Sistema Único de Denuncias para casos de violencia familiar y de género: Iniciaron capacitaciones y pruebas

Las jornadas fueron encabezadas por la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero. Tuvieron como objetivo capacitar a una serie de operadores del Ministerio Público y Poder Judicial para que inicien un período de prácticas sobre un sistema informático de prueba que se está desarrollando, con el fin de optimizar el abordaje de los casos de violencia familiar y de género.

Esta mañana se dio inicio a una serie de capacitaciones, tendientes a optimizar el sistema de denuncias del Ministerio Público Fiscal. La jornada estuvo presidida por la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre Procuración General y Corte de Justicia, en una temática tan sensible y trascendente, como lo es la Violencia Familiar y de Género.

Ovejero resaltó que, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público están abocados a un proyecto en común que tiene como norte mejorar la capacidad y calidad de respuesta de la justicia en esta temática y que existe el convencimiento de que el esfuerzo mancomunado de ambas instituciones constituirá un gran avance para contribuir a modificar la realidad social.

La magistrada explicó que, con la modificación del sistema de denuncias, se daría sólo el primer paso, en el marco de un proyecto más ambicioso que pretende un abordaje transversal en la problemática que implica la violencia familiar y de género que procurará, mediante el diseño de un sistema informático, que todas las instituciones con injerencia en el caso puedan intervenir simultáneamente, sin superposición de acciones y cada una desde el rol que le corresponda por ley.

El modelo en desarrollo tiene como objetivo optimizar los recursos y ofrecer respuestas más eficaces en las intervenciones relacionadas con casos que requieren atención urgente y coordinada, con el fin de proporcionar un servicio de justicia de mayor calidad a los ciudadanos.

La capacitación sobre el uso del sistema informático estuvo a cargo de la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, quien detalló la planificación del proyecto y los objetivos de la primera parte que se  pone a prueba.

Aballay explicó los cambios realizados en el sistema informático, así como las pautas para utilizar la plataforma de prueba. También detalló la lógica de trabajo que seguirán los equipos asignados en esta fase, los datos necesarios para ingresar, el proceso de evaluación de las respuestas del sistema y los criterios adoptados por los operadores que colaboraron con la carga de información.

La coordinadora informática fue la encargada del diseño del sistema único y subrayó que se trata de un plan de trabajo progresivo. En cuanto a los próximos pasos, mencionó que incluirán la capacitación de la Policía de la provincia y la puesta a disposición de la plataforma de pruebas del sistema de denuncias para sus operadores.

Po su parte, el secretario relator de la Procuración General, Aldo Rubén Saravia, detalló que en esta etapa inicial, las personas seleccionadas serán responsables de ingresar denuncias de prueba. Se llevará a cabo un monitoreo para verificar si el sistema informático interpreta de manera adecuada la información y la dirige según las pautas y criterios jurídicos con los que fue alimentado. Este período de pruebas servirá para realizar ajustes en el sistema y corregir posibles errores, precisó.

Durante la reunión, estuvieron presentes, además, la directora de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial, Amelia Fuentes Marrupe; por parte del Ministerio Público de la Defensa, la secretaria de Superintendencia de la Defensoría General, Guadalupe Di Bez, el secretario de Derechos Humanos – Área Civil de la Defensoría General, Matías Trogliero; por parte del Ministerio Público Pupilar, la secretaria de Superintendencia, María Isabel Rodríguez Virgili; la secretaria a cargo de la Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, Laura Salas Machuca y la secretaria de la Oficina de Orientación y Denuncias (OyD) del Ministerio Público, Graciela Cari.

Procuradores del país expresaron su preocupación por el narcotráfico y reclaman políticas de estado conjuntas y coordinadas con Nación

Ante la ola de hechos trágicos e inseguridad vinculados al narcotráfico registrados en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Procuradores Generales de las distintas provincias realizaron un pronunciamiento calificando la situación como “gravísima”.

Procuradores y Fiscales de las distintas jurisdicciones provinciales, entre ellos el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, advirtieron sobre la alarmante situación y reclamaron «una política de Estado que opere de manera conjunta y coordinada entre los estados provinciales y la Nación».

En un comunicado conjunto, los funcionarios se mostraron preocupados por «la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico».

Remarcaron la necesidad de una «política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro país».

«Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente», señalaron.

Añadieron también: ”No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal».

