Socco Internacional: Requieren juicio para los implicados por 183 hechos de estafa y asociación ilícita

Facundo Daniel Córdoba está acusado, además, de ser el jefe y organizador de la banda que estafó a cientos de personas con la construcción de viviendas prefabricadas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 por estafas reiteradas (183 hechos) y asociación ilícita, en concurso real para ocho personas implicadas en la causa Socco Internacional.

Facundo Daniel Córdoba, Celeste Valeria Salinas, Benjamín Jesús Córdoba y Rosario Del Milagro Carrazán están acusados de ser autores de los delitos de 183 estafas reiteradas. Asimismo, Facundo Daniel Córdoba está acusado de ser el jefe/organizador de la asociación.

Por su parte, la UDEC acusa, en calidad de coautores, a Facundo Tobias Ruiz, de los delitos de estafas reiteradas (136 hechos) y asociación ilícita, en concurso real; a Juan Francisco Bakun, de estafas reiteradas (63 hechos) y asociación ilícita, en concurso real; a Matías Adrián González, de estafas reiteradas (139 hechos) y asociación ilícita, en concurso real, a Camilo Romero, de estafas reiteradas (119 hechos) y asociación ilícita, en concurso real

Tras llevar adelante una minuciosa investigación, la fiscal Salinas Odorisio consideró que Facundo Daniel Córdoba (en su carácter de jefe/organizador) actuó en connivencia con el resto de los acusados, pero actuando cada uno con distinta distribución de tareas, mediante engaños y aparentando pertenecer a una empresa seria, entre junio de 2019 y abril de 2022.

Los acusados ofrecían la construcción de viviendas prefabricadas mediante la suscripción de contratos, para generar mayor confianza de la operación realizada a las víctimas. Además, solicitaron importantes sumas de dinero, que fueron abonadas por los damnificados, sin que cumplieran con la entrega de las viviendas.

En el escrito elevado al Juzgado de Garantías, la fiscal de UDEC aseguró que Córdoba y los otros acusados “actuaron a sabiendas desde el inicio de la operación de que no cumplirían, toda vez que se pudo vislumbrar que el encartado Facundo Cordoba, sabiendo claramente que no cumpliría con las entregas de las viviendas, desde que recibía a los potenciales clientes,  distribuía las tareas a ejecutar en las empresas con los demás miembros de la organización, los que en algunos casos actuaron en forma permanente en la firma y en otros desempeñaron tareas transitoriamente, analizando cada detalle de lo que se hacía para evitar las consecuencias legales y realizando incluso en algunos casos cumplimientos parciales para eludir la responsabilidad penal, haciendo parecer que se trataba de meros incumplimientos contractuales, logrando captar y manipular la voluntad de personas que, movidas por la necesidad y el anhelo de obtener la vivienda propia, fueron burladas en su buena fe, buscando únicamente obtener sumas de dinero para su propio beneficio”

 

Socco Internacional: Amplían la imputación de los implicados por 114 hechos de estafa y asociación ilícita

 

 

Imputan a la mujer detenida el jueves pasado en General Güemes por 67 estafas

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó su prisión preventiva.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer por el delito de estafas reiteras (67 hechos), en concurso real.

Durante la audiencia, la imputada fue asistida por un defensor público y negó los hechos. La fiscal Salinas Odorisio solicitó su prisión preventiva.

La mujer fue detenida el jueves pasado en el marco de una investigación por estafas con viviendas sociales que lleva adelante la UDEC.

En junio de 2023, 67 personas denunciaron que cinco años atrás entregaron documentación y dinero a una mujer que se desempeña en el Movimiento Evita a cambio de hacerlas acreedoras de un terreno ubicado en la parte posterior del B° 200 Viviendas en la zona de la Banda, en General Güemes.

Además de la entrega de dinero, manifestaron que debían hacer trabajo de mantención en la plaza del B° Cooperativa en el horario de 4 a 12, y en el domicilio de la denunciada. Ante la falta de la concreción de la entrega del terreno, los damnificados reclamaron a la mujer, quien les explicó que las carpetas se encontraban en la Municipalidad de General Güemes. En el lugar desconocían la existencia de la mujer y de las carpetas, por lo que los damnificados radicaron denuncias.

