Se imputó a efectivo del Servicio Penitenciario por golpear en el rostro a un interno

La investigación e intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos se inició a partir de la remisión desde el propio Servicio Penitenciario de las copias de las actuaciones administrativas contra personal que, durante un procedimiento de traslado de un interno al sector Sanidad, lo habría golpeado con mano abierta, ocasionándole un sangrado en la nariz. Sucedió en marzo de este año y el efectivo fue pasado a disponibilidad.

E l fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de severidades agravadas por la violencia, a un subalcaide del Servicio Penitenciario.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 12 de marzo, en el sector de Sanidad de la Unidad Carcelaria N° 1, cuando el acusado, que al momento se desempeñaba como Jefe de Pabellón, le habría dado tres golpes de mano abierta en el rostro, a un internado.

Lo ocurrido se produjo después de un incidente en un pabellón de esa unidad carcelaria, que suscitó que se trasladara al interno hacia el sector Sanidad. Al llegar al lugar, se le ordenó a los efectivos sacarle las medidas de sujeción y fue ahí cuando el oficial subalcaide habría propinado las tres bofetadas al rostro del damnificado.

El informe del enfermero que presenció la agresión física y realizó el examen médico del interno dio cuenta que “se observa sangrado en el tabique nasal, procediendo a realizar limpieza y compresión en dicha zona”.

En las filmaciones de las cámaras de seguridad fija del sector, se visualiza la agresión física de un efectivo de civil hacia un interno que se encontraba con las manos detrás de la espalda, frente a la pared y cerca de una camilla, rodeado de funcionarios penitenciarios y un efectivo, vestido con camisa celeste y pantalón gris. En las imágenes, se observa cómo el individuo vestido de civil golpea al interno en el rostro tres veces, seguido de la intervención de otro funcionario penitenciario que lo separa y lo aparta de la escena.

Tomado conocimiento del hecho por parte de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial, se ordenó el pase a situación de disponibilidad del subalcaide.

Teniendo en cuenta las documentación remitida por la Dirección de la Unidad Carcelaria N° 1, la filmación de la cámara fija, las manifestaciones del personal penitenciario que presenció la agresión al interno, entre otros elementos de convicción reunidos respecto a cómo sucedió el hecho en el que resultó lesionado el damnificado, el fiscal González entiende que constituyen elementos suficientes para imputar, provisionalmente,  al subalcaide.

El fiscal de Derechos Humanos sostiene que el acusado actuó violando la ley y los reglamentos carcelarios, al agredir físicamente al interno penado, cuando éste se encontraba neutralizado, sin oponer resistencia alguna.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y manifestó que presentaría su descargo por escrito.

Requieren juicio para tres policías por vejaciones, encubrimiento y falsedad ideológica

Tres efectivos policiales de la subcomisaría de La Caldera fueron imputados por su participación en un hecho de violencia ocurrido en agosto de 2020. 

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa en la que tres efectivos policiales con revista en la subcomisaria de la localidad de La Caldera al momento de los hechos, fueron imputados por un hecho ocurrido en agosto de 2020.

Florencio Luis Martínez, de 42 años, está acusado de delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autor; Guillermina del Valle Lozano, de 49 años, está acusada del delito de encubrimiento agravado, en concurso real con el delito de falsedad ideológica, en carácter de autora; Ariel Santa Cruz, de 35 años, está acusado del delito de encubrimiento agravado por favorecimiento real al ser cometido por funcionario público, en concurso real con el delito de falsedad ideológica, en calidad de autor.

El requerimiento indica que en la mañana del 29 de agosto de 2020, el damnificado salió de la casa de una amiga y se dirigía a un funeral. En su camino por la avenida General Güemes, de la localidad de La Caldera, fue abordado por un móvil policial que se detuvo frente a él. Dos oficiales, un hombre y una mujer, descendieron del vehículo, mientras el conductor permaneció en el interior.

Según declaró el denunciante, primero le tomaron los datos y le pidieron que se retirara, alegando que estaba causando disturbios en la vía pública. Cuando el hombre quiso hablar, lo tomaron de los brazos y lo subieron al asiento trasero del móvil, siendo trasladado a la dependencia policial local. Una vez en el lugar, se hizo presente el sargento Florencio Martínez, quien estaba de servicio y revestía el rango de cabo en aquel entonces.

