General Güemes: Control de acusación por 69 estafas en la venta de materiales de construcción

La UDEC sostiene la acusación contra un hombre de 79 años por maniobras vinculadas con la venta de materiales de construcción, con un perjuicio superior a $83 millones. La audiencia pasó a cuarto intermedio ante nuevas presentaciones de querellantes que deberán formalizarse por escrito.

La auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de control de la acusación seguida contra un hombre de 79 años, acusado por 69 hechos de estafa en concurso real, vinculados con la venta de materiales de construcción en General Güemes.

La audiencia fue presidida por el juez Leonardo Feans y, durante su desarrollo, se plantearon cuestiones preliminares relacionadas con nuevas presentaciones realizadas por querellantes. Se dispuso que sean formalizadas por escrito y, hasta tanto se cumpla con esa instancia, se resolvió pasar a cuarto intermedio.

La Oficina Judicial deberá fijar una nueva fecha para continuar con el control de la acusación. La UDEC había requerido el pasado 16 de abril la elevación de la causa a juicio y, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, corresponde realizar previamente esta instancia de control.

El acusado de 79 años permanece detenido bajo modalidad domiciliaria. Su hijo, también vinculado a la investigación, continúa sin ser localizado y mantiene vigente un pedido de detención.

La causa se inició a partir de numerosas denuncias de personas que habían comprado materiales en un corralón de General Güemes. Según la acusación, los clientes realizaban los pagos en efectivo, mediante transferencias o billeteras virtuales, pero no recibían los productos adquiridos o las entregas se concretaban solo parcialmente.

Ante los reclamos, recibían distintas explicaciones vinculadas con demoras o falta de stock. Posteriormente, el comercio cerró y sus responsables se ausentaron, lo que derivó en la presentación de nuevas denuncias.

A partir del análisis de las operaciones investigadas, la Fiscalía estableció que el perjuicio económico actualizado supera los $83 millones.

En noviembre pasado, las tareas realizadas por la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) permitieron establecer que los investigados se encontraban en un camping de La Caldera. Allí fue detenido el acusado de 79 años, mientras que su hijo no pudo ser localizado.

En el marco de la causa y a pedido de la Fiscalía, también se dispuso la inmovilización de 13 cuentas bancarias vinculadas a los investigados.

Requieren juicio para un hombre por 69 estafas vinculadas a la venta de materiales de construcción

Las Conde: Allanan concesionaria por presuntas estafas procesales

La UDEC investiga una serie de ejecuciones judiciales iniciadas contra compradores y garantes de operaciones con vehículos. La causa apunta al presunto uso de pagarés cuestionados y domicilios desconocidos por los demandados.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, lleva adelante la investigación en la que José Luis Gutiérrez Conde se encuentra imputado como coautor de 14 hechos de estafa procesal, en concurso real. 

En el marco de la causa, este viernes se realizaron dos allanamientos, uno en la concesionaria Las Conde, ubicada en calle La Florida, y otro en el domicilio particular del acusado, en San Lorenzo Chico, con autorización del Juzgado de Garantías interviniente. 

Las medidas fueron solicitadas por la Fiscalía con el objetivo de obtener evidencia vinculada con las maniobras investigadas. La búsqueda estuvo orientada al secuestro de pagarés, documentación relacionada con clientes y procesos ejecutivos, dispositivos electrónicos, libros contables y otros soportes de interés para la causa. 

Los procedimientos estuvieron a cargo de la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni, junto al comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), y personal a su cargo. Durante las medidas se secuestró material de interés para la causa, que será sometido al correspondiente análisis.

La causa

La investigación se inició a partir de una denuncia penal realizada por jueces de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, quienes advirtieron que en distintas causas se repetían domicilios consignados para diferentes personas demandadas. Ante esta situación, dispusieron suspender preventivamente los procesos involucrados, hasta tanto se esclarecieran las posibles irregularidades.

A partir de esa presentación, la UDEC tomó declaración a compradores y otras personas vinculadas con operaciones realizadas en la concesionaria. Los testimonios permitieron detectar situaciones que se repetían: personas que habían adquirido vehículos y cancelado sus créditos prendarios manifestaron posteriormente desconocer juicios ejecutivos iniciados en su contra. Al ser confrontadas con los pagarés utilizados en esos procesos, algunas desconocieron las firmas y otras reconocieron haber firmado documentación, pero cuestionaron los montos, las fechas o los domicilios consignados. 

