Rosario de Lerma: Llevó su teléfono a reparar y resultó estafada

Se realizaron varias operaciones de la cuenta de la denunciante al de la mujer imputada e incluso pagaron a una pizzería también desde su cuenta. Se solicitó mantenimiento de detención.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de estafa reiterada, a una mujer de 19 años y un hombre de 21.

Según consta en la denuncia, realizada el día 4 de agosto, la damnificada recibió una notificación en su teléfono celular de que habrían realizado una transferencia de su cuenta Mercado Pago, por $2500, a nombre de la acusada, hecho que dejó pasar. El 3 de agosto, la denunciante ingresó nuevamente a su cuenta y se dio con la novedad de que no poseía dinero y observó que se habrían realizado dos transferencias de dinero. Conforme a la denuncia, la damnificada declaró que no comparte su cuenta y que al único lugar que había llevado su celular fue a un local de calle Roque Sáenz Peña, para reparación.

El día 28, el acusado habría ingresado a la cuenta bancaria de la denunciante y habría realizado una transferencia por un monto de $2500; luego otra, el día 3 de agosto, por un monto de $20 mil y una tercera, el mismo día, con un minuto de diferencia, por $23.700. Las tres transferencias a la cuenta de la imputada.

Al día siguiente se habrían realizado dos pagos, por un valor de $2300 cada uno, mediante Mercado Crédito y desde la cuenta de la damnificada a una pizzería del Mercado San Miguel de la capital salteña.

En las cámaras de seguridad quedaron registradas las imágenes en las que se observa a ambos sospechosos consumiendo productos, a costa del dinero de la denunciante.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar, en tanto la acusada negó los hechos. Por su parte, el fiscal Escalante solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.

Con allanamientos en Jujuy, desbaratan una banda que estafaba telefónicamente

Tres domicilios y la Unidad Carcelaria 1 de Jujuy fueron allanados en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos por hechos de estafa cometidos en perjuicio de personas a las que les solicitaban la entrega de sumas de dinero para poder cobrar supuestos premios. Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos y serán imputados.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, informó que en el marco de una investigación que lleva adelante por dos hechos donde ciudadanos se vieron afectados en su patrimonio por maniobras fraudulentas bajo la modalidad de “vishing”, se realizaron cuatro allanamientos en la provincia de Jujuy y se detuvo a dos hombres y dos mujeres como sospechosos.

Según las denuncias, los hechos se cometieron bajo la misma modalidad, donde los damnificados recibieron una llamada telefónica informándoles que habían sido beneficiados con un premio y que para la efectiva entrega, debían girar sumas de dinero para cubrir supuestos gastos.

Del trabajo desplegado por el personal de la Unidad de Investigación de la UDEC, se logró identificar a los sospechosos en la vecina provincia de Jujuy, por lo que una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó al Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro, orden de allanamiento, secuestro y detención para tres domicilios particulares y para la Unidad Carcelaria 1 en la provincia de Jujuy.

Personal de la Unidad Investigación UDEC, con previa anuencia de la Fiscalía y Juzgado de Garantías y Control de las ciudades de Salta Capital, San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy, procedieron a la gestión de exhorto y ordenes de allanamientos en conjunto en las localidades de San Pedro de Jujuy, Alto Comedero, San Salvador de Jujuy y la Unidad Carcelaria N° 1 de la capital jujeña

En los allanamientos se logró secuestrar importantes sumas de dinero, tickets comprobantes bancarios, tarjetas de crédito y débito a nombre de los acusados y de terceras personas, posnets, 1 caja fuerte, celulares y numerosos chip, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

La audiencia de imputación de los acusados por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita se concretará este viernes.

Orán: Imputado por estafas reiteradas

La fiscala penal 3 de Orán con competencia en Delitos Económicos Complejos, Mónica Viazzi, imputó provisionalmente a un hombre de 53 años por el delito de estafas reiteradas en concurso real. El acusado fue detenido el pasado 7 de febrero en Jujuy, luego de que el Juzgado de Garantías interviniente hiciera lugar al requerimiento formulado por la Fiscalía.

