Detuvieron e imputaron a los asaltantes de una vinoteca

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó a Cristian Emanuel Domínguez y Mauricio Nicolás Heredia, acusados del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y arma blanca. Ambos prestaron declaración.

Los imputados, Cristian Domínguez y Nicolás Heredia

De las tareas de investigación, que contaron con el trabajo conjunto del personal policial del sector 3B, a cargo del comisario Chaile Maldonado, y de la División de Robos y Hurtos, a cargo del comisario Chocobar, quedó acreditado que los imputados Cristian Emanuel Domínguez, alias “Maraña”, de 28 años, y Mauricio Nicolás Heredia, alias “Nano”, de 29, se dirigieron el pasado sábado 18 de julio, a las 21, al local comercial “Cru Vinoteca”, ubicado en Avenida Arenales al 2900, a bordo de dos motos.

Al llegar, uno de los acusados ingresó al local y pidió información sobre promociones de cerveza. Luego sacó un cuchillo de sus prendas y redujo al empleado. En ese instante, ingresó el segundo acusado, quien con un arma de fuego intimidó tanto a clientes como al personal de local y sustrajo de la caja registradora la suma de $7900 en efectivo y tres teléfonos celulares.

Una vez que cometieron el ilícito, los acusados escaparon a bordo de una de las motos y dejaron la segunda en el lugar del hecho.

De la investigación y posteriores allanamientos, se logró la identificación de los causantes, su detención y el secuestro de elementos que los vinculan a la causa, tales como uno de los teléfonos sustraídos que pertenecían al local y las vestimentas utilizadas por uno de los investigados que fueron captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el local.

Imputaron a tres delincuentes que asaltaban armados

Tres hombres, de 22, 25 y 27 años, fueron detenidos e imputados por tres hechos cometidos en la zona Sur de la ciudad, donde a bordo de un vehículo, sorprendían a ocasionales transeúntes y a punta de pistola, los despojaban de sus pertenencias. Se secuestró el vehículo en que se desplazaban y otros elementos de interés para la causa.

El fiscal penal Pablo Rivero, a cargo de la Unidad contra Robos y Hurtos, imputó a Mauro Agustín Sivila Córdoba, Alan David Valenzuela y Gustavo Franco Leonel Serrano Villagra como coautores del delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda en concurso real (tres hechos).

El pasado 16 de julio, en la zona Sur de la ciudad de Salta, se registraron tres hechos de robo con similares características, donde los damnificados señalaban en forma coincidente que los delincuentes se movilizaban en un automóvil, aportando algunas de sus características.

Uno de los hechos ocurrió en inmediaciones de barrio Intersindical, donde despojaron a una persona que esperaba el colectivo. Minutos después, atacaron a otra persona en barrio Limache y finalmente otro hecho en zona Sudeste.

Con los detalles aportados por los damnificados y del análisis de cámaras de seguridad realizado por personal del Sistema de Emergencias 911, se logró localizar al vehículo usado para cometer los delitos en una vivienda de barrio La Paz.

En el lugar se logró la detención de tres hombres y el secuestro del vehículo utilizado y otros elementos de interés para la causa.

Esclarecen un robo en el shopping

El hecho ocurrió en el mes de febrero en un puesto de venta de entradas, desde donde se sustrajo más de 200 mil pesos. Hay dos detenidos y uno de ellos era empleado del local comercial y ofició de ideólogo de la maniobra delictiva.

El fiscal penal de la Unidad Contra Robos y Hurtos, Pablo Rivero, imputó a Luis Alberto García y Martín Rodríguez Juárez como coautores del delito de robo en perjuicio del propietario de un local del centro comercial de avenida del Bicentenario.

La investigación se inició en febrero de este año, cuando se reportó el robo de una importante suma de dinero de un local dedicado a la venta de entradas para espectáculos en Alto Noa Shopping.

Los investigadores comenzaron a trabajar en la hipótesis de un autorobo y se logró determinar que uno de los empleados del local, había oficiado como ideólogo de la maniobra delictiva, donde simulando un robo, se sustrajo una suma superior a los 200 mil pesos de la caja con la ayuda de un cómplice.

Con el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y de comunicaciones telefónicas, se logró individualizar a la persona que actuó en conjunto con el empleado infiel para concretar el robo.

Ambos fueron detenidos e imputados en la sede fiscal y se solicitó que se mantenga su detención.