En ese contexto, consideraron «necesaria y urgente» la adopción de «medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad”.

Es preocupación de la Procuración General de la provincia de Salta en consonancia con el resto de los Procuradores, la replica de este flagelo en todo el territorio nacional. De esta manera, pusieron a disposición «toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar». A su vez, propusieron que, «desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo».

En la misma línea, los funcionarios provinciales expresaron un «incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional».

«Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos», concluye el comunicado.

Además de la firma del procurador general de Salta Pedro García Castiella, se encuentra la del procurador de Santa Fe, Jorge Barraguirre, y del fiscal general Jorge Baclini, junto a la de sus pares de las distintas provincias de Mendoza, Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Catamarca, Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Neuquén.

El comunicado completo:

 

COMUNICADO
Los Procuradores y Fiscales Generales, Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de las Provincias que integran la República Argentina, y miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, individualizados al pie del comunicado, profundamente preocupados por la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico en la misma, manifestamos:

1- Que desde hace varios años venimos denunciando la gravísima situación que se presenta en esta materia, y la necesidad de una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro País. Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente.

2- No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal.

3-El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad.

4-Nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática.

5-Es en mérito de ello que ponemos a disposición toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar, y proponemos que, desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo.

6-Por último, manifestamos nuestro incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional.

7- Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos.

Suscriben la presente:
Alejandro Gullé –Presidente – Procurador General Provincia de Mendoza Jorge Crespo- Presidente-Procurador General Provincia de Rio Negro Eduardo Quatropani- Fiscal General Provincia de San Juan
Julio Conte Grand- Procurador General Provincia de Buenos Aires
Juan Bautista Mahiques- Fiscal General de CABA
Jorge Barraguirre- Procurador General Provincia de Santa Fe
Juan Manuel Delgado- Fiscal General Provincia de Córdoba
César Sotelo – Fiscal General Provincia de Corrientes
Jorge García- Procurador General Provincia de Entre Ríos
Jorge Miquelarena- Procurador General Provincia de Chubut
Luis Martínez- Procurador General Provincia de San Luis
Jorge Baclini- Fiscal General Provincia de Santa Fe
Tristán Lobo- Procurador General Provincia de Catamarca
Jorge Canteros – Procurador General Provincia de Chaco
Pedro García Castiella- Procurador General Provincia de Salta
Miguel Piñero- Procurador General Provincia de Misiones
Luis De La Rúa- Fiscal General Provincia de Santiago del Estero                                                                                                                 José Ignacio Gerez – Fiscal General de la Provincia de Neuquén

                                                                                                                                                                             Febrero 13 de 2023.-

El Ministerio Público Fiscal presentó nuevo tablero de gestión para fiscalías penales no especializadas del Distrito Centro

En el marco de las acciones encaradas por el Procurador General, Pedro García Castiella, en pos de lograr la gestión eficiente de las causas penales, teniendo como prioridad la digitalización e incorporación de tecnología en las dependencias del Ministerio Público Fiscal, se presentó el nuevo tablero de gestión para fiscalías no especializadas del Distrito Centro.

Esta nueva herramienta informática fue desarrollada a requerimiento del Procurador General y consiste en mostrar, principalmente, indicadores relacionados a las personas detenidas y causas en trámite, en cada dependencia.

En la primera etapa, el tablero digital se pone a disposición para las fiscalías del Distrito Centro, previéndose su implementación, próximamente, en las fiscalías penales no especializadas de los distritos y sedes del interior de la provincia.

Se busca favorecer con estas herramientas informáticas a los operadores de las Fiscalías y constituye un avance importante en la digitalización para el ingreso y registro de información que contribuye a la agilización en la tarea diaria.

Durante la presentación estuvieron presentes fiscales y auxiliares fiscales de las mencionadas dependencias, el Secretario Relator de la Procuración General, Dr. Aldo Saravia, el Director de Informática, Lic. José Peralta y la Coordinadora Informática del Ministerio Público Fiscal, Lic. Patricia Aballay.

El Ministerio Público Fiscal informa las actuaciones referidas al ataque sufrido por una menor en Alto La Sierra, iniciadas desde el día 3 de noviembre

Teniendo presente la relevancia de los hechos sucedidos en el norte de nuestra provincia, que tuvieron como víctima a una menor de la comunidad wichi, es obligación del Ministerio Público Fiscal (de acuerdo a lo que dispone el Art. 263, ultima parte del CPP) precisar los alcances de la intervención de los fiscales penales en el caso concreto. 