Según la hipótesis de la fiscal Salinas Odorisio, los pagarés habrían sido utilizados para promover ejecuciones judiciales contra compradores o garantes, mientras que la consignación de domicilios que estos dijeron desconocer habría impedido que tomaran conocimiento oportuno de los procesos y pudieran ejercer su derecho de defensa. 

Mediante esas ejecuciones se habrían obtenido en distintos expedientes sentencias de remate y embargos, circunstancia que forma parte de los 14 hechos atribuidos provisionalmente a Gutiérrez Conde. 

La causa continúa en investigación y la UDEC mantiene pendientes otras diligencias, cuyos resultados serán analizados para determinar si corresponde ampliar las imputaciones o adoptar nuevas medidas procesales

 

Admitieron las pruebas en la causa por la venta irregular de actas en el Registro Civil

La investigación se inició en 2021, tras detectarse la venta no autorizada de actas que eran obtenidas a través de personal del organismo. Por los hechos se encuentran imputados un asesor jurídico, dos empleados de Archivo y un permisionario de estacionamiento medido.

La auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Eugenia López Ahanduni, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito de prueba en la causa contra personal del Registro Civil y un permisionario del estacionamiento medido por fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita..

Durante la audiencia, el juez Marcelo Rubio admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la única defensa que realizó un ofrecimiento probatorio.

La investigación se inició en 2021, a partir de la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien informó sobre la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y defunción que debían ser tramitadas por los canales habilitados y mediante el pago del arancel correspondiente.

Por los hechos se encuentran imputados quien se desempeñaba como asesor jurídico del organismo y  dos empleados de la oficina de Archivo por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, concusión (en un número indeterminado de hechos) y asociación ilícita, en calidad de coautores y en concurso real.  El permisionario está imputado como partícipe necesario de los mismos delitos.

Según se estableció durante la investigación, el permisionario habría captado en la vía pública a personas interesadas en obtener actas y les solicitaba dinero para gestionar la documentación. Para ello, habría recibido los pedidos y el dinero y luego requerido las actas a sus contactos dentro del Registro Civil.

Las actas eran emitidas como “trámite oficial”, modalidad que permitía su expedición sin el pago de la tasa correspondiente. Una vez obtenidas, eran entregadas al permisionario, quien las vendía a los interesados por montos superiores a los establecidos oficialmente.

La investigación permitió además determinar que la maniobra no se habría limitado a hechos aislados, sino que se habría desarrollado de manera reiterada, con la intervención de distintas personas y una distribución de funciones entre quienes actuaban dentro y fuera del organismo.

 

Imputaron a “Los intocables”, personal del Registro Civil y un permisionario por la venta de actas

Amplían la acusación a un abogado por estafas procesales y suman a otros dos imputados

La causa se inició a partir de irregularidades detectadas por Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos en expedientes con el patrocinio de un mismo letrado. A partir del avance de la investigación, la UDEC amplió y modificó la imputación de dos personas ya investigadas e incorporó a otros dos imputados.

Por indicación de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que amplió y modificó la acusación contra dos personas ya investigadas y formuló acusación contra otras dos, en el marco de la causa por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la utilización de pagarés y la promoción de juicios ejecutivos.

Un abogado del foro local fue imputado como coautor de estafas procesales reiteradas (64 hechos) en concurso real; estafas procesales reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (24 hechos); y estafas procesales reiteradas en concurso ideal con abuso de firma en blanco (50 hechos).

Una mujer fue imputada como coautora de estafas procesales reiteradas (48 hechos) en concurso real; estafas procesales reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (22 hechos); y estafas procesales reiteradas en concurso ideal con abuso de firma en blanco (48 hechos).

Por otra parte, otros dos hombres fueron imputados como coautores de estafas procesales reiteradas en concurso real, uno por 14 hechos y el otro, por seis.

La ampliación y modificación de la acusación se sustentó en  nuevas medidas cumplidas durante la investigación, entre ellas la incorporación de expedientes de procesos ejecutivos remitidos por los cuatro juzgados del fuero, declaraciones testimoniales de personas demandadas y nuevas denuncias penales.

Los elementos reunidos permitieron ampliar la cantidad de hechos atribuidos a los dos imputados inicialmente e incorporar a los otros dos hombres, quienes figuran como parte actora en distintos procesos ejecutivos bajo análisis.

