Se requirió juicio para los tres imputados por el homicidio calificado de Jimena Beatriz Salas

Reunidos los elementos de convicción necesarios, la Unidad Fiscal que investiga el hecho, requirió que la causa sea elevada a juicio. La investigación continúa respecto a la intervención de terceras personas de acuerdo a los indicios genéticos recogidos.

La semana pasada, la Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores y el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 3 en feria del distrito judicial del Centro, para Javier Nicolás Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Adrián Guillermo Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

El hecho investigado ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros, donde Salas fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda.

En el requerimiento a juicio, los Fiscales detallan de manera pormenorizada las numerosas medidas probatorias producidas a lo largo de la investigación realizada por la Unidad Fiscal creada en abril de 2022.

En la hipótesis abonada por los Fiscales, se sostiene que los acusados habrían utilizado a la mascota, de propiedad de uno de ellos, para sensibilizar a la víctima, dejándola en estado de vulnerabilidad, lo que fue aprovechado para ingresar al inmueble con fines de sustracción de elementos de valor, situación que derivó en el violento ataque a la mujer con más de un arma blanca, ofreciendo ella resistencia, provocándole múltiples lesiones que derivaron en su muerte.

También se pudo determinar que, días previos al hecho investigado, y desplegando el mismo modus operandi del uso de la mascota para sensibilizar, abordaron a otras mujeres en la misma zona de Vaqueros y que por distintas circunstancias, afortunadamente, no lograron concretar ningún ilícito. En relación a esta situación, se pudo conocer que uno de los imputados brindaba a las mujeres con las que entabló contacto, un número de celular, donde intercambiaba dos dígitos del número de la línea telefónica que tenía a su nombre, según corroboró la empresa prestataria.

Cabe recordar que el perfil genético de uno de los imputados fue confirmado en numerosas muestras recogidas de la vivienda de barrio San Nicolás a través de un informe final elaborado por el Servicio de Biología Molecular del CIF y con la intervención de una perito de control designada por la defensa de los detenidos. A su vez, este informe fue cotejado con un estudio realizado oportunamente en el año 2018 en el Laboratorio Regional de Genética Forense del NOA del Poder Judicial de la provincia de Jujuy y agregado a la causa desde entonces, donde se confirma el resultado de identidad genética.

En relación al perfil genético de este imputado, cabe destacar que tales patrones fueron recogidos en el año 2017 e incorporados a las actuaciones desde aquella fecha. Se considera oportuno señalar que las mismas corresponden a sangre del imputado encontrada en distintos puntos y objetos de la vivienda de barrio San Nicolás, entre ellos, en el hombro de la remera de una de las hijas de la víctima, como así también en acolchado, piso de la cocina, goteo en el pasillo y habitación principal. Ese perfil genético consta en los informes emitidos en la causa desde el año 2017, y fueron remitidos a todas las bases de datos operantes en la República Argentina (Mendoza, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Salta) y al Registro Nacional de Datos Genéticos. Abona la certeza de las conclusiones que en algunas muestras se tratan de perfiles únicos, de un solo individuo y no perfiles mezclados.

Se expone además un informe de la Unidad Especial de Investigación del CIF, de cámaras de seguridad, donde se concluye la presencia de vehículos de propiedad de los imputados, ahora secuestrados, situados en las inmediaciones del lugar del hecho, en día y hora precisa, considerando que los mismos fueron indispensables para la comisión del hecho y para asegurar la posibilidad de rápida huida del lugar.

Se detalla que del curso de la investigación y del análisis de numerosos objetos secuestrados oportunamente a los tres hombres imputados, se pudo determinar la presencia de bienes que habrían sido sustraídos en distintos hechos delictivos. Algunos cometidos con violencia.

Al ser entrevistados los titulares de las tarjetas bancarias, de las tarjetas transporte y de los documentos de identidad secuestrados, manifestaron haber sido despojados de los mismos en hechos delictivos donde en algunos casos aportaron características de sus agresores y en otros, precisaron la identidad de los causantes.

Es así que el acusado Javier Nicolás Saavedra, ya fue imputado en la Fiscalía Penal de Salvador Mazza por hurto calificado por un hecho ocurrido en julio de 2019 en Santa Victoria Este, cuando sustrajeron del domicilio de dos mujeres que desempeñaban tareas sociales en la zona, a través de una ventana, una notebook grande, una netbook, herramientas varias y documentos. Además, se sustrajo una valija en cuyo interior se encontraba una tarjeta bancaria a nombre de una de las damnificadas y que fue encontrada en el domicilio del acusado en Salta en ocasión de los allanamientos realizados durante el año pasado.

