La Fiscalía no sólo avanzó con la imputación de los involucrados, sino que además solicitó la intervención de organismos especializados para trabajar con el grupo familiar de la víctima, al considerar que las redes cercanas cumplen un rol clave en la detección y prevención de situaciones de violencia.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente a un hombre de 40 años y a una mujer de 23 años por distintos hechos ocurridos en el marco de una relación de pareja signada por antecedentes de violencia y por la existencia de medidas judiciales de protección vigentes.
La investigación se inició a partir de actuaciones policiales y permitió establecer que ambos habrían incumplido en dos oportunidades una prohibición recíproca de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
Según consta en el decreto de imputación, el primer episodio ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando los involucrados mantuvieron conversaciones a través de WhatsApp y acordaron encontrarse personalmente en el domicilio de una familiar de la mujer, pese a encontrarse vigente una restricción judicial que les impedía acercarse a menos de 300 metros.
El segundo hecho se registró el 6 de junio, cuando ambos fueron encontrados juntos a bordo de un automóvil sobre la ruta provincial 36, a la altura de Finca La Florida. En el vehículo también viajaban el hijo de ambos, de apenas cuatro meses de edad, y otra persona.
De acuerdo con la investigación, durante el trayecto se produjo una discusión en cuyo transcurso el hombre habría golpeado a la mujer en el rostro, provocándole lesiones constatadas posteriormente por personal médico. Además le habría arrebatado el teléfono celular arrojándolo por la ventanilla del vehículo y ocasionándole daños. Las actuaciones también determinaron que, durante el mismo episodio, la mujer habría agredido físicamente al hombre, causándole excoriaciones en distintas partes del cuerpo.
Por estos hechos, el hombre fue imputado provisionalmente por los delitos de desobediencia judicial en dos hechos, lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, y daños, todo en concurso real. La mujer fue imputada por desobediencia judicial en dos hechos y lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente.
Más allá de las imputaciones, el fiscal Daniel Escalante desarrolló un análisis sobre el rol que puede cumplir el entorno familiar frente a situaciones de violencia. Durante la investigación, familiares cercanos manifestaron haber presenciado episodios de agresión entre los involucrados y reconocieron tener conocimiento de las medidas judiciales que pesaban sobre la pareja. Entre otros testimonios, una prima de la mujer relató haber observado situaciones de violencia dentro de un vehículo, mientras que la madre de la joven señaló que había advertido agresiones físicas e insultos por parte del acusado.
A partir de estos antecedentes, el Fiscal sostuvo que los integrantes del grupo familiar suelen encontrarse en una posición privilegiada para advertir señales de alerta, aportar información relevante sobre la dinámica de violencia y colaborar en la protección de las víctimas.
En ese sentido, señaló que muchas personas sometidas a situaciones de violencia no siempre cuentan con los recursos emocionales necesarios para denunciar o sostener los procesos judiciales, especialmente cuando existen relaciones asimétricas de poder que generan miedo, dependencia o pérdida de autonomía. Sobre esa base, destacó la importancia de fortalecer las redes familiares y comunitarias como herramientas de contención y acompañamiento.
En ese marco, el fiscal Escalante dispuso oficiar a la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad y al Polo Integral de las Mujeres para que desarrollen acciones de concientización y sensibilización dirigidas específicamente al grupo familiar de la víctima, brindándoles herramientas que permitan identificar situaciones de violencia, intervenir oportunamente y acompañar a quienes las padecen.
En su resolución, también citó legislación comparada y antecedentes doctrinarios de distintos países de América Latina que reconocen la posibilidad de que familiares, vecinos o terceros puedan promover mecanismos de protección cuando la víctima no se encuentra en condiciones de hacerlo por sí misma. A partir de ello, planteó la necesidad de profundizar el debate sobre el papel que pueden desempeñar las redes familiares en la prevención de la violencia familiar y de género.
Finalmente, se remitieron las actuaciones al Juzgado de Violencia Familiar y de Género para que evalúe la adopción de medidas complementarias orientadas a un abordaje integral de la situación.
