Orán: El Ministerio Público Fiscal pidió celeridad para concretar dos juicios de interés público y relevancia institucional

Las Unidades Fiscales que intervienen en el distrito Orán presentaron pedidos de pronto despacho para que avancen dos procesos judiciales de alto impacto institucional. Los planteos están vinculados a la causa por el robo a la empresa Abra del Sol y al expediente que tiene como imputado al exjuez de Garantías Claudio Parisi.

Las Unidades Fiscales creadas por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, para intervenir en el distrito Orán solicitaron a los tribunales competentes que adopten las medidas necesarias para avanzar con la realización de los juicios orales y públicos en dos causas consideradas de interés público y relevancia institucional.

Los planteos fueron presentados en carácter de pronto despacho, con el objetivo de evitar nuevas demoras en expedientes que se encuentran en condiciones de avanzar hacia la instancia de debate.

Robo a la empresa Abra del Sol

La primera de las causas mencionadas se refiere al robo sufrido por la empresa Abra del Sol, hecho que causó gran conmoción en la ciudad de Orán por la violencia desplegada por sus autores, quienes el 16 de diciembre de 2022 ingresaron al predio de la firma con los rostros cubiertos por pasamontañas y portando armas de fuego largas y cortas. Allí golpearon a empleados y personal de seguridad, les ataron las manos con precintos, les sustrajeron sus teléfonos celulares y una importante suma de dinero en pesos y dólares. 

Además, privaron de su libertad a uno de los socios gerentes y lo trasladaron en su camioneta Toyota SW4, dominio AB713XY, hasta un lugar alejado, donde lo abandonaron.

Por el hecho ya fueron condenados algunos de sus autores, entre ellos Cristian Gabriel Palavecino, quien actualmente cumple condena en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza bajo el régimen de Personas Privadas de Libertad de Alto Perfil, y su mano derecha, Delfor Rogelio Sandoval, quienes reconocieron integrar una asociación ilícita dedicada a la comisión de este tipo de delitos.

Resta definir la situación procesal de otros imputados, entre ellos el contador de la empresa Abra del Sol, José Dimas Ruiz, quien fuera candidato a intendente de la ciudad de Orán.

La Unidad Fiscal requirió al Tribunal interviniente, en carácter de pronto despacho, que se lleven adelante las medidas necesarias para concretar la realización del juicio sin admitir más demoras, en razón de que las partes ya ofrecieron sus pruebas y estas fueron proveídas, restando únicamente la fijación de la fecha para la realización del debate.

Los representantes del Ministerio Público también recurrieron la decisión del juez de ordenar la devolución de la camioneta secuestrada a Delfor Sandoval. El mismo reconoció haber integrado una asociación ilícita, por lo que entienden que el vehículo debe ser decomisado en favor del Estado Provincial por constituir una ganancia proveniente de las actividades ilícitas que confesó cometer. Asimismo, reclamaron que la misma premura que se tuvo para resolver esa cuestión se tenga para disponer la realización del debate.

Investigación contra el exjuez Claudio Parisi

La segunda presentación fue realizada en una causa que tiene como imputado al exjuez de Garantías de Orán, Claudio Parisi, quien fue destituido recientemente por el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones.

Se lo acusa del supuesto cobro de sumas de dinero a cambio de conceder distintos beneficios procesales en la tramitación de causas que tenía a su cargo. Justamente, una de las personas que habría resultado beneficiada por ese accionar fue José Dimas Ruiz, en relación con su participación en el robo a la empresa Abra del Sol.

En la causa mencionada, y debido a distintas excusaciones de magistrados del Poder Judicial de Orán, el Tribunal quedó conformado por jueces de la ciudad de Tartagal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin perjuicio de ello, los fiscales consideraron que existen diferentes planteos pendientes de resolución que no admiten mayores dilaciones. Recordaron que el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución que dispuso el otorgamiento de prisión domiciliaria al imputado, por entender que no se encuentran dadas las condiciones para modificar la modalidad de detención. 

En ese contexto, solicitaron que se adopten con celeridad las medidas procesales necesarias para avanzar hacia la realización del juicio.

En esta última causa ya fueron condenados por su participación en los hechos el exsecretario letrado del Juzgado, Maximiliano Correa; un exempleado de la Defensoría de Violencia de Género, Héctor Alderete; y un abogado del foro local, Roberto Ortega Serrano.

El Ministerio Publico Fiscal apeló la sentencia que concedió la libertad a un imputado por el robo a una empresa frutihortícola

La Unidad Fiscal cuestionó la liberación de José Dimas Ruiz y advirtió inconsistencias en la resolución judicial, antecedentes de beneficios previos y demoras que afectaron el avance del proceso.

La Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado presentó un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juez Mario Maldonado que concedió la libertad a José Dimas Ruiz, imputado por el robo a la empresa frutihortícola.

Los fiscales sostienen que la resolución presenta errores relevantes, ya que afirma que el imputado no habría gozado de excarcelaciones anteriores, cuando en realidad fue beneficiado con detención domiciliaria en marzo de 2023 por el entonces juez Parisi. Señalan además que, mientras cumplía esa modalidad, habría participado en otros dos delitos contra la propiedad, lo que motivó la revocación del beneficio.

También cuestionan el razonamiento del magistrado al descartar conductas dilatorias por parte del imputado. En ese sentido, sostienen que Dimas Ruiz habría intervenido en el pago de una suma de dinero al exjuez Parisi para obtener la prisión domiciliaria, hecho que fue considerado en el proceso que derivó en la destitución del exmagistrado.

Asimismo, los fiscales atribuyen la demora en la realizacion del debate a decisiones equivocadas del juez de Garantías, quien irrazonable y sistemáticamente negó la autorización para extraer datos de los teléfonos celulares secuestrados, así como por denegar los recursos interpuestos por la Unidad Fiscal para revertir esa decisión. Indican que esta situación los obligó a recurrir en queja ante el Tribunal de Impugnación que finalmente hizo lugar al planteo y revoco la decision del magistrado de grado que impedia sin razon acceder al contenido de los celulares. Agregan que el trámite también se vio demorado por la negativa del mismo juez de Garantías a elevar un informe que por ley, estaba obligado.

Por otra parte, señalan que existieron demoras atribuibles al propio Tribunal de Juicio, integrado por el juez Maldonado, quien en una primera instancia mediante una sentencia se negaba a intervenir para la realización del debate. Esa decisión fue cuestionada por la Unidad Fiscal mediante un planteo de nulidad que, tras ser rechazado por el propio juez, fue recurrido y posteriormente revocado por el Tribunal de Impugnación.

Finalmente, los fiscales solicitaron al Tribunal de Impugnación que revoque la decisión apelada y disponga de manera inmediata la fijación de la audiencia de debate.