Un hombre de 37 años fue detenido e imputado tras ingresar a una vivienda donde no se encontraban sus moradores y llevarse diversos elementos de valor. Fue detenido cuando intentaba reducir lo sustraído.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, Delegación Apolinario Saravia, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, imputó a Héctor Rolando Sarmiento por el delito de robo en perjuicio de un vecino de esa ciudad.
El damnificado denuncia que se ausentó de su vivienda junto a su familia y que recibió el llamado de un vecino que le advertía que el portón de acceso de su casa estaba abierto.
Una hermana del denunciante se hizo presente y con la intervención de la Brigada de Investigaciones de Joaquín V. González se logró la detención del imputado cuando intentaba reducir lo que había sustraído.
Según la declaración del damnificado, había violentado la puerta de acceso de la vivienda, ingresó con un vehículo y se introdujo por una ventana para llevarse una soldadora, una amoladora, otras herramientas y electrodomésticos.
Se advirtió además que en busca de dinero, había ingresado a las habitaciones y causó desorden.
Un hombre de 38 años fue detenido e imputado por publicación y/o divulgación de pornografía infantil tras haber sido detectado por Interpol Madrid y reportado a las autoridades locales. Se realizó allanamiento en su domicilio y se secuestró celulares, computadoras, soportes magnéticos y todo tipo de aparato tecnológico de interés para la causa. Difundía videos con contenido sexual donde participaban menores en grupos de Whatsapp donde participaban miembros de diferentes países.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, imputó a Héctor Jesús Lobo de 38 años por el delito de publicación y / o divulgación de pornografía infantil y realizó la expresa reserva de ampliar la acusación teniendo la cuenta las circunstancias del caso.
Interpol Madrid realizó una investigación y puso en conocimiento al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en las últimas semanas han recibido mensajes sobre grupos de Whatsapp que difundían y compartían material de explotación sexual de menores de edad y que una de las líneas que participaba pertenecía a un ciudadano de la ciudad de Joaquín V. González.
En base a la información brindada por Interpol Madrid, tomó intervención la División Delitos Cibernéticos contra la niñez y la adolescencia de la Policía Federal Argentina y los Poderes Judiciales de Buenos Aires y Salta. Luego se remitieron las actuaciones a la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, que con la colaboración del personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de la Provincia, se realizaron tareas investigativas tendientes a confirmar las actividades vinculadas a la pornografía infantil del investigado.
Del análisis de su línea de teléfonos se logró constatar que había participado y/o fue parte subiendo videos con contenido pornográfico de menores de edad, por lo que se solicitó al Juzgado de Garantías en turno orden de allanamiento y detención.
El día 3 de Mayo se realizó el allanamiento en una vivienda de barrio Libertador de esa localidad y se secuestró todo tipo de dispositivo electrónico de almacenamiento, soportes magnéticos, computadoras, dispositivo de comunicaciones, elementos tecnológicos, documentos y todo lo que resultó de interés para la causa.
Según pudo conocerse, la difusión de los videos se realizó en grupos de Whatsapp donde interviene un grupo numeroso de personas de distintos países del mundo.
Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de la detención de Lobo y se remitió el material secuestrado para su análisis.
Ocurrió en Joaquín V. González, donde un sexagenario fue detenido e imputado por un hecho ocurrido la semana pasada en su vivienda. Allí se insinuó con una adolescente que realizaba tareas de limpieza y la sometió a tocamientos en distintas partes del cuerpo y la obligó a almorzar con él. Su madre realizó la denuncia.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, imputó a Roque Gallo por el delito de abuso sexual simple en perjuicio de una adolescente de 17 años que concurrió a su domicilio a realizar tareas domésticas.
El hecho fue denunciado por la madre de la menor, que señala que su hija concurrió a realizar tareas de limpieza en la casa de un vecino y que éste comenzó a insinuarse, diciéndole que «le gustaba», «que quería que sea su novia» y ante la negativa de la damnificada, comenzó a realizarle tocamientos en distintas partes del cuerpo.
La dejó encerrada con llave, fue a comprar para cocinar y la obligó a que almorzara con él. «No digas nada» le dijo cuando finalmente la menor pudo retirarse y darle aviso a su madre.
