El procurador general, Pedro García Castiella y el defensor general, José Gabriel Chibán, fueron recibidos durante la mañana por los Ministros de la Corte de Justicia de Salta.
Durante la reunión y con el objetivo de lograr un trabajo consensuado y articulado, los magistrados compartieron sus posiciones en búsqueda de optimizar el servicio de administración de Justicia, responsabilidad compartida entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Del encuentro al que asistieron el Procurador y el Defensor,
participaron el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; el
vicepresidente, Ernesto Samsón; el vicepresidente segundo, Fabián Vittar, las
juezas de Corte, Sandra Bonari, Teresa Ovejero y María Alejandra Gauffin y los
jueces de Corte, Pablo López Viñals y Horacio José Aguilar.
Juró Pedro García Castiella como Procurador General de la Provincia y anticipó que los fiscales trabajarán en forma coordinada y con una dinámica aceitada, con las fuerzas de seguridad, porque no puede haber fisuras entre la prevención, investigación y sanción de los delitos.
En un acto presidido por la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la asesora general de la Provincia, Mirta Lapad, juró el procurador general Pedro García Castiella. En el mismo acto, que tuvo lugar en el salón Rodolfo Urtubey de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, hizo lo propio el defensor general de la Provincia, José Gabriel Chibán. Contó con la participación del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz.
En su primer encuentro con la prensa como Procurador, García Castiella ratificó sus ejes de gestión, luego de sostener que continuará “todo lo que se hizo bien en la Procuración” que calibrará en los temas urgentes, que son “cuestiones muy delicadas que hacen al interés de la sociedad y que no ameritan ningún tipo de dilación”. Destacó en ese sentido, “la criminalidad de derecho común que proviene del narcotráfico, con hechos a los que no estábamos acostumbrados en la provincia y que son delitos graves que vienen de la mano del narcotráfico”.
Citó como ejemplo el crimen de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006, y dijo que en la actualidad “la gravedad de la circunstancia es que tenemos en toda la provincia situaciones parecidas replicadas y también en el Distrito Centro, donde ya hay situaciones vinculadas con el narcotráfico, como fue el doble homicidio de avenida Circunvalación Oeste”. Afirmó el funcionario que la respuesta “del sistema de justicia; del Ministerio Público Fiscal y el Estado en su totalidad, debe ser absolutamente contundente”.
Al mismo tiempo, remarcó que se centrará en la lucha contra los delitos de violencia familiar y de género y los femicidios, “porque esa realidad tampoco admite tregua, y se debe atacar el problema desde todos los ángulos. Tiene una génesis cultural y por ello debe abordarse desde el Ministerio de Educación, la Justicia y todos los ámbitos”. García Castiella mencionó la cibercriminalidad como otra de las principales preocupaciones, porque entre otros delitos graves, “trae de la mano la captación y abuso de menores de edad”.
El Procurador, quien cuenta con 28 años de experiencia como litigante en los tribunales locales y completó casi dos, como titular de la Defensoría General de la Provincia, anticipó que llevará adelante “un trabajo coordinado y muy aceitado entre los fiscales y las fuerzas de seguridad, donde no puede haber fisuras”, cuando el objetivo es garantizar el bienestar social.
Del acto participaron el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz; la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad; el fiscal ante la Corte de Justicia, Eduardo Sylvester, el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, el vicepresidente segundo de la Corte Justicia, Sergio Fabián Vittar, las juezas de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero y María Alejandra Gauffín, el juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals; el ministro de Gobierno y Derechos Humanos, Ricardo Villada; el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Eduardo Barrionuevo y magistrados y funcionarios judiciales, entre otros.
El Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta, que preside la asesora general de Incapaces, Mirta Lapad y que integran el procurador general, Abel Cornejo y el defensor general, Pedro García Castiella, eligieron a las autoridades de la Escuela del Ministerio Público, para el período 2021/2023.
Durante el encuentro celebrado este martes, acordaron que el
Procurador General será el Presidente Rector de la Escuela del Ministerio
Público hasta 2023, mientras que el Defensor General ejercerá el cargo de
Consejero en el Consejo Académico.
La Escuela del Ministerio Público, dependiente del Colegio
de Gobierno del Ministerio Público de Salta es una institución académicamente
autónoma, que privilegia la libertad de cátedra, de opinión y científica, a la
vez que promueve la investigación y el desarrollo del conocimiento democrático
del derecho y la función judicial.
Lapad, Cornejo y García Castiella
Su finalidad es mejorar, modernizar, optimizar el desempeño
de los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público, a través de
una capacitación continua y favorecer la investigación académica sobre los
múltiples aspectos vinculados con los cometidos del Ministerio Público.
Constituye un espacio de vínculo con el medio académico regional, local,
nacional e internacional. Articula la modernización e innovación de la gestión
institucional para una mejora en la administración y servicio de justicia,
fundamentalmente en la función requirente.
