Un hombre de 26 años fue detenido e imputado por diversos hechos delictivos cometidos días atrás en Rosario de la Frontera. Una denuncia anónima lo señaló como una persona dedicada a la comercialización de estupefacientes. Fue denunciado además por la sustracción de un celular, una motocicleta y amenazas con armas.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Gian Franco Medina como autor de los delitos de tenencia simple de estupefacientes, robo simple y amenazas con arma en concurso ideal, hurto simple, amenazas y amenazas con arma en concurso real.
La investigación se inició por una denuncia anónima que daba cuenta que el acusado comercializaba estupefacientes en su vivienda de barrio Juan Domingo Perón. Tras las tareas desplegadas, se logró secuestrar de su vivienda, marihuana y otros elementos de interés para la causa.
Fue denunciado además por una expareja, quien señala que días atrás, se presentó en su lugar de trabajo, le sustrajo el celular y la amenazó, dejando sobre el mostrador, dos proyectiles de arma de fuego.
Luego se presentó en un lavadero de autos y motos, y bajo engaños, se llevó la moto de un conocido sin su consentimiento.
Finalmente se presentó en la casa de un hombre y esgrimiendo razones de celos por una mujer, lo amenazó y amenazó con un arma de fuego a un familiar del damnificado.
Tras la audiencia de imputación, López Ibarra solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, la continuidad de la detención del acusado, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas.
Un hombre de 40 años fue detenido e imputado por lesionar y amenazar a su expareja pese a existir medidas de restricción en su contra. Ocurrió en barrio 20 Viviendas.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a un hombre de 40 años como autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y el género y amenazas en concurso ideal con el delito de desobediencia judicial, todo en concurso real.
El hecho ocurrió en barrio 20 Viviendas de esa ciudad, el pasado 26 de septiembre, cuando el acusado se presentó en estado de ebriedad en la casa de su expareja y en el marco de una discusión, la golpeó y amenazó a pesar de existir medidas de restricción dictadas por un Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
López Ibarra, tras la imputación, dispuso el cumplimiento de diversas medidas y solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención del acusado.
Dos hombres, de 59 y de 21 años, fueron condenados por cometer actos de abuso sexual en perjuicio de una niña, con la que tenían lazos de parentesco. El hecho se descubrió porque la menor se contagió de una enfermedad de transmisión sexual.
La madre de la niña de seis años al momento de los hechos, al bañarla, descubrió que tenía alguna afección en su zona genital. Al hacerla examinar, descubrió que se había contagiado de una enfermedad de transmisión sexual, por lo que decidió realizar la denuncia.
De las tareas investigativas se descubrió que los autores de los hechos de abuso eran un tío abuelo de la menor y un tío paterno, quienes en forma separada, vulneraron su integridad sexual con distintos actos, lo que fue comprobado médicamente y a través de la entrevista a la menor mediante circuito cerrado de televisión.
En su veredicto, la jueza Carolina Poma Salvadores, condenó al tío abuelo de la víctima, de 59 años, a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
El tío paterno, de 21 años, fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional como autor del delito de abuso sexual simple, agravado por la convivencia y al cumplimiento de reglas de conducta.
En el mismo fallo, la jueza dispuso la extracción de material genético de los condenados por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
La audiencia de debate comenzó el pasado 21 de septiembre y está previsto que finalice el próximo jueves 30. El hecho ocurrió en diciembre de 2019, cuando a partir de una denuncia anónima y del trabajo investigativo de la Sección Drogas Peligrosas de esa ciudad, se detuvo a tres personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes y en el allanamiento se secuestraron además de droga y otros elementos, 6 gallos de riña.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representa al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán, en la audiencia de debate contra Marcelo Ramón Vargas y Pablo del Milagro Dorado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haberse cometido por 3 o más personas en forma organizada y contra Julio Fabián Cañizares por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haberse cometido por 3 o más personas en forma organizada en concurso real con el delito de crueldad animal.