Un joven de 21 años, acusado de robar en el mes de Febrero a una pareja de adultos mayores la suma de 200 mil pesos, fue detenido e imputado y ahora es requerido por la Justicia de la provincia de San Luis por la comisión de otro delito contra la propiedad.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, imputó a Elio Yair Ibarra por el delito de robo en perjuicio de una pareja de adultos mayores por un hecho ocurrido en el mes de Febrero de este año.
Según consta en las actuaciones, el acusado ingresó en compañía de otra persona a la casa tras patear una puerta de tela mosquitera y luego ejercer violencia sobre el dueño de casa, rompieron la puerta de un ropero y sustrajeron entre otros bienes, la suma de 200 mil pesos.
Con el aporte del damnificado y el intenso trabajo de los investigadores del Sector, se lo identificó y tras ser detenido e imputado, la Justicia de la Provincia de San Luis lo requirió por la comisión de un delito contra la propiedad en el año 2013, por lo que se iniciaron los trámites para su extradición.
Ocurrió en la localidad de Luis Burela, cuando en un control policial de rutina, se detectó un automóvil que realizó maniobras peligrosas tratando de evadir a los efectivos. Antes de ser apresados, arrojaron por la ventana un envoltorio que contenía 3 ladrillos de marihuana con un peso de 1500 gramos.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, Delegación Apolinario Saravia, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, imputó a Darío Ezequiel Auza Mendoza de 25 años, a Ramón Alberto Vera de 27 años, y Carlos Ariel Bustamante de 32 años por el delito de tenencia de estupefacientes por un hecho ocurrido días atrás en proximidades de la localidad de Luis Burela,
Según consta en las actuaciones, personal policial que realizaba un control vehicular de rutina a la altura Arroyo Cabeza de Vaca, detectó un automóvil que metros antes realizó maniobras peligrosas y evasivas y que uno de los ocupantes arrojó por la ventanilla un paquete color rojo hacia la banquina.
El automóvil fue detenido, sus ocupantes demorados y se encontró el paquete que habían tirado entre unos pastizales. En el interior contenía 3 envoltorios tipo ladrillos con sustancia vegetal compactada que luego fue identificada como marihuana, con un peso de 1500 gramos aproximadamente.
También se secuestró el vehículo y los teléfonos celulares de los detenidos. Según pudo saberse, Auza Mendoza cumple una condena condicional por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, impuesta en Diciembre de 2018.
Un hombre de 63 años fue denunciado por el abuso sexual de su nieta de 11 años y otras tres niñas de 9 y 10 años. Se descubrió a partir de que una de las víctimas se lo contó a un familiar que puso sobre aviso a los padres para que radicaran la denuncia.
Imagen ilustrativa
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, imputó a un hombre de 63 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 9 años, abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y la guarda en perjuicio de su nieta de 11 años y abuso sexual simple (2 hechos) en perjuicio de dos niñas de 9 y 10 años.
Días pasados, una familiar de una de las víctimas, llamó a sus padres y les comentó que la menor le reveló que el abuelo de su amiga, las había sometido a un trato sexual inadecuado cuando fue a jugar a su casa, brindando detalles. Ante esto, se radicó la correspondiente denuncia y a partir de ella, se radicaron otras tres denuncias por hechos similares.
Las cuatro niñas víctimas, entre las que se encuentra la nieta de 11 años del acusado, fueron revisadas por un médico legal, que constató en dos de los casos el abuso sexual con acceso carnal. En sus dichos, las menores fueron coincidentes en señalar que el sexagenario aprovechaba que visitaban a su nieta para jugar y bajo amenazas, las sometía y obtenía su silencio.
Fue detenido e imputado y desde la Fiscalía se solicitó el cumplimiento de diversas medidas, entre las que se cuenta la entrevista de las menores víctimas mediante circuito cerrado de televisión.
Una menor de 17 años fue víctima de abuso sexual por parte de su padre y el hecho se descubrió cuando en una consulta médica se descubrió que cursaba el segundo mes de embarazo. Allí reveló que su padre la había accedido y que la mantenía amenazada. El acusado se encuentra imputado y detenido.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, Delegación El Quebrachal, imputó a un hombre de 34 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente con la menor víctima.