Se pone en conocimiento que en fecha 3 de noviembre, siendo las 7:30, un miembro de la comunidad wichi de Bajo Grande, denunció que encontró a su hija de 12 años en una senda, tendida en el suelo con manchas sanguinolentas en el cuero cabelludo. Posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Alto La Sierra en el móvil policial junto a un enfermero. Sostuvo el denunciante que ante la mejoría de su hija, logró preguntarle quien la había golpeado, y ella le señaló a un menor de edad como el autor de la lesión.

En atención a ello, siendo la hora 18:00 del mismo día, la Policía de la Provincia remite vía mensaje de texto copia de la denuncia al Fiscal Penal de Salvador Mazza Armando Cazón, quien, ante el contenido de la misma, solicitó que se dé inmediata intervención al Juez de Menores de turno, puesto que solo se indicaba como posible responsable a un menor de edad, y conforme el Régimen Penal de Menores, es a este último a quien corresponde la dirección de la investigación. 

Posteriormente y luego de surgir la presunción de un posible ataque sexual en función del examen médico practicado a la víctima, alrededor de las 23.00 horas, la fiscal Gabriela Souto, interinamente a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género de Tartagal, es puesta en conocimiento de los hechos sucedidos por un llamado del Juez de Menores a cargo, articulando inmediatamente comunicación con el personal policial de Alto La Sierra. En idéntico sentido, dispuso que el auxiliar de la fiscalía se constituya al Hospital de Tartagal a fin de informarse sobre el estado de salud de la menor y la posible sospecha de abuso sexual.

Ese mismo día 3 de noviembre, siendo horas 23:29 horas, y luego de reunir la información correspondiente, la Fiscal se contactó nuevamente con el personal policial actuante y tomó conocimiento de que la Secretaria del Juzgado de Menores dispuso distintas diligencias en torno al sospechoso y a la investigación. En tal sentido, y ante un hipotético caso de intervención de otras personas mayores de edad, pidió también expresamente al personal policial tareas de pesquisas y de campo, para la individualización de todos los sujetos que pudiesen haber estado reunidos previamente con la menor, como así también arbitrar los recaudos necesarios para lograr mayor eficiencia en la toma de muestras biológicas para un futuro cotejo genético.

La fiscal Gabriela Souto, efectuó presentaciones al Juzgado de Menores que lleva a cabo la investigación en las que solicitó que se practiquen diversas medidas investigativas: inspección ocular y croquis ilustrativo del lugar del hecho, levantamiento y secuestro de prendas de vestir de las personas que estuvieron en la reunión del 3 de noviembre a la madrugada, y que se registre todo con muestras fotográficas. Asimismo, se puso a disposición del Juez el equipo de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (psicólogas y trabajadoras sociales) a los fines de entrevistar y asistir al padre y a la niña víctima y que se fije audiencia de declaración en cámara Gesell a la niña, cuando su estado de salud así lo permita. Requirió además, que se de intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno y al Juzgado de Violencia Familiar y de Género.

También dispuso que una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, proceda a brindar asistencia y contención a la niña víctima y a sus familiares, constituyéndose en el nosocomio local.

Finalmente, en la tarde del pasado lunes 7 de noviembre, y teniendo presente la limitada estructura y recursos de investigación con que se cuenta en el Distrito Judicial del Norte, a partir del ofrecimiento voluntario efectuado desde la Procuración General para colaborar con la investigación a cargo del Juzgado de Menores, viajó hacia la ciudad de Tartagal un equipo de investigación especializado en Delitos contra la Integridad Sexual y profesionales del Departamento de Criminalistica, correspondiente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a fin de dar cobertura y colaboración a la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho. 

El Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía Federal investigarán en forma conjunta un homicidio

Se trata de la causa en la que se investiga las circunstancias de la muerte de Darío Monges. Se busca esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y posible vínculos con actividades del crimen organizado. 

La Procuración General de la Povincia de Salta, representada por el Procurador General Pedro García Castiella y la Fiscalía de Distrito Salta representada por el Fiscal General, Eduardo José Villalba, firmaron un convenio con el fin de conformar un Equipo Conjunto de Investigación relacionado con un homicidio y posibles causas conexas; tal como ya en anteriores ocasiones, se celebraran acuerdos de colaboración e integración de investigaciones relacionadas con actividades de narcotráfico y trabajos integrados en investigaciones relacionadas a los delitos de trata de personas. 

