Se trata de penas de cumplimiento efectivo para los imputados, al sostener la Fiscalía en sus alegatos que se probó el desvío de fondos públicos y el incumplimiento de los deberes durante la gestión municipal.
La fiscal penal Claudia Geria, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate seguida contra los imputados, el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Gonza, el ex Secretario de Hacienda de ese municipio, Rogelio Guaymás y el exconcejal Aldo Gonza, en el marco del juicio seguido por delitos contra la administración pública, en una audiencia presidida por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello.
En sus alegatos, la fiscal desarrolló una exposición extensa en la que reconstruyó —sobre la base de prueba documental, pericial y testimonial— un esquema sostenido de manejo irregular de fondos públicos durante la gestión municipal a cargo del exintendente Ernesto Gonza, al que definió como un mecanismo deliberado para sustraer y desviar dinero del erario. “No estamos hablando de una economía familiar, estamos hablando de una economía municipal”, enfatizó al marcar la gravedad institucional de los hechos.
Geria explicó que los imputados, en razón de sus cargos, tenían la administración, percepción y custodia de los fondos públicos, y que fue precisamente en el ejercicio de esas funciones donde —según sostuvo— se concretaron las maniobras investigadas. “Se evadió toda forma de registración para que nadie los pueda controlar”, afirmó, al referirse a la lógica que atravesó las operatorias detectadas.
El eje central de la acusación por peculado se estructuró en torno a distintos hechos que, según la fiscal, evidencian un patrón común: la salida de dinero sin respaldo legal ni registración contable. En ese sentido, describió un sistema de pagos mediante vales y recibos que funcionaba por fuera de los circuitos formales, sin documentación que acreditara el destino de los fondos. “No me cabe duda de que había una salida de fondos sin justificación”, sostuvo ante el tribunal.
A partir de ese mecanismo, indicó que se realizaron entregas de dinero en efectivo sin control, con montos que excedían cualquier práctica administrativa regular y sin correlato en documentación válida. Señaló además que, en muchos casos, la registración era inexistente o se intentaba justificar con comprobantes que no coincidían en fechas ni conceptos, lo que —según su interpretación— revela una operatoria destinada a encubrir el destino real de los fondos.
Otro de los aspectos desarrollados fue la adquisición de bienes con dinero municipal sin cumplir con los procedimientos legales exigidos. En ese punto, remarcó que no existieron actos administrativos, registros patrimoniales ni inventarios que acreditaran la incorporación de esos bienes al municipio, y subrayó que muchos de ellos no fueron entregados a la gestión entrante.
La fiscal también abordó el manejo de fondos con destino específico, particularmente en el marco de programas sociales. Sostuvo que existían partidas transferidas al municipio que no fueron rendidas conforme a la normativa vigente, pese a tratarse de recursos que no podían ser utilizados discrecionalmente. “Era dinero con fines específicos, no se podía disponer libremente”, remarcó.
En relación al estado del patrimonio municipal, la Fiscal hizo hincapié en inconsistencias entre los gastos registrados y la situación real de los bienes, especialmente en el parque automotor. Indicó que se documentaron compras y reparaciones que no se reflejaban en la realidad, lo que —a su criterio— demuestra una disposición irregular de fondos sin contraprestación efectiva.
A ello sumó la existencia de préstamos informales y erogaciones sin respaldo administrativo, prácticas que —según afirmó— no solo contravienen la normativa vigente, sino que refuerzan la hipótesis de un manejo discrecional del dinero público. “Se desvió dinero cuya administración tenían en su poder”, sintetizó.
En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la Fiscal sostuvo que los imputados omitieron de manera reiterada remitir información obligatoria a los órganos de control, impidiendo el ejercicio de las funciones de fiscalización. “No hay una negligencia, hay una intencionalidad en no cumplir con las leyes”, afirmó, al descartar cualquier explicación basada en desorden administrativo.
Respecto de Aldo Gonza, planteó que su intervención fue necesaria en algunas de las maniobras, lo que permitió imputarle participación en el delito, aun sin integrar formalmente el Ejecutivo municipal. En el caso de Ernesto Gonza, además, le atribuyó el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al haber intervenido en un acto en beneficio propio desde su cargo.
La fiscal concluyó que los hechos no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un patrón de conducta sostenido en el tiempo, con una clara finalidad de sustraer recursos públicos y evitar los controles institucionales. En ese sentido, sostuvo que la gravedad de las conductas radica no solo en el perjuicio económico, sino en el daño a la administración pública y a la confianza institucional.
La fiscal Claudia Geria culminó su alegato solicitando siete años de prisión de cumplimiento efectivo para el exintendente Ernesto Gonza, al considerarlo responsable de cinco hechos de peculado, tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.
Para el exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás, pidió una pena de seis años de prisión efectiva por cinco hechos de peculado y dos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también en concurso real.
En tanto, para Aldo Gonza requirió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como partícipe necesario en un hecho de peculado.
Para los tres imputados, la fiscal solicitó además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
En relación a la situación de Ernesto Gonza, señaló que registra una condena anterior, por lo que pidió la aplicación del mecanismo de unificación de penas previsto en el Código Penal.
Finalmente, en función del riesgo procesal y la gravedad de los hechos, requirió la detención inmediata de los tres acusados, medida que quedó sujeta a la decisión del tribunal.