Martínez acometió contra la integridad física del damnificado, tomándolo del brazo y haciéndole palanca, lo que provocó que cayera al suelo. Después, le colocó la rodilla en el cuello, mientras le sostenía la cabeza, impidiendo su movilidad. Le propinó un golpe de puño en el rostro, en el ojo derecho, y al incorporarlo, le dio una patada en las costillas y brazos.

El informe emitido por el médico legal da cuenta de las lesiones sufridas por el denunciante: “excoriaciones con inflamación en región parietal y excoriación con equimosis en párpado superior de ojo izquierdo”.

En referencia al accionar de la suboficial mayor Guillermina del Valle Lozano, que por entonces revestía el rango de suboficial principal con revista en la subcomisaría La Caldera, el requerimiento sostiene que en su calidad de funcionaria pública, insertó en un instrumento público una declaración falsa, consignando la manifestación de un testigo, con una versión inexacta de los hechos, que sostenía que el damnificado se había autolesionado en el interior de la comisaría.

Conforme surge de las declaraciones ante el investigador del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) y ante la Fiscalía de Derechos Humanos, el testigo expresó claramente que no conocía al damnificado, ni había presenciado el hecho investigado. No obstante, la suboficial mayor Lozano le pidió que firmara el papel.

De esta manera, sostiene el requerimiento, la suboficial mayor tergiversó la verdad “respecto a las lesiones sufridas por parte del damnificado, desviando la recta administración de justicia y todo esto con el único fin de proteger el accionar violento y abusivo de su compañero, el sargento Martínez, hacia la víctima, incurriendo en conductas penalmente reprochables que atentan contra la confianza depositada en el funcionario público y atentando contra la correcta marcha de la administración de justicia”.

En relación a la acusación al oficial auxiliar Ariel Santa Cruz, quien cumplía funciones de oficial de servicio en la subcomisaría La Caldera al momento de los hechos, dejó constancia en el informe, que el damnificado estando demorado, se golpeaba solo, y que al acercarse observó que presentaba la cara hinchada, un ojo rasguñado y con marcas en la frente.

Santa Cruz indicó, además, a una persona (el mismo testigo al que Lozano hizo firmar la declaración) que se acercó a la dependencia cuando el damnificado se encontraba alterado y violento y que fue quien observó la situación. Fue entonces que el oficial auxiliar le pidió que firmara el papel.

El fiscal de Derechos Humanos estima que su conducta encuadra en los delitos de falsedad ideológica en concurso real y encubrimiento agravado, al haber insertado en un documento público, falsas situaciones, concernientes a un hecho que el documento debía probar y con el fin de desviar el curso de la investigación en contra de personal policial que acometió al denunciante, afirmando situaciones inexistentes, que también dijo haber visto.

Un oficial auxiliar imputado por ejercer violencia institucional y falsear su declaración

Durante el desempeño del personal como policía adicional en el corredor Balcarce, excediendo sus funciones, el acusado le propinó un golpe de puño en la cara al damnificado, para luego privarlo ilegítimamente de su libertad, sin causa legal y por espacio de varias horas. Todo quedó registrado en un video grabado por un testigo.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó de manera provisional y abrió la investigación penal correspondiente, por la presunta comisión del delito de vejaciones agravadas por la violencia, en concurso real con privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, todo en concurso real y en calidad de autor, a un oficial auxiliar.

El hecho denunciado ocurrió en la madrugada del 25 de noviembre de 2022 y, según consta en la denuncia, el damnificado caminaba junto a un amigo por calle Balcarce esquina Necochea cuando varios efectivos, que cumplían funciones de despeje, los interceptaron cortándoles el paso, recibiendo insultos y golpes.

En determinado momento, el acusado le habría propinado golpes de puño en la cara al damnificado, lo que le provocó hematomas en rostro frontal y malar derecho, según consta en el certificado emitido por el médico legal y Hospital San Bernardo.

