Se requirió juicio para dos mayores y un menor, integrantes de una misma familia, por numerosos hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores, a los que llamaban por teléfono y mediante engaños, hacían que les entreguen importantes sumas de dinero. Los hechos ocurrieron en agosto y setiembre de 2019 en la ciudad de Salta.
Imagen ilustrativa
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 8, para Hugo Rubén Juan Juan de 52 años, Pablo David Juan de 28 años y un menor de 17 años al momento de los hechos.
Hugo Rubén Juan Juan está imputado como autor de seis hechos de estafas reiteradas y sus hijos, Pablo David Juan y el menor de 17 años al momento de los hechos, como autores de ocho hechos de estafas reiteradas.
Según consta en el requerimiento a juicio, entre los meses de agosto y setiembre de 2019, los acusados efectuaron llamados a los números fijos particulares de los damnificados y simulando ser familiares, los engañaban diciendo que debían cambiar sus billetes ahorrados porque perderían su valor y los convencían para que los entreguen a una «persona de confianza» para realizar el trámite, desapoderándolos de sumas importantes de dinero.
En uno de los casos, incluso simularon el secuestro de una supuesta hija de la damnificada, que entregó una importante cantidad de moneda extranjera.
Tras minuciosas tareas investigativas desplegadas, se logró identificar el vehículo en el que se desplazaban y con el aporte de testigos y del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, se logró individualizar a los delincuentes.
Un hombre que se desempeñaba en la mesa de entradas de la Dirección General de Rentas de la Provincia, fue condenado por el delito de exacciones ilegales. Solicitó dinero a un contribuyente cambio de sustraer un expediente.
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Alejandro López, imputado como autor del delito de exacciones ilegales.
El acusado era empleado en la Dirección General de Rentas de la Provinciade Salta y se desempeñaba en la mesa de entradas de la dependencia y fue denunciado por el Director General de Rentas de la Provincia por solicitar a un contribuyente el pago de una suma de dinero para «cajonear» un expediente.
La jueza Gabriela González le impuso la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación y el pago de una multa.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de la Cuarta Unidad Fiscal de Colaboración, que investigará la causa penal originada en virtud del contenido del video publicado por el diputado de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, en su cuenta de Facebook. La unidad estará conformada por los fiscales penales Mónica Poma, Elisa Pérez y Leandro Flores.
El legislador de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, quien además preside la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, realizó declaraciones vinculadas al caso Rosa Sulca, en las que consideró que los policías imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte “cumplieron correctamente con el protocolo” y repudió el accionar de los fiscales.
El diputado acusó a uno de los fiscales, sin nombrarlo, de “fugar” el audio del llamado al 911 en el momento en el que Rosa Sulca pide ayuda al Sistema de Emergencias y anticipó que pedirá la intervención de la Comisión de Juicio Político.
“Hay gente inocente detenida e hicieron lo que corresponde”, sostuvo Orozco en el video y acusó a los fiscales de “actuar apresuradamente, solo para tratar de calmar cuestiones mediáticas”.
En el mismo video también felicitó a la jueza de Garantías Ada Zunino por rechazar el pedido de detención del director del Centro de Coordinación Operativa, Fabián Tolaba, realizado por los fiscales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, quienes apelaron la decisión de la magistrada.
El fiscal penal de Derechos Humanos interino en feria extraordinaria, Leandro Flores, investiga una denuncia radicada por un efectivo policial por supuestas lesiones y abuso de autoridad contra efectivos policiales del Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo.
La denuncia fue realizada por un efectivo policial perteneciente a la División Museo Histórico Policial, quien manifestó que durante la madrugada del lunes 4 de abril, mientras estaba de franco en su domicilio junto a su esposa y sus dos hijos menores, golpearon la puerta y que al salir y atender, encontró a su vecino, quien le pidió ayuda para cerrar la puerta de su casa.
Según la denuncia, en ese momento se detuvo un móvil del GOPAR del cual descendieron tres efectivos de esa unidad, que de manera agresiva y violenta le empujaron hacia la puerta de la vivienda.