En las últimas horas fue imputado en la Fiscalía Penal 1 del distrito Centro por un hecho de robo ocurrido durante el primer semestre de 2018, cuando a una mujer que esperaba el colectivo, le arrebataron una mochila con efectos personales tales como su documento de identidad, tarjeta de SAETA y un celular. El documento y la tarjeta fueron encontrados también en el domicilio del acusado en Salta.

Obran en la causa los informes realizados por el área de Informática del CIF y de la Policía de la Provincia, sobre dispositivos electrónicos e informáticos secuestrados a los acusados y personas cercanas, desde donde se extrae información a través de chats y audios, en relación a manifestaciones concretas de sus allegados, quienes a partir de las fotografías dadas a conocer en diciembre de 2017 por el Ministerio Público Fiscal a través de los medios de prensa, ya manifestaban sospechas respecto a la participación de los acusados en el hecho en relación a los datos de los vehículos y a la mascota exhibida.

En relación a esto, se recibió la declaración de varios testigos de identidad reservada, quienes aportaron datos y confirmaron lo obtenido del análisis realizado, al reconocer en las fotografías incorporadas a la causa, características corporales similares a la de uno de los acusados.

Un informe del Departamento de Criminalística del CIF revela que del cotejo de imágenes y elementos secuestrados en la causa con fotografías aportadas por testigos y obtenidas del celular de la víctima, tienen correspondencia con la imagen de una mascota  y de un par de zapatos y con una mochila y un par de anteojos que se encuentran secuestrados.

Otro elemento probatorio de relevancia lo constituye el informe psicológico realizado a los tres imputados debido a las violentas características del hecho. A través del mismo se pudo conocer que dos de los acusados presentan antecedentes de consumo de sustancias estupefacientes y alcohol, que registran indicadores de peligrosidad y bajo control de sus impulsos en el desarrollo de sus relaciones personales.

Respecto del otro imputado, revela una personalidad con rasgos psicopáticos, narcisista, egocéntrica y carente de empatía, con indicadores de alta peligrosidad, principalmente hacia las mujeres.

Estos y otros elementos probatorios consignados en el extenso requerimiento a juicio, constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

Por su parte, los integrantes de la Unidad Fiscal señalaron que la investigación continúa en relación a la participación de otras personas en el hecho, según surge de los indicios genéticos recogidos en la escena, para lo cual se encuentran en cumplimiento numerosas medidas dispuestas a tal fin.

Jornada de alegatos en el juicio contra ocho policías

El hecho juzgado ocurrió el 19 de diciembre de 2020, durante un procedimiento en un domicilio de barrio Bicentenario de la ciudad de Salta, en el que un hombre resultó con lesiones graves. Durante la última jornada se retiró la acusación contra la efectivo María José Miranda y se dictó su sobreseimiento. 

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra el sargento Aldo Daniel Chauque, el cabo Santiago Delfín Jonatan Alcoba, el suboficial principal Leonardo Corrillo, la cabo María José Miranda, el sargento ayudante Jorge Valdiviezo, el sargento Jorge Alberto Saracho Dermith, el cabo Álvaro Nicolás Guanca y el agente Cristian Cruz, como autores de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto Chauque, Alcoba, y el suboficial principal Leonardo Corrillo, enfrentan además acusación por el delito de falsedad ideológica.

Finalizada la ronda de testimoniales, durante la última jornada, el fiscal González retiró la acusación contra la cabo María José Miranda al alcanzarse el grado de certeza de que no tuvo participación en el hecho investigado y se dictó su sobreseimiento.

Este miércoles desde las 9, al reanudarse la audiencia de debate en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial, se dará lugar a los alegatos del representante del Ministerio Público Fiscal, de los defensores; las réplicas, dúplicas y se escuchara como amicus curiae a representantes del Comité contra la Tortura y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Se espera que tras deliberar, la jueza Mónica Faber dé a conocer el veredicto al finalizar la jornada.

Inicia juicio a policías

Caso Jimena Salas: Revocan la prisión domiciliaria de uno de los imputados

El Tribunal de Impugnación hizo lugar a lo solicitado por la Unidad Fiscal que investiga el homicidio calificado de Jimena Beatriz Salas y declaró la nulidad de la resolución del Juzgado de Garantías interviniente, donde se concedió el arresto domiciliario al mayor de los hermanos imputados por el hecho.

La Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores y el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, presentó oportunamente un recurso de apelación ante la resolución del Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, donde se concedió el beneficio del arresto domiciliario a uno de los tres imputados en la causa.

Los Fiscales fueron notificados en las últimas horas por la Sala III del Tribunal de Impugnación, de la resolución de este planteo, donde se hace lugar a lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal y se declara la nulidad de la resolución del Juzgado de Garantías interviniente y ordena que el acusado sea alojado nuevamente en la Alcaidía General.

 

Caso Jimena Salas: Los acusados vinculados a delitos contra la propiedad y contra las personas

Del avance de la investigación y ante evidencia que vincula a estas personas a otras actividades delictivas, la Unidad Fiscal que investiga el homicidio calificado de Jimena Beatriz Salas, corrió vista a las Fiscalías que por jurisdicción correspondan para que se investiguen estos hechos.

La Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores y el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, informó que del curso de la investigación que llevan adelante y del análisis de numerosos objetos secuestrados oportunamente a los tres hombres imputados, se pudo determinar la presencia de bienes que habrían sido violentamente sustraídos en distintos hechos delictivos.

Al ser entrevistados los titulares de las tarjetas bancarias, de las tarjetas transporte y de los documentos de identidad secuestrados, manifestaron haber sido despojados de los mismos en hechos delictivos donde en algunos casos aportaron características de sus agresores y en otros, precisaron la identidad de los causantes.

Con estos elementos se corrió vista a las Fiscalías que por jurisdicción correspondan a los hechos, para que tomen intervención.

Asimismo, y a partir de la detección de irregularidades o desvíos en la recepción y distribución de donaciones y/o mercaderías provenientes de instituciones de bien público, destinadas a comunidades originarias de Santa Victoria Este, se corrió vista a la Unidad de Delitos Económicos Complejos para que inicie una investigación al respecto.

Caso Centurión: Requieren juicio para 9 efectivos policiales

Los fiscales penales Gonzalo Vega y Gabriel González, en Unidad Fiscal creada para investigar la muerte de un hombre de 29 años que era paciente oncológico y trasplantado, requirieron juicio para 9 efectivos de la Comisaría 45 de Tartagal.

La Unidad Fiscal conformada por los fiscales penales Gonzalo Vega y Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Tartagal para Julio Cesar Martínez y Cristian Adrián Vargas por los delitos de vejaciones, severidades y omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal en perjuicio de Franco Centurión y el correcto funcionamiento de la Administración Pública, al advertirse durante la investigación que dispensaron un trato denigrante contra la víctima al momento de ser alojado en la dependencia policial, haciendo que se quitara la ropa y realizando acciones humillantes y de burla por su aspecto físico.

Para Ernesto Marino Velázquez, Rodrigo Albano Correa, Isaac Silvestre Galarza, Héctor Federico Flores, Marcelo Morales, Carlos Facundo Borjas y Francisco Ramón Espinoza por los delitos de severidades y omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal.

En la acusación, los fiscales Gonzalo Vega y Gabriel González, sostienen que los imputados, dado su carácter de funcionarios públicos, hicieron caso omiso de las medidas dispuestas para garantizar la atención médica del detenido, desatendiendo su salud, según lo dispuesto por el médico que atendía a la víctima. Omitieron el traslado y las acciones tendientes a garantizar que se la administren los medicamentos y atenciones destinados a tratar su dolencia, no dando así cumplimiento a la conducta debida de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos esenciales para una persona privada de su libertad.

Por otra parte, omitieron dar cumplimiento con las obligaciones funcionales que dispone la Resolución 052/99 de la Secretaría de la Gobernación de Seguridad, que dispone en el Capítulo II Sección IV Del Celador, que debe a) velar por la seguridad física y moral de cada uno de los detenidos alojados en la dependencia, e) Registrar en el libro de guardia todas la novedades surgidas en el turno en relación a los detenidos, tales como enfermedades, atenciones médicas recibidas, visitas, etc. Con lo que se verifica el incumplimiento funcional doloso.

