Continúa durante todo 2023 el Ciclo de Capacitación sobre Ley Yolanda para ministerios públicos fiscales de todo el país

La capacitación consta de 8 encuentros virtuales y autoadministrados, dentro del Ciclo de Capacitación sobre Ley Yolanda, a nivel nacional y que está dirigido a procuradores, fiscales y empleados de los ministerios públicos de todo el país y cuya plataforma de cursado estará disponible durante todo el años 2023.

El pasado viernes 19 de mayo se llevó a cabo la jornada inaugural, vía plataforma Zoom, que contó con la presencia de autoridades y funcionarios integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del CONICET, ambas instituciones suscriptoras del convenio que dio origen a la actividad.

El primero en dirigir la palabra fue el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y presidente del Consejo de Procuradores, Dr. Alejandro Gullé, quien destacó la importancia de las jornadas ya que la importancia del ambiente “no se puede discutir, como tampoco se puede discutir el cambio climático y la pérdida creciente de biodiversidad y las consecuencias que esto trae aparejado para la vida humana en el Planeta”, sostuvo.

Gullé planteó el interrogante de ¿por qué es importante para los ministerios públicos, educar en ambiente?, y, en ese sentido, sostuvo que “no basta contar con agencias gubernamentales que no se mostraron solventes o, por lo menos, no lo suficientemente solventes para impedir la crisis ambiental que estamos viviendo”, puesto que “las conductas que atentan contra bienes comunes, esencialmente contra bienes ambientales resguardados por los intereses colectivos, también impactan gravemente en la seguridad y el orden públicos”, puntualizó.

El presidente del Consejo advirtió que “no estamos teniendo una visión macro de lo que se nos viene y no estamos actuando en consecuencia para prevenir lo que se nos viene”, advirtiendo que “se degradan y se atacan los bienes que son de subsistencia de la raza humana”.

Es por ello que, subrayó Gullé que “como ministerios públicos ostentamos una posición institucional excelente para poder proteger a nuestras generaciones futuras” y destacó que “estamos dando un paso trascendente, importantísimo, casi histórico. Estamos frente a un programa nacional por la extensión que tiene, nacido a partir de la inspiración de nuestros consejos”, finalizó.

A continuación, hizo uso de la palabra el Coordinador del Programa “Ciencia y Justicia” del CONICET, Dr. Germán Stalker, recordó que el programa fue creado en 2016 como una estrategia de transferencia de tecnologías y conocimiento, focalizados a lo se denomina “el ecosistema judicial”.

Stalker precisó que la tarea de los investigadores del CONICET es identificar la demanda por daño ambiental, mediante un oficio, identificamos a los investigadores que puedan trabajar en el medio que sea (agua, aire, suelo). Finalmente, agradeció al Consejo y a las autoridades.

Por último, tomó la palabra el Procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y director de la capacitación Ley Yolanda, Dr. Jorge Barraguirre, quien hizo referencia a las razones del porqué del curso de Ley Yolanda y, para ello, hizo mención a parte de la obra de Yolanda Ortiz (primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, cuya ley lleva su nombre), quien sostenía que es evidente la equivocación del proyecto elegido de modernidad insustentable  que pone en peligro la vida misma del planeta.

Barraguirre puntualizó que Ortiz señalaba varias recetas contra este peligro: contar con fuerzas dialoguistas, convergentes; participación de todos los actores sociales relevantes; concientización de los hombres de ciencia y la necesidad de reducir la complejidad informativa por defecto, para luego remarcar que la química argentina reclamaba cierta ecoorganización institucional.

Luego de repasar el contenido de la oferta de capacitación, ejes y cantidad de módulos, el Procurador de Santa Fe agradeció, entre otros, a la Procuración de la Nación y a la Procuración de la Provincia de Salta y al Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), entre otras provincias. Hizo extensivo, además, el agradecimiento al actual codirector de la capacitación y Secretario Relator Ambiental de la Procuración de Salta, Dr. Sebastián Lloret, por el empuje para concretar y hacer posible esta actividad.

