El Procurador General representó a Salta en las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales

El encuentro reunió en Rosario a las máximas autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales del país y especialistas internacionales para analizar estrategias de investigación y persecución penal frente al crimen organizado y otras modalidades delictivas complejas.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, expuso en las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que se desarrollaron durante dos días en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con la participación de procuradores y fiscales generales, funcionarios y especialistas de 22 jurisdicciones del país y de Estados Unidos, Italia y Chile.

El encuentro fue organizado por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, y constituyó un espacio de intercambio sobre políticas de persecución penal, estrategias de investigación y herramientas para el abordaje de fenómenos delictivos complejos.

La apertura estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; a quien acompañaron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, María Cecilia Vranicich; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, Jorge Canteros; y el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena, entre otras autoridades.

En ese marco, García Castiella formó parte del panel Responsabilidad penal adolescente: enfocado en las violencias extremas en entornos digitales y su incidencia en actos violentos en ámbitos escolares, moderado por el Fiscal de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, Luis Schiappa.

García Castiella compartió esta mesa junto al jefe del departamento de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), y el cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación, Dr. Armando Antao Cortes.

La invitación a integrar la temática del panel al Procurador salteño tiene como antecedente la coordinación y cooperación desplegada por la Procuración General de Salta con el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, en el reciente caso de la masacre ocurrida en una escuela de San Cristóbal, en esa provincia.

En este caso, si bien el menor perpetrador del hecho es oriundo de aquella provincia, el segundo imputado reconoce residencia en el interior de la provincia de Salta, por lo que oportunamente se desplegó una amplia intervención colaborativa en esta provincia, tanto en los allanamientos realizados en todo el proceso de asistencia remota para la imputación del menor en la causa radicada en Santa Fe, como así también las acciones de asistencia al menor involucrado.

Durante el panel se realizó una pormenorizada descripción de estas redes sociales y entornos digitales que hacen un culto a la violencia extrema nihilista, y el gravísimo peligro que implican para niños, niñas y adolescentes en los ámbitos educativos; fenómeno creciente en el ámbito transnacional, en el que nuestras regiones demostraron no ser una excepción ni estar a salvo de las mismas.

 

Ciberpatrullaje, coordinación interjurisdiccional y docencia

García Castiella focalizó su intervención en la gravedad del fenómeno de violencia radicalizada en redes, tales como TCC (True Crime Community), INCEL y otras, el violento contenido de su ideología y objetivos de violencia, su poder de captación y el grave riesgo de contagio cuando se materializan los hechos de violencia, lográndose así la glorificación y figura de culto del criminal, por el que pretenden una validación y reconocimiento que la vida real les niega o desplaza, según la percepción de estos sujetos.

“Todo ello lleva a reflexionar y repensar con contenido fuertemente crítico, que nos encontramos claramente ante una nueva era: la era digital, en donde la mayor parte de la vida del ser humano, y todas sus facetas, se ha trasladado al entorno digital, incluida también la violencia”, expresó el Procurador, invitando al auditorio a reflexionar respecto de “la severa dificultad de aplicar las herramientas e institutos tradicionales del Derecho Penal y los modelos de investigación criminal, que son puestos en crisis por estas ideologías radicalizadas”.

En este sentido, puso como ejemplo “la inutilidad de la noción de pena como criterio de prevención general o especial, cuando precisamente lo que buscan los perpetradores es ser descubiertos como medio de glorificación y culto”, y “también las dificultades de la interjurisdiccionalidad del fenómeno, en donde sus participantes, y en su caso las víctimas, interactúan desde distintas jurisdicciones geográficas, inclusive transnacionales, de lo que deriva la insuficiencia de cualquier esfuerzo aislado de cualquier Ministerio Publico, si no es en coordinación y cooperación en red, y apoyos en el ciberpatrullaje internacional”.

