Lo explicó el coordinador de los fiscales penales, Pablo Rivero, al despejar distintas consultas sobre la actuación conjunta con fiscales federales y el trabajo de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Provincia; además del destino de los detenidos que hasta hoy, suman más de 500 personas.
El coordinador de los fiscales de la Provincia, Pablo Rivero,
explicó aspectos fundamentales del trabajo articulado que vienen desarrollando
el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el de la Provincia. También aclaró
sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de las medidas
dispuestas a partir de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo Nacional N° 297/20.
¿Cómo funciona la articulación entre los fiscales provinciales y federales en Salta?
Funciona muy bien, teniendo en cuenta que la Procuración
General de la Nación y de la Provincia, adoptaron criterios tendientes a garantizar
el cumplimiento de las funciones esenciales del Ministerio Público Fiscal
durante la vigencia de la medida de aislamiento social, preventivo y
obligatorio. En Salta, garantizamos el cumplimiento de las funciones esenciales
del MPF y trabajamos de acuerdo a lo establecido por el procurador, Abel Cornejo,
que estableció criterios de actuación que permiten agilizar la toma de
decisiones y asegurar la respuesta institucional que la sociedad hoy
demanda.
¿Hay discusión sobre la competencia federal y provincial cuando se detectan violaciones a la cuarentena?
Por una parte, la Procuración General de la Nación recordó esta semana la naturaleza federal en la materia y la correspondiente intervención de las y los fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en torno a las infracciones al artículo 205 del Código Penal de la Nación. No obstante, y a los fines de preservar la salud pública, desde Nación se hizo hincapié en la necesidad de evitar los planteos de competencia en los casos en que ya se encuentre interviniendo la justicia provincial. Por eso, los fiscales provinciales intervienen frente a la posible comisión de hechos delictivos relacionados con el COVID-19 cuando se registran en el territorio de la provincia de Salta y siempre que no se encuentren sometidos a la jurisdicción federal. En esos casos, hablamos de aeropuertos, rutas nacionales y cruces migratorios (legales e ilegales) entre otros espacios de jurisdicción federal.
¿Cómo fue la intervención federal hasta el momento?
Las fiscalías federales de Salta, a través del Área de Casos
Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, en
turno, atendió consultas que se reciben, especialmente de parte de la policía
provincial y Gendarmería Nacional. Esa fiscalía ya intervino en algunos casos
puntuales, como la suspensión de tareas de más de 500 obreros que realizaban
trabajos en dos empresas mineras ubicadas en la Puna, dispusieron medidas para verificar
el estado de salud, la suspensión de tareas y el traslado a sus viviendas. Para
ello, se coordinaron diligencias con la policía local de San Antonio de los
Cobres.
¿Hubo otros casos?
La Fiscalía federal actuó con una pareja de ciudadanos húngaros que ingresaron en los últimos días y estaban en un hotel salteño: no tenían síntomas, pero se dispuso la revisación médica y la cuarentena en el mismo establecimiento. También con un grupo de colombianos, alojados en la casa de un ciudadano argentino. Sin síntomas, pero se ordenó la constatación médica y cumplimiento de la cuarentena. Otra intervención se realizó en torno a un ciudadano francés que ingresó al país el 10 de marzo y a Salta arribó el 14: fue detectado en Cerrillos en motocicleta y quería llegar a Cafayate; y en Joaquín V. González, en el sur de la provincia, también hubo otra intervención por la presencia de un colombiano.
Sobre la actuación de la fiscalía, Toranzos ya dijo que “se busca
que las personas permanezcan en sus viviendas”, y destacó la tarea “que lleva
adelante la Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional tanto con acciones
de prevención, presencia en las calles, rutas y en las vías de mayor
circulación”.
Desde el viernes y hasta esta mañana, la Policía de la Provincia detuvo a más de 500 personas por incumplir el DNU. ¿Qué pasa con esas personas?
Las detenciones ocurrieron en Salta Capital, Orán, Tartagal, Cafayate, Joaquín V. González, Metán, Salvador Mazza, y Rosario de la Frontera, porque la mayoría no supo justificar su permanencia en la vía pública. Como surge de las instrucciones del Procurador, los efectivos primero deben preguntar motivo de salida (para descartar excepciones contempladas en el DNU), luego intimar el regreso a los hogares y si hay posible comisión de delito, recién concretar una detención. Las personas en infracción -y con intervención del Juez de Garantías en turno-, cumplen detención domiciliaria, se dicta luego una prórroga y finalmente la prisión preventiva. Sobre el listado de intimados se cumple un control efectivo y diario del cumplimiento.
¿Qué destaca de los procedimientos llevados a cabo desde la entrada en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio?
El cumplimiento de las obligaciones de todos los fiscales
penales de la provincia, pero además su excelente predisposición, porque como lo
dispuso el Procurador, todos se encuentran afectados a las guardias telefónicas
de 24 horas y las tareas que surgen de los incumplimientos. Y vale recordar que
la Resolución emitida este sábado por el Procurador, y que fue comunicada al Ministerio de Seguridad,
establece cómo se coordina la actuación conjunta. Allí se autorizó la
notificación por todos los medios (telefónica, mail, Whatsapp, página web,
etc.) para el cumplimiento de la instrucción.
También destaco la predisposición de los fiscales federales,
quienes han venido articulando las tareas de una manera rápida y eficaz con el
Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