Del decreto de imputación se desprendió que el imputado habría utilizado un entramado de falsas promesas aprovechando la situación socioeconómica del país y sobre todo de la zona, con altos niveles de desocupación.

De la investigación surgió que la modalidad habría consistido en ofrecer trabajo a las víctimas en una supuesta empresa de origen nacional, previo a exigirles el pago de $1200 para un examen preocupacional y trámites de orden administrativo.

El acusado aparentaba solvencia con supuestos trailers, sillones y muebles para la oficina en la que trabajarían los administrativos de dicha empresa, con elevados sueldos y permanencia en la ciudad de Irigoyen o en la zona; maniobras ardidosas que se extendieron de acuerdo a las múltiples denuncias radicadas, incluso en la ciudad de Tartagal y alrededores.

Surge prima facie elocuente el montaje armado por el acusado y de eventuales partícipes de dichas maniobras, al lograr que las víctimas lo trasladaran sin cargo en sus vehículos particulares para reunirse en lugares públicos como campings municipales o salones de sindicatos azucareros.

En sus fundamentos, la fiscala penal Mónica Viazzi sostuvo que las maniobras “revelan a las claras el ardid o engaño desplegado para lograr que las víctimas fueran inducidas al error, con abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, o empresa para lograr la disposición patrimonial prejudicial”.

Metán: Requieren juicio para una banda de estafadores de Córdoba

Dos hombres y dos mujeres oriundos de la provincia de Córdoba, serán llevados a juicio por un hecho en el que telefónicamente, engañaron a dos personas y realizaron actos de disposición con sus2 cuentas bancarias. El cabecilla operaba desde la Unidad Carcelaria 7 de San Francisco, Córdoba.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, requirió juicio para Leonardo Lucas Godoy como autor de los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real, en perjuicio de dos vecinos de esa ciudad. Para su hermano Cristian Godoy, Rocío Belén Galván y Melisa del Valle Maciel requirió juicio como partícipes necesarios de los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real.

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando uno de los damnificados ofrecía a la venta por Facebook, la moto de un amigo. Fue contactado vía Whatsapp por una persona que quería concretar la transacción, para lo cual le pidió que concurriera a un cajero automático y que una vez allí, lo llamaría su contador para indicarle cómo debía proceder para recibir un depósito.

Mediante engaños, los delincuentes obtuvieron datos de las cuentas del intermediario y del dueño del rodado, junto a otra información necesaria para acceder a las mismas y así obtuvieron importantes sumas de dinero bajo la modalidad de préstamos. El dinero obtenido fue derivado en pequeñas cantidades a otras cuentas.

Al detectar la maniobra, los damnificados realizaron la denuncia y la Brigada de Investigaciones 3 de Metán, tuvo a su cargo el análisis bancario, telefónico y el cumplimiento de otras medidas tendientes a identificar a los delincuentes.

Se pudo determinar que se trata de una banda delictiva organizada, que operaba con una modalidad diagramada y orquestada desde el interior de una unidad penitenciaria y donde cada uno de sus miembros, tenían una función asignada.

Leonardo Lucas Godoy fue individualizado como el cabecilla de la banda. Se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria N° 7 de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. En colaboración con otros reclusos, realizaban comunicaciones telefónicas y operaciones bancarias desde el interior de la cárcel.

Rocío Belén Galván, era la encargada de extraer el dinero mal habido desde cajeros automáticos o por ventanilla.

Cristian Godoy, hermano del cabecilla, es pareja de la acusada Galván y se encargaba de la extracción del dinero y de su resguardo.

Melisa del Valle Maciel es pareja de Leonardo Lucas Godoy y al igual que la otra mujer imputada, tenía la misión de ir a los cajeros o ventanillas de entidades financieras y extraer el dinero.

