Lesiones leves

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento ayudante Roberto Pintos, el sargento Pablo Quispe y el cabo Sergio Aráoz.

En su denuncia radicada el 6 de noviembre de 2018, la víctima sostuvo que entre las 0 y las 0:30 de ese día, mientras estaba en su domicilio ubicado en barrio Boulogne Sur Mer y luego de un conflicto familiar en el que hubo violencia verbal, intervino el personal policial de la Comisaría 10.

El denunciante sostuvo que estaba ofuscado, por lo que discutió con uno de los policías, quien le pegó un golpe de mano abierta y le ordenó que se fuera a cambiar para llevarlo detenido. Luego, el mismo efectivo le propinó otro golpe de puño en las costillas y lo agarró del cuello.

El denunciante sostuvo que se resistió porque no había ninguna orden de detención y relató que logró soltarse por un momento porque lo había dejado sin aire, cuando nuevamente lo agarraron del cuello y lo tiraron al piso, mientras otros policías desde atrás lo agredieron con golpes de puño en las costillas y le pegaron patadas en las piernas. Tras esto, lo esposaron y lo tiraron a la caja del móvil, donde lo llevaron boca abajo, le pisaron la cabeza y le apoyaron una rodilla en la espalda, hasta llegar a la comisaría, donde le pegaron golpes de puño en el rostro.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que aun cuando en el presente caso, se alegare una cierta resistencia a la detención del personal policial, la fuerza ejercida por los acusados fue desmedida, lo cual se desprendió con claridad de las múltiples lesiones que fueron constatadas en la humanidad del denunciante, quien resultó lesionado en el rostro, tórax, rodilla, brazos y manos.

Así, se tiene que los funcionarios policiales, con la obligación de velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo conductas totalmente contrarias a lo que se espera de ellos; pues, en la situación de encierro, produjeron actos vejatorios hacia a integridad física del denunciante.

Por último, huelga recalcar que el Estado Argentino se ve en la necesidad de intervenir activamente en el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1984), destacando que se ha comprometido a adoptar todo tipo de medidas, incluyendo judiciales, que sean eficaces para impedir este tipo de actos.

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cinco efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Juan Alberto Juárez, de 39 años; David Gabriel Bolívar, de 35; Adrián Alberto Monteros, de 44; Héctor Samuel Urdanivia, de 30 y Sergio Daniel Dragicevich, de 25.

La investigación inició con la denuncia radicada por la víctima, quien presentó en Fiscalía un escrito en el que relató de manera pormenorizada los hechos. Si bien no pudo precisar los nombres y cargos, indicó que se trataba de los efectivos que el 11 de noviembre de 2020, en camioneta, patrullaban las calles del sector sur de la ciudad de Orán.

Afirmó que ese día, cerca de las 20:30, salió de trabajar y se dirigió en su moto a su domicilio en barrio 266 Viviendas, se bañó y salió a buscar a su novia en barrio Primavera. Cuando pasó frente la cancha del barrio, lo hicieron parar unos amigos, por lo que bajó de la moto.

Indicó que a los pocos minutos, llegaron ocho policías en una camioneta grande, todos con barbijo y la visera baja. Ante esto, todos sus amigos salieron corriendo. Cuando los policías bajaron le preguntaron por qué no tenía el barbijo puesto, el denunciante se dio cuenta que lo había olvidado en su casa. Al expresarles esto, los efectivos le exigieron que se pusiera cualquier cosa de barbijo y como no tenía pañuelo, los acusados encontraron una media muy sucia que estaba en la vereda de la cancha y se la quisieron poner en la boca. Luego de que el denunciante se negara, fue subido al móvil, donde comenzaron a golpearlo.

La víctima les dijo que sabía cuáles eran sus derechos y que no podían hacer eso. También les dijo que tenía un familiar policía. Ante esto, los imputados le preguntaron quién era su familiar. Tras contestarles, le dijeron “ah, vos sos familiar del batiyuta” y comenzaron a pegarle más fuerte.

Como el denunciante no lloraba, le dijeron “así que vos te la aguantas” y comenzaron a pegarle con cachiporras por todo el cuerpo. Luego lo llevaron a un baldío y sin bajarlo del móvil continuaron con la golpiza, hasta que comenzó a llorar.

Luego, uno de ellos dijo “sonreí para que te saquemos unas fotos así nos reímos todos. Reíte chango o te hacemos cagar de nuevo. Dale reíte”, por lo que se tuvo que reír y ahí le sacaron varias fotos.

Después de eso, relató que lo hicieron arrodillar unos 20 minutos, hasta que uno de ellos le dijo “firma chango estos papeles, son el motivo por cual te arrestamos, por no tener barbijo. Firma y te llevamos a la Comisaría para soltarte”.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que entre los elementos reunidos durante la investigación, están las constancias del libro de guardia de la Comisaría 25 y del informe que acreditó que la víctima fue ingresado a esa sede por los integrantes del móvil 1849, en el cual circulaban los acusados, quienes en un claro acto de exceso en el uso racional de la fuerza, le causaron lesiones a la víctima que fueron acreditadas.

