Golpeó a un detenido en la Alcaidía y lo frenaron sus compañeros

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo penitenciario Walter Omar Vega, acusado del delito de severidades, en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que el 2 de marzo de 2020, cerca de las 16:30, dentro de la Alcaidía General de la Provincia, el sargento ayudante Walter Omar Vega ejerció un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometió contra de la integridad física de un detenido, a quien golpeó con la mano abierta en el rostro.

El evento quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Alcaidía General y fue observado por el resto del personal del servicio penitenciario, quienes intervinieron para evitar que el acusado continuara con la agresión.

Se suma el informe de Investigación del CIF, cuyo análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad, arrojó como conclusión que pudo observarse a simple vista al acusado cuando agredió mediante un golpe con la mano abierta en el rostro a un detenido.

Luego se observó al interno hacerse para atrás por el golpe recibido por parte del imputado, quien luego lo agarró del cuello.

Tras esto, el acusado fue retenido por la fuerza por sus compañeros del servicio penitenciario, lo que acreditó de manera palmaria los hechos expuestos y puso de manifiesto el exceso del acusado en su función, quien tiene el deber de velar por el bienestar y la dignidad de los internos detenidos.

Por vejaciones y lesiones, piden el juicio contra policías implicados en la muerte de Cristian Gallardo

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene a cuatro efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial auxiliar Ricardo José Antonio Llaves, el sargento ayudante Jorge Antonio Olea y los cabos Lucas Maximiliano Ozuna y Nicolás Gerardo Chocobar.

Del requerimiento, surgió que el 16 de agosto de 2018, cerca de las 13:30, el denunciante caminaba por calle Usandivaras, cuando paró una camioneta del GOPAR, de la que bajaron los acusados, quienes lo pusieron contra la pared y le dispararon por la espalda.

Luego, lo golpearon con una patada en la rodilla y en la cabeza, todo esto mientras estaba de espaldas. Cuando la víctima se dio vuelta, también recibió disparos en el pecho y en los brazos.

Los hechos denunciados por la víctima, guardan correlación con los certificados médicos agregados al legajo de investigación, de los que surgieron que el damnificado presentaba múltiples excoriaciones superficiales circulares de 2,5 cm, de diámetro. Tales lesiones fueron producidas por proyectiles múltiples de bala de goma.

A su vez, el certificado médico del Departamento de Medicina y Química Legal, indicó que el denunciante presentaba inflamación en el pómulo izquierdo, excoriación con bordes equimóticos diseminados en la cara anterior y posterior de tórax y en ambos brazos.

En noviembre de 2020, el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 para los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Jorge Antonio Olea y Ricardo Ezequiel López, por el delito de homicidio culposo en concurso ideal con vejaciones calificadas, en perjuicio de Cristian Exequiel Gallardo.

El 26 de agosto de 2019, los efectivos Llaves, Ozuna, Olea y López, a bordo de un móvil policial, intervinieron ante un hecho de robo y cuando se disponían a demorar a quienes lo habrían provocado, ingresaron a una vivienda de Finca Independencia y dos de ellos huyeron por los techos. Gallardo se encontraba oculto en un lavadero y en su poder, estaban un arma blanca con la que habían atacado al damnificado y el teléfono celular que le habían sustraído.

Condenaron al homicida de Nahuel Edgardo Velardes

El fiscal penal interino de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Cristian Luis Juárez, a la pena de 13 años y seis meses de prisión de ejecución efectiva, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego, en concurso ideal y en perjuicio de Nahuel Edgardo Velardes.

De los elementos incorporados durante la investigación, se desprendió que el 13 de mayo de 2020, cerca de las 2:45, en circunstancias en que la víctima, Nahuel Edgardo Velardes, se hizo presente junto a un amigo en el domicilio del acusado, ubicado en barrio Sita de Salta Capital, con la intención de buscar una campera que había olvidado semanas atrás, fue que Cristian Luis Juárez disparó con un arma de fuego a la víctima, con una clara intención homicida.

Velardes murió como consecuencia de un shock hipovolémico, hemotórax izquierdo y lesión pulmonar izquierda grave por herida de arma de fuego, conforme surgió del informe de la autopsia realizada por el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

A su vez, la conducta del acusado, se vio agravada en virtud de lo establecido por el artículo 41 bis del Código Penal, dado el gravísimo poder de afectación al bien jurídico, mediante la utilización previamente contemplada del uso de un arma de fuego, dispuesto a valerse de aquella para concretar el resultado de muerte.