Para finalizar, el director de la capacitación cerró su discurso recordando “seguir el camino de Yolanda (Ortiz) para ser servidores del mundo, de los pueblos, de la gente y custodios de la vida en el Planeta”.

Cabe recordar que el ciclo se enmarca dentro del convenio suscripto entre el CONICET y el mencionado Consejo,  y apunta a fomentar los vínculos de cooperación científica y tecnológica, establecer la realización de capacitaciones, cursos y asesoramiento jurídico permanentes.

Preinscripciones y cursado

Todos los interesados en el cursado de la Capacitación sobre Ley Yolanda debe preinscribirse. Luego se le asigna el grupo o cohorte, dentro de un cupo dispuesto, de manera mensual.

La capacitación tiene una modalidad asincrónica, con 7 módulos en aula virtual, de 3 ejes que cuenta con un video en el que cada capacitador explica la temática y un examen de opciones múltiples al final de cada módulo. Al finalizar los 7 módulos, se prevé una actividad sincrónica por cohorte (módulo 8), que persigue como finalidad la exposición de una problemática por parte de algún integrante de los ministerios públicos que lleve a la reflexión.

El link para preinscripción es https://forms.gle/oVBVgn6Fm5SpYEEZ7

Avanza el cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta

En cumplimiento de lo propuesto al Procurador General de la provincia, Dr. Pedro García Castiella, por las instituciones competentes, en relación al avance en las actuaciones para cumplir con el Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta, el pasado viernes se concretó la segunda reunión prevista para delinear un plan de trabajo sostenido.

De la convocatoria participaron por la Procuración General, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret; el Director de Informática del Ministerio Público, Lic. José Peralta; por el Servicio de Ingeniería y Química del CIF, el Ing. Joel Medina;  por la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, el Dr. Virgilio Núñez; el Secretario de Recursos Hídricos, Ing. Mauricio Romero Leal; el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ing. Alejandro Aldazabal; el jefe del Programa Jurídico de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Antonio Sánchez López; por la Secretaría de Asuntos Hídricos, la Geóloga, Gabriela Pitzzu, la A. Quím., Mónica Rodríguez y el Dr. David Le Favi; por el Programa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, la Mg. Od., María Valdéz y la médica Rosana Romano, de Vigilancia Epidemiológica; por el Ente Regulador de Servicios Públicos, la Lic. Marina Hoyos, el Ing. Marcelo Ovando y el Dr. Jerónimo López Fleming.

En la oportunidad se acordó que, conforme lo dispone la Ley Provincial N° 7070 de Protección del Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario N° 3097/00, generar un mapa de vulnerabilidad hídrica subterránea de la provincia de Salta, para lo cual se debe contar con información sistematizada y actualizada sobre la situación existente, que comenzaría con un enérgico plan de censado y determinación de la totalidad de los pozos existentes en la provincia.

Para tal fin, se resolvió la conformación de una mesa de trabajo, a fin de cumplimentar una primera etapa de diagnóstico, que estará integrada por tres grupos: técnico, coordinado por el Dr. Virgilio Núñez (UNSa); jurídico, coordinado por los Dres. David Le Favi y Antonio Sánchez López; e informático, coordinado por el Lic. José Peralta.

Al término de la reunión se asumió el compromiso de designar a quienes conformarán los grupos de trabajo, en el plazo de 15 días, a contar desde la fecha de reunión y, cumplido este término y con un tiempo máximo de un mes, iniciar el trabajo por equipo para una nueva convocatoria, en la que se volcarán los resultados de los lineamientos que conformarán la norma técnica a emitir por parte de Recursos Hídricos de la provincia.