Desde la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta investiga la muerte de Darío Esteban Monges, aparentemente víctima de una ejecución con un arma de fuego, dentro de un vehículo en el barrio El Círculo, de la ciudad de Salta, el pasado 3 de septiembre. 

Por su parte, la PROCUNAR, investiga actividades vinculadas con el  narcotráfico organizado que podrían encontrarse vinculadas con la muerte de Monges, atento a las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo y al aparente modo de ejecución del hecho. 

Dadas las circunstancias, el equipo de investigación se constituyó a los fines de que ambas unidades fiscales trabajen coordinadamente, en el marco de las previsiones autorizadas por el nuevo Código Penal Procesal Federal, que en su art. 123 autoriza las investigaciones conjuntas y expresamente permite la posibilidad de que “cuando los hechos investigados correspondan a una misma jurisdicción se podrán formar equipos de investigación que integren a fiscales federales con fiscales provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de conformidad con los convenios que celebren al efecto.” 

Esta modalidad de abordaje de la investigación criminal ya aplicada exitosamente en casos anteriores en la Provincia de Salta, a través de esfuerzos coordinados y la conformación de equipos de investigación integrados entre ambas jurisdicciones, permitirá robustecer las expectativas de resultado exitoso en el descubrimiento y esclarecimiento de los hechos investigados. Además de ello agilizará y garantizará la adecuada transferencia de investigaciones ante una eventual cuestión de competencia que pudiera suscitarse, de modo tal de evitar cualquier dilación temporal por judicialización de cuestiones de competencia que en ese marco pueda presentarse en perjuicio de la continuidad de la investigación.

 El grupo investigativo de la Unidad Fiscal de Graves Atentados a las Personas estará integrado por el Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, mientras que la investigación operativa de la PROCUNAR la llevará a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ambos equipos podrán reunirse para intercambiar información que permita avances en la investigación, pudiendo solicitar la intervención de los departamentos Técnico Científico y de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Mientras tanto se mantiene una estricta reserva de actuaciones dispuesta por el titular de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas Rodrigo Gonzalez Miralpeix, continuándose con las medidas investigativas ordenadas.

El Ministerio Público Fiscal presentó la Vinculación de Causas Penales entre fiscalías de distritos del interior

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, presidió hoy la Presentación de la Vinculación Informática de Causas Penales del Ministerio Público Fiscal, entre la fiscalía de Derechos Humanos Salta y Orán.

Con el fin de favorecer el trabajo conjunto entre las fiscalías penales que conforman el Ministerio Público Fiscal con competencia territorial, como es el caso de la Fiscalía de Derechos Humanos, se implementó una vinculación informática, a través del Sistema Informático de Legajos, para las causas penales, entre los distritos Centro y Orán.

Dicha implementación surge ante la necesidad del constante trabajo colaborativo que demandan las causas, con auxiliares del interior de la provincia y forma parte de una primera etapa, la que avanzará, de manera constante y progresiva, durante septiembre y octubre para los distritos y sedes del interior.

Uno de los propósitos del actual Procurador General, Pedro García Castiella, es, precisamente, trabajar en una gestión cada vez más eficiente, de cara a una mayor optimización de las herramientas tecnológicas y la mejora en la calidad de datos que se registran en los sistemas informáticos.

De ahí la estrategia de implementación de resoluciones en ese sentido, a fin de que los desarrollos tecnológicos acompañen el trabajo de los operadores de las diferentes fiscalías como herramientas de correcto uso en pro de la consecución de justicia.

Estuvieron presentes en dicha presentación, la Dra. Belén Rubio, el Dr. Aldo Saravia, la Lic. Patricia Aballay y personal del equipo de trabajo de la Procuración; el Fiscal de Derechos Humanos del Distrito Centro, Dr. Gabriel González, junto a su equipo de trabajo; los auxiliares fiscales de las fiscalías penales de Orán, que colaboran con la Fiscalía de Derechos Humanos Distrito Centro y un auxiliar administrativo; del departamento de Informática, el Lic. José Peralta, junto al equipo de trabajo informático de Salta y Orán.