Por otra parte, el acusado también portaba el día del hecho de manera ilegítima un arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización, lo que fue acreditado mediante el informe del Registro Nacional de Armas, que puso en conocimiento que el penado no estaba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus categorías.

Además, el informe del Banco Provincial y Nacional de Datos Informáticos sobre Armas de Fuego, indicó que el arma carabina, marca “Mahely”, calibre 22, tampoco estaba registrada.

Se investiga el mal uso de bienes del estado

El fiscal penal en feria de la Fiscalía Penal 1, Gabriel González, inició actuaciones tendientes a investigar el uso y disposición de vehículos oficiales, destinados a cubrir servicios de urgencias y emergencias en el sistema de Salud Pública, que se hizo durante las últimas horas en el marco de una protesta.

El fiscal González, inició actuaciones tendientes a investigar hechos de público conocimiento que se suscitaron en las últimas horas en la ciudad de Salta, donde se emplearon bienes del estado afectados al cumplimiento de un servicio esencial, como es el de la Salud Pública, para la realización de medidas de protestas.

Se trata de ambulancias que se encuentran asignadas al Sistema de Atención de Emergencias y Catástrofes (SAMEC) para prestar servicios de urgencia y emergencia en el sistema de Salud Pública de la Provincia y que fueron sustraídas de su función para la realización de medidas de protesta.

El fiscal dispuso el cumplimiento de diversas medidas y diligencias a cargo de los investigadores del CIF para lograr el esclarecimiento del hecho y la determinación de responsabilidades.

Piden elevación a juicio contra un funcionario de Campo Santo que amenazó con machete

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel Alejandro González, solicitó al Juzgado de Garantías N°4, la elevación a juicio contra René Marcelo Gutiérrez, de 51 años, acusado de coacción agravada por el uso de armas, en calidad de autor.

El requerimiento a juicio por parte del fiscal González se formuló por contar con elementos de prueba suficientes, reunidos a partir de la investigación que se inició luego de que el pasado 4 de mayo, una mujer denunciara que ese mismo día, el secretario de obras públicas de la Municipalidad de Campo Santo se presentó en el domicilio de Barrio Los Tarcos, en el que reside actualmente y que es propiedad de una prima de su abuela, y, machete en mano, amenazó a  ella y a quienes estaban presentes con que se retiren o “les traigo a mi señora y a mi gente y no saben lo que les va a pasar”.

Posteriormente, se dirigió al fondo del terreno, dejó el machete y fue a la casa de la abuela de la denunciante para decirle al esposo de esta última que la saque de ahí, en referencia al domicilio donde vive.

Lo declarado por la denunciante sobre cómo sucedieron los hechos, fue corroborado a con las declaraciones testimoniales de quienes la acompañaron en el momento que Gutiérrez profirió las amenazas, con las que quiso generar temor, con uso de arma impropia y aprovecharse de la situación por ser funcionario público.

Quedó comprobado que el hijo de la dueña legítima de la casa, según consta en título de propiedad, y tío de la denunciante la autorizó a habitarla y no como sostenía el acusado que “esa casa la compró mi señora”.

General Güemes: un médico condenado y cuatro absueltos

Este mediodía se dio a conocer el veredicto del Tribunal de la Sala I de Juicio, donde se impuso una pena condicional a uno de los profesionales de la Salud juzgados y se absolvió a los otro cuatro imputados. Se hizo lugar a la demanda civil.

Este jueves, al reanudarse la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal, las partes no hicieron réplicas ni dúplicas y los acusados no hicieron uso de la posibilidad de decir las últimas palabras.

Luego de la deliberación, los jueces Federico Armiñana, Martín Pérez y Javier Aranibar, dieron a conocer el veredicto, donde condenan a Eduardo Elpidio Villagra a un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Roberto Francisco Farías fue absuelto en forma lisa y llana de los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Alejandro Cortez Bellomo, Jorge Barni García y Marcelo Quiroga fueron absueltos en forma lisa y llana del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el fallo, se hizo lugar a la demanda civil planteada por un monto de 800.000 pesos en contra del condenado Villagra.

Gral. Güemes: finaliza el juicio a cinco médicos

Tras una extensa jornada de alegatos, el Tribunal de la Sala I de Juicio, pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves 3 de junio. Se dará lugar a las réplicas, dúplicas, últimas palabras de los acusados y se conocerá el veredicto.