El hecho fue denunciado días atrás por la madre de la adolescente de 17 años. La mujer cuenta que el día 6 de Marzo llevó a su hija a una consulta médica por malestares y allí tomó conocimiento que estaba embarazada, cursando la octava semana de embarazo.
Al ser indagada la menor, reveló que su padre la había abusado en el mes de Enero, aprovechando que su madre estaba internada y que la amenazó para que no contara lo sucedido.
Desde la Fiscalía se solicitó su detención y la realización de diversas medidas probatorias, entre las que se cuentan la recepción de testimonios, entrevista con la menor víctima y otras de carácter científico.
Un hombre de 23 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido días atrás en esa ciudad. El menor junto a un amigo fueron sorprendidos por el acusado, quien se acercó con la excusa de preguntarles algo y con un cuchillo en mano, le sustrajo el celular y huyó. La víctima lo siguió y tras ubicar su paradero, avisó a la Policía.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, imputó a Víctor Hugo Graneros por el delito de robo agravado por el uso de arma en perjuicio de un menor de edad.
El hecho ocurrió días atrás en esa ciudad del Sur provincial, donde la víctima caminaba junto a un amigo y fueron abordados por el acusado, que se aproximó con la excusa de hacerles una pregunta. Una vez cerca, lo tomó del brazo y con un cuchillo en mano, lo amenazó para que le entregara el celular.
Logrado su fin delictivo, emprendió la huida y el damnificado decidió seguirlo. Pudo identificar el domicilio donde se refugió y dio aviso a la Policía.
Al llegar los efectivos, vieron obstaculizado su accionar por los moradores del la vivienda que se comportaban hostiles. Cuando pudieron ingresar, se detuvo al sospechoso y se secuestró un cuchillo tipo sierrita con el que habría perpetrado el robo.
El teléfono sustraído fue entregado luego por una de las moradoras de vivienda donde se ocultó el delincuente, quien manifestó que encontró el aparato en una de las habitaciones y suponiendo que se trataba del bien sustraído, había decidido devolverlo.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González inició actuaciones preliminares en torno a la denuncia radicada por una mujer por supuestos abusos sufridos de parte de un maestro en un paraje rural. Se realizó una inspección ocular en el establecimiento.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, inició actuaciones preliminares en torno a la denuncia radicada en el mes de Diciembre por una mujer en contra de un docente por hechos de abuso sexual de los que habría sido víctima hace 20 años atrás en la Escuela Pastora Lobo de Pauna, Paraje El Vencido, Departamento Anta.
La denuncia fue radicada en Metán por una mujer de 32 años, quien refiere que entre los 10 y los 12 años, cuando cursaba sus estudios primarios en una escuela rural, fue víctima de varios hechos de abuso sexual por parte de un docente que se desempeñaba allí y que incluso llegó a ocupar el cargo de Director.
Gómez Amado al iniciar la investigación, dispuso diversas medidas, entre ellas la realización de una inspección ocular en el establecimiento educativo, la cual se concretó el pasado miércoles 2 de Enero.
Participaron de la medida, la defensa técnica del denunciado, personal del Grupo Ténico de Criminalística de J. V. Gonzalez y personal policial del Destacamento Policial Talavera. En la oportunidad, se tomaron fotografías del lugar y se realizaron trabajos de planimetría.
También se solicitó documentación vinculada al hecho al Director de la institución escolar y al Ministerio de Educación de la Provincia y estaba prevista en Metán, una reunión del fiscal con la denunciante.
Había sido planteado ante la falta de información del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa ganadera Inversora Juramento SA al municipio. El amparo, interpuesto por el fiscal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, fue promovido por la jueza civil, Patricia Rahmer, pero la Municipalidad apeló. Recientemente la Corte de Justicia rechazó esa apelación y confirmó el accionar de la fiscalía.