Al intentar explicarle al personal policial que el otro hombre era un vecino que pidió ayuda, uno de los uniformados, sin pedir identificación, se abalanzó sobre él y le aplicó una llave de estrangulación conocida como “mata león”. Otro efectivo le torció el brazo derecho y lo esposó. El denunciante relató que al subirlo al móvil policial, continuaron agrediéndolo con golpes de puños y patadas.
También manifestó que en todo momento intentó explicar la situación con su vecino, pero solo recibió agresiones físicas, por lo que pidió ser examinado por el médico legal de Policía.
Tras ser trasladado a la Comisaría
Cuarta, fue reconocido por un oficial de alto rango, quién ordenó que le quiten
las esposas. Posteriormente fue llevado en el móvil policial de la preventora
hacia su domicilio para retirar el arma reglamentaria que quedó a disposición
del personal interviniente.
Al retornar nuevamente a la dependencia, el denunciante fue trasladado hacia el Hospital del Milagro y luego a Medicina Legal, donde informó que sentía dolores en el brazo derecho y cuello. También expresó que fue notificado de una intimación por violar la cuarentena.
Un hombre que simulaba ser empleado de Tierra y Hábitat, vendió un terreno en Atocha a una mujer. Le solicitó una importante suma de dinero y una motocicleta como forma de pago. La damnificada descubrió luego que los papeles eran apócrifos y lo denunció. Fue imputado y se solicitó que se mantenga su detención.
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria extraordinaria, Leandro Flores, imputó este lunes a Pablo José Yañez como autor de los delitos de estafa y violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia.
La denuncia fue radicada el pasado martes 14 por una mujer que mediante la red social Facebook, contactó a una persona que vendía un terreno en Atocha. Esta persona le dio un nombre falso y le dijo que era empleado de Tierra y Hábitat.
Le solicitó para la entrega del terreno una importante suma de dinero y la entrega de una motocicleta y una vez concretada la operación, le brindó una carpeta con la documentación.
La damnificada verificó luego que se trataba de papeles apócrifos y cuando intentó reclamarle al vendedor, este la evadió y luego bloqueó todo medio de contacto, por lo que radicó la denuncia.
Personal policial de la División de Delitos Económicos tomó intervención en la investigación y luego de identificar al sospechoso, llevaron a cabo el allanamiento en la vivienda y su detención.
El fiscal Flores solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga privado de su libertad al acusado mientras se completan diversas medidas solicitadas.
Los fiscales penales Leandro Flores y Gustavo Torres Rubelt imputaron a cinco ciudadanos salteños que regresaron de España (uno de ellos) y Alemania (los cuatro restantes), por el delito de violación a las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, delito previsto y reprimido por el art. 205 del Código Penal, en calidad de autores –art. 45 del CP- y en perjuicio de la seguridad pública. La audiencia de imputación se llevará a cabo cuando los imputados estén en condiciones médicas aptas.
Foto: Facebook Aeropuerto Ezeiza
En el decreto de citación a audiencia, se indica que lograron reunir elementos de convicción suficientes para entender que los imputados habrían violado las medidas adoptadas por la autoridad para impedir la propagación del Covid-19 –Coronavirus-, ya que habrían ingresado al país, arribando a la ciudad de Buenos Aires, provenientes de países declarados como zona afectada por la pandemia, -España y Alemania- y habrían omitido la obligación de aislarse por 14 días en la ciudad de Buenos Aires, por ser ése el punto de ingreso a la Argentina, como lo establece la reglamentación para evitar la propagación del virus.
Precisa el decreto que “luego de no someterse al aislamiento obligatorio, tomaron un vuelo a Salta, poniendo en riesgo de contagio y propagación del virus a todos los pasajeros de ese vuelo y al arribar omitieron informar a la autoridad pertinente que acababan de llegar provenientes de un país afectado por la pandemia”.