Así, se tiene que los acusados, mientras cumplían un acto de servicio, desplegaron conductas consistentes en causar un daño a la integridad física del denunciante y excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta desplegada por los acusados, afectaron su dignidad e integridad personal.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a 20 efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (19 hechos), en calidad de coautores y en perjuicio de 21 víctimas.

Las imputaciones recayeron sobre el comisario Federico Samuel Heredia, de 43 años; los suboficiales principales Claudio David Flores, de 44 y César Hugo Brizuela, de 48; los sargentos ayudantes Raúl Néstor Herrera, de 39; Diego Fernando Suárez, de 37; Carlos Eugenio Torres, de 43; Jorge Enrique Acoria, de 41; Diego Gustavo Tolaba, de 35; Gustavo Adolfo Flores, de 42 y Gustavo Ariel Quispe, de 43; el suboficial mayor Claudio Daniel Muruaga, de 47; oficial principal Marcos Guillermo Rodríguez, de 40; oficial ayudante Simón Antonio Cansino, de 28; el sargento Carlos Alberto Ríos, de 34; suboficial principal Hugo Ariel Troncoso, de 43; cabo Diego Aniceto Potosí, de 36; todos con revista en la División de Infantería.

También fueron imputados el subprincipal ayudante Mauro Renato Luna, de 44; sargento ayudante Daniel Fernando Mamani, de 49, la cabo Estela Margarita Ampuero, de 21, y el cabo Cristian Gonzalo Blas Pereyra, de 26; todos con revista en el Departamento de Seguridad Urbana.

Entre los elementos colectados durante la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, valoró la denuncia de la Delegación Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, denuncias e informes de relevancia de los efectivos que participaron del hecho, certificados médicos, informes y copias del libro de guardia, soportes magnéticos y análisis de grabaciones y fotografías de los lesionados, entre otros, cuyo contenido fundamentan el requerimiento por resultar coincidentes respecto a la ocurrencia de los hechos y la autoría de los imputados.

Así, surgió que entre las 18:30 del 25 y las 0:30 del 26 de agosto del 2020, en el asentamiento Ampliación Parque La Vega, los funcionarios imputados desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de 21 personas mediante el uso de armas largas y marcadoras, a quienes le causaron múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, según se constató tras el examen médico del CIF.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre Camila Belén Orellana, de 24 años; Ángel Aníbal Correa, de 40; y Jesús Manuel Atienzo; de 39; con revista en la División de Seguridad Urbana de Metán.

Del requerimiento surgió que el domingo 10 de marzo de 2019, cerca de las 17, el denunciante circulaba en moto por calle 9 de Julio, frente a la plaza de la Villa San José, de Metán, cuando fue adelantado por una camioneta de la fuerza, que luego se le cruzó.

Del móvil bajaron efectivos policiales, quienes advirtieron al denunciante que circulaba en contramano, a lo que el hombre contestó que “iba despacio”. Luego, le pidieron los papeles de la moto y el conductor respondió que “no tenía como llevarlos”.

En ese momento, llevaron al denunciante detrás de un automóvil estacionado sobre calle Urquiza y lo golpearon. La víctima sostuvo que uno de los efectivos le agarró los brazos, mientras otro lo golpeó, sin saber si fue con un palo o con los puños. La víctima fue agredida hasta que perdió el conocimiento y supo luego que fue trasladado a la Comisaría 30, a bordo de otro móvil.

El hecho fue corroborado con la declaración de una testigo, quien presenció el momento en el que los efectivos cruzaron al denunciante y luego lo aporrearon. El examen médico certificó “hematoma en el ojo izquierdo, herida cortante en parpado superior izquierdo de 3 centímetros, derrame conjuntival, hematoma bipalpebral izquierdo, hematoma en pómulo izquierdo, excoriaciones lineales en mejilla izquierda y dolor en mandíbula izquierda y región costal izquierda por golpe”. También le diagnosticaron disminución de agudeza visual del ojo izquierdo.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los imputados excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta desplegada afectó los derechos del sujeto pasivo, que ha recaído en la concreta conculcación de su dignidad y la integridad personal.

Además, el sufrimiento infligido al momento de su detención, sin lugar a dudas configuró un trato denigratorio y humillante, que tuvo por fin mortificar a la víctima, lo que produjo un ataque a su dignidad como persona.

En tal sentido, huelga recalcar que la presencia del personal policial en un lugar en el que pueda existir la comisión de un hecho ilícito – en este caso una contravención – no puede agravar, mediante el uso de la violencia, la situación en desarrollo.