A su vez, en el marco de la Escuela del Ministerio Público,
funciona el Ateneo de Derecho y Ciencias Sociales, ámbito en el que se promueve
una cultura democrática sobre la sociedad, la justicia y el derecho, a través
de la investigación científica de temas vinculados con el acceso a la justicia,
la modernización de la administración, el desarrollo social, la ciencia
criminológica, la problemática social, ambiental y cultural, el tratamiento
interdisciplinario del derecho con las ciencias de la información , la economía
y las tecnologías aplicadas, entre otros.
La Escuela capacita permanentemente a los miembros del
Ministerio Público, los auxiliares de la justicia y profesionales, a través de
programas de investigación, actualización y entrenamiento y genera actividades académicas
destinadas a profesionales externos al Ministerio Público. La adecuada y
permanente actualización acerca de las grandes transformaciones legislativas,
tecnológicas, sociales e institucionales, además de conocimientos y
experiencias adquiridos, también son parte de la formación destinada a la
carrera administrativa de quienes integran el Ministerio Público de Salta.
El Presidente Rector también preside las reuniones del
Consejo Académico.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento este lunes a Yonny Elizabeth Zigarán, quien se desempeñará en el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial Sur Circunscripción Anta.
Tras la ceremonia de toma de juramento, Yonny Elizabeth Zigarán quedará a cargo de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, la cual cuenta con delegaciones descentralizadas en los municipios de El Quebrachal, Apolinario Saravia y Las Lajitas.
En el acto de juramento, participaron también la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella. También asistieron funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Salta e invitados especiales.
El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad y el procurador general, Abel Cornejo, tomaron juramento a al defensor general, Pedro García Castiella. Cornejo destacó la figura del nuevo funcionario.
Con el juramento del defensor General, se completó la composición del Ministerio Público, que según lo establece la Constitución de Salta en su artículo 164, es ejercido por un Procurador General, un Defensor General y un Asesor General de Incapaces, quienes tendrán a su cargo la superintendencia y las potestades administrativas y económicas del mismo en forma conjunta. El Presidente es elegido cada dos años entre sus miembros. Actualmente lo ejerce la Asesora General.
El Procurador consideró “muy positiva la incorporación de García Castiella, dada su experiencia y compromiso con las instituciones”.
El acto fue encabezado por el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz y asistieron el vicegobernador Antonio Marocco; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro y el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, entre otros. Por el Poder Judicial, participaron el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; el vicepresidente segundo, Fabián Vittar; las juezas de Corte Sandra Bonari y Teresa Ovejero y el juez Pablo López Viñals. En tanto, por el Poder Legislativo, estuvieron el presidente la Cámara de Senadores, Mashur Lapad; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; la diputada nacional Virginia Cornejo y el senador provincial Guillermo Durand Cornejo.
El juramento se tomó en el Salón Facundo de Zuviría, de Ciudad Judicial.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Pedro García Castiella, con quien discutió sobre proyectos y acciones vinculados con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo Provincial. El Secretario tiene como misión asistir al Gobernador en todo lo concerniente a las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La reunión de los funcionarios sirvió para ratificar los objetivos del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Justicia, de mejorar políticas vinculadas con las víctimas de delitos graves y sus familiares, trabajar en proyectos de reforma y actualización legislativa en materias vinculadas a la justicia, la cooperación entre ambas partes en cuestiones relativas a la mediación y otros métodos participativos de resolución de conflictos y la coordinación de las políticas de lucha y condena del microtráfico de drogas, entre otros.
En ese marco, Cornejo y García Castiella hablaron sobre exámenes psicológicos a los concursantes para cargos de magistrados inferiores del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público, la capacitación previa a los exámenes de los concursantes y la posible reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. La última modificación legislativa parcial de esa ley, data de 2012 y “los cambios sociales e institucionales producidos en los últimos ocho años, sugieren la necesidad de actualizar y mejorar la normativa”, afirmó el Procurador.
También fueron temas de conversación la situación carcelaria de la provincia y el Congreso Mundial de Ciencias Forenses que se realizará en Salta en octubre próximo, cuya organización podría contar con el apoyo del Poder Ejecutivo Provincial.
Por otra parte, el Procurador anticipó al Secretario de Justicia que el equipo técnico trabaja en la elaboración de la iniciativa legislativa de Autarquía Financiera del Ministerio Público Fiscal. Entre las atribuciones atribuidas al MPF por la Constitución de la Provincia en su artículo 166, se encuentra la de “proponer y administrar su propio presupuesto, enviándolo al Poder Ejecutivo para su remisión al Poder Legislativo a efecto de su consideración”. En ese sentido, el Procurador destacó que el artículo 167, referido a la autonomía funcional, establece que “en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público”. La autarquía económica y financiera, en consecuencia, cristalizaría la división republicana de poderes y la autonomía para definir criterios del orden administrativo, financiero, presupuestario y operativo, de acuerdo a las necesidades reales de las fiscalías y otras dependencias.
El Ministerio Público tiene iniciativa legislativa no exclusiva con respecto a la ley de organización del Ministerio Público, Códigos Procesales y demás leyes vinculadas a la administración de justicia y al ejercicio de sus funciones.