Desde el año 2013, y en el marco de actuaciones preliminares iniciadas en torno a un supuesto hecho de contaminación denunciado por la Cámara de Diputados, el fiscal de competencia múltiple de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, solicitó al municipio documentación vinculada a la presentación de un estudio de impacto ambiental y social presentado por la empresa ganadera Inversora Juramento SA.
La firma posee en esa localidad instalaciones dedicadas a la actividad de engorde bovino a corral, labor que fue objeto de denuncias realizadas por habitantes de los parajes vecinos, entre ellos La Ranchería y Gaona por supuestos malos olores y contaminación ambiental.
En vista de ello, y dada la legitimación que el Ministerio Público Fiscal posee para entender respecto a interposición y prosecución de pretensiones destinadas a la defensa del medio ambiente, contempladas en la Ley 7.328 entre otras normas legales vigentes, la fiscalía solicitó informes a la Municipalidad de Joaquín V. González respecto a los trámites ambientales presentados por Inversora Juramento SA, como así también documentación relacionada a la habilitación de la misma por parte de esa comuna.
Dichos pedidos de informes de la fiscalía, dirigidos al intendente de esa ciudad, Juan Domingo Aguirre, ingresaron al municipio en fecha 8 de diciembre de 2013, y ante su omisión, el 22 de enero de 2014 se reiteraron.
El 3 de febrero de 2014, el municipio a través dela Coordinadora Ejecutiva de Ingresos Públicos, contadora Sandra Páez,respondió los pedidos pero sin precisar la información requerida, sobre todo respecto a la información y participación social exigida por la ley. Se aludió a que tal certificación ambiental había sido presentada, pero fue observada por la municipalidad, sin dar detalles de los puntos cuestionados.
Amparo
Esta situación, pese a la insistencia ejercida desde la fiscalía, se extendió por todo el año 2014, hecho que llevó al fiscal a plantear al año siguiente un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Joaquín V. González, a cargo de la jueza Patricia Rahmer.
En respuesta al recurso de amparo, que es la acción judicial que tutela derechos de raigambre constitucional como el derecho a la información pública ambiental, la jueza resolvió hacer lugar al mismo en agosto de 2017, con lo cual la municipalidad quedó obligada a presentar la documentación requerida desde la fiscalía.
En su fallo, la jueza ordenó que dicha información debía seren carácter de “actualizada”, con lo cual el municipio debía presentar el estudio en cuestión, las observaciones realizadas por la municipalidad, las audiencias y dictámenes técnicos realizados como así también las acciones que la empresa ejecutó en consecuencia.
Apelación
Ante este revés judicial, el municipio a través de su representante legal, apeló el fallo de la jueza. Entre sus argumentos, la municipalidad aludió supuestas irregularidades y deficiencias formales que derivaron en la afectación del derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
La apelación fue girada a la Corte de Justicia, la que el 5 de diciembre pasado, en un fallo unánime, resolvió rechazar el recurso interpuesto por el municipio, con lo cual confirmó el fallo de la jueza Rahmer y la acción iniciada por la fiscalía a fin de poder obtener la información necesaria respecto a las actuaciones preliminares iniciadas.
En sus fundamentos, la Corte señaló que “no se logra dilucidar cuál o cuáles han sido las defensas de las que se habría visto privada de ejercitar, toda vez que se limita a describir el desarrollo procesal de la causa sin señalar –concretamente- la afectación alegada”.
Por otra parte, la Corte rechazó que la Fiscalía no tuviera legitimación como planteó el municipio. Los jueces adujeron que el Ministerio Público Fiscal tiene competencia en la interposición y prosecución de pretensiones destinadas a la defensa del medio ambiente.
Asimismo, afirmaron que “Al Procurador General de la Provincia le corresponde –de acuerdo a los lineamientos de la Ley 7.328- la promoción de dichas pretensiones o peticiones procesales, pudiendo expedir instrucciones a los fiscales de cualquier fuero o instancia”.
“A mayor abundamiento, es dable advertir que la finalidad de todo el marco normativo citado es garantizar ampliamente el libre y efectivo acceso a la información pública ambiental a toda persona que la solicite, poniendo a disposición las herramientas que consolidan la participación pública en la materia”, agrega finalmente el fallo.