Testigos relataron que presenciaron un episodio violento por parte del personal policial, que al damnificado lo golpearon, primero a mano abierta y luego a puño cerrado y que, al advertir que uno de ellos filmaba con el teléfono celular el episodio, se lo quisieron quitar, por lo que también fue esposado y demorado.

El análisis de las filmaciones de las cámaras de videovigilancia, ubicadas en Balcarce y Necochea, concluye que “se establece que en la escena intervienen seis efectivos de la Policía de la provincia de Salta. Se observa que la agresión es propinada por un solo policía, se trataría de un oficial auxiliar, como puede observarse en la imagen (…) que es identificado en el video como quien agrede al damnificado”, en referencia al acusado.

En el decreto de imputación, el fiscal González expresa además que, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de autoridad competente, se privó ilegítimamente de la libertad ambulatoria, tanto al damnificado como al tercero que lo acompañaba, a quienes retuvieron en la Comisaría 1, desde la madrugada hasta el mediodía, sin que existiera causa para tal aprehensión.

En relación a la versión de lo sucedido, volcada en el informe policial realizado por el acusado, se advierte que no resulta coincidente con la brindada por el damnificado, el testigo y las filmaciones, tergiversando la verdad respecto al origen de la lesión del denunciante, razón por la cual el fiscal estima que su conducta encuadra en  el delito de falsedad ideológica, en virtud de haber insertado en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debía probar.

Concluye el fiscal penal de Derechos Humanos: “de todo ello surge con claridad meridiana, que el accionar del efectivo policial aquí señalado no fue el adecuado, excediendo sobradamente con su accionar las facultades propias de una moderada actuación e intervención, incurriendo en conductas penalmente reprochables”.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar.

Barrio Norte Grande: Cuatro policías requeridos a juicio por vejaciones

El hecho ocurrió el año pasado en la cancha ubicada al final del barrio Norte Grande. Uno de los acusados incurrió en el delito de falsedad ideológica.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, para el sargento Ramón Horacio Martínez, de 42 años, el sargento ayudante Pedro Alejandro Zelaya, de 36 años, y el cabo Pablo Rolando Tercero, de 38 años, por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia. También para el oficial auxiliar Gustavo Alejandro López, de 28 años, por los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública.

La tarde del pasado 21 de julio de 2022, los tres damnificados se encontraban en un santuario del Gauchito Gil de barrio Norte Grande preparando un asado, cuando los cuatro efectivos de civil pertenecientes a la División Infantería, que hacían ejercicios en la cancha cercana al centro vecinal, se enfrentaron verbalmente. Luego se acercaron a los tres hombres, agrediéndolos físicamente con golpes de puño y patadas, para luego retirarse sin brindar ningún tipo de auxilio. Los damnificados fueron traslados por un vecino al hospital San Bernardo, constatándose que dos de ellos resultaron lesionados como consecuencia de la brutal golpiza.

Conforme al informe médico, uno de los hombres presentaba escoriación de flanco izquierdo, equimosis en párpado superior derecho, escoriación en dorso de pie izquierdo, equimosis en región frontal derecha y en el abdomen parte derecha. El otro damnificado sufrió politraumatismo, según consta en historia clínica.

En los fundamentos de la acusación, el fiscal González sostiene que los imputados, siendo funcionarios policiales, incurrieron en un abuso funcional ilegítimo respecto de la persona de dos de los damnificados, quienes se encontraban en la vía pública.

En el requerimiento, el Fiscal penal de Derechos Humanos manifiesta que corresponde acusar al oficial auxiliar Gustavo Alejandro López por el delito de falsedad ideológica, en perjuicio de la fe pública, el que concurre en forma real con el de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, dado que el imputado insertó manifestaciones falsas en un instrumento público, concernientes a un hecho que el documento debía probar.

Entre la prueba ofrecida por el Fiscal, se cuentan denuncias penales, informes policiales, certificados médico-legales, informes del CIF y diferentes testimoniales. Además, se verificó que dos de los acusados registran antecedentes por otras causas en trámite por el delito de vejaciones agravadas.

