Salvador Mazza: Investigan el hallazgo de un artefacto presuntamente explosivo en un local comercial

El objeto fue hallado en el patio trasero de un local comercial de Salvador Mazza. Tras una inspección preliminar, especialistas estimaron que se trataría de una granada de estruendo, mientras continúan las tareas para determinar su origen y retirar el elemento de manera segura.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, tomó intervención ante el hallazgo de un objeto de características compatibles con un artefacto antidisturbios en un inmueble ubicado en la intersección de calles Belgrano y Lavalle de esa localidad.

La actuación se inició luego de que personal policial tomara conocimiento de publicaciones difundidas en redes sociales que advertían sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en el lugar. Tras las primeras averiguaciones, se constató que no existían denuncias formales ni requerimientos de intervención relacionados con el hecho.

En horas de la mañana del viernes, efectivos policiales se constituyeron en el sitio y verificaron que el elemento se encontraría en el sector posterior de un local comercial dedicado a servicios de alineación y balanceo. El área fue inmediatamente resguardada y se implantó una consigna fija para preservar la seguridad de las personas.

Por disposición del fiscal Cazón, se realizaron consultas con organismos especializados a fin de determinar la naturaleza del objeto y las medidas de seguridad correspondientes. Personal del Escuadrón 61 de Gendarmería Nacional efectuó una inspección preliminar y, tras mantener comunicación con la Unidad de Explosivos de esa fuerza, informó que se trataría de un artefacto antidisturbios tipo granada de estruendo, recomendando establecer un perímetro preventivo.

Asimismo, se solicitó la intervención de personal especializado de Bomberos, que realizó el cercado perimetral del sector y tareas de documentación fotográfica, mientras se aguarda la continuidad de las diligencias técnicas necesarias para la manipulación y remoción segura del elemento.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, que dispuso nuevas medidas tendientes a establecer el origen del artefacto y las circunstancias en las que fue hallado.

Santa Victoria Este: Imputaron a cuatro hombres por un millonario robo armado cometido tras una falsa operación comercial

Las víctimas habían viajado desde Córdoba para adquirir postes de quebracho colorado. Según la investigación, fueron atraídas hasta una zona aislada donde fueron interceptadas por hombres armados que les sustrajeron más de 25 millones de pesos en efectivo, cheques y otros bienes.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó provisionalmente a cuatro hombres como coautores del delito de robo calificado por el uso de armas, en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de dos empresarios oriundos de la provincia de Córdoba que fueron víctimas de un millonario asalto en Santa Victoria Este.

La causa se originó a partir de las denuncias realizadas por los damnificados, quienes relataron que uno de ellos mantenía desde hacía aproximadamente un año conversaciones con quien sería el principal acusado. El contacto se habría generado a raíz de una supuesta oferta de venta de postes de quebracho colorado.

Según consta en la investigación, durante meses se intercambiaron comunicaciones, fotografías y videos relacionados con la mercadería ofrecida, lo que generó confianza suficiente para avanzar con la operación comercial.

Los denunciantes señalaron que incluso habían consultado referencias comerciales sobre el vendedor antes de viajar a Salta y que distintas personas vinculadas al transporte de madera les habrían manifestado conocerlo y haber realizado operaciones con él anteriormente.

Con el objetivo de concretar la compra, los empresarios viajaron desde Córdoba hasta Tartagal llevando una suma cercana a los 25 millones de pesos en efectivo, destinada al pago de la mercadería.

Sin embargo, una vez en esa ciudad, el supuesto vendedor les informó que existían inconvenientes para concretar la operación en el lugar acordado inicialmente y les propuso trasladarse hasta Santa Victoria Este, donde supuestamente se encontraba la madera ofrecida.

La mañana del 28 de mayo, las víctimas se reunieron con el acusado en la entrada de Santa Victoria Este. Según relataron, el hombre se movilizaba en una motocicleta tipo enduro de color blanco y los condujo por distintos caminos rurales hasta una estancia conocida como “La Avispa”, ubicada en una zona alejada y sin cobertura de telefonía celular.