Los investigadores del Departamento de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) iniciaron una investigación y elevaron un informe a la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien concluyó que la denunciada, mediante maniobras ardidosas, procedió a ganarse la confianza de las víctimas, solicitando sumas de dinero, obligándolas a realizar diferentes tareas en beneficio propio, con la promesa de realizar la supuesta confección de carpetas que les posibilitaría  obtener un lote y/o terreno por la intervención de sus influencias con el Intendente municipal, actuando a sabiendas de que no cumplirían con lo prometido a las víctimas, perjudicándolas económicamente en consecuencia”

Condenaron al hombre denunciado por estafar con la promesa de viviendas sociales

Tras permanecer nueve meses detenido, Matías Alejandro Macedo admitió ser responsable de simular tener contactos con funcionarios de organismos provinciales y de un sindicato a nivel nacional para entregar adjudicaciones de viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero. Además, confesó haber confeccionado y utilizado documentos privados con sellos y membretes de aquellas instituciones, las que entregaba a los damnificados como constancias del pago.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Matías Alejandro Macedo fue sentenciado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la reparación económica del daño causado a las víctimas y reglas de conducta.

Macedo llegó al juicio luego de estar nueve meses detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta y aceptó su responsabilidad en los seis hechos de estafa; falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos), de los que lo acusó la fiscal Salinas Odorisio.

Como parte del acuerdo alcanzado, y teniendo en cuenta que permaneció privado de su libertad desde su detención el 19 de enero pasado, el condenado resarció económicamente a las víctimas de sus estafas.

La causa

El 19 de enero pasado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, radicó denuncia al tomar conocimiento sobre una maniobra que realizaba Macedo, invocando tener influencias en el Poder Ejecutivo Provincial para, a cambio de sumas de dinero, gestionar la adjudicación de una vivienda del IPV.

Horas más tarde, la mujer damnificada, también realizó la denuncia al darse cuenta del engaño del que era víctima desde 2019.

Durante la investigación realizada por UDEC, se pudo determinar que Macedo había operado de la misma manera con dos conocidos del colegio secundario, a quienes les ofreció gestionar con supuestos contactos en un gremio a nivel nacional, la adquisición de una vivienda social a cambio de sumas de dinero, lo que nunca se concretó. El mismo modus operandi fue empleado para estafar a un hombre que trabajaba en el Hospital San Bernardo.

En otro hecho, recibió en préstamo una camioneta de parte de un conocido para que trabaje, y luego, con falsas promesas, ofreció a su propietario gestionar su venta, para lo cual entregó documentación apócrifa a nombre del Gobierno Provincial por una supuesta compra, que resultó ser falsa y no restituyó el vehículo a su dueño ni rindió su producido.

Tras reunir todas las pruebas necesarias, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, acusó al hombre de los delitos de estafas reiteradas (6 hechos), falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos).

 

Un detenido: El Gobernador denunció estafa con la promesa de viviendas sociales

Detienen a un hombre por estafas vinculadas al alquiler de automóviles

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investigó distintas denuncias contra el individuo. Tras reunir distintas pruebas solicitó su detención.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) por estafas, esta mañana un hombre fue detenido en un domicilio en calle Alvarado de la ciudad de Salta.

Durante el operativo -realizado por personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales– fueron secuestrados celulares, un CPU y documentación de interés para la causa.

Desde marzo pasado, la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga distintas denuncias contra el hombre por estafas reiteradas vinculadas al alquiler de automóviles y otros. Tras reunir distintas pruebas, solicitó al Juzgado de Garantías 1, la detención del individuo y el allanamiento de una vivienda en donde funcionarían sus oficinas.

El detenido fue alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta y será imputado en las próximas horas.

 

 

Generación Zoe: Requieren juicio para Cositorto y sus socios salteños por 118 estafas y asociación ilícita

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, estimó el perjuicio ocasionado por la financiera supera los cinco millones de pesos y los quinientos setenta y cuatro mil dólares.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Nelson Leonardo Cositorto por considerarlo autor de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) en concurso real con asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Acusa también a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de Los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las 118 denuncias realizadas, asciende a 5.682.500 pesos y 574.120,29 dólares.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en 2022 por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con una de sus sedes en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.

Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.

El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En el caso de que el aportante decidiera retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 (doce) meses.

Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir.

Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.

La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.

Los roles

Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:

  • Leonardo Cositorto: Era el Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, quien firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
  • Ricardo Gabriel Vilardel: Era el director y representante de Zoe en Salta. Era quien se encargaba de atender a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban a los mismos por el dinero entregado.
  • Ana Vilardel: Era la secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados
  • Jorge Federico Vilardel: Era el encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria.
  • Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.

