Diez años de prisión para un padre que abusó de su hija

Ante el resultado positivo del cotejo genético, durante el juicio, el hombre cambió su declaración y aseguró que su hija había abusado de él.

El fiscal Penal 4 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala 6 del Tribunal de Juicio en la audiencia debate contra un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

El hombre fue condenado a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El 27 de junio de 2021, una mujer de 37 años se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda. Al llegar los efectivos, aseguró que, tras ingerir bebidas alcohólicas, se acostó a dormir y se despertó con su padre de 61 años, abusando sexualmente de ella.

La fiscal 3 de UDIS, Cecilia Flores Toranzos, intervino en la causa y solicitó se practique cotejo de ADN entre el hombre y la víctima, que terminó demostrando que existían células epiteliales. Por otra parte, el informe toxicológico dio cuenta que la mujer presentaba 2,01 g/l de alcohol en sangre, mientras que para el hombre resultó indetectable.

En sede fiscal, el acusado aseguró que no recordaba nada de lo sucedido porque había bebido mucho alcohol ese día. Sin embargo, durante el juicio, el hombre declaró que había sido su hija, que tenía problemas de alcoholismo, la que ingresó en su habitación y abusó de él.

Durante su alegato, el fiscal Rivero señaló que esta acusación se trataba de una maniobra defensiva dado el resultado del cotejo de la prueba de ADN y requirió que el hombre sea sentenciado a 11 años de prisión y se le revoque la domiciliaria con la que llegó al juicio.

Condenado por abuso, corrupción de menores y producción y distribución de material de explotación infantil

La empresa Google alertó a las autoridades sobre la posible comisión de un delito. Al investigar la denuncia, el Ministerio Público Fiscal detuvo a un hombre de 30 años en barrio Solidaridad.

Mediante juicio abreviado, la Sala 3 del Tribunal del Juicio condenó a un hombre a la pena de nueve años de prisión de ejecución efectiva por considerarlo autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de trece años de edad, tenencia, divulgación y distribución de material de explotación sexual infantil agravados por ser cometidos en perjuicio de un menor de trece años, producción de material de explotación sexual infantil agravada por ser cometida en perjuicio de un menor de 13 años, todo en concurso real.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Fiscal (UDIS), Pablo Rivero, inició la investigación meses atrás cuando la empresa Google puso en conocimiento de las autoridades sobre la posible comisión de un delito relacionado a la tenencia y distribución de material de explotación infantil de una persona con número telefónico con característica 0387, perteneciente a Salta.

Un trabajo conjunto entre UDIS y UFINAR permitió identificar al hombre titular de la cuenta y, de vigilancias realizadas, se estableció que vivía en barrio Solidaridad.

El fiscal Rivero solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de la vivienda del hombre, medida que tuvo lugar el 6 de julio de 2022 y en el que se secuestró el celular del condenado.

Al día siguiente, la madre de niño denunció al hombre, señalando que tuvo conocimiento que en el celular secuestrado, habían fotos de su hijo siendo sometido sexualmente por su tío.

En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), el menor de edad pudo contar que su familiar lo abusó, que le sacaba fotos y que él se escondía.

En la vivienda del hombre los investigadores constataron la existencia de elementos que pudieron ser apreciados en las fotografías que acreditan la producción local del material sexual.

Teniendo en cuenta todas las pruebas recabadas, el fiscal Penal 4 de UDIS, elevó la causa a juicio.

Luego de la condena del hombre, de 30 años, la jueza de la Sala 3 ordenó el traslado del sentenciado a la Unidad Carcelaria 1 y dispuso que se le extraigan muestras de ADN para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

El Carril: Imputan a seis hombres por abusar de una mujer con retraso madurativo

La sobrina de la víctima denunció el hecho. El fiscal Penal 4 de UDIS, Pablo Rivero, solicitó la detención de los hombres y los imputó por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.

El fiscal Penal 4 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Pablo Rivero, imputó a seis hombres por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.