De acuerdo con la acusación fiscal, una vez en el lugar, el sospechoso les indicó que observaran un lote de postes ubicado a varios kilómetros del camino principal mientras él se retiraba momentáneamente para realizar consultas con otras personas relacionadas con la venta.

Pocos minutos después, y cuando los compradores se encontraban en un sector completamente aislado, fueron sorprendidos por al menos cinco hombres encapuchados, vestidos con prendas de tipo militar y portando distintas armas de fuego.

Las víctimas declararon que uno de los agresores efectuó disparos intimidatorios al aire mientras los demás los rodeaban y reducían bajo amenazas. Durante el asalto lograron observar escopetas, una escopeta recortada, revólveres, pistolas y otros elementos compatibles con armamento de fuego.

Según denunciaron, fueron obligados a arrojarse al suelo mientras los atacantes revisaban sus pertenencias y el vehículo en el que se desplazaban.

Los asaltantes sustrajeron dos portafolios que contenían aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo, además de varios cheques al portador por montos millonarios, teléfonos celulares, billeteras, documentación personal, una cadena de plata y otros bienes.

Las víctimas también manifestaron que durante el robo escucharon expresiones que hacían referencia a la posibilidad de quitarles la vida y apoderarse del vehículo, aunque finalmente uno de los integrantes del grupo habría impedido que la situación escalara aún más.

A partir de los testimonios obtenidos y de diversas tareas investigativas desarrolladas por personal del Grupo Investigativo Sector 43, la Fiscalía solicitó la captura y/o detención nacional e internacional del principal sospechoso por su presunta participación en el hecho investigado. Posteriormente, y a partir de nuevos elementos incorporados a la causa, requirió allanamientos en distintos domicilios de Santa Victoria Este y parajes cercanos, medidas que permitieron identificar a otros presuntos involucrados, secuestrar armas, municiones, teléfonos celulares, prendas de camuflaje y otros elementos de interés para la investigación, además de concretar las detenciones de los acusados.

La investigación permitió además identificar a otros presuntos participantes del hecho, entre ellos familiares directos del principal acusado, quienes fueron vinculados a la maniobra investigada.

Tras los procedimientos fueron detenidos cuatro hombres, quienes permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Al momento de la audiencia de imputación, uno de los acusados declaró y negó cualquier vinculación con los hechos investigados, manifestando que se dedica a estudiar y que no conoce a las personas que realizaron las denuncias.

Para el fiscal Cazón, los elementos reunidos hasta el momento —entre ellos las denuncias de las víctimas, los informes policiales, los resultados de los allanamientos, los secuestros efectuados y demás medidas probatorias incorporadas al expediente— constituyen evidencia suficiente para sostener provisoriamente la participación de los imputados en el hecho investigado.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la intervención de otras personas que podrían haber participado en el asalto y avanzar en el recupero del dinero y de los bienes sustraídos.

 

Santa Victoria Este: Investigan el robo de $25 millones perpetrado por un grupo armado

Salvador Mazza: Imputaron a un hombre por el robo de siete millones de pesos de una vivienda

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino que encontró violentados los accesos de su vivienda y detectó la sustracción de dinero en efectivo y otros bienes. El análisis de registros fílmicos y otras medidas permitió avanzar sobre uno de los sospechosos.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó de forma provisional este domingo a un hombre de 24 años como autor del delito de robo calificado, en el marco de una investigación iniciada tras un millonario robo ocurrido en una vivienda de la comunidad Lucero del Alba de esa ciudad.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por un hombre de 29 años, quien manifestó que alrededor de las 00:40 del pasado viernes 6 de junio, al regresar a su domicilio ubicado en un pasaje sin nombre, encontró violentada la puerta principal de la vivienda y una de las puertas interiores. Al ingresar, advirtió que desconocidos habían sustraído siete millones de pesos en efectivo que guardaba en un cajón de un chifonier, una impresora nueva, un teléfono celular y la llave de su camioneta. Además, observó que distintos sectores de la vivienda se encontraban revueltos.