El Ministerio Público Fiscal participó del Seminario Internacional sobre Protección del Patrimonio Cultural

Destacados y destacadas especialistas se dieron cita en Salta para debatir y generar propuestas en torno a las capacidades para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Participaron representantes la UNESCO, INTERPOL, Policía Federal Argentina, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta, representantes de fuerzas de seguridad y cultura de la Región NOA y una representante del Ministerio Público Fiscal de Perú.

Invitado por los Ministerios de Cultura y Seguridad de la Nación y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, el representante del Ministerio Público Fiscal Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Juan Sebastián Lloret, participó del Seminario Internacional sobre Protección del Patrimonio Cultural que tuvo lugar en Casa de la Cultura.

El seminario tuvo como objetivo brindar herramientas teórico-metodológicas para fortalecer las capacidades para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

El acto de apertura tuvo lugar en el Centro Cultural América y contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.

Del encuentro participaron la UNESCO, INTERPOL, Policía Federal Argentina, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta, representantes de fuerzas de seguridad y cultura de la Región NOA y una representante del Ministerio Público Fiscal de Perú.

En Perú

La representante del Ministerio Público Fiscal peruano, María Ysabel Rabines Bruceño, comentó que en el mes de marzo de este año se emitió la Resolución 440-2022 de Fiscalía de la Nación, que asigna competencia en los distritos fiscales con mayor incidencia de los delitos contra el patrimonio cultural y paleontológico, a despachos provinciales, penales y de prevención del delito, en adición a sus funciones y dicta otras disposiciones.

Estas fiscalías especializadas funcionan como corporativas penales, creadas en siete departamentos y cuentan con más de treinta fiscales, en total, entre preventivos y penales.

En relación a las funciones de las fiscalías, la fiscal de Perú, que se desempeña en el distrito Lima Centro, detalló que las de prevención tienen como función anticiparse al delito, realizar operativos de oficio o de parte, coordinar en forma interinstitucional con cualquier entidad pública o privada para acordar acciones preventivas, en lo atinente a patrimonio cultural, como también elaborar alertas informativas, planificar charlas de capacitación e interactuar con los gobiernos municipales.

Las fiscalías penales, en tanto, expresó la fiscal Ramírez Briceño, investigan los delitos, abren investigaciones preliminares con respecto a delitos de patrimonio cultural de la nación y formulan acusación.

Finalmente, la representante del Ministerio Público Fiscal de Perú detalló que existe un fiscal superior para patrimonio cultural, encargado de realizar las actividades estratégicas y dirigir la red de fiscalías, que funcionan con turnos permanentes todo el año, en todos los distritos. Es decir, que se dispone de un fiscal para Patrimonio Cultural, ya que se ha puesto especial énfasis en este tipo de delitos y se elaboran informes trimestrales.

En Argentina

Por su parte, el fiscal de Cámara de la Nación, Pablo Gasipi, en referencia a estas nuevas funciones fiscales de protección del patrimonio cultural y ambiental, expresó que, tanto la Constitución Nacional, como las leyes hablan de una tutela preventiva y un cuidado anterior a que los hechos sucedan. En ese sentido, remarcó que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de conocer estas leyes y protegerlas.

Se trata dijo, de un proceso de cambio y conocimiento y que la sociedad adopte la nueva realidad con un cambio cultural.

En cuanto a la competencia fiscal de protección patrimonial, Gasipi expresó que consiste en promover todo lo que es tutela anticipada (cursos, seminarios), evitar el delito y desempeñar una tarea educativa.

Al referirse a la importancia de la protección del acerbo cultural, el fiscal de Cámara señaló que radica en que los objetos nos demuestran de dónde venimos, cómo se vivió, la manifestación de artistas cómo era la vida comunitaria y determinado modo de construcción, conforme a la época y permite saber quiénes somos, hablar de nuestros orígenes y pararnos frente al mundo de modo especial.

Gasipi subrayó que la importancia en la protección del patrimonio cultural radica en que así lo mandan las leyes, de ahí que se ocupen los fiscales y finalizó expresando que, por un lado, está el objeto en sí y, por otro, lo simbólico, la comunidad, el sentido que, uniendo todo, dan la importancia.

La relevancia de este Seminario consiste en educar en la protección de los bienes culturales, conforme a los establecido por la Convención UNESCO de 1970, en lo tocante a cuáles son las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. En nuestro país, mediante Ley N° 19943, la cual ha sido ratificada, señala la obligación de los Estados Partes a crear y desarrollar en el público, la conciencia sobre el valor de los bienes patrimoniales.