Con los elementos de convicción necesarios y con la colaboración de la División Investigaciones de San Francisco y la División Investigaciones de Sacanta, ambas del Departamental San Justo – Policía de la Provincia de Córdoba, se concretaron diversos allanamientos, de los cuales se pudo secuestrar dinero en efectivo, teléfonos celulares, anotaciones, numerosas tarjetas bancarias que usaban para el manejo del dinero que obtenían de sus maniobras delictivas y otros elementos de interés para la causa.

No declaró el estafador que ofrecía puestos de trabajo

El sexagenario fue imputado por estafas reiteradas en perjuicio de personas que, en búsqueda de una oportunidad laboral, le entregaron dinero para realizar trámites administrativos y fueron engañados. No prestó declaración.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Juan Normando Rodríguez, como autor del delito de estafas reiteradas (18 hechos).

Rodríguez, mediante la utilización de maniobras ardidosas, haciendo uso de nombres falsos, simulando la condición de empleado sindicalista o del sector de recursos humanos de Trenes Argentinos y otras ocupaciones, se aprovechó de la necesidad de los damnificados y los hizo incurrir en un error, al expresarles que necesitaba contratar personal para distintos puestos de trabajo, actuando a sabiendas que no lo haría, logrando que le entregaran sumas de dinero para trámites administrativos, obteniendo un beneficio a su favor y generando un perjuicio para los damnificados, que nunca obtuvieron el prometido empleo.

En el marco de una investigación, los investigadores del CIF lograron la individualización y detención del acusado tras una minuciosa investigación.

En el allanamiento realizado en una vivienda de Villa Soledad de la ciudad de Salta, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa.

El acusado, acompañado de un defensor oficial, conoció la acusación en su contra y manifestó que la declaración la realizará cuando se presente el abogado particular que designó.

Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas en el marco de la investigación.

Metán: imputaron a miembros de una banda de estafadores

Dos hombres y dos mujeres oriundos de la provincia de Córdoba, fueron extraditados a la ciudad de Metán e imputados por un hecho donde, telefónicamente, engañaron a dos personas y realizaron actos de disposición con sus cuentas bancarias. El cabecilla operaba desde la Unidad Carcelaria 7 de San Francisco, Córdoba.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Leonardo Lucas Godoy, a su hermano Cristian Godoy, a Rocío Belén Galván y a Melisa del Valle Maciel por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real en perjuicio de dos ciudadanos de Metán.

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando uno de los damnificados ofrecía a la venta por Facebook, la moto de un amigo. Fue contactado vía Whatsapp por una persona que quería concretar la transacción, para lo cual le pidió que concurriera a un cajero automático y que una vez allí, lo llamaría su contador para indicarle cómo debía proceder para recibir un depósito.

Mediante engaños, los delincuentes obtuvieron datos de las cuentas del intermediario y del dueño del rodado, junto a otra información necesaria para acceder a las mismas y así obtuvieron importantes sumas de dinero bajo la modalidad de préstamos. El dinero obtenido fue derivado en pequeñas cantidades a otras cuentas.

Al detectar la maniobra, los damnificados realizaron la denuncia y la Brigada de Investigaciones 3 de Metán, tuvo a su cargo el análisis bancario, telefónico y el cumplimiento de otras medidas tendientes a identificar a los delincuentes.

Se pudo determinar que se trata de una banda delictiva organizada, que operaba con una modalidad diagramada y orquestada desde el interior de una unidad penitenciaria y donde cada uno de sus miembros, tenían una función asignada.

Leonardo Lucas Godoy fue individualizado como el cabecilla de la banda. Se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria N° 7 de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. En colaboración con otros reclusos, realizaban comunicaciones telefónicas y operaciones bancarias desde el interior de la cárcel.

Rocío Belén Galván, era la encargada de extraer el dinero mal habido desde cajeros automáticos o por ventanilla.