En el requerimiento a juicio, los fiscales Vega y González, exponen las medidas probatorias producidas durante la investigación y que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

Caso Jimena Salas: Los tres imputados continúan detenidos

En el marco de la investigación penal llevada adelante por la Unidad Fiscal en la causa por el homicidio calificado de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, se informó que los tres acusados permanecen privados de su libertad por resolución del Juzgado de Garantías en feria, que ratificó su prisión preventiva. Los fiscales destacaron el estado avanzado de la investigación.

La Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores y el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, informó que se está concluyendo con la realización de pericias informáticas, de Criminalística, Genéticas y recepción de testimoniales en el marco de la causa.

Los Fiscales destacaron el estado avanzado de la investigación que llevan adelante para esclarecer la muerte violenta de Jimena Beatriz Salas y ratificaron que se encuentran en cumplimiento todas las medidas dispuestas, tales como pericias genéticas, extracción de información de los numerosos elementos informáticos secuestrados en los domicilios de los imputados y otras.

Explicaron que los tres hombres imputados como autores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, permanecen privados de su libertad con prisión preventiva confirmada por la Sala III del Tribunal de Impugnación en diciembre pasado y ratificada por el Juzgado de Garantías en feria en atención a nuevos elementos probatorios producidos.

Fiscalía de Género intervino de oficio ante un caso de violencia

La intervención se produjo tras informe médico. Se investigó un hecho en el que una mujer resultó lesionada por su pareja.

El fiscal penal de Violencia Familiar y Género 3 interino, en feria, Gabriel González, imputó de manera provisional, por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por el género y desobediencia judicial, en concurso real, a un hombre de 46 años.

Tras constataciones realizadas por personal policial, se le endilga al imputado haber agredido físicamente con golpe de puño a su pareja con quien convive hace 17 años, hecho ocurrido en la madrugada del pasado 30 de diciembre, en un domicilio de barrio San Antonio. Según el relato de la profesional de guardia que asistió a la mujer, ésta le manifestó que su marido en estado de ebriedad, le asestó un golpe de puño.

Las lesiones que sufrió la damnificada fueron constatadas por una médica odontóloga de la guardia del Hospital San Bernardo, quien la asistió el día 9 de enero de 2023, diagnosticando: “trauma facial por violencia de género. Al examen clínico y por imágenes se observa fractura de arco cigomático izquierdo. Se programa cirugía”.

En cuanto al delito de desobediencia judicial del que se lo acusa, se relaciona con la vigencia de las medidas ordenadas por el Juzgado de Violencia Familiar y Género 1, por el accionar del imputado, quien además, padece de consumo problemático de sustancias.

Dadas las características del hecho, del relato de lo sucedido y ante la negativa de la damnificada de radicar denuncia, el fiscal Gabriel González actuó de oficio, por tratarse de una cuestión de interés público.

Para ello, debe considerarse, sostiene el fiscal, que «el Estado argentino, mediante la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), asumió el compromiso de prevenir, investigar y castigar la violencia contra la mujer, de modo tal que la lesión leve agravada, por estar encuadrada en una situación de violencia de género, podría conformar la hipótesis de interés público».

Sobre el imputado pesa el antecedente de una condena de dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de coacción, que data de octubre de 2020, en perjuicio de la damnificada.

Durante la audiencia de imputación, el acusado brindó su versión de los hechos. En tanto, el fiscal González solicitó al Juzgado de Garantías en turno, el mantenimiento de detención e informe psicológico y psiquiátrico.

Jimena Salas: Continúa la producción de medidas probatorias en la causa

Continúan las actuaciones en el marco de la investigación penal llevada adelante por la Unidad Fiscal en la causa por el homicidio calificado de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.

La Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores y el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, informó que se continúa con la realización de pericias informáticas, de Criminalística, Genéticas y recepción de testimoniales.

Los fiscales señalaron que en relación a la recepción de testimonios, se produjo la declaración de una persona que solicitó hacerlo bajo identidad reservada por sentir temor a futuras represalias. Esta persona manifestó conocer que los familiares y allegados de los acusados, sabían que tanto el identikit, los datos sobre los vehículos mencionados en la investigación, como las fotografías dadas a conocer en diciembre de 2017, se vinculaban con la apariencia de uno de los imputados y con bienes de la familia de los mismos.

En relación a la recepción de testimonios aportados por la defensa técnica de los acusados, no se produjo la contribución de información de relevancia para la investigación ya que estos dichos, aluden a circunstancias previas y posteriores al hecho y algunos son ambiguos e imprecisos ante las preguntas aclaratorias concretas formuladas sobre la información brindada. Entre ellos, se produjo una segunda declaración de una mujer que mantuvo una relación de pareja con uno de los acusados, quien en el mismo acto aportó datos de su teléfono celular, incurriendo en numerosas contradicciones y reconoció en las fotografías exhibidas, una silueta similar a la de quien fuera su novio y en la mascota que carga en brazos, a una similar en raza y color a la que tenía la pareja.

