han afectado la realización de la Audiencia de Debate en el marco de la citada causa, tramitada ante el Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán.

Por otro lado, al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Ramón Domínguez, se le solicita que a través del director general del Servicio Penitenciario Provincial, se proporcionen los antecedentes penitenciarios relevantes en relación al interno Lino Ademar Moreno, quien se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria N° 3.

Finalmente se requirió a la fiscal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial Orán, Claudia Carreras, un informe detallado acerca de los diferentes motivos que han ocasionado la suspensión de la Audiencia de Debate. Además, se solicita que proporcione antecedentes relacionados con la concesión del beneficio de salida transitoria a Lino Ademar Moreno.

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 Institucional

Juraron un nuevo fiscal y seis nuevos auxiliares fiscales

Al mediodía de este viernes, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento a un nuevo fiscal y a seis nuevos auxiliares fiscales del Ministerio Público Fiscal.

El nuevo fiscal penal y los auxiliares penales se desempeñarán en fiscalías del Distrito Judicial del Centro y fueron elegidos mediante un concurso público de antecedentes y oposición.

Juró Marcos Arturo Vega Ortíz, como reemplazante del cargo de fiscal  penal de Violencia Familiar y de Género 5, en carácter temporario, mientras dure la ausencia y hasta tanto se cubra la vacancia de conformidad.

En tanto, como auxiliares de fiscalía penal, juraron Marcos Santiago Bravo, María Florencia Díaz Galdeano, Álvaro Moreno Valdéz, Ignacio Rubén Carrizo Agüero, Norma Elena Martínez y Esteban Osvaldo Martearena Solaligue.

El Procurador General, Pedro García Castiella, a su turno, agradeció la nutrida concurrencia de funcionarios del Ministerio Público y familiares al acto de jura y destacó la posibilidad de sumar a seis auxiliares fiscales al equipo de trabajo, como hacía tiempo no sucedía.

En sus palabras, García Castiella, resaltó el esfuerzo realizado por los nuevos funcionarios, quienes participaron de un largo proceso evaluador, del que resultaron elegidos como los mejores postulantes y su vez los invitó a reflexionar sobre la responsabilidad, el compromiso y la dedicación que la nueva función implica para llevar adelante la misión confiada al Ministerio Público Fiscal por la Constitución Provincial del ejercicio de la acción penal pública y la representación de los intereses de la sociedad.

El Procurador los alentó a no escatimar esfuerzos en la búsqueda de soluciones efectivas y en la promoción de un sistema judicial más eficiente y equitativo, ya que su labor, en colaboración con otros organismos y entidades gubernamentales, contribuirá significativamente a la construcción de una sociedad más justa y transparente.

El acto se realizó en la sala Rodolfo Urtubey de la Escuela de la Magistratura,  donde los nuevos funcionarios, luego de prestar juramento, procedieron a firmar el libro de actas.

582
 Fiscalías Interior

Tartagal: Se conformó una Unidad Fiscal para investigar la sustracción de una beba recién nacida

El procurador general Pedro García Castiella, en atención a la gravedad que reviste la sustracción de una menor de edad del hospital de Tartagal y la necesidad de un abordaje integral y urgente de la situación, conformó una Unidad Fiscal para realizar el trabajo, que será acompañado por la Unidad Especial de Investigación del CIF Norte. Se activó el Alerta Sofía.

La Unidad Fiscal se encuentra integrada por los fiscales penales Rafael José Medina, Pablo Cabot y Lorena Martínez, quienes de manera conjunta, realizarán el abordaje de la investigación por la sustracción de una niña recién nacida del hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, ocurrida durante la mañana de este viernes.

Los Fiscales, además de la colaboración de los efectivos de la Policía de la Provincia de toda la jurisdicción y de fuerzas de seguridad nacionales, se encuentra afectado el personal de la Unidad Especial de Investigación del CIF Norte, que cuenta con la colaboración del personal de la Unidad Especial de Investigaciones del distrito Centro, para cumplir con todas las medidas tendientes a ubicar el paradero de la menor e identificar a la o las personas que la sustrajeron del nosocomio.

Cabe señalar que además se activó el Alerta Sofía, donde se difunde a nivel nacional la búsqueda de una niña recién nacida, de 50 cm. de largo y 2.920 kg de peso y como señas particulares, que posee ojos negros y un lunar en la mejilla derecha.

El Alerta Sofía es un programa de alerta de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro. Está conformado por el Ministerio de Seguridad, la Procuración General de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, cuenta con el apoyo internacional de Facebook e ICMEC (Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados) para ampliar las redes de búsqueda.

412
 Institucional

El tráfico ilícito de bienes culturales se encuentra entre las cinco actividades criminales internacionales más preocupantes

En el marco de las actividades iniciadas a mediados de junio del corriente año por el Comité Salta de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (TIBC), se viene avanzando en la elaboración de un Protocolo de actuación para los casos de delitos relacionados con el Patrimonio Arqueológico.

En el primer encuentro, y con la intención de avanzar en su implementación, se programó una próxima reunión en la que las fuerzas de seguridad del Comité (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria) compartirán su conocimiento y colaboración en materia de controles y procedimientos.

A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró que el tráfico ilícito de bienes culturales se encuentra entre las cinco actividades criminales internacionales más preocupantes, con alrededor de 10 mil millones de dólares anuales. Ejemplo de ello la brinda la publicación del Global Art Market Report que da cuenta que en 2019 el comercio ilícito generó a escala mundial casi 64 mil millones de dólares en volumen de transacciones.

Cabe destacar que el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, ha otorgado una destacada importancia a dicho Comité, valorando positivamente la intervención del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que forma parte del deber de promover la defensa de los intereses generales de la sociedad y la protección del medioambiente e intereses difusos. Por ello, y como respuesta a la solicitud de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, mediante la Resolución N° 1419 del 6 de marzo del presente año, fueron designados  Juan Sebastián Lloret y Santiago Sotelo como sus representantes, titular y suplente, respectivamente.

La resolución también destaca que, a nivel provincial, el Ministerio Público Fiscal tiene la competencia para ejercer las acciones penales y acciones civiles públicas. Por lo tanto, resulta apropiado que intervenga en el Comité, en consonancia a lo que acontece en el orden nacional.

La importancia de la formación de este Comité radica en el propósito de implementar campañas de sensibilización en la comunidad, brindar capacitaciones a las fuerzas de seguridad y abordar los aspectos legales relacionados con la tipificación de los delitos en relación a los denominados Bienes Culturales.

La Ley Provincial de Patrimonio Cultural N° 6649/91, en su artículo 1 establece que el acervo paleontológico, arqueológico, artístico e histórico documental forma parte del patrimonio cultural de la provincia y está bajo la guarda del Estado Provincial, siempre que se encuentren bajo su jurisdicción o que hayan sido extraídas o se extraigan del territorio de la provincia de Salta.

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