El fiscal González concluye el requerimiento sosteniendo que la violencia institucional conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que por sus responsabilidades y obligaciones se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional,  y necesario no verificando dichos supuestos en la causa, concluyendo que una práctica sistemática y de esta naturaleza se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Violencia Institucional: Elevaron a juicio la causa contra Gustavo Orozco y once policías

El Juzgado de Garantías 7 elevó a juicio la causa que se sigue contra Gustavo Orozco y otros once policías, acusados de distintos delitos de violencia institucional.

El jueves 23 de febrero pasado, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, fue notificado de la elevación a juicio de la causa que se sigue contra doce policías por cinco actuaciones que se tramitan conjuntamente en esta fiscalía.

El fiscal González había solicitado la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, en junio de 2022, para Gustavo Orlando Orozco, Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel por los delitos de imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.

En la resolución emitida, el Juzgado de Garantías 7, a cargo interinamente de la jueza Claudia Puertas, ordenó librar oficio a la Mesa Distribuidora Penal del Distrito Judicial de Metán, a fin de que proceda a realizar el sorteo para la designación del Tribunal de Juicio con competencia en Proceso Común.

En oportunidad de la presentación del requerimiento, el fiscal González había brindado detalle de las medidas probatorias que se produjeron durante la etapa de investigación y que generaron los hechos por los que llegan acusados Orozco y otros once policías por diferentes delitos cometidos cuando se desempeñaban como efectivos policiales.

Segunda reunión de intercambio entre el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Fiscalía Penal de DDHH

En el marco de un encuentro realizado por videoconferencia, se profundizó sobre conocimiento, experiencias e investigación de delitos de índole institucional, vinculados a violencia y tortura por parte de fuerzas de seguridad.

Se llevó adelante el segundo encuentro entre la Fiscalía Penal de Derechos Humanos y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre el abordaje integral en la investigación de delitos que encuadran violencia institucional, cometidos por las fuerzas de seguridad en establecimientos penitenciarios y comisarías.

El fiscal penal Gabriel González destacó que el procurador general de la Provincia Pedro García Castiella, mediante la Resolución 1339/22, instruyó a todos los fiscales para que, al detectarse o identificarse supuestos en los que efectivos de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial pudieran violentar derechos fundamentales de personas involucradas en una investigación penal, se proceda a su inmediato y urgente abordaje, mediante la fiscalía especializada.

En el encuentro realizado por videoconferencia, el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos planteó también,  la necesidad de contar con guías y protocolos que prevean la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas. Resaltó, el beneficio  del aprovechamiento de herramientas tecnológicas que favorezcan diligentemente el conocimiento de un hecho ilícito, destacando el sistema de denuncias online del Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que la primera reunión realizada en noviembre de 2022, fue el puntapié inicial para el intercambio de experiencias, tanto en lo que respecta al abordaje de la investigación de hechos judiciales de violencia institucional cometidos por fuerzas de seguridad, encuadrado en torturas y otros tratos y penas crueles e inhumanas; como así también para compartir información acerca de los registros que existen sobre estos hechos.

Fueron parte del segundo encuentro los comisionados Andrea Triolo y Gustavo Palmieri, Gonzalo Evangelista y Agustina Sánchez, por la Dirección de Litigios del Organismo; el fiscal penal Gabriel González y la auxiliar fiscal Celina Morales Torino, en representación del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Condenado en juicio abreviado por tentativa de robo

El hombre había violentado la puerta de una vivienda con intenciones de hacerse de un televisor. Fue sorprendido por sus ocupantes.

El fiscal penal Gabriel González, subrogante en Fiscalía Penal 1, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que la jueza Ada Zunino, del Juzgado de Garantías 1, luego de recibir la confesión de Brian Quiroga, de 21 años, lo condenó a la pena de 2 años de prisión de ejecución efectiva por ser autor penalmente responsable del delito de robo con efracción en grado de tentativa.

El hecho por el que llegó a juicio sucedió cuando el propietario de una vivienda de barrio 15 de septiembre de la ciudad de Salta, recibió una llamada telefónica en la que vecinos le manifestaron que una persona había ingresado al domicilio.

Al dirigirse al inmueble junto a su pareja, propietaria del inmueble, encontraron que la puerta del fondo de la casa había sido violentada y el acusado se encontraba en el interior del dormitorio.

Al ver al denunciante, Quiroga intentó darse a la fuga. Fue en ese momento que su pareja dio aviso al Sistema de Emergencias 911, haciéndose presente el móvil policial, procediendo los efectivos a la demora del acusado, que intentó sustraer un televisor de 21 pulgadas y una bolsa de tela con dos pares de zapatillas.

Alto La Sierra: Tres policías acusados de aplicar métodos de tortura

Son tres los hombres que habrían sido detenidos y luego sometidos a métodos de tortura, tras haber sido acusados de sustraer y faenar una vaca, propiedad de una familia.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de privación ilegítima de la libertad, en concurso real con el delito de imposición de torturas, a tres policías (un sargento y dos suboficiales principales), uno de los cuales además, está imputado también por el delito de falsedad ideológica.

Conforme a las denuncias radicadas por los damnificados, las declaraciones de testigos, certificados médicos, entre otros elementos de prueba, el hecho ocurrió al mediodía del pasado 19 de noviembre cuando dos hombres, padre e hijo, se hicieron presentes en el Destacamento Alto La Sierra, manifestando que les habían sustraído y faenado una vaca, acusando directamente a tres hombres.

Fue entonces que el sargento imputado posteriormente, se trasladó en el vehículo de uno de los propietarios del vacuno, en busca de los sospechosos, incurriendo en conductas ilícitas al privarlos de su libertad sin orden de autoridad competente, ni motivos que justifiquen la aprehensión, trasladándolos desde los lugares donde se encontraban, al Destacamento de Alto La Sierra.

Primero trasladaron a dos personas de las cuales una, no estaba denunciada, y luego al tercer damnificado.

En el Destacamento de Alto La Sierra, encontrándose el jefe de la dependencia y el jefe de guardia, los acusados habrían sometido a los detenidos, a un trato cruel e inhumano, haciéndolos desnudar para agredirlos físicamente con un látigo.

El sargento, habría colocado una bolsa en la cabeza hasta asfixiar a uno de ellos, con el fin de que firme un acta en la que se comprometía a devolverle una vaca a la familia propietaria. A otro, lo habrían desnudado y aplicado latigazos en la espalda para que se hiciera cargo de la supuesta sustracción del animal.

El accionar delictivo habría cesado, cuando dos de los hombres sometidos firmaron el acta en el libro de exposición, logrando el fin para el cual aplicaron los tormentos.

Por su parte, uno de los suboficiales principales imputado, incurrió en el delito de falsedad ideológica en calidad de autor, al insertar en un instrumento público (libro de guardia), declaraciones falsas en las que consignaba que los tres damnificados se retiraron de la dependencia en buen estado de salud, manifestando que no deseaban ser examinados por personal de salud, y que recibieron un trato adecuado durante su estadía en esa dependencia.

Durante la audiencia de imputación, los acusados se abstuvieron de declarar.

Se requirió juicio para un policía por lesiones y falsedad ideológica

El hecho ocurrió en barrio Libertad cuando un efectivo policial ,sin motivo alguno, efectuó tres disparos a la víctima. Posteriormente realizó una falsa declaración.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del Distrito Centro, para el sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca, de 41 años, por los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometido por un miembro de la fuerza de seguridad policial, con abuso de su función y agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con el delito de falsedad ideológica.

En los fundamentos de la acusación, el fiscal González sostiene que se halla lo suficientemente acreditada la existencia del ilícito, y la responsabilidad penal del imputado.

El hecho investigado se produjo en la mañana del 8 de agosto de 2021, cuando el damnificado volvía a su domicilio. Al pasar por la Escuela Juan José Valle, de Barrio Libertad, se hizo presente un móvil policial del que descendió el sargento ayudante Guanca y, sin motivo alguno, procedió a realizarle disparos con el arma reglamentaria 9 mm., ocasionándole lesiones en los dos tobillos.

La víctima, cuyas heridas fueron corroboradas mediante certificado médico e historias clínicas del Hospital San Bernardo, no había realizado acción alguna que habilitara al personal policial a hacer uso del arma reglamentaria y, menos aún, a efectuar disparos.

En el requerimiento, el fiscal González sostiene que la conducta del sargento ayudante encuadraría en la figura penal de lesiones leves, doblemente agravado por abuso funcional y por uso de arma de fuego, puesto que el imputado, en exceso de sus funciones, al ser miembro de las fuerzas de seguridad provincial, causó un daño en el cuerpo del denunciante, mediante el empleo de un arma de fuego, cuando no existía motivo alguno para su utilización.

Afirma, además, que dicha conducta no solo es ilícita, sino también contraria a la normativa que especifica cuándo se puede o no, hacer uso del arma de fuego.

Resulta reprochable, sostiene el fiscal, que a los fines de justificar su proceder, el sargento ayudante Cristian Guanca formuló denuncia, en su calidad de funcionario público, insertando en un instrumento público, una declaración falsa, tergiversando la mecánica de cómo sucedió el hecho, manifestando falsamente que la víctima tenía intenciones de agredirlo, incurriendo en el delito de falsedad ideológica. El fiscal de Derechos Humanos añade en el requerimiento que al damnificado no se le secuestró ningún arma en su poder.

Conforme al informe de la médica del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), quien realizó el análisis de la historia clínica de la víctima, esta ingresó al hospital San Bernardo el 8 de agosto de 2021 con diagnóstico de herida por arma de fuego en ambos tobillos; herida en maléolo tobillo derecho y herida de 0.5 en maléolo lateral tobillo izquierdo. Se hace referencia además, a la extracción de proyectiles, en los registros de enfermería de guardia.

El fiscal González destaca que el hecho se enmarca en un claro caso de violencia institucional, cometida por un efectivo perteneciente a las fuerzas de seguridad, que es también reconocida como una práctica estructural de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario.

Concluye que la violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y obligaciones, se encuentran autorizados en los supuestos legales para hacer uso de la fuerza pública, la que debe ser racional, cuya práctica se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros del Estado y que, como ya se dijo, se advierte en la presente causa.

Reunión de intercambio entre el Comité Nacional Contra la Tortura y la Fiscalía Penal de DDHH

Se trata de una serie de encuentros a través de los cuales se persigue el intercambio de experiencias en lo que a hechos de violencia institucional respecta.

En el marco del seguimiento de las visitas del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura y los informes emanados desde este organismo internacional, se concretó el encuentro de la Directora de Producción y Sistematización de Información del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Bernarda García, y miembros integrantes del organismo, con la Fiscalía de Derechos Humanos, representada por el fiscal penal Gabriel González y la auxiliar fiscal Celina Morales Torino.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, resaltó que la Procuración General de la Provincia dictó en el mes de abril, la Resolución 1339/22, mediante la cual se instruyó a la mencionada fiscalía y a los demás fiscales penales de la provincia, para el pronto abordaje de los casos, cada vez que se identifiquen supuestos en los que miembros de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial violentaren derechos fundamentales de personas involucradas en una investigación penal o que estén bajo su custodia.

Este es el primer encuentro de otros tantos que están previstos, que tuvo como fin iniciar un intercambio de experiencias, tanto en lo que respecta al abordaje de la investigación de hechos judiciales de violencia institucional cometidos por fuerzas de seguridad, encuadrado en torturas y otros tratos y penas crueles e inhumanas, como así también para compartir información acerca de los registros que existen sobre estos hechos.

La reunión se desarrolló con un balance positivo en lo que respecta al trabajo que se viene realizando en pos de la articulación de medidas eficaces para la investigación y sistematización de la información referida a hechos de tortura.

Además, se compartió valiosa información acerca de los protocolos que existen para el monitoreo y seguimiento de los lugares de detención, en diferentes jurisdicciones provinciales que cuentan con registro.

Por su parte, Bernarda García destacó los avances en el abordaje de casos judiciales de Violencia Institucional en Salta. Señal´o que durante su visita el mes de septiembre pasado a diversas dependencias de la provincia, el Comité tomó conocimiento, por parte de personas detenidas, respecto al trabajo que viene llevando adelante la Fiscalía de Derechos Humanos.