Cristian Godoy, hermano del cabecilla, es pareja de la acusada Galván y se encargaba de la extracción del dinero y de su resguardo.

Melisa del Valle Maciel es pareja de Leonardo Lucas Godoy y al igual que la otra mujer imputada, tenía la misión de ir a los cajeros o ventanillas de entidades financieras y extraer el dinero.

Con los elementos de convicción necesarios y con la colaboración de la División Investigaciones de San Francisco y la División Investigaciones de
Sacanta, ambas del Departamental San Justo – Policía de la Provincia
de Córdoba, días pasados se concretaron diversos allanamientos, de los cuales se pudo secuestrar dinero en efectivo, teléfonos celulares, anotaciones, numerosas tarjetas bancarias que usaban para el manejo del dinero que obtenían de sus maniobras delictivas y otros elementos de interés para la causa.

Gómez Amado, una vez concretada la audiencia de imputación, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de la detención de los acusados.

Pareja a juicio por estafar con supuestas inversiones on line

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos se requirió juicio para una pareja acusada de al menos cuatro hechos de estafas reiteradas. Ofrecían a sus conocidos la oportunidad de invertir en una plataforma informática brasilera y lograr grandes ganancias en dólares o la obtención de piedras preciosas. Incluso los instaban a sumar a otros adherentes para tener mayores posibilidades.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio para Juan Carlos Nieva y Ivanna Elizabeth Correa como coautores del delito de estafas reiteradas (4 hechos).

En las denuncias, los damnificados son coincidentes en señalar que eran compañeros de trabajo en el Ministerio de Educación de Salta con el acusado y que basados en la relación de confianza, decidieron invertir importantes sumas de dinero en una empresa virtual denominada “Pay Diamond”.

Para concretar la maniobra, la pareja concertaba encuentros en hoteles de la ciudad y en su misma casa, donde les prometían a los damnificados, grandes rentabilidades dinerarias o su equivalente en piedras preciosas si invertían sumas de dinero, como así también si adherían a nuevos suscriptores o inversores.

Cabe señalar que nunca otorgaron recibo alguno del dinero que recibieron de los damnificados y sus familiares, quienes al intentar retirar su inversión se vieron imposibilitados ya que la plataforma desconocía el acceso a los suscritos.

El fiscal Flores sostiene en la acusación que los imputados Nieva y Correa, actuando en connivencia y aparentando la dirección u organización de una empresa virtual, lograron que los denunciantes entregaran importantes sumas de dinero en efectivo –pesos y/o dólares-, creyendo que se trataba de una operación de inversión. Actuando los acusados a sabiendas que no iban a cumplir con las promesas de ganancias, lo que perjudicó gravemente el patrimonio de las víctimas, constituyendo un caso de estafa piramidal.

A juicio por estafar con la venta de viviendas prefabricadas

Un hombre de 41 años será llevado a juicio por al menos doce hechos de estafa. El acusado tenía en calle Olavarría al 1000 un lugar donde comercializaba la construcción de viviendas prefabricadas que nunca realizó. A uno de los damnificados incluso llegó a coaccionarlo.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Economicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 para Juan Sebastián Segovia como autor del delito de estafas reiteradas (12 hechos) y coacción en concurso real.

En el requerimiento consta que el acusado era titular de una empresa dedicada a construir viviendas prefabricadas, utilizando distintos nombres y que se promocionaba en distintos medios de comunicación y redes sociales bajo la apariencia de una empresa seria y confiable.

Segovia suscribió con la mayoría de los denunciantes, un contrato para la construcción de viviendas prefabricadas, en los cuales consignaba la obra proyectada y el plazo de entrega, todo lo cual generaba confianza en las víctimas, quienes entregaron importantes sumas de dinero.

Las víctimas concurrían a la oficina ubicada en calle Olavarría al 1100 y al ser asesorados sobre las características de la construcción, el precio y demás detalles de las viviendas, es que concertaban las operaciones respectivas.