Condenado a seis años de prisión efectiva por vender drogas en un barrio de la zona sur

El fiscal penal de UFINAR en feria, Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que el juez de Sala IV del Tribunal de Juicio, Maximiliano Troyano, condenó a la pena de cuatro años de prisión efectiva a Carlos Martín Clemente, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El magistrado unificó la pena con una condena anterior y la llevó a seis años de prisión efectiva.

Además de la condena, fue decomisado el dinero secuestrado, del cual el 30 por ciento quedó afectado al Ministerio Público Fiscal, al igual que un vehículo Fiat Spazio, utilizado por el condenado para la venta de la droga.

Tras un allanamiento realizado por personal de la Dirección de Drogas el jueves 20 de febrero pasado, en el domicilio del imputado situado en barrio Pablo Saravia, de la zona sur de la capital salteña, fue detenido Clemente, de 38 años, y se secuestraron siete gramos de sustancia blanquecina, que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína y sus derivados. Estaba acondicionada en 60 envoltorios de polietileno.

También se secuestraron 10 gramos de sustancia vegetal disecada, que según la prueba de narcotest era cannabis sativa y estaba acondicionada en envoltorios.

Por otra parte, fueros secuestrados un teléfono celular, la suma de $11.425 en efectivo y distintos elementos para acondicionar los estupefacientes, entre ellos, un colador metálico, una cinta de embalar transparente y varios recortes de envoltorios de polietileno.

La cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal, mientras que de las tareas de vigilancias realizadas por los investigadores, se pudo advertir que el imputado entregó estupefacientes a diferentes consumidores y a cambio de dinero.

UNICROH: desbaratan una peligrosa banda de delincuentes

Tras una larga investigación, se logró la detención e imputación de nueve personas que están involucradas en dos robos armados. En uno de los hechos cometieron el ilícito usando máscaras y en el otro, simularon ser policías.

El fiscal penal Pablo Rivero, de la Unidad Contra Robos y Hurtos, imputó ocho hombres y una mujer como coautores del delito de robo doblemente calificado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego.

El primero de los hechos investigados, ocurrió el pasado 25 de enero en el depósito de la cadena de sandwicherías Mak Lucas, en calle Santiago del Estero al 1400, donde tres hombres ingresaron con el rostro cubierto con máscaras y portando armas de fuego. Redujeron a los dos empleados y sustrajeron de las oficinas dinero en efectivo y dos celulares. Al huir, un cuarto delincuente los esperaba en un vehículo.

El segundo hecho ocurrió el pasado 8 de febrero en barrio San Francisco Solano, donde cinco hombres con el rostro cubierto y portando armas de fuego y chalecos con la inscripción Policia de Salta, ingresaron a la vivienda de un comerciante, redujeron a sus moradores y sustrajeron bultos de cigarrillos, paquetes de hojas de coca, dinero en efectivo y otros bienes. Cuando intentaban huir, se logró la detención de tres de los delincuentes.

Personal de la División de Delitos contra la Propiedad de la Policía de la Provincia, llevó a cabo una minuciosa tarea investigativa, que permitió individualizar a los delincuentes y vincular ambos hechos, estableciendo que se trataba de una peligrosa organización delictiva.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal Rivero solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, orden de allanamiento y detención para tres domicilios vinculados a los sospechosos y como resultado de las medidas concretadas días atrás, se logró la detención de los delincuentes restantes y el secuestro de dinero en efectivo, vehículos, celulares, mercadería y armas de fuego.

Citaron a una joyera para hacer negocios y le robaron a mano armada

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó a cuatro personas acusadas del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda.

Se trata de Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, de 36 años y  José Matías Ángel, de 33, señalados como autores materiales; Braian Nicolás Liendro, de 18 años, imputado como autor intelectual y Jennifer Abigail García, también de 18, acusada de encubridora.

Las actuaciones de la fiscalía iniciaron tras la denuncia de la víctima, una comerciante de joyas, quien indicó que el 19 de mayo la citaron en una dirección de barrio Bancario para vender oro y que mientras esperaba, tres hombres armados llegaron en una moto, la agredieron violentamente y le sustrajeron un bolso con objetos personales y la suma de $ 60.000. También le arrancaron una cadena de oro del cuello y escaparon.

Diversas tareas investigativas permitieron determinar que se trataba de una banda delictiva integrada por cinco personas, tres de los cuales cumplieron una condena por delitos contra la propiedad y que recuperaron la libertad.

