La maniobra investigada incluía el otorgamiento de préstamos a personas en situación de necesidad económica y el uso de pagarés para iniciar juicios ejecutivos. En numerosos expedientes se consignaron domicilios inexistentes, deshabitados o ajenos a los demandados, lo que impedía su correcta notificación, mientras se obtenían embargos sobre sus haberes y bienes.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado por acuerdo pleno en el que tres personas, entre ellas un abogado, fueron condenadas en el marco de una causa por múltiples estafas procesales.
El juez Ignacio Colombo homologó el acuerdo alcanzado por las partes, luego de que los tres acusados reconocieran los hechos, su participación y las calificaciones legales atribuidas.
El abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, tres años de inhabilitación especial de cumplimiento efectivo para ejercer la profesión de abogado y una multa de 15 mil pesos, como coautor de 64 hechos de estafa procesal en concurso real; 24 hechos de estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado; 50 hechos de estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco; y usura agravada, todo ello en concurso real.
Mirta del Valle López Nogales recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de 15 mil pesos, como coautora de 48 hechos de estafa procesal en concurso real; 22 hechos de estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado; 48 hechos de estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco; y usura agravada, todo ello en concurso real.
Finalmente, Jesús Federico Díaz fue condenado a ocho meses de prisión de ejecución condicional como coautor de seis hechos de estafa procesal en concurso real.
Durante la audiencia, Salinas Odorisio explicó que el acuerdo no respondió únicamente a criterios de economía procesal, sino que contempló medidas concretas destinadas a resolver la situación de los damnificados. Como parte de lo acordado, los condenados deberán desistir de los procesos ejecutivos vinculados con los hechos investigados y realizar las presentaciones necesarias para que los fondos inmovilizados en cuentas judiciales puedan ser liberados y restituidos a las víctimas.
La fiscal señaló que la continuidad de la causa penal no producía, por sí sola, el cierre de esos juicios ejecutivos ni permitía disponer desde esa instancia la devolución del dinero embargado. Si bien los juzgados civiles habían suspendido preventivamente los procesos en los que se detectaron irregularidades, estos permanecían abiertos y los fondos continuaban inmovilizados.
En ese contexto, Salinas Odorisio explicó que la realización de un juicio oral, debido a la cantidad de hechos, expedientes y personas involucradas, demandaría un tiempo considerable, mientras la situación patrimonial de los damnificados permanecería sin resolverse. El acuerdo abreviado permitió, además de establecer las responsabilidades penales y las condenas, incorporar una vía para avanzar en el desistimiento de esos procesos y la restitución de los fondos a las víctimas.
Las medidas
Como parte del acuerdo, los tres condenados deberán, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su homologación, desistir del derecho y del proceso en todos los juicios ejecutivos vinculados con los hechos por los que fueron condenados. Para ello, deberán realizar ante los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos las presentaciones necesarias para hacer efectivos esos desistimientos.
El acuerdo contempla además la liberación y restitución a los damnificados de las sumas que permanecen inmovilizadas o constituidas en plazo fijo en las cuentas judiciales correspondientes a esos procesos. Los condenados prestaron su conformidad y deberán realizar, dentro del mismo plazo, los actos procesales necesarios para que las devoluciones puedan concretarse.
También se dispuso que el dinero en efectivo secuestrado durante la investigación, $4.624.000 y USD 8.200, sea distribuido entre las víctimas a modo de compensación.
El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado antes de que pueda solicitarse el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre dos de los condenados, entre ellas la inhibición general de bienes y la inmovilización de fondos y activos financieros.
Respecto de los demás elementos secuestrados durante la investigación, la decisión sobre su eventual decomiso quedó diferida hasta que se resuelva la situación procesal del cuarto acusado, quien no formó parte del acuerdo abreviado. La causa continuará respecto de él hasta la instancia de juicio.
La causa
La investigación de UDEC se inició a partir de informes remitidos por los jueces Claudio J. Fernández Viera, Ricardo López Arias y Lucía Brandan Valy de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, donde se habían detectado irregularidades, como la reiteración de domicilios consignados para distintos demandados, en numerosos expedientes promovidos para el cobro de pagarés. Los juzgados dispusieron la suspensión preventiva de los procesos detectados y pusieron la situación en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.
La Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales analizó los expedientes y realizó tareas de campo, entrecruzamiento de información, constataciones de domicilios, análisis de movimientos bancarios y recepción de testimonios. La investigación permitió reconstruir una operatoria vinculada con el otorgamiento habitual de préstamos de dinero a personas que atravesaban situaciones de necesidad económica y la posterior utilización de pagarés para reclamar judicialmente esas deudas. En algunos casos, los damnificados reconocieron haber solicitado préstamos y firmado pagarés, pero desconocieron posteriormente los montos, fechas u otros datos consignados en esos documentos. En otros, negaron haber solicitado los préstamos o haber firmado los instrumentos utilizados para iniciar las demandas.
Esos pagarés eran presentados en juicios ejecutivos en los que, en numerosos casos, se consignaron domicilios inexistentes, deshabitados o pertenecientes a terceros sin vinculación con los demandados, lo que impedía que fueran correctamente notificados y pudieran ejercer su defensa. A partir de los títulos presentados se obtenían embargos y otras medidas que afectaban los haberes y bienes de los ejecutados.
La investigación también permitió establecer que Molinas Grondona y López Nogales desarrollaban de manera habitual el otorgamiento de préstamos de dinero, imponiendo intereses excesivos y aprovechándose de la situación de necesidad económica de los damnificados, conducta por la que fueron condenados además por usura agravada.
El Ministerio Público Fiscal recolectó las pruebas de estos hechos y, en abril pasado, secuestró pagarés, expedientes y documentación, entre otros elementos de interés para la causa, que permitieron demostrar la autoría de los acusados en las estafas procesales.
Un abogado imputado por presuntas estafas procesales, abuso de firma en blanco y usura agravada