Pese a que los denunciantes cancelaron el precio convenido, llegado el momento de entrega de las viviendas, estas no fueron instaladas en los lugares indicados por los adquirentes, recibiendo solamente de parte del encartado excusas pretendiendo justificar la tardanza e incumplimiento de los contratos suscritos

Se pudo verificar además que los recibos que brindaba, no reunían los requisitos formales exigidos por los organismos de recaudación fiscal, por cuanto la firma no se encuentra inscripta, lo que da cuenta de que se trata de una empresa inexistente en términos tributarios y legales, y sin solvencia económica.

Incluso, uno de los damnificados denuncia que cuando interpeló al acusado para que cumpla lo pactado, lo amenazó de muerte.

Llevan a juicio a una banda por estafar a adultos mayores

Se requirió juicio para dos mayores y un menor, integrantes de una misma familia, por numerosos hechos de estafa en perjuicio de adultos mayores, a los que llamaban por teléfono y mediante engaños, hacían que les entreguen importantes sumas de dinero. Los hechos ocurrieron en agosto y setiembre de 2019 en la ciudad de Salta.

Imagen ilustrativa

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 8, para Hugo Rubén Juan Juan de 52 años, Pablo David Juan de 28 años y un menor de 17 años al momento de los hechos.

Hugo Rubén Juan Juan está imputado como autor de seis hechos de estafas reiteradas y sus hijos, Pablo David Juan y el menor de 17 años al momento de los hechos, como autores de ocho hechos de estafas reiteradas.

Según consta en el requerimiento a juicio, entre los meses de agosto y setiembre de 2019, los acusados efectuaron llamados a los números fijos particulares de los damnificados y simulando ser familiares, los engañaban diciendo que debían cambiar sus billetes ahorrados porque perderían su valor y los convencían para que los entreguen a una «persona de confianza» para realizar el trámite, desapoderándolos de sumas importantes de dinero.

En uno de los casos, incluso simularon el secuestro de una supuesta hija de la damnificada, que entregó una importante cantidad de moneda extranjera.

Tras minuciosas tareas investigativas desplegadas, se logró identificar el vehículo en el que se desplazaban y con el aporte de testigos y del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, se logró individualizar a los delincuentes.

Estafas: vendía motos en nombre de una empresa a la que ya no pertenecía

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a María Solana Moya, por los delitos de estafas reiteradas, tentativa de estafa y hurto, todo en concurso real. Permanece detenida.

Del decreto de imputación surge que la acusada, de 32 años, ocultó el cese de la relación laboral con la empresa CINADI y ofreció a dos damnificados la adquisición de una moto, con la entrega de formularios y recibos para aparentar una operación legal.

Al realizar el cobro del plan correspondiente, la imputada hizo incurrir a los denunciantes en el error de creer que abonaban las cuotas del plan elegido en el que estaban inscriptos, por lo que efectuaron la disposición patrimonial requerida por la encartada, lo que generó un perjuicio económico a sus víctimas.

En tanto, otro de los denunciantes no abonó la suma requerida por la acusada al tomar conocimiento de sus antecedentes penales.

De testimonios surge que la imputada también sustrajo documentación de la empresa, que fue utilizada para cobrar indebidamente a los clientes.

La intervención de la fiscal penal Simesen de Bielke se produjo tras la denuncia radicada por un hombre, que manifestó que Moya le ofreció una moto, por la que pagó la suma de $30 mil en efectivo. También dijo que recibió un comprobante por la entrega del rodado en 20 días, sin membrete, ni ninguna formalidad, firmado y aclarado por la acusada.

El denunciante nunca recibió el rodado, ya que la acusada nunca presentó los comprobantes, el contrato y el dinero ante la empresa.

La misma modalidad denunció otro hombre que le entregó $20 mil a la acusada, sin recibir su vehículo.