La sobrina de la víctima denunció que su tía, de 41 años con retraso madurativo moderado, salió de su casa en El Carril a las 21:30 comprar una pastilla el 15 de noviembre pasado y no regresó. Al día siguiente, cerca de las 11:30 la encontró sentada en una esquina.

Al llegar a su domicilio, la mujer le contó que se había encontrado con su novio en un potrero quien le habría dado a aspirar “una sustancia blanca que la hacía reír mucho”. En su relato, la víctima aseveró que luego se sumó otro hombre y que, luego de un rato, se trasladaron hasta una vivienda de barrio San Jorge.

Según manifestó la mujer, una vez allí la llevaron hasta una habitación y otros cuatro hombres, amigos de su novio, la abusaron sexualmente.

Al tomar intervención en la causa, el fiscal Rivero ordenó distintas medidas a fin de esclarecer lo sucedido. En sede Fiscalía, la mujer ratificó lo que había denunciado su sobrina y contó detalles de lo sucedido entre el 15 y 16 de noviembre.

Rivero solicitó al Juzgado de Garantías la detención de los involucrados, medida que tuvo lugar el viernes pasado. Los hombres fueron trasladados a la Alcaidía General de la Provincia e imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.

Condenado a prisión por estafas en la venta de terrenos y abuso sexual continuado

Además se le revocó la incondicionalidad de una pena anterior. Ocasionó perjuicios patrimoniales gestionando adjudicación de inmuebles a cambio de dinero. 

La Sala 1 del Tribunal de Juicio a cargo del juez Javier Francisco Aranibar, condenó a Jorge Matías González Güemes a la pena de nueve años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de estafas (5 hechos), y abuso sexual con acceso carnal continuado.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado durante el juicio por el fiscal Penal 4 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Fiscal, Pablo Rivero. El magistrado ademas decidió revocar la condicionalidad de la pena impuesta en 2019 de tres años de prisión.

González Güemes fue imputado el 3 de junio de 2021 por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por los delitos de estafas (5 hechos) en concurso real.

El acusado, simulando tener contactos con funcionarios de organismos públicos, ofrecía gestionar y entregar adjudicaciones de inmuebles pertenecientes a dependencias nacionales y provinciales de la vivienda, a cambio del pago de importantes sumas de dinero.

Con este mecanismo, González Güemes logró concretar tres ventas de un dúplex en barrio Grand Bourg. También ofreció la venta de un lote en barrio San Remo y/o Ampliación Barrio Parque La Vega a dos personas, quienes abonaron las sumas solicitadas a cambio de un terreno, del cual el hombre no tenía ningún derecho para disponer y les generó un importante perjuicio patrimonial.

Por otra parte, el 21 de noviembre de 2020 una mujer había radicado denuncia contra el hombre, asegurando que era forzada por éste a mantener encuentros sexuales pese a su negativa en reiteradas oportunidades.

Tras conocerse la condena, el juez ordenó que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN al condenado para su posterior incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Detenido y acusado de producir, divulgar y distribuir material de representación sexual de menores

Tras una larga y minuciosa investigación, se logró la detención en un allanamiento realizado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, de una persona que era investigada por producir, divulgar y distribuir material de representación sexual de menores de edad y otros delitos conexos. Permanece detenido con prisión preventiva.

El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Pablo Rivero, imputó en forma provisional a un hombre de 30 años como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años de edad, tenencia, divulgación y distribución de material de representación sexual infantil agravado por ser cometido en perjuicio de un menor de 13 años de edad, producción de material de representación sexual de menores agravado por ser cometido en perjuicio de un menor de 13 años.

Tras una minuciosa investigación y el cumplimiento de numerosas diligencias, se reunieron los elementos de convicción necesarios para solicitar orden de allanamiento y detención para el domicilio del acusado, ubicado en barrio Solidaridad de la ciudad de Salta.

En cumplimiento de la medida, se logró la detención del acusado, quien tenía en su poder elementos informáticos que contenían material de representación sexual de menores de edad, de cuyo análisis surge que el acusado detentaba, divulgaba y/o distribuía material de contenido sexual involucrando en ellas personas menores de edad, vulnerando con ello la integridad sexual del menor protegido y amparado por leyes internacionales y ratificados por la carta magna en su Art. 72 inc. 22. 