Planifican acciones a fin de disminuir delitos en el Valle de Lerma

Del encuentro participaron la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, jefes policiales y GIS82 del Valle de Lerma. Se llevaran adelante tareas de prevención y acción en base al análisis de los hechos delictivos.

Este viernes tuvo lugar una reunión de trabajo en la que intervino el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, en representación del Ministerio Público Fiscal, junto a autoridades policiales, con el fin de coordinar tareas, tendientes a disminuir diferentes delitos que se producen en la zona del Valle de Lerma.

En la oportunidad se abordó la forma de articulación de trabajo entre la Fiscalía, las dependencias policiales y el Grupo Investigativo Sector 82, se analizó la cuadrícula de hechos delictivos, se estudió el perfil de los delincuentes y acusados y su “modus operandi”.

El fiscal Escalante, junto a los representantes de las dependencias de la zona, se abocó además, a la planificación y diagramación de diferentes operativos, tanto de prevención como de acción, que logren contrarrestar futuros hechos delictivos.

Estuvieron presentes en el encuentro de trabajo, el coordinador, comisario Mayor Ramiro Santos Corimayo, junto a los jefes del sector; la comisaria. insp. Hilda Urmilla; el comisario. insp. José Luis Lopez; el comisario Héctor Figueroa; el comisario Rodrigo Correa; el sub comisario David Castillo; el oficial principal Jesús Tapia y la oficial principal Lorena Canedo.

Secreto de actuaciones: Es facultad del MPFS la reserva de identidad de los imputados

Ante los insistentes requerimientos de los medios de comunicación acerca a la individualización de los nombres de las personas involucradas en la causa en la que se investiga la actividad de una financiera ilegal, desde el Ministerio Público Fiscal se hace saber que, en uso de facultades que le son propias a los fiscales, los nombres de las personas imputadas e involucradas, sean o no personal policial, serán dados a conocer una vez concluidas la etapa investigativa. Ello con la sola finalidad de asegurar el éxito de la investigación en curso. 

En el deber de informar a la comunidad y teniendo en cuenta el desconocimiento que pudiera existir en materia de legislación, se hace saber que el Artículo 261 del Código Procesal Penal de Salta señala: “Reserva total. El fiscal podrá disponer por decreto fundado, con noticia al Juez de Garantías, por única vez, el secreto total de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles que nunca serán secretos para las partes, con la salvedad de cualquier medida dispuesta bajo reserva parcial en los términos del Art. 262 . El plazo podrá ser prorrogado por igual termino por el Juez de Garantías por auto, a solicitud fundada del Fiscal. No obstante podrá decretarse nuevamente si surgieran otros imputados. Todos los actos y el legajo de investigación serán secretos para los extraños. ”

Cabe destacar que en la causa mencionada, la fiscal de UDEC Ana Inés Salinas Odorissio, ha dispuesto la Reserva de Actuaciones para no frustrar la eficacia de las medidas dispuestas y a fin de garantizar el resultado de la investigación. 

El Procurador y Fiscales del Distrito Centro juraron la Constitución Provincial reformada

El acto de jura del nuevo texto de la Carta Magna de la Provincia, modificado por la Convención Constituyente, se llevó adelante este jueves en el Salón Auditorio de la Escuela del Ministerio Público.

Inicialmente, la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y asesora general, Mirta Lapad, tomó juramento al procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella.

Posteriormente, el Procurador encabezó el acto en el que Fiscalas y Fiscales del Distrito Centro, juraron el nuevo texto constitucional con las reformas aprobadas por la Convención Constituyente reunida en 2021.

Juraron Carolina Hernández, Liliana Jorge, Sandra Rojas, Verónica Simesen de Bielke, Federico Obeid, Ana Inés Salinas Odorisio, Cecilia Flores Toranzos, Elisa Pérez, Ezequiel Molinati, Eugenia Guzmán, Gabriela Dávalos, Gustavo Vilar Rey, Horacio Córdoba Mazuranic, Claudia Geria, Mónica Poma, Santiago López Soto, Leandro Flores, Gabriel González, Guillermo Akemeier, Rodrigo González Miralpeix, Pablo Rivero y Nadia Cruz.

El acto se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Escuela del Ministerio Público, donde Fiscalas y Fiscales realizaron el juramento individual y posteriormente firmaron el libro de actas.