Matanza de animales: piden juicio contra el finquero y su empleado

El fiscal penal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, requirió ante el Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Roberto Flores, acusado del delito de maltrato y actos de crueldad contra animales, envenenamiento de sustancias alimenticias y amenazas en concurso real; y a Sebastián Saravia Zenteno, por el delito de crueldad contra animales y envenenamiento de sustancias alimenticias en concurso real. Advirtió que además de animales, podrían haber muerto personas.

En sus fundamentos, el fiscal Gabriel Portal consideró que se encuentra plenamente acreditada la existencia del delito y la responsabilidad penal de los imputados Roberto Flores, de 41 años y Sebastián Saravia Zenteno, de 48; “quienes crearon un peligro común porque envenenaron trozos de carne, lo que finalmente causó la muerte de cuantiosos animales”, en barrio El Refugio Ruta, sobre Ruta Provincial 87, de San Luis. Advirtió en la solicitud que “si se examina tal conducta, causó colateralmente la intoxicación de personas, quienes al entrar en contacto con sus animales que fueron envenenados, sufrieron también los efectos de la sustancia venenosa Carbofurán”. La intoxicación por órganos fosforados fue certificada por los informes de profesionales médicos incorporados a la investigación.

En esta inteligencia, advirtió Portal que además de los animales y como sucedió colateralmente con las víctimas de la carne envenenada que fueron tratadas en el sistema de salud, podrían haber tomado contacto otras personas con la carne contaminada. Sobre el peligro para la salud y la posibilidad de generar un menoscabo, perjuicio, dolor, molestia o detrimento a la víctima, dijo el fiscal que el veneno empleado por los encausados tiene la potencialidad e idoneidad para poner en peligro la salud de las personas en general, puesto que es un potente biocida.

En el decreto de requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Portal citó todas las medidas ordenadas y elementos probatorios colectados, entre los cuales se encuentran los informes policiales, inspecciones oculares, fotografías de los animales víctimas de envenenamiento (perros, caballos y aves), declaraciones testimoniales de veterinarios y vecinos, actas de secuestros, informe de allanamiento producido en el lugar de los hechos y autorizado por el juez de Garantías 4, además del informe toxicológico del CIF. También sumó un informe de la Unidad de Análisis Criminal que confirman una relación de dependencia laboral entre Saravia Zenteno y Flores, ya que el segundo es empleado del último y encargado de la finca donde ocurrieron los hechos investigados.

El fiscal Gabriel Portal solicitó al Juez, que “disponga sin demoras la elevación al Tribunal de Juicio que corresponda para la Audiencia de Debate” y que incorpore la plantilla prontuarial actualizada e informes del Registro Nacional de Reincidencia de ambos imputados.

Fiscalías Ambientales: el autor del proyecto visitó al Procurador

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General de la Provincia, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y el Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.


El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Roberto Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores de Salta, después de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y con modificaciones.

La iniciativa de ley establece que el Fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.

El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.

En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.

Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del Procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la Ley. “Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática”, afirmó el legislador.

Por pedido de la fiscalía, clausuraron un criadero de cerdos en Campo Quijano

La medida fue solicitada a instancia de una investigación llevada adelante por una supuesta contaminación ambiental. Asimismo, ordenó una inspección ocular de peritos del CIF por medio de un allanamiento y giró las actuaciones a organismos nacionales, provinciales y municipales vinculados a esta actividad a fin de que se verifiquen las habilitaciones del caso. La fiscalía informó que la empresa no cuenta con el certificado de aptitud ambiental, entre otras irregularidades. Read more

El CIF recibió un equipo que permitirá medir la radiación proveniente de antenas de telefonía celular

La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula María Bibini, hizo entrega del mismo esta mañana al Cuerpo de Investigaciones Fiscales durante una reunión mantenida con el Procurador General, Pablo López Viñals, en la cual también se avanzó sobre la constitución de un equipo de técnicos de ambos organismos a fin de establecer los índices locales para la contaminación ambiental. Read more