Asimismo, se habría constatado que dentro de los elementos que detentaba, había una producción de material pornográfico infantil de una persona menor de 13 años de edad, quien a su vez habría sido vulnerada en su integridad sexual.

Mientras se cumplen las numerosas medidas dispuestas por el fiscal Rivero, el acusado permanece detenido con prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantías interviniente.

Abuso Sexual Institucional MPF

Abusaba de sus hijas y las amenazaba con matarlas y enterrarlas en los cerros

El 8 de enero de 2022, la madre de las menores de edad envió desde un paraje del interior provincial, una nota solicitando ayuda. El fiscal Penal 4 de UDIS, Pablo Rivero, requirió juicio acusándolo de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el vínculo, guarda y convivencia en concurso real con el delito de coacción

El fiscal Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Pablo Rivero, acusó a un hombre de 35 años de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el vínculo, guarda y convivencia en concurso real con el delito de coacción y solicitó al Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa.

La intervención del Ministerio Público Fiscal inició luego de que se conociera que el 8 de enero, una mujer envió un mensaje en un papel desde un paraje del interior provincial que decía: ““Hacele saber a la Policía que venga por favor, que hay amenaza con arma blanca y abuso sexual a dos menores”.

Al llegar la comisión policial al lugar, la mujer contó que su pareja y padre de sus ocho hijos, abusaba de sus hijas de 14 y 13 años desde los 10 y 9 años. En su denuncia, la madre contó que en año nuevo descubrió a una de sus hijas debajo de la cama. Al preguntarle qué sucedía, la niña le contó que se escondía de su padre porque abusaba de ella y de su hermana.

Además, la mujer solicitó protección, pues temía por su vida y la de sus hijos, ya que el hombre es una persona alcohólica y agresiva. Al ser consultado por el personal policial, el Ministerio Público Fiscal requirió su detención.

El Fiscal penal solicitó que se les tome declaración testimonial a las niñas en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y allí contaron los abusos a los que eran sometidas, que el padre las amenazaba con matarlas y “enterrarlas en los cerros” si contaban algo y que si quedaban embarazadas les decía que “se golpearan el estómago con alguna piedra o pirca para perder el bebé”. Además, las niñas narraron que en varias oportunidades las obligaba a tomar vino y se quedaban dormidas, para luego despertar sin ropa.

El examen médico terminó confirmando lo denunciado.

Tras reunir las pruebas necesarias, Rivero solicitó la elevación a juicio de la causa, acusando al padre de las niñas de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el vínculo, guarda y convivencia y coacción, en concurso real.

Caso Zanchetta: El Ministerio Público Fiscal solicitó 4 años y seis meses de prisión efectiva

La Unidad Fiscal integrada por María Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Rivero brindó múltiples argumentos, sostenidos por los informes psicológicos y psiquiátricos realizados al ex obispo de Orán, para solicitar la pena. Pidieron, además, a los jueces, justicia para las víctimas.

El Ministerio Público Fiscal solicitó cuatro años y seis meses de prisión efectiva para el sacerdote católico y ex obispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta, quien es juzgado por el delito de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de dos ex seminaristas.

El Ministerio Público Fiscal es representado por la Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, y el fiscal Penal Pablo Rivero.

En los alegatos, la Fiscalía sostuvo que a lo largo de las audiencias que iniciaron el pasado lunes 21 de febrero, se presentaron todas las pruebas que permiten concluir que Zanchetta abusó sexualmente de los dos estudiantes del Seminario Juan XXIII.

Al dirigirse a los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López, y Héctor Fabián Fayos de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, la fiscal destacó que –a través del principio de inmediatez jurídica- se pudo establecer la veracidad, verosimilitud y credibilidad de las víctimas, que presentaron en sus denuncias y durante el juicio lógica interna, contextualización de los hechos, precisión de detalles y vivencias desde lo anatómico – acompañados de aspectos concomitantes-.

