Doble femicidio de las ciudadanas francesas: Citaciones para extracción de muestras para cotejo de perfiles genéticos

A fin de cotejar el perfil genético femenino obtenido por los expertos de la República Francesa, a partir de los estudios realizados en ese país, la Unidad Fiscal interviniente cursó citaciones a un grupo de mujeres con el objeto de obtener  muestras biológicas para su análisis comparativo.

La medida permitirá corroborar o descartar una posible contaminación en laboratorio, o en su caso, avanzar en diferentes líneas de investigación.

Entre las personas citadas se encuentra la médica legista que practicó la autopsia, así como operadoras y genetistas del laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, quienes aportaron sus perfiles en la última visita realizada por la Unidad Fiscal, y personas del entorno del condenado por el hecho y del resto de los imputados.

La totalidad de las personas citadas compareció voluntariamente, con excepción de la pareja de Santos Clemente Vera, quien tampoco justificó formalmente su inasistencia.

Una vez procesadas las muestras genéticas obtenidas en estas citaciones, se realizarán los cotejos con el perfil femenino obtenido en los estudios efectuados por los expertos de Francia.

La Unidad Fiscal aclara que estas diligencias no se realizarán sobre los remanentes de muestras recientemente trasladadas desde el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, respecto de las cuales se analiza la posibilidad de realizar otros estudios genéticos con participación y colaboración con las autoridades judiciales de Francia.

Para esto último, se trabaja en la conformación de una comisión que viajará a Francia para tomar contacto con el laboratorio de ese país que obtuvo, a partir de sus estudios, el perfil genético.

Por último se informa que los dos perfiles masculinos apartados por este laboratorio a la fecha no se encuentran completos, lo que impide su cotejo.

Comunicado de La Unidad Fiscal relativo a la declaración del señor Jean Michel Bouvier

La Unidad Fiscal Especial, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, que interviene en la investigación del homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, aclara que, a los fines de hacer efectivos los derechos que le asisten como víctima y de conformidad con lo establecido por los arts. 98 y 99 del Código Procesal Penal, el señor Jean M. Bouvier fue citado y se le recepcionó declaración testimonial durante los días 9 y 10 de marzo de 2026, acompañado en ese acto por personal de la Embajada de Francia.

En su compromiso inquebrantable con la continuidad de las investigaciones y su predisposición a aportar y colaborar con tal fin, el señor Jean Michel Bouvier ha decidido, al menos por el momento, mantener reserva y no realizar declaraciones a los medios de prensa sobre el contenido de lo expuesto ante los fiscales, decisión que será acompañada y, desde luego, respetada por el Ministerio Público Fiscal, especialmente al tratarse de una víctima de tan aberrante hecho criminal y considerando el amplio marco normativo vigente de protección a las víctimas y de salvaguarda de sus derechos ante las instancias judiciales.

La Unidad Fiscal desea aclarar que el señor Bouvier no ha solicitado ni instado que se cite a prestar declaración a personas que ejercieron jefaturas de Estado, tanto en la República Argentina como en la República de Francia, a la fecha en que ocurrieron los hechos.

La Unidad Fiscal Especial recibió el testimonio de Jean-Michel Bouvier en la causa por los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni

El hecho ocurrió en 2011 y actualmente se desarrolla una nueva etapa de investigación bajo la intervención de una Unidad Fiscal Especial.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Especial por los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, en el día de hoy se recibió testimonio a Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, quien realizó un extenso y pormenorizado relato en relación con distintos aspectos vinculados a los hechos y al proceso de búsqueda de esclarecimiento del caso. 

La audiencia se extendió durante toda la mañana de hoy en sede fiscal y continuará este martes 10, conforme a lo dispuesto por los fiscales intervinientes.

La Unidad Fiscal Especial está integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, quienes vienen trabajando de manera sostenida desde su conformación, por disposición del procurador general de la provincia Pedro García Castiella, bajo un esquema de abordaje integral de la investigación.

En ese sentido, se realiza un análisis técnico del material producido en la causa original, junto con la aplicación de nuevas herramientas científicas y métodos contemporáneos de investigación penal. Este enfoque permite revisar la estructura probatoria reunida en 2011, verificar la consistencia y trazabilidad de la evidencia incorporada y, al mismo tiempo, ampliar el alcance de las líneas de trabajo mediante procedimientos actualizados que no estaban disponibles al momento de los hechos.

En este marco, cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal gestiona el traslado a Francia de fiscales y especialistas en biología molecular para la realización de diversas diligencias vinculadas con la investigación.