Tras reunir los elementos de prueba, se realizaron ocho allanamientos en domicilios ubicados en los barrios Democracia, Santa Ana, Castañares, Ampliación Parque la Vega, Juan Calchaqui y Manantial Sur, de la Ciudad de Salta, que permitieron la detención de Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, José Matías Ángel, Braian Nicolás Liendro y Jennifer Abigail García.

En los procedimientos se logró el secuestro del teléfono celular con el que contactaron a la víctima, vestimenta utilizada al momento del atraco y la cadena de oro sustraída que fue reconocida por la víctima en fiscalía y le fue devuelta.  

En tanto, continúa la investigación para dar con otra persona que estaría vinculada.

Tres imputados y un prófugo por el asalto a un supermercado

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó provisionalmente a Mauricio Osvaldo Robles, Carlos Walter Roldán Pavón y Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, por el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, todo en concurso real. Los imputados, junto a otro hombre que está prófugo, se apoderaron ilegítimamente y por medio del uso de la fuerza de $36.000 pertenecientes a los denunciantes.

Para cometer el ilícito, los acusados utilizaron armas de fuego, según la declaración de la propia víctima y de los testigos, lo que luego fue ratificado por las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local.

Por lo expuesto, el fiscal penal Rivero consideró que no existen dudas de la situación de riesgo concreto producida por los acusados que permite subsumir sus conductas en la figura penal referida.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia radicada por uno de los empleados del local, quien expresó que el pasado 13 de abril a las 16:30, mientras trabajaba en el Supermercado Día ubicado en la Ruta 26, ingresó un hombre que gritó “esto es un asalto” y mostró un revolver que sacó de la cintura.

También pudo observar que otro sujeto se dirigió al sector de las cámaras de video y le pidió que abriera la caja registradora y le entregara el dinero. Tras apoderarse de $18.000, el asaltante lo obligó a abrir otra caja registradora, de donde sacó otros $8000.

Tras esto, el empleado relató que fue obligado a quedarse en el piso, desde donde observó a otro hombre que ingresó por uno de los pasillos, donde lo perdió de vista.

En tanto, otro de los empleados expresó que esa tarde, mientras trabajaba en uno de los pasillos del local en la reposición de mercadería, pudo escuchar una discusión en el sector de los cajeros y al pensar que se trataba de una discusión entre clientes no le dio importancia. Segundos después, un cliente lo arrastró hacia el depósito y le dijo que se trataba de un robo con armas de fuego.

Tras permanecer unos instantes allí, el empleado reaccionó y se dirigió a ayudar a sus compañeros. Al aproximarse hacia las cajas no pudo observar a nadie en particular, pero al revisar sus pertenencias faltaba de su mochila una billetera con $10.600 y distintos documentos.

De la declaración testimonial de una clienta que concurrió al supermercado junto a su hija, surge que dos motocicletas se estacionaron en la entrada y que tres hombres entraron al local, mientras otro se quedó afuera. El último le mostró un arma de fuego, sin decirle nada. La mujer también pudo ver que en el interior del local los sujetos le apuntaban al cajero con un arma.

Personal de la División de Delitos en contra la Propiedad realizaron diversas tareas investigativas, entre ellas, el análisis de las filmaciones captadas por la cámara de seguridad del local. Surge que los causantes del hecho fueron cuatro hombres y que ingresaron al comercio solo tres, mientras uno se quedó en la puerta de ingreso con dos motocicletas de grandes cilindradas encendidas para escapar rápidamente.

Los testimonios, el estudio de imágenes y de telefonía y distintos procedimientos permitieron la detención del imputado Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, y el secuestro de diferentes prendas, armas, cartuchos y una de las motos, mientras que Mauricio Osvaldo Robles está prófugo.

En tanto, el imputado Carlos Walter Roldán fue detenido en el marco de otra causa y se le secuestró vestimentas similares a las utilizadas durante el robo al supermercado.

El cuarto hombre, quien también fue identificado, permanece prófugo.

Caso Rosa Sulca: Realizaron una inspección ocular en el edificio del 911

La Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, realizó durante la mañana de este miércoles una inspección ocular en el edificio ubicado en calle Ameghino 630, sede del Sistema de Emergencias 911. La medida fue dispuesta en el marco de la causa que investiga el femicidio evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

La medida se enmarca en las solicitadas por los fiscales, quienes ya imputaron preventivamente a distintos funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.

Las imputaciones que se realizaron entre el 14 y el 15 de mayo recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.