“Por este aparatito – exhibiendo un celular- transita minuto a minuto al lado nuestro un mundo paralelo, del cual los adultos muchas veces no tenemos la menor idea, y solo lo advertimos cuando se precipitan sus consecuencias”, expresó García Castiella, quien señaló: “Estos fenómenos nos interpelan y obligan a repensar, reconfigurar aquellas viejas concepciones en las que los Ministerios Públicos Fiscales intervenían recién a partir de un hecho consumado, y avanzar cada día más en lo preventivo, precisamente para evitar consecuencias tan terribles si se materializan”.

En este sentido, consideró: “Hoy, unas de las pocas alternativas son el ciberpatrullaje, la coordinación interjurisdiccional, y la docencia para advertir las señales y signos de riesgo”.

 

Otros temas abordados durante las jornadas

Además, durante las jornadas se abordaron otros temas, como Organizaciones Criminales: Desafíos contemporáneos para los Ministerios Públicos Fiscales; Narcocriminalidad, desfederalización y microtráfico: Experiencias en su implementación y aplicación; Fenómenos Criminales: Análisis criminal, focos investigativos y persecución penal estratégica; y Lineamientos, recorrido y acciones del Observatorio de Violencia de Género (OVG) del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina.

Otros paneles se refirieron a temas como la Litigación ambiental estratégica; las Víctimas y los Ministerios Públicos Fiscales: La víctima en el centro de la política criminal; y Cibercrimen: Nuevos desafíos para la investigación criminal-IA aplicada a los Ministerios Públicos Fiscales y la Red Federal del Consejo de Procuradores.

Tras dos días de debate, en los que representantes de los Ministerios Públicos de distintas provincias pudieron compartir experiencias y analizar los desafíos que enfrentan las instituciones responsables de la investigación y persecución de delitos en todo el país, se realizó el acto de cierre.

En ese contexto, Miquelarena hizo hincapié en “la sofisticación del delito con el mundo digital” y advirtió que “tenemos que aggiornarnos para estar a la altura de las circunstancias”, a la vez que llamó a “crear redes que tiendan a cooperar entre nosotros para no llegar tarde”.

Por su parte, Canteros agradeció a la organización de la actividad y destacó que “es la primera vez en años que participan 22 Procuradores del total de jurisdicciones”.

En tanto, reveló que le impactó “la reunión con las representantes de las asociaciones de víctimas”, al tiempo que expresó: “Me quedó la frase ‘Humanizar la Justicia’. Creo que es el gran desafío que tenemos desde los Ministerios Públicos”.

A su turno, Vranicich destacó que “fueron dos días intensos de trabajo, no sólo de adquirir o refrescar conocimientos, sino de poner en crisis los conocimientos que traemos”, tras lo que hizo un repaso de los temas abordados en todos los paneles de las jornadas.

La participación del Procurador General permitió a Salta integrar un ámbito federal de discusión junto a las máximas autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales del país, orientado a fortalecer los vínculos de cooperación y el intercambio de información, experiencias y herramientas para mejorar la respuesta institucional frente a investigaciones que requieren acciones coordinadas entre distintas jurisdicciones.

Las jornadas concluyeron con un balance sobre los desafíos actuales de las políticas de persecución penal y la necesidad de profundizar la articulación entre los distintos organismos del Estado para enfrentar de manera coordinada fenómenos delictivos de creciente complejidad.

 

Pullaro en la apertura

Durante la apertura, el Gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro destacó que el encuentro se realizó en “una ciudad pacificada”, luego de haber sido una de las sedes de los Juegos Suramericanos, y detalló: “Pasaron 3,5 millones de personas y no tuvimos una sola incidencia en el sistema 911”, lo que habla “claramente del cambio de piel que ha tenido Rosario”.

El mandatario de Santa Fe recordó que, a esta altura de 2023, el departamento Rosario acumulaba 223 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 se registraron 62. En toda la provincia, en tanto, se contabilizaron 112 homicidios, frente a los 313 registrados tres años atrás.

“Fue determinación, valentía y decisión de los actores institucionales de trabajar todos los días para pelear contra la violencia y el crimen organizado, para traer orden y paz a la provincia”, aseguró.

