El hombre de 32 años fue juzgado por haberle solicitado y recibido una suma de dinero a una mujer para hacer valer indebidamente su influencia en la realización de un trámite judicial. Se encontró en su poder además, un documento público falsificado.
La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Javier Figueroa Sarmiento como autor de los delitos de falsificación de instrumento público y tráfico de influencias agravado en concurso real.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una ciudadana del departamento Anta, quien se encontraba realizando trámites judiciales y en oportunidad de comunicarse telefónicamente con la dependencia, habría entablado contacto con el acusado.
El juez Sebastián Fucho, luego de recibir la confesión del acusado y la aceptación de los hechos endilgados, le impuso una pena de 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El hombre fue detenido en la tarde de ayer, durante un operativo encabezado por la UDEC_
El fiscal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Daniel Escalante, imputó provisionalmente a un hombre que fue detenido ayer por los delitos de estafas reiteradas (3 hechos), y falsificación de instrumento público (2 hechos), todo en concurso real.
Durante la audiencia de imputación, el hombre fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. Escalante solicitó su prisión preventiva.
Sobre el hombre –que también se hacía llamar Julio Reinoso y Julián Reinoso-, pesaba una orden de detención anterior emitida por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por incomparecencia a una audiencia debate por dos hechos de estafa que fue solicitada por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.
La UDEC intervino luego de una denuncia en agosto de 2022, en la cual una mujer relató que su hermano le informó sobre un supuesto esquema de entrega de viviendas sociales recuperadas. Otra mujer también fue engañada en abril de 2022 con la venta de terrenos por parte de una persona llamada Julián Gutiérrez, quien afirmaba trabajar en el Gobierno. Además, en 2019, una mujer entregó dinero a un hombre que se hacía pasar por Julián Reinoso, supuesto empleado del IPV, con la promesa de obtener una casa en el Barrio Pereyra Rosas.
Los investigadores de la UDEC descubrieron que los estafadores entregaban documentación falsa con sellos y firmas del IPV para aparentar legitimidad en las transacciones. Tres colaboradores involucrados en los hechos ya fueron citados por la fiscalía.
Se fijó fecha para la audiencia de debate contra un hombre de 32 años que se desempeñaba como empleado judicial, por haberle solicitado y recibido una suma de dinero a una mujer para hacer valer indebidamente su influencia en la realización de un trámite judicial. Se encontró en su poder además, un documento público falsificado.
La audiencia será presidida por el juez Sebastián Fucho y según se fijó, comenzará el próximo 17 de abril.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una ciudadana del departamento Anta, quien se encontraba realizando trámites judiciales y en oportunidad de comunicarse telefónicamente con la dependencia, habría entablado contacto con el acusado.
El acusado, le habría solicitado y recibido una suma de dinero para hacer valer indebidamente la influencia que tendría por su condición de empleado judicial ante un magistrado, con la finalidad de obtener un acto propio de sus funciones, consistente en el dictado de una resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia y habría falsificado un instrumento público.
Como resultado del allanamiento en uno de los domicilios se detuvo a un hombre de 36 años y se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.
El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, conjuntamente con el Grupo Investigativo 4B, tomó intervención en una investigación cuya carátula inicial consiste en falsificación de instrumento público y usurpación de título, en concurso real y que involucra a un hombre de 36 años.
Mediante un patrullaje virtual por diferentes redes sociales, se localizó en la red social “Telegram” la existencia de un grupo abierto al público, en el que se vendían recetas para la compra de medicamentos y se expedían certificados aparentemente apócrifos, para justificar ausencias laborales.
Durante el procedimiento realizado con previa autorización del Juzgado de Garantías 3, se allanaron dos domicilios ubicados en Pasaje Tineo al 1400, y en Villa María Ester.
En el primer domicilio, se detuvo al hombre de 36 años, se secuestraron prendas, recetas apócrifas, blisters de pastillas, teléfono celular y computadora, dinero en efectivo y sello apócrifo de titular médica, con tinta y almohadilla. En tanto, en el segundo domicilio, el procedimiento arrojó resultado negativo.
El Jefe de Derivaciones de la obra social provincial, que fue detenido ayer, fue asistido por un abogado particular durante la audiencia y se abstuvo de declarar
La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos
(UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó este viernes a Pablo Federico Anze
por fraude a la administración pública (22 hechos), concusión y falsificación
de instrumento público, todo ello en concurso real.
Anze, que fue detenido ayer por pedido de Salinas Odorisio
durante un allanamiento realizado en su domicilio, concurrió a la audiencia de
imputación con su abogado particular y se abstuvo de declarar.