Asimismo, las declaraciones recibidas permitieron avanzar en la individualización de las distintas maniobras. Algunas de las personas demandadas manifestaron haber firmado pagarés en blanco que posteriormente habrían sido completados con datos que desconocían, mientras que otras negaron haber suscripto los instrumentos utilizados para promover las ejecuciones.

Según la hipótesis fiscal, estos documentos habrían sido utilizados para iniciar procesos ejecutivos en los que se consignaban domicilios que no correspondían a los demandados, impidiendo que tomaran conocimiento de las actuaciones y pudieran ejercer su defensa. De esta manera, se habrían obtenido resoluciones judiciales que derivaron, entre otras medidas, en embargos sobre sus haberes y bienes.

La causa se inició a partir de informes remitidos por los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, quienes habían advertido irregularidades en distintas actuaciones, entre ellas la reiteración de domicilios consignados para diferentes demandados. A partir de esa información, la UDEC dispuso el análisis de los expedientes y otras medidas destinadas a determinar la existencia y alcance de las maniobras investigadas.

 

Un abogado imputado por presuntas estafas procesales, abuso de firma en blanco y usura agravada

Siddharta Viajes: Condenan a una de las hermanas Maigua por 181 estafas y la otra irá a juicio

Ana Inés Maigua fue condenada a seis años de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en un acuerdo pleno. La causa continuará respecto de María Carlota Maigua, para quien la Fiscalía solicitó la fijación urgente de audiencia de debate.

En audiencia de juicio abreviado por acuerdo pleno, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni, arribó a un acuerdo con la imputada Ana Inés Maigua, quien reconoció su responsabilidad penal como autora del delito de estafas reiteradas (181 hechos), en concurso real.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los alcances de lo convenido, la calificación legal atribuida, la pena acordada y los elementos de prueba reunidos durante la investigación. Tras verificar que la acusada prestó su conformidad de manera libre y voluntaria, y que se encontraban cumplidos los requisitos legales exigidos para este tipo de procedimiento, el juez Francisco Mascarello homologó el acuerdo, que contó además con la conformidad de las querellas.

En consecuencia, el juez Mascarello impuso a Ana Inés Maigua la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 4.

Respecto de María Carlota Maigua, también acusada en la causa y actualmente alojada en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, no manifestó su voluntad de adherir a un acuerdo abreviado. En ese marco, la Fiscalía solicitó la inmediata remisión de las actuaciones a la Oficina Judicial para que se fije, a la mayor brevedad posible, la audiencia de debate correspondiente.

La posibilidad de arribar a un acuerdo con una de las acusadas sin afectar la situación procesal de la restante se encuentra prevista en el artículo 379 del Nuevo Código Procesal Penal, que permite la celebración de acuerdos parciales cuando intervienen varias acusadas en una misma causa.

En mayo de 2025, la fiscal penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había requerido la elevación a juicio de ambas acusadas por el delito de estafas reiteradas (181 hechos), en concurso real, tras considerar reunidos los elementos de convicción suficientes para sostener la acusación.

La investigación se inició a partir de denuncias de damnificados que aseguraron haber sido víctimas de maniobras fraudulentas en la contratación de paquetes turísticos internacionales a través de la agencia Siddharta Viajes.

Según la acusación, las hermanas Maigua ofrecían viajes a destinos como México, Dubái, Miami y Egipto, percibían los pagos y entregaban documentación que aparentaba respaldar las contrataciones, aunque los servicios nunca llegaban a concretarse.

La maniobra fue corroborada mediante declaraciones de proveedores turísticos, documentación secuestrada durante allanamientos y un informe contable que determinó que, de los más de 979 millones de pesos ingresados a la agencia, al menos 148 millones de pesos y más de 460 mil dólares corresponderían a prestaciones que nunca fueron brindadas. Asimismo, se detectó que otros 320 millones de pesos fueron destinados a fines ajenos a la actividad turística.

La acusación fiscal contó con numerosas pruebas, incluyendo cuadernos, fichas, pasaportes, recibos y publicidad secuestrados en allanamientos. La Fiscalía sostuvo que las acusadas actuaron sabiendo desde el inicio que no cumplirían con los servicios ofrecidos y simulando operaciones para obtener un lucro indebido a costa de las víctimas.

Requieren juicio para las hermanas Maigua por 181 estafas a través de su agencia Siddharta Viajes