Reunidos los elementos de
convicción necesarios, López Ibarra solicitó al Juzgado de Garantías en turno,
orden de allanamiento, secuestro y detención para los domicilios de los
sospechosos.
Como resultado de los allanamientos, se logró secuestrar sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, 6 gallos de riña y otros elementos de interés para la causa.
La audiencia es presidida por el juez Sebastián Fucho y está previsto que finalice este jueves 30.
Un hombre fue condenado por un hecho ocurrido el 26 de mayo de 2019 en finca La Aguadita, cuando abusó sexualmente de su cuñada menor de edad, la golpeó y la dejó abandonada en una zona descampada. El propio acusado dio aviso a la Policía, creyendo que le había quitado la vida.
El hecho juzgado ocurrió el 26 de mayo de 2019 en finca La Aguadita, departamento de La Candelaria, cuando el acusado se presentó en una dependencia policial y confesó que había abusado sexualmente de su cuñada de 14 años, la había golpeado y la dejó abandonada en una zona despoblada, inconsciente. Se activaron los protocolos y la menor fue localizada y tras recibir las primeras atenciones, fue derivada al Hospital Público Materno Infantil.
La jueza Carolina Poma Salvadores, condenó al acusado a la pena de nueve años de prisión efectiva como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves en concurso real en perjuicio de una menor de edad.
En el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
En el marco de una investigación iniciada en 2019 por el cobro irregular de planes sociales en ese municipio, se amplió la imputación y alcanzó al jefe comunal y otros funcionarios de su gestión, entre los que se cuenta a la secretaria de Hacienda. Se los acusa de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en unidad fiscal con su par, la fiscala penal Mónica Poma, llevan adelante una investigación por supuestas maniobras fraudulentas que se denunciaron en esa ciudad respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.
A partir del relevamiento de testigos y las pericias contables realizadas, la unidad fiscal decidió ampliar la acusación a Gustavo Solís Mónico, Matías Tomás Antonio Iturre, Orlando Rubén Cárdenas, José Luis Feres, Silvia Carolina Solís Mónico y Antonia Silvia Acosta como autores de los delitos de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
Los fiscales sostienen en la acusación quede lo actuado, surge que los mencionados, efectuaron maniobras destinadas a desviar fondos públicos destinados a planes sociales.
Dos hombres, de 59 y de 21 años, serán juzgados desde este martes, por cometer actos de abuso sexual en perjuicio de una niña, con la que tenían lazos de parentesco. El hecho se descubrió porque la menor se contagió de una enfermedad de transmisión sexual.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Metán, en la audiencia de debate contra un hombre de 59 años (tío abuelo de la víctima) y un hombre de 21 años (tío paterno de la menor) como autores del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
La madre de la niña de seis años, al bañarla, descubrió que tenía alguna afección en su zona genital. Al hacerla examinar, descubrió que se había contagiado de una enfermedad de transmisión sexual, por lo que decidió realizar la denuncia.
De las tareas investigativas se descubrió que los autores de los hechos de abuso eran un tío abuelo de la menor y un tío paterno, quienes en forma separada, vulneraron su integridad sexual con distintos actos, lo que fue comprobado médicamente y a través de la entrevista a la menor mediante circuito cerrado de televisión.
La audiencia comenzará este martes y estará presidido por la jueza Carolina Poma Salvadores.
Dos hombres, de 36 y 31 años, fueron detenidos e imputados por agredir a un efectivo policial y proferirle amenazas, cuando se disponía a regresar a su domicilio, luego de prestar servicios.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Roberto Rafael Arroyo de 36 años de edad y a Pedro Emanuel Pérez de 31 años, como autores de los delitos de lesiones leves en concurso real con amenazas en contra de un efectivo policial.
El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto por la tarde en la intersección de calles Calle Hipólito Irigoyen y Ruta Provincial Nª 6 de la localidad de El Tala, departamento de La Candelaria.