El 21 de septiembre pasado, las autoridades del Instituto
Provincial de Salud de Salta radicaron una denuncia en contra del Jefe de
Derivaciones del IPSS. A partir de allí, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio
inició una investigación que permitió detectar distintas maniobras que
realizaba Anze engañando a los afiliados del IPS con dinero para provecho
propio por sumas superiores a los $500.000.
Los investigadores del CIF lograron determinar que el
hombre, que se desempeñaba como Jefe de Derivaciones del seguro de salud desde
hace un año (aunque trabajaba en el área desde hace cinco), solicitaba a los
afiliados dinero en efectivo o a través de depósitos o transferencias bancarias
a su cuenta, en concepto de copago o coseguro por el servicio de traslado.
El acusado, que se ganaba la simpatía de las víctimas, les
manifestaba que él se encargaría de ingresar el dinero en el IPSS y de esa
manera se ahorraban tener que hacer el trámite en caja. Como prueba, les
entregaba recibos con sellos apócrifos. Todos los papeles eran remitidos,
firmados, a la Gerencia de Seguros Sociales, que es el área que debe controlar
a ese sector.
Hasta el momento se pudo determinar que 22 personas fueron
víctimas de estas maniobras y quedaron registradas en las conversaciones que
Anze tenía por whatsapp con los afiliados a fin de brindarles instrucciones
sobre cómo debían proceder.
Al ser descubierto por las autoridades del IPSS, Anze se
comunicó con las víctimas e intentó devolverles el dinero, hecho que fue
consumado en una sola oportunidad.
Por otra parte, los investigadores determinaron que en
octubre de 2020, Anze exigió a una afiliada 2.000 dólares para que pudiera
trasladar en avión sanitario a su marido desde Santa Fe a Salta. El hombre le
manifestó que el IPSS exigía el pago de ese coseguro para prestar el servicio,
cuando la obra social no lo requiere, por lo que incurrió en el delito de
concusión y falsificación de instrumento público, toda vez que el acusado
exigió sin derecho alguno una suma de dinero a la víctima, haciendo entrega en
ese acto de una factura falsa.
El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Norte-Orán, rechazó la oposición y el cambio de calificación instada por la defensa de los acusados y ordenó la remisión a juicio de la causa en la que once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, fueron imputados por la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves y falsificación de documentos públicos. Interviene el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González.
De las tareas investigativas, surgió que los imputados citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán. Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.
Con los elementos reunidos durante la investigación llevada adelante por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, fueron imputados el oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez alias “Caimán” y Carlos David Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal.
El oficial Enzo Anagua también fue imputado por el delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al Supermercado Comodín a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que incriminara.
Tras las detenciones producidas el 29 de abril, fueron posteriormente imputados el sargento Pedro Daniel Smiter y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal, ya que los mencionados, en ejercicio de un acto de servicio, citaron a la víctima para que prestara declaración testimonial por el robo y una vez allí, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante.
El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.
Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.
Por último, fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien se encontraba en el momento del hecho a cargo de la dependencia; el oficial Jesús Tárraga, quien se encontraba como oficial de servicio; el sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, quienes se desempeñaban como jefes de Guardia; y los sargentos Rodolfo Guerrero y Fredy Martínez, quienes se desempeñaban como cabos de guardia; por el delito de omisión de evitar el delito de tortura, ya que surgió del registro del libro de guardia y novedades de la dependencia policial, que estuvieron al momento en que sucedieron los hechos, sin que pudieran desconocer lo que estaba ocurriendo, porque los detenidos que se encontraban alojados en la Brigada 2, manifestaron que vieron a Páez, Calleja, Smiter y Anagua llevar a un hombre hacia la habitación de atrás que está en el patio interno de la dependencia, luego de lo cual escucharon música a alto volumen y después de ello los gritos de dolor de dicha persona.
En su condición de funcionarios públicos tenían la obligación de evitar la comisión del delito de tortura que se les endilga a los otros efectivos policiales, pero no lo hicieron.
El oficial César Pineda y el sargento Fredy Martínez, también fueron imputados por el delito de falsedad ideológica en calidad de partícipes necesarios, que concurre en forma real con el otro delito endilgado, ya que en su calidad de funcionarios públicos firmaron el acta de declaración como testigos.
A raíz de los pedidos de colaboración, la Unidad de Investigaciones del CIF llevó a cabo una serie de diligencias que permitieron identificar a los acusados y recopilar valiosa información para lograr esclarecer los hechos. Durante los procedimientos del pasado 29 de abril, fueron secuestrados el libro de guardia y un automóvil Ford K color gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal, entre otros elementos de interés para la causa.
Violencia Institucional
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, sostuvo que de lo recolectado durante la investigación penal preparatoria, se advierte el despliegue de una práctica de violencia institucional que corresponde erradicar mediante su sanción del sistema policial de nuestra provincia y país, tal compromiso no solo surge de la Constitución Nacional, sino de los tratados específicos de Derechos Humanos, como la Convención contra la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con jerarquía Constitucional, mediante su incorporación en el art. 75 inc. 22, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ley 23652).
La Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.
Por ello, se advierte que a fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que nos permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.
Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.
Téngase en cuenta que la violencia institucional referida, conlleva un plus de reproche por cuanto son cometidas por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y deberes, se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional, y cuya práctica contraria se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros del Estado y que como ya se dijo se advierte en la presente causa.
Y es pertinente traer a colación un párrafo del Considerando en la Sentencia “Bulacio Vs. Argentina” en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “De ahí la importancia de la realización de la justicia. Contra los actos de violencia violatorios de los derechos humanos se erige el orden jurídico (nacional e internacional), para asegurar la prevalencia de la justicia y, de ese modo, extender satisfacción a las víctimas (directas e indirectas)”.
Ambos recibieron penas efectivas por hechos donde publicitaban la venta terrenos que no les pertenecían, recibían dinero de los interesados en carácter de adelanto y luego desaparecían. Uno de ellos incluso señalaba a los damnificados, tener vinculación con Tierra y Hábitat.
El fiscal penal Leandro Joaquín Flores, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Pablo José Yañez como autor de los delitos de estafa (siete hechos), falsificación de instrumento público (4 hechos) y violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia y contra Carlos Pelaez, como partícipe secundario del delito de estafa y violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia.
La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el Juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional a Ramiro Gustavo Rivero, por el delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. El magistrado también lo inhabilitó por seis meses para ejercer cargos públicos.
Surgió de la investigación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.
El instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación, quien refirió que escuchó una sumariante decir “¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?” lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.
Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que al corroborar en el sistema con el número de acta observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.
En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad e indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo, por lo que personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.
El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó por ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.
Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500 y que podría retirar el vehículo en dos semanas.
El dicente aceptó y pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.
Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545.
El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento y fue allí que cuando consultó, se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal y que atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido.
Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa y que por esa razón busco asesoramiento.
Un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a Andrea Cecilia Palacios y Azucena del Valle Ruiz, por la comisión de los delitos de fraude a la administración pública y falsificación de instrumento público, todo en concurso real. Ambas permanecen detenidas.
Un allanamiento realizado este martes 16 en oficinas del Centro Cívico Municipal de Salta, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa y la detención de ambas mujeres.
Del decreto de imputación surge que las acusadas otorgaron un permiso transitorio de habilitación comercial en favor de un hombre para un local comercial ubicado en calle Leguizamón al 1700 de la Ciudad de Salta.
El instrumento resultó ser falso al advertir la titular de la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta que los sellos y firma no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial al Municipio porque no fue abonado el importe correspondiente por dicha habilitación.
Es que la intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo el pasado 11 de junio tras la denuncia radicada por Lucia Inés Zapata Usandivaras, en su carácter de Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta, quien expuso que tomó conocimiento que falsificaron su firma en un permiso transitorio de habilitación extendido el 2 de junio.
La denunciante mencionó que el documento fue falsificado, no solo por la firma y sello apócrifos, sino también por el número de legajo que según la información de sistema “DIC” corresponde a un número de permiso transitorio emitido el 30 de diciembre de 2018 tramitado por el sistema “Salta Activa” y que se encuentra inactivo por falta de respuesta.
También adjuntó la constancia del detalle de sellado por contribuyente de la agencia de recaudaciones de la Municipalidad, en el que no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.
Se aclaró que para la extensión del Permiso Transitorio, el ciudadano que lo solicita y cuyo legajo se encuentre en condiciones debe abonar un sellado, cuyo valor se determina sobre unidades tributarias y que varía según la cantidad de días, de vigencia por el que se extienda, en este caso si se hubiere abonado el sellado, el mondo del sellado debía haber sido de aproximadamente, $3000 (Tres mil pesos).
También aclaró con respecto al Sistema “DIC” se tramitan todos los legajos que iniciaron tramites de habilitación con anterioridad a septiembre del año 2018 y que tramitan por expediente papel y, que partir de esa fecha se implementó el sistema de “Salta Activa” de digitalización o trámite virtual de todas las habilitaciones que se iniciaron a partir de esa fecha o que se renuevan.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a Ramiro Gustavo Rivero, acusado del delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. Permanece detenido.
Un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.
Surge del decreto de imputación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.
El instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación, quien refirió que escuchó una sumariante decir «¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?» lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.
Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que al corroborar en el sistema con el número de acta observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.
En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad e indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo, por lo que personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.
El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó por ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.
Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500 y que podría retirar el vehículo en dos semanas.
El dicente aceptó y pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.
Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545.
El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento y fue allí que cuando consultó, se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal y que atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido. Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa y que por esa razón busco asesoramiento.