 

El Ministerio Publico Fiscal gestiona el traslado a Francia de Fiscales y especialistas en biología molecular por la investigación por el crimen de las ciudadanas francesas

El Ministerio Publico Fiscal gestiona el traslado a Francia de Fiscales y especialistas en biología molecular por la investigación por el crimen de las ciudadanas francesas

El exhorto internacional fue solicitado por la Unidad Fiscal el 5 de febrero de 2026 y autorizado y librado el 9 de febrero del mismo año por el Juzgado de Garantías 1 de la ciudad de Salta, a cargo de la jueza Ada Zunino. A través de la Cancillería de la Nación, fue remitido ese mismo mes a las autoridades judiciales de Francia, encontrándose a la espera de la correspondiente respuesta formal.

En los términos del artículo 185 del Código Procesal Penal y del artículo 2, inciso b), del Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal suscripto con el Gobierno de la República Francesa, los Fiscales solicitaron el libramiento de un exhorto internacional con el objeto de habilitar su traslado, junto a especialistas en biología molecular, para la realización de diversas medidas investigativas en dicho país.

De manera estimativa y conforme a lo anticipado de modo informal, ya se habría asignado una jueza en París para la tramitación del exhorto y de las gestiones procesales propuestas. En consecuencia, el traslado de fiscales y especialistas en biología molecular podría concretarse en los próximos días, una vez que el tribunal francés confirme la fecha correspondiente.

Las medidas dispuestas por la Unidad Fiscal a realizarse en Francia, tienen como objetivo principal recibir declaración testimonial a los expertos que llevaron adelante pericias en Francia, con el propósito de analizar las conclusiones obtenidas y contrastarlas con las pericias realizadas en Argentina. Las diferencias más relevantes se vinculan con los análisis genéticos y con las estimaciones sobre la data de la muerte de las víctimas.

Asimismo, se requirió autorización para que los Fiscales, acompañados por personal del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, puedan inspeccionar el laboratorio donde se realizaron las pericias y conocer en detalle las técnicas utilizadas al momento de su ejecución. No se descarta, además, la posibilidad de efectuar nuevas pruebas genéticas, en caso de que la conservación de las muestras lo permita y atendiendo a los avances tecnológicos disponibles.

También es intención de los Fiscales recibir declaración testimonial de los familiares de las víctimas, lo que así fue requerido.

La Unidad Fiscal solicitó que las medidas mencionadas puedan realizarse entre el 9 y el 13 de marzo de este año, y requirió a las autoridades judiciales francesas la realización de las diligencias necesarias para posibilitar la celebración de las audiencias, encontrándose a la espera de la correspondiente respuesta.

Por la misma vía, se requirió la remisión de copia íntegra del expediente tramitado ante las autoridades judiciales francesas, con la finalidad de verificar si contiene información relevante que pueda ser incorporada a esta nueva etapa de la investigación y que no haya sido considerada durante la instrucción formal.

Cabe destacar que el Ministerio Público Fiscal de Salta dispuso la creación de una Unidad Fiscal Especializada para continuar con la investigación del crimen de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, y se encuentra conformada por la fiscal penal  María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios (UFEM);  el fiscal penal de Transición, Pablo Rodrigo Paz; el fiscal penal UGAP,  Gabriel González, y el fiscal penal Daniel Espilocín.

El MPFS recurre a la Corte para que se revise el fallo que redujo la condena de Patricia Argañaraz y otros involucrados en maniobras fraudulentas en la ADP

En noviembre de 2024, Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), y Ana María Cerezo, tesorera, fueron condenadas a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional.

El Fiscal de Impugnación interino en feria, Daniel Espilocín, interpuso ante la Corte de Justicia de Salta, con fecha 21 de enero de 2026, un Recurso de Queja, a fin de que deje sin efecto la Sentencia de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que denegó el Recurso de Inconstitucionalidad oportunamente presentado por la titular de la Fiscalía de Impugnación, Mónica Poma, contra la decisión de ese mismo Tribunal que redujo las condenas a los ex integrantes de la Agremiación Docente Provincial.

En fecha 25 de noviembre de 2024. el Tribunal de Juicio Sala VI, a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos representada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, condenó a Patricia del Valle Argañaraz y a Ana María Cerezo a la pena de seis años de prisión de ejecución efectiva, por resultar penalmente responsables de los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (26 hechos), todo en concurso real, en carácter de coautoras. Asimismo condenó a Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por resultar responsables de los delitos de administración fraudulenta, en carácter de partícipes necesarios, y de estafas reiteradas, en carácter de coautores.

Tras los recursos interpuestos por las defensas de los imputados, que solicitaban su absolución, la Sala IV del Tribunal de Impugnación los rechazó, aunque entendió que los veintiséis hechos de estafa atribuidos constituyen un único hecho de estafa continuada, el cual concurre realmente con el delito de administración fraudulenta, todo ello en los términos del art. 55 del Código Penal. En consecuencia, fijó la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, para Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo; la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para Raúl Dante Argañaraz; y la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para Nicolás Demetrio Zissi.

El Ministerio Público Fiscal entiende que al reducir la pena impuesta a los imputados, el Tribunal de Impugnación realizó una errónea y arbitraria aplicación de la ley, al no considerar que fueron 26 familias afectadas por las conductas delictivas de los imputados, llevadas a cabo mediante diferentes maniobras de captación de recursos.