 

 

Generación Zoe: Imputaron a Cositorto y sus socios salteños por 60 estafas y asociación ilícita

 

Amplían la imputación a un hombre por estafas relacionadas a la gestión de viviendas

El hombre, que actuaba bajo los alias de Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue detenido el 29 de mayo pasado. La UDEC intervino tras denuncias en agosto de 2022 sobre un esquema de entrega de viviendas sociales recuperadas. También se reportaron casos de engaño en la venta de terrenos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación contra un hombre detenido el 29 de mayo pasado por estafas relacionadas a la gestión de viviendas.

El hombre, que también se hacía llamar Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue imputado por estafas reiteradas (6 hechos), y falsificación de instrumento público (2 hechos), todo en concurso real.

Sobre el imputado pesaba una orden de detención anterior emitida por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por incomparecencia a una audiencia debate por dos hechos de estafa que fue solicitada por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La UDEC intervino luego de una denuncia en agosto de 2022, en la cual una mujer relató que su hermano le informó sobre un supuesto esquema de entrega de viviendas sociales recuperadas. Otra mujer también fue engañada en abril de 2022 con la venta de terrenos por parte de una persona llamada Julián Gutiérrez, quien afirmaba trabajar en el Gobierno. Además, en 2019, una mujer entregó dinero a un hombre que se hacía pasar por Julián Reinoso, supuesto empleado del IPV, con la promesa de obtener una casa en el Barrio Pereyra Rosas.

Los investigadores de la UDEC realizaron tareas de campo, pudiendo identificar que el hombre que se presentaba como Reinoso entregaba a los denunciantes, a cambio del dinero, documentación con firmas y sellos del IPV, firmada supuestamente por los responsables de áreas, como una forma de generar confianza en las víctimas y otorgar apariencia de legalidad a la operación realizada. En los tres hechos intervinieron tres colaboradores distintos.

Saulo SRL: Amplían la imputación a 537 estafas y vaciamiento de empresa

El Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que los denunciantes efectuaron, a favor de la financiera, desprendimientos patrimoniales que ascienden a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación a 537 hechos de estafa, asociación ilícita y vaciamiento de empresa contra cuatro personas que ya se encontraban imputadas por  estafas vinculadas a la firma Saulo Capital SRL.

Durante la audiencia, dos hombres declararon y brindaron su versión de los hechos; mientras que otro hombre y la mujer se abstuvieron de declarar. Todos fueron asistidos por abogados particulares.

De acuerdo a la información recabada por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, los denunciantes efectuaron desprendimientos patrimoniales que ascienden a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36, llegando la mayoría a celebrar los contratos de inversión durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022 (principalmente entre los meses de enero a marzo de 2022).

Al realizarse los allanamientos en los locales comerciales no se encontró tal cantidad de dinero y las cuentas en entidades bancarias no tenían saldo, por lo que la fiscal Salinas Odorisio consideró que los imputados afectaron el normal desarrollo de la financiera al ocultar y hacer desaparecer las sumas de dinero que ingresaban a la empresa de los pagos que efectuaban los clientes por los contratos de capitalización celebrados y que no cumplimentaron, y que concluyeron con el cierre de la financiera. Sumado al hecho de que la totalidad de los locales comerciales se encuentran cerrados o en poder de terceros, todo ello afectando el patrimonio, garantía común de los acreedores

Saulo SRL

En mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició una investigación.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

 

Dos nuevos imputados por estafas relacionadas a la gestión de viviendas

Se trata de un hombre y una mujer que habrían actuado como intermediarios para que las operaciones por las falsas gestiones se concretaran.

El fiscal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Daniel Escalante, imputó provisionalmente a un hombre y a una mujer por el delito de estafa en la causa que investiga por estafas relacionadas a la gestión de casas en el Instituto Provincial de la Vivienda.

En la misma causa, ya fue imputado otro hombre -que operaba bajo los alias Julio Reinoso y Julián Reinoso- y que, de acuerdo a lo denunciado por distintas personas, ofrecía casas que habían sido desadjudicadas por el IPV a cambio de una suma de dinero.

Los investigadores de la UDEC realizaron tareas de campo, pudiendo identificar que el hombre denunciado, que se presentaba como Reinoso, entregaba a los denunciantes, a cambio del dinero, documentación con firmas y sellos del IPV, firmada supuestamente por los responsables de áreas, como una forma de generar confianza en las víctimas y otorgar apariencia de legalidad a la operación realizada.

Los dos nuevos imputados habrían actuado como intermediarios para que las operaciones por las falsas gestiones se concretaran.

 

Imputado por estafas relacionadas a la gestión de viviendas

El hombre fue detenido en la tarde de ayer, durante un operativo encabezado por la UDEC_

El fiscal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Daniel Escalante, imputó provisionalmente a un hombre que fue detenido ayer por los delitos de estafas reiteradas (3 hechos), y falsificación de instrumento público (2 hechos), todo en concurso real.