Posteriormente, se obtuvieron registros de cámaras de seguridad aportados por residentes de la zona, donde se observa a varias personas arribar al lugar a bordo de motocicletas, ingresar al inmueble y retirarse minutos después.

Por disposición de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, se realizaron las tareas de rigor en el lugar del hecho, con intervención de personal de Criminalística, relevamiento fotográfico, inspección ocular, confección de croquis y recepción de testimonios.

En una ampliación de denuncia, el damnificado manifestó que, tras observar con mayor detenimiento las imágenes de las cámaras de seguridad, logró reconocer a algunos de los presuntos participantes. Asimismo, señaló que horas más tarde advirtió la presencia de uno de ellos en el barrio y dio aviso al personal policial, que procedió a su demora.

Reunidos los primeros elementos de convicción, se solicitó su detención ante el Juzgado de Garantías interviniente, medida que fue concedida. Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar.

El fiscal Cazón dispuso el cumplimiento de nuevas medidas investigativas tendientes a identificar y ubicar a las demás personas que habrían participado del hecho, determinar el grado de intervención de cada una y avanzar en la recuperación de los bienes denunciados como sustraídos.

Salvador Mazza: Dos imputados tras el secuestro de un motor y partes de motocicleta en un control vehicular

Los imputados fueron interceptados cuando trasladaban la carga hacia el norte del país, lo que derivó en su detención.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó a dos hombres de 38 y 39 años, como presuntos coautores del delito de robo calificado por su comisión en banda, conforme a lo previsto en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal, en función del artículo 45.

La investigación se inició a partir de la intervención de personal de la Brigada de Investigaciones 4, quienes en un control vehicular realizado sobre avenida San Martín de esa ciudad, interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaba un bulto de gran porte.

Al verificar su contenido, se constató la presencia de partes de un motovehículo desguazado, entre ellas un motor de gran cilindrada, el cual no registraba inscripción en la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor.

Durante las actuaciones, los ocupantes del rodado incurrieron en contradicciones respecto de la procedencia y destino de la carga, lo que motivó el secuestro del vehículo, del motor, de guías de encomienda y de un teléfono celular para su posterior peritaje.

Asimismo, en el marco de la investigación se produjo un nuevo secuestro consistente en otro bulto, el cual guarda presunta vinculación con el ya incautado en el procedimiento inicial. Dicho elemento fue incorporado a la causa y se encuentra en etapa de análisis pericial, a los fines de establecer su relación con los hechos investigados.

En virtud de ello, el fiscal penal Armando Cazón adelantó que se solicitará la realización de una audiencia de ampliación de imputación, a fin de incorporar los nuevos elementos de convicción y que los imputados puedan ejercer su derecho de defensa y prestar declaración en relación con la nueva evidencia incorporada.

Por un planteo de la defensa, suspendieron la audiencia contra el exjefe comunal de Salvador Mazza

La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas al alquiler de una vivienda destinada a asistencia social durante su gestión municipal.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de control de acusación fijada en la causa que tiene como imputado al exintendente Rubén Méndez Salazar, la cual fue suspendida por resolución judicial.

El juez de Garantías 1 de Tartagal, Marcelo Alvarado, resolvió suspender la audiencia luego de hacer lugar al planteo formulado por la defensa del exjefe comunal. El abogado particular informó que, por razones personales, no podía concurrir ni ejercer adecuadamente la defensa técnica de su asistido.

Ante esta situación, la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Tartagal quedó a cargo de fijar una nueva fecha, que será notificada oportunamente a todas las partes intervinientes.

El fiscal Cazón, imputó a Méndez Salazar por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, extorsión en grado de tentativa y estafa en grado de tentativa, en concurso con el delito de desbaratamiento de derechos acordados, en calidad de autor.

