El requerimiento del Ministerio Público Fiscal se originó en el marco de información surgida en la investigación de un grave hecho de violencia ocurrido el pasado 30 de marzo en un establecimiento educativo de la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente falleció y otros estudiantes resultaron heridos.
Por disposición del procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, se conformó de inmediato una Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, y el fiscal penal 1 del Distrito Judicial Tartagal, Pablo Alejandro Cabot, competente en el caso por menores, a fin de intervenir en estas actuaciones originadas a partir de información remitida por la Unidad Fiscal 505 de la Fiscalía Nº 5 de la ciudad de Rafaela, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.
Los informes fueron remitidos el pasado viernes a la Procuración General de Salta, en el contexto de la investigación por el homicidio de un adolescente ocurrido en una institución educativa de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y daban cuenta de elementos que requerían la profundización investigativa respecto de un menor residente en una localidad del norte provincial.
En ese marco, y conforme a la evidencia digital analizada, se advirtieron manifestaciones y conductas que motivaron la intervención judicial de las autoridades competentes, en relación con posibles interacciones en entornos virtuales donde se habrían detectado expresiones asociadas a la normalización discursiva de la violencia y a procesos de radicalización en comunidades digitales.
A partir de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y con la debida autorización del Juzgado de Menores en turno, a cargo del juez Aníbal Burgos, durante el día de ayer se llevaron adelante allanamientos, registros e inspecciones en dos domicilios del Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal, bajo la supervisión del Fiscal Pablo Cabot, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la investigación y preservar evidencia digital potencialmente relevante.
En el lugar se procedió al secuestro e inspección de dispositivos informáticos y soportes tecnológicos, realizándose las constataciones técnicas necesarias para identificar posibles archivos o datos alcanzados por la orden judicial. Del análisis preliminar de los elementos secuestrados surgieron referencias vinculadas únicamente a la investigación que se desarrolla en la provincia de Santa Fe, descartándose en principio, la existencia de algún hecho aislado o independiente que pudiera involucrar a la comunidad en la provincia de Salta.
En el marco de la investigación, se adoptaron de manera inmediata todas las medidas urgentes de resguardo y protección consideradas necesarias. En ese contexto, se dio intervención a la Asesoría de Incapaces, organismo que articuló actuaciones con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Asimismo, se dispuso consigna policial fija en el domicilio y está prevista una audiencia ante el Juzgado de Menores, con participación del adolescente involucrado, sus progenitores, la asesora interviniente y representantes de la Fiscalía.
Por tratarse de actuaciones que involucran a personas menores de edad, mas también la existencia de víctimas, la investigación se desarrolla bajo estricta reserva y con resguardo de los derechos y garantías correspondientes.
