

Prisión preventiva tras ampliar una imputación por violencia de género




Al finalizar la audiencia, se colocó una tobillera electrónica al agresor y se entregó un dispositivo móvil a la víctima, que permitirán monitorear en tiempo real el cumplimiento de la prohibición de acercamiento.
La auxiliar fiscal Andrea Betiana Gómez, por expresa disposición de la Fiscal Penal Clelia Poma, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 5, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia en la que un hombre de 29 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por distintos hechos de violencia cometidos en perjuicio de su pareja.
El hombre fue considerado autor de los delitos de violación de domicilio, amenazas, desobediencia judicial, hurto simple, daños y tentativa de robo simple, todo en concurso real.
Luego de conocer la prueba reunida por la Fiscalía, admitió su responsabilidad en los hechos y las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. El juez Ignacio Colombo homologó el acuerdo y le impuso la pena.
Desde la Fiscalía se resaltó la resolución de incorporar al condenado al Sistema Único de Monitoreo a Agresores (SUMA), y como parte de esta medida, al finalizar la audiencia, se le colocó una tobillera electrónica que permite conocer su ubicación en tiempo real, mientras que la víctima recibió un dispositivo móvil vinculado al sistema.
El mecanismo funciona mediante dispositivos de rastreo electrónico vinculados y monitoreados las 24 horas por el Centro de Monitoreo, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las restricciones de acercamiento y reforzar la protección de la víctima ante posibles situaciones de riesgo.
La incorporación al SUMA forma parte de las reglas de conducta que el condenado deberá cumplir durante los tres años de duración de la pena. Entre ellas se encuentran la prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima y de ejercer cualquier acto de violencia en su contra.
Además, deberá ingresar al Programa de Abordaje Preventivo y Reeducativo en Varones que Ejercieron Violencia de Género, del Poder Judicial; realizar tratamiento psicológico; y abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la revocación de la condicionalidad de la pena.
Los hechos por los que fue condenado se remontan a 2023, en el marco de una relación de pareja de la que tienen dos hijos menores de edad en común. Desde entonces, se encontraba vigente una prohibición de acercamiento a la víctima.
Pese a la medida judicial, el condenado se presentó en reiteradas oportunidades en el domicilio de la mujer y ejerció actos de control y amenazas, situaciones que se extendieron hasta julio de este año.
En distintos episodios ingresó al inmueble y, en una oportunidad, sustrajo el teléfono celular de la víctima. También provocó daños en puertas y ventanas y profirió amenazas.
La Fiscalía sustentó la acusación en las denuncias y el testimonio de la víctima, los aportes de familiares y otros testigos, las actuaciones policiales y demás elementos incorporados durante la investigación.
Desde la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 5 se destacó que durante el proceso se trabajó junto a la víctima, brindándole espacio de escucha y acompañamiento, y procurando fortalecer las medidas destinadas a garantizar su protección.


El hombre fue declarado reincidente por primera vez. Al momento del hecho mantenía una relación de unos seis meses con la víctima que lo denunció.
La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 5, Clelia Poma, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia en la que un hombre fue condenado a la pena de seis meses de ejecución efectiva por un hecho ocurrido en enero del año pasado, denunciado por su expareja, quien aseguró que la agredió físicamente y le provocó daños en su motocicleta.
El hombre, de 32 años, estaba acusado de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en concurso real con daños.
El hecho ocurrió el 20 de enero de 2025, en la zona sur de la ciudad de Salta, y según la denuncia, la víctima regresaba de un boliche bailable de la zona y circulaba en su motocicleta por la avenida Del Trabajo, cuando fue interceptada por el acusado. El hombre la insultó, la golpeó con puños y patadas y luego dañó el rodado con piedras y puntapiés.
Por esta agresión, la mujer sufrió lesiones en el labio, los brazos, las piernas y el tórax, las que fueron certificadas por el médico legal, con un tiempo de curación estimado en 14 días.
Un informe interdisciplinario de la Fiscalía concluyó que existía un “riesgo alto” de reiteración de hechos de violencia, debido a antecedentes de agresiones físicas, consumo problemático de alcohol y drogas, celos y conductas de amedrentamiento hacia la víctima.
El imputado, quien fue declarado en rebeldía luego de la elevación a juicio de la causa, fue demorado en el marco de otras actuaciones y quedó detenido.
Al día siguiente de su detención se realizó una audiencia en la que se acordó el juicio abreviado, que homologó el juez Antonio Pastrana, y se lo condenó a seis meses de prisión efectiva, al tiempo que se lo declaró reincidente por primera vez.
La Fiscalía basó su acusación en la denuncia de la víctima, los informes de las intervenciones policiales y judiciales, y el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde ocurrió el hecho.

En el marco de los procedimientos constitucionales y legales vigentes, se formalizaron nuevas designaciones en el Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial del Centro.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, tomó juramento a tres nuevos fiscales penales del Distrito Judicial del Centro, en una ceremonia llevada a cabo con la constitución del Colegio de Gobierno, integrado junto a la defensora general, Ada Zunino, y con la participación de los jueces de Corte, Adriana Rodríguez Faraldo, Edith Nallim, Martín Plaza y Gabriel Chiban, el fiscal ante la Corte Eduardo Sylvester, magistrados, funcionarios, legisladores y familiares.
En ese marco, y conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Provincial y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se procedió a la toma de juramento de los profesionales que concursaron para sus respectivos cargos, fueron seleccionados por el Consejo de la Magistratura y designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Mediante decreto N° 139 asumió como fiscal penal del Distrito Judicial del Centro Miguel Martín Ávila; por decreto N° 213 fue designada en el mismo cargo Clelia Poma; y mediante decreto N° 214 asumió como fiscal penal del mismo distrito Esteban Martearena.
Durante el acto, los nuevos fiscales prestaron juramento de desempeñar sus funciones con lealtad y patriotismo, comprometiéndose a observar y hacer observar fielmente la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.