La fiscal enumeró las distintas situaciones de abuso sexual y conductas abusivas impartidas a las víctimas por parte de Gustavo Oscar Zanchetta mientras se encontraban estudiando en el Seminario. Recordó los informes y declaraciones de las psicólogas que señalaron que en los relatos de ambas víctimas no hay señales de influenciamiento de factores externos y que ninguno presenta desfasajes cognitivos. Filtrín Cuezzo también puntualizó que las profesionales evaluaron, a través de la aplicación de tests de la conducta, las denuncias como creíbles y destacó que los jóvenes presentaban síntomas compatibles con abuso sexual.

En este sentido, la Fiscalía desestimó de pleno –basada en los informes psicológicos- el intento de la defensa de Zanchetta de atribuir estos síntomas a un hecho traumático sufrido en el pasado por una de las víctimas.

Por su parte, el fiscal Pablo Rivero aseveró que las víctimas vieron afectada su libertad de decisión sexual por los actos desarrollados por Zanchetta.

Rivero profundizó en los informes psicológicos y psiquiátricos del ex obispo, que lo presentan como una persona con rasgos psicopáticos y con una grave falla del control de los impulsos; manipuladora de la situación de acuerdo a su conveniencia, que percibe a los demás como objetos para conseguir sus objetivos y que observa la realidad de acuerdo a su propia conveniencia.

En este punto, el fiscal Penal sostuvo que este diagnóstico intentó ser sorteado por la defensa, a través de un informe psicológico que lo presenta con una “personalidad pertinente», indicando que tal término sólo se emplea en una línea educativa para médicos, para definir cómo se presentan los pacientes a la entrevista. Rivero invitó a los jueces a analizar si lo dicho por la perito de parte tiene sustento con todo lo dicho por los numerosos testigos.

El fiscal observó que le llamaba la atención que “en todas las causas en que se investiga un abuso en la Iglesia, las defensas siempre dicen que responden a un complot de otros sacerdotes” y que “estamos ante un hecho histórico de la Justicia penal de Orán porque las víctimas se animaron a hablar y dieron las razones que rompen el principio de inocencia del acusado”.

Antes de solicitar la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva para Gustavo Oscar Zanchetta, el representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que “no podemos determinar la extensión del daño que sufrieron las víctimas, pero sí tenemos la obligación de darles una respuesta desde la Justicia y darle una respuesta a la sociedad de Orán y de todo el país.”

Caso Zanchetta: el ex Obispo negó los cargos

Durante la primera jornada del juicio, el religioso dijo que detrás de la denuncia de los dos seminaristas hay otra connotación. A pedido de la fiscala María Soledad Filtrín Cuezzo, fue desalojado el Tribunal para que declaren las dos víctimas.

Este lunes se desarrolló la primera jornada de la audiencia de debate en la que la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán juzga al sacerdote Gustavo Oscar Zanchetta, acusado de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de dos jóvenes.

Los fiscales penales María Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Rivero representan al Ministerio Público Fiscal. La defensa está a cargo del defensor oficial Enzo Giannotti.

Luego de escuchar la lectura de la imputación, el sacerdote y exobispo de Orán hizo uso de su derecho de declarar. Negó las acusaciones en su contra y aseguró que mantuvo una relación buena y sana con todos los seminaristas, explicó su rol como obispo de la diócesis, y dijo que detrás de la denuncia de los dos seminaristas hay otra connotación.

El exobispo se refirió también al expediente de la investigación canónica, y dijo que tres sacerdotes le habían dicho que la denuncia se trataba de una venganza.

Zanchetta contó que, en su rol de obispo, mantenía charlas con los seminaristas, pero negó que tuvieran connotación sexual. Ante la pregunta de la fiscala de si visitaba las habitaciones de los seminaristas, el ex Obispo contestó que sí lo hacía para charlar. Además, narró que visitó algunos domicilios a los que fue invitado por los familiares de los seminaristas, y ellos le confiaban sus problemas o historias de vida. Fue así que se enteró que una de las víctimas había sido abusado cuando era niño por un tío, y dijo que este tema lo trató con el seminarista.