Los acusados, a bordo de una motocicleta y en estado de ebriedad, se detuvieron frente a un efectivo policial que esperaba un vehículo para regresar a su hogar, y comenzaron a insultarlo, amenazarlo y se abalanzaron sobre él, propinándole algunos golpes. El policía pudo reducir a uno de ellos, el otro se fugó y luego fue detenido.
A partir de informes remitidos por la Auditoría General de la Provincia, desde el Ministerio Público Fiscal se inició una investigación por la posible comisión de delitos contra el erario municipal. Como resultado, se imputó a los exintendentes Manuel Norberto Paz y Andrés Jesús Mellado Castellanos. Los acusados no declararon.
Norberto Paz – Andrés Mellado Castellanos
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Manuel Norberto Paz por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el de sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar documentos públicos, por estafa y por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso real.
A Andrés Jesús Mellado Castellanos, le imputó los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el delito de sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar documentos públicos en concurso real.
La investigación se inició a partir de un informe remitido por el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, en el que se da cuenta de ciertos hechos que podrían constituir delitos con encuadre en el Código Penal.
En el informe se plantean irregularidades tales como la falta de registro de bienes, sobre todo inmuebles de la Municipalidad de El Tala, lo que provocó que el equipo de auditoría actuante, no pueda determinar si las disposiciones de bienes inmuebles analizadas, son efectivamente las únicas operaciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, o si se hubieran sucedido otras que no llegaron a su conocimiento y que podrían haber afectado la situación de los bienes al 31/12/16.
También que el archivo de resoluciones del Intendente se encontraba incompleto, lo que impide conocer las decisiones que se hubieran tomado a través de las resoluciones, dificultando el control.
Del análisis realizado, se comprueba que incluso se hizo disposición -a través de la figura de la donación-, de bienes muebles del municipio, a favor de una fundación que presidía la hija del exintendente Paz, por lo cual, los auditores sostienen que la información contenida en el Estado de Bienes al 31/12/16 presentado por la Municipalidad de El Tala no presenta razonablemente la situación de los bienes de ese municipio a tal fecha, conforme a las normas contables y legales vigentes detalladas en el marco legal.
En su acusación, el fiscal López Ibarra sostiene que ambos exintendentes, incumplieron la normativa vigente, y advirtió que, en su carácter de jefes comunales del Municipio de El Tala, eran jefes de la Administración Municipal y encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes nacionales, provinciales y las ordenanzas municipales. Hicieron caso omiso a las mismas, todo lo cual encuentra su fundamento en el resultado de la Auditoría realizada en su oportunidad, en todas las faltas en las que incurrieron los funcionarios sin tener en consideración la Ley N.º 1349: Orgánica de Municipalidades; Ley de Contabilidad de la Provincia N.º 705/57: Art. 46, Art. 48 Inc. 2), Art. 50 Inc. 10), y capítulo V, Arts. 54 al 60; Decreto N.º 7.655/72: Régimen de Contabilidad y Control del Patrimonio del Estado; Ordenanza N.º 92/16 del Consejo Deliberante -Presupuesto General de Recursos y Erogaciones para el año 2016; Ley Provincial N.º 5.348: de Procedimiento Administrativo; Ley Nacional N.º 25.188: de ética en el ejercicio de la función pública, Art. 3, Inc. e); Código Penal.
Los acusados estuvieron acompañados por abogados particulares y se abstuvieron de declarar.
Un mayor y un menor fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido el pasado 11 de julio, cuando previo a violentar el acceso de la propiedad, sustrajeron herramientas y otros bienes.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó inicialmente a Fernando José Salinas como autor del delito de robo simple en perjuicio de un vecino de esa ciudad. .
El hecho ocurrió el pasado 11 de julio en un galpón ubicado en calle Salta, cuando el acusado junto a un acompañante, violentaron una reja y sustrajeron herramientas y otros bienes.
De las tareas investigativas desplegadas pudo conocerse que la persona que acompañaba a Salinas era un menor de 16, que fue identificado y se amplió el decreto de imputación.