Al reanudarse el pasado lunes la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal, se produjeron los alegatos de las partes.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González a su turno, solicitaron al Tribunal de la Sala I de Juicio del distrito Centro, se imponga la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva para los imputados Villagra (anestesista) y Farias (ginecólogo) por los delitos de abandono seguido de grave daño a la salud e incumplimiento de deberes de funcionario público; 6 años de inhabilitación especial y su inmediata detención.

Para los otros imputados Barni, Quiroga y Cortez Bellomo, solicitaron que se imponga la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público e inhabilitación especial de 4 años.

La fiscal Simesen de Bielke solicitó además que se juzgue el caso con perspectiva de género por violencia obstétrica contra la madre del bebé fallecido.

La defensa técnica del imputado Villagra solicitó su absolución lisa y llana y subsidiariamente, por el beneficio de la duda. Para los imputados Quiroga y Barni, solicitaron la absolución lisa y llana y para Farías y Cortez Bellomo, pidieron absolución lisa y llana y por el beneficio de la duda en forma subsidiaria y que se rechace la demanda civil.

Los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez y Javier Aranibar, dispusieron un cuarto intermedio hasta este jueves, para dar lugar a las réplicas, dúplicas, últimas palabras de los acusados y dar a conocer el veredicto.

Gral Güemes: finaliza el juicio a cinco médicos del hospital Castellanos

Este lunes, al reanudarse la audiencia de debate, se llevarán a cabo los alegatos de las partes y se espera conocer el veredicto para los cinco profesionales de la Salud, imputados tras la muerte de bebé en junio de 2015.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.

El pasado viernes se finalizó con la ronda de testimoniales y declararon dos de los imputados, dando su versión de los hechos. Luego, el Tribunal conformado por los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez y Javier Aranibar, dispuso un cuarto intermedio hasta este lunes, para dar lugar a los alegatos de las partes, las últimas palabras de los acusados y conocer el veredicto.

Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaraz, realizada el 18 de Junio de 2015. El denunciante sostuvo que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de treinta y ocho semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Gral. Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.

Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, lo que se debió a que no se le practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería.

Posteriormente, la mujer amplió su declaración y manifestó que durante el tiempo que permaneció en el hospital local nunca fue atendida por médico alguno, siempre se hizo presente la obstétrica y una enfermera que le prodigaron algunas atenciones pero no las idóneas para su estado de salud.

Gral. Güemes: declaró otro de los médicos imputados

En la audiencia que se sigue contra cinco médicos, declaró quien se desempeñaba como gerente del hospital Joaquín Castellanos en junio de 2015. Este viernes finalizará la ronda de testimoniales y los alegatos y sentencia se conocerán la próxima semana.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.

Durante la jornada de este jueves, declaró el imputado Jorge Barni García, quien se desempeñaba como gerente general del hospital Joaquín Castellanos y ratificando lo declarado en la investigación, confirmó que el día del hecho, los profesionales que debían estar prestando servicios no se encontraban hacíendolo y que había conflictos internos en el nosocomio.

Este viernes se espera recibir la declaración de los últimos cinco testigos y la jornada de alegatos y lectura de veredicto se realizará la próxima semana.

Gral Güemes: declaró uno de los cinco médicos imputados

Durante la primera jornada del juicio a los cinco profesionales de la Salud que se desempeñaban en el hospital Joaquín Castellanos, también declararon los padres del bebé, una instrumentista del nosocomio y un médico del Hospital Materno Infantil que intervino y ratificó que ante el cuadro de la madre, se requería una cesárea de urgencia.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.

Durante la primera jornada, tras la lectura del requerimiento a juicio, declaró el imputado Marcelo Quiroga, quien se desempeñaba como gerente de Atención a las Personas del hospital Joaquín Castellanos de General Güemes en junio de 2015. El médico dejó plasmado en su declaración que la organización en el nosocomio no era la óptima y que la colaboración de los profesionales que allí se desempeñaban, era escasa.

Al iniciar la ronda de testimoniales, declaró la pareja que sufrió la pérdida de su bebé, relatando lo sucedido en junio de 2015. También lo hizo una instrumentista que trabajaba en el hospital de Güemes, quien señaló que no sabía quien era el anestesista que estaba de guardia el día del hecho juzgado.

Finalmente prestó declaración un médico del Hospital Materno Infantil, encargado de recibir a la paciente cuando fue derivada y en sus dichos, señaló que ante el cuadro que presentaba, requería una cesárea de urgencia.

La audiencia continuará este jueves y está previsto que finalice este viernes, con los alegatos de las partes y el veredicto para los cinco imputados.