Finalizada la declaración del imputado, la fiscala Filtrín Cuezzo solicitó el desalojo del Tribunal para que los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos escuchen la declaración de los denunciantes sin la presencia de Zanchetta.

De las 15 declaraciones testimoniales que estaban previstos para hoy, 13 no pudieron hacerlo y se sumarán a las 15 que están citados para la segunda jornada.

Una psicóloga del Seminario que había sido citada, no concurrió al Tribunal por lo que se solicitó la comparecencia por la Fuerza pública.

Vaqueros: los restos óseos pertenecen a Gala Cancinos

En conferencia de prensa, el director del Cuerpo de Investigaciones Fiscales junto a los dos fiscales que investigan la causa, confirmaron que a partir del reconocimiento de algunos elementos encontrados en el lugar y de una pericia odontológica realizada, se confirmó que los restos cadavéricos encontrados a la vera de la ruta nacional 9, pertenecen a la menor desaparecida en 2017.

Los fiscales penales Mónica Poma y Santiago López Soto, junto al director del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Pablo Rivero, tras el hallazgo de restos óseos a la vera de ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 12.5, confirmaron la tarde de este viernes, que se pudo establecer que pertenecen a la menor desaparecida Gala Cancinos.

Según explicaron, la determinación se produjo a partir de elementos encontrados junto a los restos óseos que luego fueron identificados por los padres de la adolescente como de su propiedad.

A su turno, Rivero explicó que ante la presunción de que podría tratarse de la menor desaparecida, se realizó una pericia odontológica con los registros dentales de Gala Cansinos, otorgando certeza de su identidad.

Señalaron que se continuará con tareas en el lugar del hallazgo, a la que caracterizaron como de muy difícil acceso, ya que se trata de una pendiente de más de 80 grados y cubierta por malezas.

Además, se realizará un cotejo genético con los restos óseos encontrados a fin de determinar en forma científica su identidad.

Ante la consulta por la identidad de género de la menor, los fiscales señalaron que se la menciona de acuerdo al nombre legal al momento de la desaparición, sin desconocer la vigencia de la Ley de Identidad de Género, en relación a su autopercepción.

Caso Juárez Iñigo: habría sido ultimado por una disputa económica

En conferencia de prensa se destacó la tarea realizada por personal de la División Homicidios, del Cuerpo Especializado de Investigadores del CIF y de la Policía de la Provincia. Se anunció que se realizará la identificación mediante prueba genética del cuerpo encontrado debido al avanzado estado de descomposición que presentaba.

De la rueda de prensa participaron el coordinador de fiscales y director del CIF, Pablo Rivero; el director del Cuerpo Especializado de Investigadores, Omar Dávila; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general José Ibarra y el fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt.

Torres Rubelt, quien junto a la fiscal penal Claudia Carreras conforman la Unidad Fiscal creada para investigar la desaparición de Juárez Iñigo, señaló que hay dos detenidos por el hecho y que en la continuidad de la investigación, no descarta que puedan producirse otras detenciones.

Consultado por el motivo del homicidio, el fiscal señaló que la hipótesis principal es que se habría producido por una disputa que tiene ribetes económicos.

Sobre la causa de muerte, Torres Rubelt remarcó que el cuerpo no se encontraba calcinado y que se encontró en avanzado estado de descomposición, por lo que será fundamental la autopsia que se le realizará en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán y el cotejo genético que permitirá identificarlo en forma fehaciente.

El fiscal penal Pablo Rivero destacó el trabajo desplegado por personal de la División Homicidios, del Cuerpo Especializado de Investigadores del CIF y de la Policía de la Provincia.

Explicó que el análisis de comunicaciones telefónicas permitió establecer el recorrido y los contactos que tuvo la víctima y así determinar a los sospechosos.

Este viernes se lleva a cabo la audiencia de imputación de los dos hombres detenidos por el hecho, ambos oriundos de Embarcación, a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras.