El fiscal penal de Derechos Humanos en feria, Gabriel González, presentó ante el Tribunal de Juicio Sala I del distrito Orán, el pedido de revocatoria contra la resolución que disponía la prisión domiciliaria de los imputados Gerardo Ricardo Páez y Carlos David Morales en una causa por torturas.
Cabe recordar que la Fiscalía formuló acusación en contra de Enzo Anagua, Gerardo Páez y Carlos David Morales por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto, Anagua fue acusado, además del delito de falsedad ideológica.
El Tribunal fundamentó su decisión de revocar la prisión preventiva y otorgar la prisión domiciliaria de los acusados, en el hecho de que, tanto Páez como Morales, no podían continuar en el lugar de detención debido a la enfermedad que padecen, a pesar del tratamiento médico y la situación epidemiológica de Covid-19 y Dengue, en la zona.
El pedido de revocatoria de la medida fue elevado el pasado 29 de octubre de 2021 y entre sus considerandos, el fiscal González precisa que el juez había ordenado la realización de una junta médica e informe social, sin haber notificado al Ministerio Público Fiscal, ni al damnificado, a fin de poder proponer peritos de parte.
Al respecto, el fiscal de Derechos Humanos expresó que, conforme a la Junta Médica, el estado de salud de los acusados se agravó no por la falta de atención y medicamentos sino debido al “incumplimiento del plan de alimentación, al sedentarismo y a la ‘toma de conciencia de la adherencia al tratamiento’” y continúa “con lo cual se estima que la falta de cumplimiento del tratamiento médico indicado obedece a una actitud de parte de los mismos acusados, y no a causa de una conducta de falta de colaboración de parte de los encargados de la custodia de los mismos. Con lo cual, el empeoramiento en el estado de salud de los acusados es a causa de una actitud poco colaborativa de los mismos y que no tienen que ver con su actual lugar de encierro”.
En cuanto a la invocación de la situación sanitaria, el fiscal González expresó que no es suficiente para justificar una medida, tendiente a moderar la situación del encierro.
Por último, el fiscal invocó el informe del Servicio Social del que se desprende que, tanto en el caso de Páez como de Morales, no estaban dadas las condiciones para que se les concediera el arresto domiciliario, sobre todo, teniendo en cuenta que el delito más grave por el que fueron acusados es de torturas, ya que permite suponer que, al disponer soltura anticipada o arresto domiciliario, ambos intentarán eludir la acción de la Justicia o entorpecer el desarrollo del juicio.
Es así como en dicho petitorio, la fiscalía de Derechos Humanos solicitó la concesión del recurso de apelación y la elevación del expediente al Tribunal de Impugnación para la revisión de la decisión del Juez y que se deje sin efecto.