Durante la audiencia de imputación, el hombre fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. Escalante solicitó su prisión preventiva.

Sobre el hombre –que también se hacía llamar Julio Reinoso y Julián Reinoso-, pesaba una orden de detención anterior emitida por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por incomparecencia a una audiencia debate por dos hechos de estafa que fue solicitada por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La UDEC intervino luego de una denuncia en agosto de 2022, en la cual una mujer relató que su hermano le informó sobre un supuesto esquema de entrega de viviendas sociales recuperadas. Otra mujer también fue engañada en abril de 2022 con la venta de terrenos por parte de una persona llamada Julián Gutiérrez, quien afirmaba trabajar en el Gobierno. Además, en 2019, una mujer entregó dinero a un hombre que se hacía pasar por Julián Reinoso, supuesto empleado del IPV, con la promesa de obtener una casa en el Barrio Pereyra Rosas.

Leer más: Un detenido por estafas relacionadas a la gestión de viviendas

Los investigadores de la UDEC descubrieron que los estafadores entregaban documentación falsa con sellos y firmas del IPV para aparentar legitimidad en las transacciones. Tres colaboradores involucrados en los hechos ya fueron citados por la fiscalía.

Un detenido por estafas relacionadas a la gestión de viviendas

Esta tarde se realizaron tres allanamientos en la capital salteña. En el domicilio del detenido también fueron halladas sustancias estupefacientes por lo que se dio intervención a la UFINAR.

El fiscal Penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Daniel Escalante, encabezó esta tarde un operativo en el marco de una investigación por estafas que lleva adelante la UDEC.

Con autorización del Juzgado de Garantías 1 fueron allanadas tres viviendas de la capital salteña: una ubicada en calle España al 1900, una en barrio Castañares y otra en barrio Progreso. Como resultado del operativo fue detenido un hombre, secuestrados elementos de interés para la causa y se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad al encontrar en uno de los domicilios sustancias estupefacientes.

El detenido, que empleaba otros nombres como Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia. Sobre él pesaba, también, una orden de detención emitida por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por incomparecencia a una audiencia debate por dos hechos de estafa que fue solicitada por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La intervención de la UDEC inició luego que una mujer denunciara el 19 de agosto de 2022 que dos años antes, en diciembre de 2020, su hermano le comentó que un compañero de trabajo le había contado que un conocido entregaba viviendas sociales recuperadas.

La damnificada contactó a un individuo que afirmaba tener un contacto en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), quien le ofreció la posibilidad de obtener un inmueble a cambio de una determinada suma de dinero. Confiando en esta oferta, la mujer entregó el dinero y recibió una carpeta con documentos supuestamente emitidos por el organismo provincial. Pasaron dos años y, al no recibir la adjudicación de la vivienda, decidió acudir a las oficinas, descubriendo que no había ningún registro de su solicitud y que toda la documentación que le habían entregado era apócrifa.

En abril de 2022, otra mujer recibió información sobre la venta de terrenos a través de un contacto relacionado con su padre. Decidió aprovechar esta oportunidad y entregó una suma de 1.200.000 pesos para cubrir los gastos de escribanía. Según su denuncia, el responsable de la venta fue una persona llamada Julián Gutiérrez, quien afirmó trabajar en el Gobierno. El encuentro para la firma de los documentos se llevó a cabo en una oficina ubicada en Grand Bourg.

En 2019, una mujer recibió información de una amiga sobre un hombre llamado Julián Reinoso, quien aseguraba trabajar en el IPV y le ofrecía la posibilidad de obtener una casa en la urbanización del Barrio Pereyra Rosas. Motivada por esta oportunidad, la mujer entregó dinero al hombre. Posteriormente, Julián Reinoso se presentó en su domicilio para que ella firmara unos documentos. Durante ese encuentro, la mujer grabó con su celular al hombre y también registró el vehículo en el que llegó. Pasado el tiempo, y ante la falta de respuestas, se presentó en el organismo en donde le informaron que allí no trabajaba ningún Julián Reinoso y le indicaron que radicara denuncia por el hecho, lo cual hizo en 2021.

Los investigadores de la UDEC realizaron tareas de campo, pudiendo identificar que el hombre denunciado, que se presentaba como Reinoso, entregaba a los denunciantes, a cambio del dinero, documentación con firmas y sellos del IPV, firmada supuestamente por los responsables de áreas, como una forma de generar confianza en las víctimas y otorgar apariencia de legalidad a la operación realizada. En los tres hechos intervinieron tres colaboradores distintos, que ya fueron citados a sede fiscal.