En todos los casos, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

En tanto, el pasado 30 de abril, la Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

En tanto, el 4 de mayo, los fiscales imputaron al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.

Cuarentena: Robó armado y en menos de un mes fue condenado

Walter Luciano Jaljal fue condenado en juicio abreviado a la pena de tres años de prisión condicional, por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y violación de medidas adoptadas para evitar la propagación de una pandemia, todo en concurso real. La fiscalía penal UNICROH, a cargo de Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio. Intervino el Grupo de investigadores de la Policía 1C.

La intervención de la fiscalía penal UNICROH se produjo tras la denuncia radicada por un hombre que expresó que durante la noche del pasado 25 de abril, mientras estaba en su auto particular estacionado en un playón de barrio Castañares para repartir bebidas y alimentos a comercios, sintió un arma de fuego en la cabeza y un hombre le gritó “dame todo lo que tengas”.

El asaltante sacó el seguro de la puerta y un segundo hombre ingresó al interior del vehículo, quien sustrajo de la guantera la suma de $ 21.000 y un celular Huawei. Luego, cerraron las puestas del vehículo y corrieron hacia los pasajes del lugar.

El denunciante, que reaccionó y comenzó la búsqueda de los causantes en su automóvil, observó que uno de los causantes ingresaba a una vivienda en frente la escuela Monseñor Pérez.

Tras las tareas investigativas y los datos aportados por la víctima, se pudo establecer la cuenta de Facebook del sindicado, posteriormente identificado como Lucho Jaljal, de 24 años. En la misma cuenta también fueron publicadas fotografías de un arma color negra, aparentemente calibre 38.

Personal policial entrevistó a vecinos cercanos al domicilio del acusado, sin aportar datos filiatorios por temor a represalias. Todos coincidieron en remarcar que el sindicado es conocido en la barriada por cometer actos delictivos con total impunidad y que tiene un “aguantadero” en Villa María Esther, donde trasladaría los bienes que sustraídos.

Tras distintas tareas que permitieron la detención, el acusado fue imputado el 28 de abril por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y violación a las medidas adoptadas para evitar la propagación de una pandemia (COVID-19), todo en concurso real.

Luego de diversos allanamientos y al no haber podido lograr el secuestro de armas de fuego, no se pudo establecer que el arma utilizada para cometer el ilícito tuviera aptitud para el disparo, por lo que el fiscal Pablo Rivero llegó a la conclusión que el delito que se debía imputar quedaría tipificado bajo la figura de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

El femicidio de Rosa Sulca era evitable: ampliaron las imputaciones contra otros policías y operarios del 911

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, de Unidad Fiscal Especial, imputaron preventivamente a distintos funcionarios, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. Las audiencias de imputación ocurrieron entre este jueves y viernes.

Las imputaciones recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.

En todos los casos, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

El operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez, de 30 años, fue quien atendió el llamado de auxilio de Rosa Sulca, cuando ella advirtió que su vida corría peligro. Fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, toda vez que en su calidad de agente integrante del Sistema de Emergencias 911 y dentro de las previsiones del artículo 77 del Código Penal, omitió dar la importancia que revestía la llamada de clara de emergencia, y que con una conducta omisiva, puso en peligro concreto la vida de una persona al no desplegar una conducta activa que pudo evitar el resultado lesivo.

El supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, de 34 años, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, toda vez que, encontrándose a su cargo el contralor de las actividades llevadas a cabo por el operador, incumplió deliberadamente las obligaciones a su cargo al retirarse de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona supervisara las actividades, lo que conllevó al peligro concreto hacia la vida de extinta.

El despachante policial, Héctor Roberto Herrera, de 45 años, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, por incumplir deliberadamente las obligaciones a su cargo consistentes en informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio, lo que conllevó ello al resultado fatal de la muerte de Rosa Sulca, ya que al ser la persona que tuvo contacto directo con los recursos de calle, no dio cumplimiento a las previsiones legales.

El jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, de 41 años, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, por omitir dar cumplimiento a sus funciones al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, contando con la posibilidad cierta de escuchar el audio para tomar una decisión en orden a la asignación correcta.

El supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera, de 42 años, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, quien pese a haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, omitió cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, teniendo en todo momento a su disposición el audio de la llamada de auxilio.

Imputaciones previas

El 30 de abril, La Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

En tanto, el 4 de mayo, los fiscales imputaron al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.