La investigación se vincula con el alquiler de una vivienda en la ciudad de Salta durante su gestión municipal, destinada a alojar estudiantes y personas que debían trasladarse por razones de salud. Según consta en el expediente, el municipio dejó de abonar el canon locativo, lo que generó una deuda que posteriormente fue desconocida por Méndez, al considerar que resultaba económicamente perjudicial para los intereses de la Municipalidad de Salvador Mazza.

Salvador Mazza: Intentaban cruzar la frontera armados y en motocicleta por un paso ilegal

Además del secuestro de las armas y las motocicletas, el fiscal solicitó la detención de los tres involucrados, medida que fue rechazada por el juez de Garantías, quien dispuso únicamente la identificación simple. Las actuaciones presentan vinculación con causas denunciadas en la ciudad de Tartagal.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, intervino en una causa caratulada de manera provisional como tenencia y/o portación ilegítima de arma de fuego y hurto calificado, a partir de un procedimiento realizado durante la madrugada del 20 de diciembre, en el marco del Operativo “Fin de Año Seguro 2025”, cuando tres hombres fueron demorados al intentar cruzar hacia Bolivia por un paso clandestino, portando armas de fuego y desplazándose en motocicletas.

El hecho se registró alrededor de las 2:30, en inmediaciones del barrio San Martín, en un sector conocido como “El Pacará”, donde personal policial efectuaba controles de identificación. En ese contexto, se detuvo la marcha de dos motocicletas, ocupadas por un hombre de 20 años, de nacionalidad colombiana; un hombre de 19 años, de nacionalidad boliviana; y un tercer hombre de 21 años, de nacionalidad argentina, con domicilio en la ciudad de Tartagal.

Durante la requisa, se constató que los dos ciudadanos extranjeros portaban armas de fuego: uno de ellos llevaba una pistola calibre 9 mm con numeración limada y municiones, mientras que el otro tenía un revólver calibre 38 con cartuchos y vainas servidas.

En el transcurso del procedimiento policial, y mientras se llevaban a cabo las medidas de control y secuestro, dos de los involucrados realizaron manifestaciones de forma espontánea, sin mediar interrogatorio, en las que refirieron haber ingresado desde Bolivia con el objetivo de retirar motocicletas de presunto origen ilícito, señalando que el ciudadano argentino domiciliado en Tartagal cumpliría funciones de guía para el cruce fronterizo.

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, desde la Fiscalía se dispuso de manera inmediata el secuestro de las dos motocicletas, los teléfonos celulares y el dinero en moneda nacional y extranjera. 

Asimismo, en atención a la gravedad de los hechos, el fiscal Cazón solicitó la correspondiente orden de detención de los tres hombres. Sin embargo, el juez de Garantías Fernando Mariscal Aztigueta resolvió denegar la medida, disponiendo únicamente la identificación simple de los acusados.

A posterior de lo resuelto judicialmente, se informó que los involucrados registran causas denunciadas en la ciudad de Tartagal, motivo por el cual el fiscal de Salvador Mazza derivó las actuaciones a la Fiscalía Penal de esa jurisdicción, a fin de garantizar la continuidad de la investigación.

Restituyen un inmueble usurpado por 120 personas en Salvador Mazza

En el marco de una investigación por usurpación y amenazas, el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, solicitó la medida judicial que permitió el desalojo y la restitución de un inmueble de siete hectáreas, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Judicial del Norte – Tartagal.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, en el marco de una causa por usurpación y amenazas, solicitó la medida judicial que derivó en el desalojo y restitución de un inmueble, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Judicial del Norte – Tartagal.

La resolución fue dictada por el juez Héctor Fernando Mariscal Astigueta y se ejecutó en un predio ubicado en el barrio Ferroviario, zona oeste de la Finca Sauzal del Itaguazú, con una superficie aproximada de siete hectáreas, correspondiente a los lotes N° 3 y 4, restituyéndose el bien a su titular registral.

De acuerdo a la investigación, en el lugar se encontraban alrededor de 120 personas, quienes manifestaron integrar aproximadamente 80 familias. 