Finalmente, indica el decreto que “no se sometieron al control médico obligatorio, ya que no informaron la situación de riesgo”. Todos los incumplimientos de la normativa dictada en contexto de emergencia sanitaria impidieron que las autoridades activaran los protocolos para evitar la propagación del virus. Y al trasladarse por distintas regiones del país, pusieron en riesgo la salud de los habitantes, ya que no se autoaislaron, a fin de evitar contagios y evitar la propagación del virus, que había sido declarado pandemia.
El cumplimiento de la obligación de realizar cuarentena debe tener lugar al momento de ingreso al país y no puede diferirse “a comodidad del obligado en el tiempo ni mucho menos transitar libremente por la República para decidir dónde efectuará la cuarentena, ya que dicha actitud, desnaturaliza la medida”.
En este caso, todos los imputados ingresaron a la Argentina por Buenos Aires, y “lejos de someterse a cuarentena de forma inmediata, estuvieron en la provincia de Buenos Aires, esperando el arribo de otro avión, juntamente con otros pasajeros y durante un lapso prolongado de tiempo. Luego de ello, tomaron un vuelo comercial a la Provincia de Salta, el cual fue compartido por numerosa cantidad de gente”.
El hecho delictivo habría comenzado en Buenos Aires, es decir, se trata de un delito de carácter continuado, prolongado en el tiempo y con inicio en Buenos y extendido hasta Salta; desde la hora de arribo de los imputados a la Argentina y hasta la auto cuarentena alegada por ellos y que comenzara con posterioridad en Salta.
Las fechas
El primer imputado llegó al país el 12 de marzo pasado y el mismo día, llegó a Salta. Los otro cuatro, arribaron a la Argentina el 16 y se trasladaron a la provincia el mismo día. Todos omitieron dar cumplimiento a la obligación establecida por el inc. D) del art. 7 del decreto 260/20, es decir el aislamiento obligatorio durante 14 días, para las personas provenientes de países afectados por la Pandemia de Coronavirus y omitieron quedarse en cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, ya que provenían de dos países declarados como zona afectada por la pandemia de Covid-19, -Coronavirus.
Tampoco informaron a las autoridades sobre su itinerario ni se sometieron al examen médico obligatorio a su arribo al país. Por el contrario, lejos de aislarse y de someterse a un examen médico en la ciudad de arribo (en Buenos Aires), y de manera inmediata, continuaron su viaje a la ciudad de Salta, poniendo en riesgo de un contagio masivo a todos los pasajeros de estos vuelos y a la ciudadanía en general.
Un hombre señalado por testigos como “puntero político”, estafó al menos a cuatro personas simulando ser empleado municipal o tener contactos para realizar trámites relacionados al levantamiento de multas de tránsito a cambio de dinero. Tenía sellos apócrifos.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos, integrada por los fiscales penales María Eugenia Guzmán y Leandro Flores, llevan adelante una investigación en la que un hombre identificado como Víctor Álvarez, “Moncholo”, simulaba ser empleado municipal o gestor con “contactos” y ofrecía a cambio de una suma de dinero, solucionar infracciones de tránsito.
Con autorización del Juzgado de Garantías 5, se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado, se secuestraron documentos y sellos vinculados a la investigación y se procedió a la detención de Álvarez.
De las tareas investigativas desplegadas, se pudo saber que “Moncholo” solicitaba a los contribuyentes una suma de dinero a cambio de solucionarles infracciones de tránsito e incluso les brindaba un recibo con sello impreso.
Los testigos refirieron que el acusado es conocido como “puntero político” y les decía que era empleado municipal o se presentaba como gestor con “contactos”. Tras su detención fue imputado por los delitos de estafa e impresión fraudulenta de sellos (4 hechos).
El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó provisionalmente a Juan Sebastián Segovia, acusado del delito de estafa (ocho hechos) y coacción (un hecho).
Según consta en el decreto de imputación, Segovia, mediante maniobras ardidosas, simuló solvencia e idoneidad e hizo creer a sus víctimas que era parte de dos emprendimientos comerciales serios. Uno se ubica sobre calle San Juan al 400 y el segundo, sobre Olavarría al 1100, ambos en la capital salteña. Así, ganó la confianza de los damnificados al proporcionar datos de empresas de construcción y venta de viviendas prefabricadas y les expresó que por una suma de dinero de contado, les efectuarían las obras prometidas.