Luego, Pullaro afirmó que durante años las bandas narcocriminales operaron con “impunidad” en Rosario y mataron “generando un círculo de violencia permanente”, mientras que consideró, sin embargo, que se logró reducir los niveles de violencia altamente lesiva “respetando las garantías constitucionales”, porque en Santa Fe “se respeta la ley y la Constitución” y “no se cruza ninguna línea”.

 

Manos negras para desprestigiar al Ministerio Público de la Acusación

En otro tramo de su intervención, el gobernador aseguró que existen “manos negras atrás para desprestigiar al Ministerio Público de la Acusación, y a eso, en esta provincia, no lo vamos a permitir”.

En este sentido, sostuvo que el pueblo de la provincia de Santa Fe “va a estar al lado de cada fiscal que hace su trabajo correctamente, porque los resultados alcanzados los hemos obtenido juntos”.

El gobernador santafesino instó a “no levantarle el pie de la cabeza al delito” para evitar que “vuelvan a hacer las cosas como hace tres años atrás”.

Por último, Pullaro reclamó avanzar sobre la estructura criminal vinculada al lavado de activos y sobre “los abogados, contadores y escribanos que asesoran a las organizaciones criminales”.

En ese punto, respondió a la Asociación de Abogados Penalistas: “Que no se hagan los zonzos. Ellos saben muy bien y tienen muy claro de quiénes les estamos hablando. No les hablamos al derecho a la defensa; les hablamos a aquellos que son parte de las organizaciones criminales”.

“Es responsabilidad nuestra romper esa barrera que tenemos e ir sobre la cabeza de esas organizaciones criminales para poder mostrarle a una sociedad que quiere vivir en paz y con orden que el Estado está al lado de ellos”, concluyó.

 

 

El Procurador recibió a representantes del Comité para la Prevención de la Tortura

Se trata del organismo nacional encargado de prevenir la tortura y supervisar las condiciones de detención en el país.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió la visita de los comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Gustavo Federico Palmieri y Natalia Gabellini, en la que se abordaron los avances, desafíos y políticas en materia de protección de los derechos humanos en contextos de encierro.

Durante el encuentro, se dialogó sobre la infraestructura penitenciaria, el fortalecimiento de la atención a las personas privadas de libertad y la capacitación continua del personal penitenciario en derechos humanos, con el propósito de consolidar un sistema penitenciario respetuoso de la dignidad humana y alineado con los estándares nacionales e internacionales.

Además, se ponderó el reciente juicio llevado adelante contra personal del Servicio Penitenciario, que culminó con una condena ejemplar para 17 imputados, con penas que oscilan entre 1 y 10 años y 6 meses de prisión. El proceso judicial permitió acreditar la existencia de una organización jerárquica dedicada a la comercialización de estupefacientes y la comisión de exacciones ilegales dentro del penal, en perjuicio de personas privadas de libertad. 

Asimismo, los representantes del Comité manifestaron un especial interés en el Programa de Intervención con Hombres en Condena por Violencia Contra la Pareja (VCP), impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, destacando su carácter innovador y su impacto positivo en la prevención de la violencia de género. En este sentido, expresaron su voluntad de promover la implementación de iniciativas similares en otras jurisdicciones del país, como modelo de intervención orientado a la reeducación, la construcción de vínculos saludables y la reducción de la reincidencia.

Finalmente, se abordaron cuestiones vinculadas a la futura implementación del nuevo Código Procesal Penal y la introducción de herramientas procesales destinadas a modificar sustancialmente el análisis de medidas cautelares y beneficios carcelarios, otorgando un mayor dinamismo y evitando la prolongación innecesaria de la detención de aquellas personas que no requieren el dictado de prisión preventiva.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, creado por la Ley N.º 26.827, funciona desde 2017 como órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Su misión es supervisar sin previo aviso los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, recabando información directa mediante entrevistas confidenciales, en cumplimiento de los principios del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, al cual Argentina adhiere.