En la causa obran además los informes de la Unidad Especial de Investigación respecto al análisis de cámaras de seguridad, donde se concluye la presencia de vehículos de propiedad de los imputados, ahora secuestrados, en las inmediaciones del lugar del hecho, en día y hora precisa, considerando que los mismos fueron indispensables para la comisión del hecho y para asegurar la posibilidad de rápida huida del lugar.

Finalmente se destaca que en el marco de la investigación, se cumplen nuevas pericias genéticas y de extracción de información de los numerosos elementos informáticos secuestrados en los domicilios de los imputados.

Violencia Institucional: Este martes se conocerá el veredicto contra cinco policías

Finalizada la ronda de testimoniales, se dio lugar a los alegatos en el juicio que se sigue contra cinco policías por vejaciones y lesiones en perjuicio de un soldado. Este martes alegarán las defensas técnicas y se conocerá el veredicto.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Mario Alberto Funes, Luis Armando Quispe, Diego Alberto Cachi, Víctor Fabián Díaz y Lucas Daniel González por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones graves en concurso ideal en perjuicio de Néstor Ramón Avalos.

El hecho ocurrió el 29 de julio de 2020, en inmediaciones de manzana 200 del barrio Norte Grande de la ciudad de Salta, cuando los acusados, a bordo de un móvil policial y en su rol de efectivos de la fuerza, efectuaron un disparo con un arma larga que impactó en la víctima, provocándole la pérdida del ojo izquierdo.

El fiscal González en sus alegatos solicitó se imponga la pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación especial por 8 años para el sargento Mario Alberto Funes, para el suboficial principal Luis Armando Quispe y para el sargento ayudante Diego Alberto Cachi. Para el cabo Víctor Fabián Díaz y el agente Lucas Daniel González solicitó 4 años de prisión efectiva y 4 de inhabilitación especial.

También pidió a la jueza Norma Beatriz Vera, la prisión preventiva de los inculpados e inmediata detención, ante un eventual peligro de fuga. La querella adhirió a los fundamentos de la fiscalía.

Este martes, al reanudarse la audiencia, será el turno de alegar de las defensas técnicas de los acusados y se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.

Caso Centurión: Imputaron a dos efectivos policiales tras la muerte de un paciente oncológico

Los fiscales penales Gonzalo Vega y Gabriel González, en Unidad Fiscal creada para investigar la muerte de un hombre de 29 años que era paciente oncológico y trasplantado, reunidos los elementos de convicción necesarios, imputaron a quienes se desempeñaban como Jefe y Segundo jefe de la Comisaría 45 de Tartagal al momento de los hechos.

Los entonces jefe de la Comisaría 45 de Tartagal, de 47 años y segundo jefe, de 43 años, fueron imputados provisionalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 249 del Código Penal, en los términos del artículo 45 del Código Penal.

Los acusados, acompañados de una defensora particular, luego de conocer la imputación en su contra, se abstuvieron de declarar.

Cabe recordar que con fecha 5 de enero de 2021, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, mediante resolución 1298/21, creó la Unidad Fiscal de Investigación destinada a llevar adelante la investigación por la muerte de Franco Centurión de la ciudad de Tartagal.

En la acusación, los fiscales Gonzalo Vega y Gabriel González, sostienen que los imputados, dado su carácter de funcionarios públicos, hicieron caso omiso de las medidas dispuestas para garantizar la atención médica del detenido, desatendiendo su salud. Omitieron el traslado y las acciones tendientes a garantizar que se la administren los medicamentos y atenciones destinados a tratar su dolencia, no dando así cumplimiento a la conducta debida de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos esenciales para una persona privada de su libertad.

En este contexto, el fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, informó que investiga una denuncia realizada en sede fiscal, donde se da cuenta de un hecho ocurrido el pasado domingo 6 de marzo en el domicilio de la familia Centurión. Señalan que personal policial que realizaba un procedimiento, habría lesionado a dos familiares del fallecido.

El Fiscal destacó que ya se dispusieron todas las medidas tendientes a lograr el esclarecimiento de lo sucedido.