Una mujer fue condenada por delitos cometidos en perjuicio de sus dos hijos menores de edad. La investigación de UDIS incluyó declaraciones de las víctimas, pericias psicológicas, testimonios e informes de especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que una mujer fue condenada a diez años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos contra la integridad sexual de sus dos hijos menores de edad.
La condena comprende los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la guarda, abuso sexual simple agravado por el vínculo y la guarda, suministro de material pornográfico y corrupción de menores agravada por la edad, el vínculo y la guarda, con las relaciones concursales establecidas en la resolución
La intervención de la UDIS se inició en febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por una trabajadora social de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, quien tomó conocimiento de una situación de abuso sexual durante el seguimiento de un grupo familiar.
La investigación permitió establecer que la mujer había cometido actos de abuso sexual contra uno de sus hijos, quien tenía 11 años y presentaba una discapacidad intelectual leve al momento del primer hecho.
El niño y sus hermanos se encontraban bajo el cuidado de su abuela paterna, pero algunos fines de semana y durante las vacaciones permanecían en la vivienda de su abuela materna. Fue en ese domicilio, durante uno de esos períodos de vacaciones, donde la mujer cometió los hechos de abuso sexual contra su hijo.
Pese a las medidas de restricción de acercamiento dispuestas respecto de la madre, en marzo de 2026 la misma profesional presentó una nueva denuncia, luego de que el niño relatara otro episodio de abuso sexual ocurrido durante las vacaciones de ese año.
En el transcurso de las actuaciones también se conocieron hechos cometidos contra otra hija de la condenada, quien tenía entre 8 y 9 años cuando fue expuesta por su madre a material de contenido sexual y a una videollamada con un hombre en circunstancias que vulneraron su integridad sexual.
La fiscal Morales Torino reunió diversas pruebas, entre ellas las declaraciones de los niños en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), testimonios de familiares y de profesionales que intervinieron en el seguimiento de la situación familiar, además de informes y pericias psicológicas.
La evaluación psicológica realizada al niño por profesionales del CIF y una perito de parte determinó la presencia de indicadores compatibles con afectación subjetiva y vivencias de daño vinculadas a su intimidad y sexualidad. También se estableció que no presentaba indicadores de fabulación o simulación y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por su edad, su condición intelectual y el vínculo con la acusada.
En cuanto a la niña, la pericia psicológica identificó afectación psíquica compatible con experiencias que vulneraron su intimidad sexual, así como manifestaciones de angustia e hipervigilancia. Las profesionales tampoco advirtieron indicadores de fabulación, simulación o mendacidad.
A ello se sumaron los resultados del análisis de dos teléfonos celulares secuestrados a la mujer, realizado por personal del CIF y de la Unidad de Investigaciones de UDIS, que permitió constatar la existencia de material pornográfico en uno de los dispositivos.
Asimismo, ante los antecedentes de discapacidad intelectual leve de la acusada, se practicaron evaluaciones psiquiátricas e interdisciplinarias que determinaron que su condición no le impedía comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones.