El procedimiento se inició a las seis de la mañana, con intervención de la Policía de la Provincia, que dio lectura a la orden judicial y avanzó en el despeje del predio sin registrarse incidentes, ya que una parte significativa de los ocupantes se retiró de manera voluntaria, desmontando estructuras precarias y trasladando sus pertenencias con medios propios y con el apoyo logístico de la Municipalidad de Salvador Mazza.

En la ejecución de las medidas, se dio  intervención previa a organismos de protección de derechos, como el área de Bienestar Social municipal, la Asesoría de Incapaces y otros organismos competentes, en cumplimiento del principio del interés superior del niño, conforme la normativa vigente y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

El operativo contó además con la colaboración de bomberos voluntarios y personal municipal, y finalizó cerca del mediodía, sin que se registraran personas lesionadas ni hechos de violencia.

Por disposición del fiscal Cazón, se implantó una consigna policial fija en el lugar, a fin de resguardar el inmueble hasta que el propietario concrete su cierre definitivo y prevenir nuevas ocupaciones.

Aguaray: Recalifican un hecho de violencia como tentativa de homicidio en banda y la causa pasa a la UGAP

Un joven de 33 años permanece internado en estado crítico tras una brutal agresión ocurrida el 23 de noviembre en Aguaray, por la cual la Fiscalía Penal de Salvador Mazza resolvió recalificar la causa y remitirla a la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, informó que, en el marco de las actuaciones por los hechos sucedidos en la localidad de Aguaray que culminaron con un joven hospitalizado, se resolvió recalificar la causa y declinar la competencia a la Fiscalía penal especializada UGAP (Unidad de Graves Atentados contra las Personas) por corresponder la materia a su ámbito de intervención.

La investigación se inició bajo la calificación de lesiones graves en banda, en grado de coautoría. Sin embargo, tras el análisis pormenorizado de las constancias incorporadas —declaraciones testimoniales, informes médicos, registros videográficos y actuaciones policiales—, el fiscal Cazón determinó que corresponde recalificar el hecho como homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso real con privación ilegítima de la libertad y lesiones graves y gravísimas, todo ello en grado de coautoría.

La imputación provisoria recae sobre tres detenidos, mientras que sobre un cuarto sospechoso pesa un pedido de captura solicitado al Juzgado de Garantías 2 y aún pendiente de resolución.

La Fiscalía destacó que dos de los imputados fueron registrados por cámaras de seguridad del aserradero donde, según testigos, habrían dejado a la víctima, un hombre de 33 años, debajo de un camión. Personal policial aportó además un audio en el que ambos imputados se dirigen al damnificado en ese momento, sin que este pudiera responder debido a su estado.

El fiscal Cazón señaló que, pese a la versión ofrecida por la defensa técnica de uno de los involucrados registrados en el video —quien aseguró que la agresión habría surgido de una discusión puntual y que los hechos resultarían menos graves—, dicha manifestación no se corresponde con la realidad acreditada.

Los informes médicos y la evidencia recabada descartan esa explicación y confirman que la víctima fue sometida a una golpiza brutal. Asimismo, consta en el expediente que un tercer sujeto se encontraba en la parte trasera de la camioneta cuando los acusados trasladaron y luego abandonaron al joven en el aserradero, desde donde fue posteriormente registrado por cámaras retirándose herido.

Las pericias realizadas por personal del CIF Tartagal y Orán aportaron elementos relevantes, entre ellos la detección mediante luminol de manchas con aspecto sanguinolento en cuatro sectores de la camioneta vinculada a los imputados, habiéndose solicitado la verificación de su origen para el cotejo correspondiente. 

Se encuentran incorporados al legajo videos con cadena de custodia aportados por la Policía, materiales ofrecidos por una defensa técnica, testimoniales de testigos, certificados médicos, la solicitud de secuestro de celulares, pendrives con registros audiovisuales y otras actuaciones complementarias.