Los denunciantes concretaron el
pago de diversas sumas de dinero, sin que el imputado cumpliera, lo que produjo
en consecuencia un perjuicio patrimonial a las víctimas.
Además, frente a los reclamos realizados por uno de los denunciantes, el acusado lo amenazó de muerte al decirle que no lo molestara o apurara porque “los cagaría matando”.
Con la intervención del Juzgado de Garantías 5 y la División de Delitos Económicos de la Policía Provincial se realizó el allanamiento en los locales comerciales, el secuestro de documentación atinente a la causa y la detención del imputado.
Sobre Segovia y con igual modalidad, pesan dos requerimientos de juicio por acusaciones previas.
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, llevó adelante la investigación contra la nieta del denunciante y una escribana, quienes mediante engaños lograron hacer firmar una constancia de cesión de acciones y derechos hereditarios al abuelo de la primera. Las acusadas fueron imputadas por defraudación y falsedad ideológica en perjuicio de Teobaldo Galarza.
En julio del año pasado un hombre de la tercera edad denunció a una escribana y su nieta, con quien había perdido contacto hace más de catorce años, según expresó. Dijo que no tenía vínculo con su nieta ni con su familia por la distancia y discusiones que surgieron entre ambas partes. Sin embargo, en noviembre de 2018 la nieta se presentó con la supuesta intención de restablecer el vínculo familiar, lo que se repitió en reiteradas oportunidades.
De esa manera fue logrando tener la confianza del denunciante y su cónyuge, pues los visitaba para tomar mates y charlar. Según denunció el anciano, en una ocasión la nieta le preguntó sobre el estado de los papeles de su vivienda y ambos le manifestaron que contaban con una porción hereditaria.
A partir de allí las visitas fueron más seguidas. Tanto así que los acompañaba a realizar trámites en el centro de la ciudad, tareas domésticas e incluso visitas al médico y actividades sociales, por la complejidad que implicaba para ellos hacerlo de manera independiente.
Desde abril del año pasado, la joven comenzó a sugerirle a su abuelo que le firmara un poder con fines asistenciales de control y protección. Logró convencerlo de ir a una escribanía donde la notaria, luego de reunirse con su nieta, lo hizo pasar para hacerle una par de preguntas a fin de que luego firmara un documento. No le explicó el contenido ni le dio una copia.
Al volver a casa, su pareja, Gercy Socorro Rabaiotti, actualmente fallecida, le hizo ver que también debería haber accedido a una copia del documento firmado, por lo que al volver a la escribanía la profesional solo le dijo que podía darle una copia simple. Así se dieron cuenta que había firmado una constancia por la cual donaba sus acciones y derechos hereditarios de su vivienda.
El recibir la denuncia, la fiscalía pidió diversos informes de la Dirección General de Inmuebles y sumó declaraciones testimoniales, entre otros elementos a través de los cuales logró fundamentar las acusaciones en contra de la nieta del damnificado y la escribana. Fueron identificadas como Paula Betiana Arancibia y María Virginia Flores, respectivamente, a quienes se les imputó la supuesta comisión del delito de defraudación por suscripción engañosa de documento y falsedad ideológica.
A partir de una denuncia pública realizada por su Presidente, el fiscal penal Leandro Flores inició actuaciones preliminares. Carlos Saravia declaró ayer, aportando mayores precisiones y documentación para la investigación.
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, tomó intervención ante la denuncia pública realizada por el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, a un medio periodístico. Allí plantea la posible comisión de delitos a raíz de la deuda que mantienen las empresas prestatarias de servicios públicos Aguas del Norte y Edesa con el organismo de control por la tasa de fiscalización.
Flores inició las actuaciones preliminares y en este marco, citó a Saravia a la sede fiscal, donde este martes presentó documentación y aportó datos que considera de interés para la investigación.
El fiscal explicó que a partir de lo aportado, se inicia la etapa investigativa que constará de la recepción de testimonios, análisis de documentación y otras medidas probatorias que permitirán esclarecer la situación.
