El episodio se registró en horas de la tarde, cuando un motociclista sufrió una violenta agresión que terminó con su traslado en código rojo al hospital.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Gabriel González, solicitó la elevación a juicio de la causa seguida contra dos hombres de 19 y 36 años, imputados como coautores del delito de homicidio simple en grado de tentativa, al considerar que la investigación permitió reunir elementos de convicción suficientes para sostener la acusación en esta etapa del proceso.
La requisitoria fue presentada ante el Juzgado de Garantías 5, a cargo de la jueza Ada Guillermina Zunino, en el marco de una investigación que el fiscal calificó como compleja, tanto por las circunstancias del hecho como por el contexto social en el que se produjo, marcado por conflictos previos entre grupos de barrios colindantes y el temor de vecinos a brindar declaración por posibles represalias.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 2 de mayo de 2025, alrededor de las 17:05, cuando la víctima circulaba a bordo de su motocicleta por calle Juramento al 2500, en sentido noroeste–sureste, en el barrio Miguel Ortiz. En ese momento, y sin mediar provocación alguna, habría sido interceptado y agredido por los imputados, quienes se encontraban en la vereda.
De acuerdo con la reconstrucción efectuada por el Ministerio Público Fiscal, uno de los imputados descendió a la calzada y, al paso del motovehículo, le propinó una patada en la parte trasera, desviando su trayectoria, mientras que el otro imputado, de manera casi simultánea, le arrojó un trozo de ladrillo que impactó en la cabeza del conductor, en una zona vital. Esta acción conjunta provocó que la victima perdiera el dominio del rodado y cayera violentamente sobre el asfalto.
El fiscal Gabriel González sostuvo que ambos imputados debieron representarse el riesgo concreto y el daño potencial de su accionar, ya que la agresión fue dirigida contra una persona que circulaba en una motocicleta, lo que incrementó de manera significativa la posibilidad de un desenlace fatal. En su requerimiento, remarcó que el ataque se dirigió a una zona vital del cuerpo y que el resultado muerte no se produjo únicamente por circunstancias ajenas a la voluntad de los imputados, como fue la rápida asistencia médica recibida por el damnificado.
A raíz de la agresión, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo en código rojo, donde se le diagnosticó politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano grave, con compromiso neurológico severo y riesgo de vida. Permaneció internado durante un período prolongado, requiriendo intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos, y continuó luego con tratamiento ambulatorio, presentando secuelas que le impidieron retomar su actividad laboral.
En su valoración, el fiscal destacó que la prueba reunida —entre ellas declaraciones testimoniales, informes médicos, pericias psicológicas y sociales, y actuaciones policiales— permite sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, tanto la materialidad del hecho como la participación penalmente relevante de ambos imputados, quienes habrían realizado un aporte esencial y coordinado para la producción del resultado lesivo, cuya consumación no se produjo por factores externos a la voluntad de los acusados.