En cuanto al estado de la víctima, la médica del CIF Orán informó a la Fiscalía el 3 de diciembre, que el joven permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Vicente de Paúl de Orán, con diagnóstico de politraumatismo, trauma cerrado de tórax, contusiones pulmonares bilaterales y asistencia respiratoria mecánica, todo ello con pronóstico reservado. Las lesiones son compatibles con golpes propinados con o contra un elemento romo, duro y contundente, y presentan un tiempo de curación e incapacidad superior a 30 días, con riesgo de vida. 

El hombre fue derivado inicialmente al Hospital de Aguaray y posteriormente trasladado a Tartagal y a Orán debido a la gravedad de su cuadro, según consta en los partes médicos remitidos por profesionales del servicio de UTI.

En base al material probatorio recabado durante la investigación, la Fiscalía presentó ante el Juzgado de Garantías la prórroga de la prisión preventiva de los detenidos, mientras se aguarda la resolución sobre la detención del cuarto involucrado. 

En virtud de la gravedad del hecho, el estado crítico de la víctima, la evidencia reunida y la calificación legal correspondiente, se formalizó la declinación de competencia a la Fiscalía Penal UGAP, a fin de que continúe con la investigación.

 

Aguaray: Tres imputados por lesiones con ensañamiento tras un hecho de violencia grupal que dejó a la víctima en estado delicado

Aguaray: Tres imputados por lesiones con ensañamiento tras un hecho de violencia grupal que dejó a la víctima en estado delicado

El hecho dejó a un hombre gravemente lesionado, cuya salud se encuentra comprometida tras ser derivado al hospital de Orán e intervenido quirúrgicamente.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó provisionalmente a tres hombres por el presunto delito de lesiones agravadas (art. 92 en relación a los arts. 89, 80 inc. 2 y 48 del Código Penal), en grado de autor y en banda. 

La investigación se originó por hechos ocurridos el pasado 23 de noviembre, en la localidad de Aguaray, que culminaron con un joven hospitalizado. En la audiencia de imputación, los tres detenidos dieron su versión de los hechos, y el fiscal solicitó al Juez de Garantías de Turno el mantenimiento de la detención.

Según la denuncia presentada ante la Comisaría 40, alrededor de las 07:00, un joven fue encontrado lesionado sobre el ripio de la Avenida Celso Testa, antes de su intersección con Avenida Mariano Moreno. El hallazgo fue realizado por una joven, quien dio aviso inmediato a su padrastro, trasladando en su vehículo a la víctima a su domicilio. 

Allí, la madre del joven constató que presentaba múltiples lesiones, pérdida de sangre y dificultad respiratoria, por lo que fue derivado al hospital de Aguaray, luego al Hospital Juan Domingo Perón, y finalmente a la ciudad de Orán, donde ingresó al quirófano y se le realizaron estudios que revelaron coágulos internos y la sospecha de fracturas costales, requiriendo nuevas evaluaciones médicas debido a su evolución desfavorable.

De acuerdo con la denuncia, la víctima pudo comentar a su madre que se trasladaba con otros tres masculinos y que, al detener el vehículo, fue obligado a descender, momento en el que los agresores comenzaron a propinarle patadas y golpes con un palo mientras se encontraba en el suelo, dejándolo inconsciente. Los autores se dieron a la fuga en el vehículo, aunque dos de ellos fueron identificados y detenidos.

En el avance de la investigación, el fiscal Cazzón solicitó diversas medidas probatorias, entre ellas informes médicos ampliatorios, pericias de criminalística en el lugar del hecho, incorporación de registros fílmicos y testimonios de vecinos o transeúntes, inspecciones oculares, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, secuestro y peritaje del vehículo utilizado por los acusados y toda otra diligencia necesaria para determinar responsabilidades penales.

El fiscal Cazzón señaló que los actos de violencia cometidos por jóvenes y en grupo son preocupantes, y que debe actuarse con todo el rigor de la ley, no solo para garantizar la responsabilidad penal de los autores, sino también para desalentar la repetición de este tipo de conductas.