La Fiscalía solicita que la Corte declare mal denegado el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal penal Mónica Poma y que, en función de los fundamentos expuestos en el mismo, revoque la sentencia del Tribunal de Impugnación que redujo las penas impuestas a los imputados , manteniendo las que le fueron establecidas por el Tribunal de Juicio.

Orán: El exsecretario del Juzgado de Garantías fue condenado por delitos contra la administración de justicia

Maximiliano Correa, exsecretario letrado del Juzgado de Garantías N.º 2 de Orán, admitió su intervención en dos hechos de cohecho pasivo agravado.

Los fiscales Alda Daniela Murúa, Mariana Torres, Carlos Salinas, y Daniel Espilocín representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia celebrada ante la Sala I del Tribunal de Juicio, donde se homologó un procedimiento abreviado, solicitado por el propio acusado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñaba como secretario letrado del juzgado a cargo del exjuez Claudio Alejandro Parisi, a fin de prestar confesión sobre los hechos investigados.

En dicha audiencia, Correa reconoció haber intervenido en dos oportunidades, aprovechando su condición de funcionario judicial y su relación de amistad con el magistrado destituido, para intermediar en la entrega de sumas de dinero destinadas a que éste otorgara beneficios procesales indebidos a dos imputados en causas tramitadas ante el Juzgado a su cargo.

Como consecuencia, el Tribunal lo condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, en calidad de partícipe secundario de dos hechos de cohecho pasivo agravado, en concurso real.

Además de la pena de prisión condicional, se le impuso la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como empleado público, junto con reglas de conducta, entre ellas la obligación de fijar residencia, someterse al control del Patronato de Presos y Liberados y realizar un curso de ética judicial, cuyo cumplimiento deberá acreditarse en el plazo fijado.

Durante la investigación, la Unidad Fiscal constató que Maximiliano Correa, en su carácter de abogado, intermedió para que el magistrado a cargo del Juzgado recibiera dádivas a cambio de otorgar beneficios procesales indebidos en favor de dos imputados. Entre los hechos confesados se encuentran la concesión de la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, imputado por tentativa de femicidio, y la declaración de nulidad del requerimiento acusatorio, lo que impidió la elevación de la causa a juicio. Asimismo, se incluyó la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien actualmente permanece prófugo, acusado de causar la muerte de una mujer mientras conducía una camioneta, darse a la fuga y hacer desaparecer el vehículo.

El condenado arribó al juicio tras haber permanecido un año y tres meses en prisión preventiva, medida dispuesta ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Cabe recordar que por estos hechos ya fueron condenados Roberto Ortega Serrano, defensor de los imputados mencionados y autor del pago de las dádivas, y Héctor Manuel Alderete, ex empleado de la Defensoría de Violencia de Género, quien también actuó como intermediario.

Resta ser juzgado el imputado Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo como juez de Garantías, quien actualmente cumple prisión preventiva y optó por la realización de un juicio oral y público.

Unidad Fiscal Especial y Embajada de Francia fortalecen cooperación en la investigación por el homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni

En el marco de la nueva investigación dispuesta por resolución de la Procuración General, se llevó a cabo un intercambio institucional para avanzar en la cooperación internacional y en la gestión de diligencias claves para la causa.

Tras la reunión privada que el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, mantuvo con el Agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia, Teniente Coronel Vincent Audon, los integrantes de la Unidad Fiscal Especial que investiga el homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni —los fiscales María Luján Sodero Calvet,  Gabriel González y Daniel Espilocín— junto al Coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero, se reunieron este miércoles 26 de noviembre con el funcionario francés.

Durante el encuentro, los fiscales analizaron en detalle la investigación, destacando los aspectos de particular relevancia. Se subrayó la importancia de la información que se encuentra en Francia, cuyo acceso resulta fundamental para continuar con las diligencias en nuestro país. El Teniente Coronel Audon manifestó su disposición y compromiso para facilitar, en la medida de lo posible, el acceso a dichos datos, resaltando el valor de la cooperación internacional en investigaciones complejas.

Asimismo, se pusieron de relieve los desafíos vinculados a la tramitación de exhortos judiciales internacionales. En este contexto, Audon se comprometió a colaborar para superar obstáculos procesales, ofreciendo su apoyo para agilizar la gestión de diligencias esenciales para el avance de la investigación.

El intercambio permitió fortalecer los canales de comunicación entre la Unidad Fiscal Especial y la Embajada de Francia, consolidando un marco de cooperación para garantizar la eficacia de la investigación y la celeridad en la obtención de información relevante. Los fiscales valoraron especialmente la buena predisposición y el compromiso del funcionario francés, entendiendo que estos esfuerzos conjuntos constituyen un aporte decisivo para el progreso de la causa.