Imputan a dos agentes de Movilidad Ciudadana

Durante la audiencia fueron asistidos por abogados particulares y dieron su versión de los hechos. Permanecen detenidos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente por el delito de exacciones ilegales a los agentes de Movilidad Ciudadana detenidos el 28 de diciembre pasado.

Durante la audiencia, el Supervisor del personal motorista y el agente examinador del municipio capitalino, fueron asistidos por abogados particulares y dieron su versión de los hechos. Ambos permanecen detenidos.

El delito de exacciones ilegales se encuentra previsto en el artículo 266 del Código Penal y se trata de un delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público con abuso de su cargo, solicita, exige o hace pagar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva; o cobra mayores derechos que los que corresponden. La pena prevista es de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de la denuncia efectuada en la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta por parte de un vecino de la ciudad que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

En sede fiscal, el hombre ratificó lo denunciado y explicó que, tras reprobar el examen de manejo en el canchón municipal, una permisionaria le ofreció contactarlo con un agente de tránsito que le facilitaría la obtención del carnet.

El hombre se dirigió a la repartición pública mencionada, contando lo sucedido a una funcionaria del Programa de Auditoría. Tomado conocimiento del caso, decidieron comunicarse con el número que le habían brindado, a través del cual un agente, solicitó 5000 pesos a cambio de aprobar el examen práctico y acordando una cita en avenida Artigas.

El denunciante se presentó a la hora pactada y el agente le señaló a un compañero laboral que realizaba los exámenes, para indicarle que ése era el hombre a aprobar, entregándole el denunciante una suma menor: 4000 pesos.

Los agentes fueron identificados y detenidos.

Condenan a exempleado de Rentas

Un hombre que se desempeñaba en la mesa de entradas de la Dirección General de Rentas de la Provincia, fue condenado por el delito de exacciones ilegales. Solicitó dinero a un contribuyente cambio de sustraer un expediente.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Alejandro López, imputado como autor del delito de exacciones ilegales.

El acusado era empleado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta y se desempeñaba en la mesa de entradas de la dependencia y fue denunciado por el Director General de Rentas de la Provincia por solicitar a un contribuyente el pago de una suma de dinero para «cajonear» un expediente.

La jueza Gabriela González le impuso la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación y el pago de una multa.

Condenan a un exauxiliar fiscal por exacciones ilegales

Agustín Solá Garrido se desempeñó en la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma hasta 2017. Se logró comprobar que en casos de contravenciones, obtenía en concepto de “gastos administrativos”, dinero en efectivo de parte de los infractores. La maniobra la descubrió un empleado administrativo y a partir de allí, se obtuvo el testimonio de 11 damnificados. Solá Garrido confesó la comisión de delitos.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado en contra de Agustín Solá Garrido, imputado por los delitos de exacciones ilegales y ejercicio ilegal de la profesión en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En 2017 Solá Garrido se desempeñaba en la Fiscalía de Rosario de Lerma como auxiliar fiscal, donde en marzo de ese año un contraventor concurrió a la sede fiscal a pagar una multa y fue atendido en forma personal por el acusado. Tras 15 minutos de conversación a puertas cerradas, se retiró y regresó luego con el talón de pago del Banco y buscando al funcionario para pagarle en efectivo el dinero que le solicitó para “gastos administrativos”.

En ese momento Solá Garrido dijo que el ciudadano había comprendido mal el trámite y trató de justificar lo sucedido.

A partir de esa situación, puesta en conocimiento del fiscal, se inició una investigación y se pudo comprobar al menos 11 casos en los que Solá Garrido había procedido de la misma manera y se lo acusó formalmente.

El juez interino Pablo Farah, tras recibir la confesión del acusado y la aceptación de los hechos, lo condenó a la pena de 2 años y 4 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el mismo plazo por 11 hechos de exacciones ilegales y ejercicio ilegal de la profesión en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Deberá además cumplir de reglas de conducta.

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