Estafaban desde Córdoba y se quedaron con más de $290 mil de la cuenta de un salteño

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a Zaira Martínez Abigail, Pablo Sebastián Duarte, Darío Ezequiel Amado Martínez, Malena Ariadna Lindon, Katerinne Juliana Spallina y Lucas Matías Rondinella, todos con domicilio en la provincia de Córdoba, acusados de los delitos de estafa (un hecho) y asociación ilícita, todo en concurso real, en calidad de coautores. Permanecerán detenidos. El fiscal no descartó nuevas detenciones en el marco de la investigación.

Del decreto de imputación, surgió que los imputados actuaron de común acuerdo y con división de tareas, conformaron un grupo delictivo. Es que a partir de las investigaciones, se tuvo que los detenidos realizaron operaciones bancarias no autorizadas por el denunciante y víctima, por la suma total de $290.200, para luego disponer discrecionalmente de esa suma y realizar extracciones y transferencias bancarias, lo que generó un grave perjuicio económico al denunciante.

La intervención del fiscal penal Leandro Flores, se produjo tras la denuncia radicada por la víctima, quien expresó que el 14 de septiembre de 2020, notó que no ingresaban llamadas a su celular, por lo que llamó a la empresa proveedora del servicio y una operadora le dio a conocer que su línea fue desactivada y denunciada por robo ese mismo día.

Entonces, el denunciante sospechó y se dirigió a un cajero automático, donde solicitó los movimientos de su cuenta y se dio con la novedad de que solo le quedaban $200 (doscientos pesos), cuando el día anterior, la cifra era de $295.898 (doscientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y ocho).

En su denuncia, reconoció que no realizó la extracción o transferencia del dinero. También aclaró que previamente, se comunicó a su celular una mujer que expresó ser del banco del cual la víctima es cliente. Sostuvo que esta mujer le recitó el número de su tarjeta de crédito para “corroborar”, mientras que la víctima confirmó que eran los números y le reclamó que si efectivamente el llamado provenía del banco, deberían contar con ese números, pero le respondieron que si no confirmaba le bloquearían sus transferencias de sueldo.

Estafó al vendedor de una camioneta con un cheque

El fiscal penal Leando Flores, imputó a Adrián Antonio Vera por videoconferencia por el delito de estafa. En el mes de marzo, adquirió una camioneta con un cheque cuya cuenta se encontraba cerrada desde 2017. El acusado se encuentra detenido en Buenos Aires por una causa federal vinculada al robo de caños de un gasoducto en el Norte de la provincia de Salta.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, formalizó el pasado miércoles 9 de setiembre, la audiencia de imputación mediante videoconferencia de Antonio Adrián Vera por el delito de estafa.

La denuncia fue radicada por un hombre que estaba encargado por un amigo, de la venta del vehículo. Relata que publicó la oferta mediante la red social Facebook y fue contactado por Messenger por Vera, quien demostró interés y ofreció pagarla con un cheque que estaba a nombre de una empresa con solvencia.

Tras un intercambio de mensajes por Whatssapp, el vendedor verificó que la misma no presentaba cheques rechazados y concretaron la operación en su domicilio con un boleto compra venta .

Al presentarse a cobrar el cheque en la entidad bancaria, se dio con la noticia que la cuenta a la que pertenecía, había sido cerrada en 2017.

Tras la denuncia y tareas investigativas, el vehículo fue localizado en la localidad de General Mosconi y se procedió a su secuestro.

Irán a juicio por estafar con la venta de terrenos y viviendas

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se requirió juicio para dos hombres y una mujer, que bajo el nombre de la empresa Ecovista, ofrecían a través de publicidad masiva, la posibilidad de adquirir terrenos y/o viviendas que nunca entregaron. Son 24 los damnificados que radicaron denuncia.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio para Francisco Marcelino Alfaro, Marcos Sebastián Alfaro y Justina Chaile como coautores del delito de estafa (24 hechos).

En la investigación consta que los acusados, actuando de común acuerdo y mostrándose como titulares de una empresa solvente y responsable de diversos loteos y construcción de viviendas -Proyectos Urbanístico Los Arcos y Palmares de la Isla-, ofrecían a través de publicidades masivas la posibilidad de adquirir lotes y/o viviendas.

Luego suscribían un contrato con los interesados, solicitando distintas sumas de dinero, a sabiendas de que no cumplirían con lo pactado.

El modus operandi de los acusados consistía en hacer suscribir a las victimas un plan de pagos (“Ecoplan”) o un contrato de adhesión al Fideicomiso “Los Arcos” por el cual debían pagar cuotas mensuales ajustadas a un índice de aumento salarial para la adquisición del lote.

El ardid se completaba a través del montaje de una infraestructura suficiente como para otorgar visos de legitimidad al negocio propuesto. Asimismo, para perfeccionar el engaño se certificaba la firma de los compradores por medio de un escribano que era propuesto por los imputados y se trasladaba a los interesados en autos de la empresa a distintas locaciones para mostrarle supuestos barrios que se encontraban urbanizando, lo que no era cierto.

Como evidencia del engaño desplegado por los imputados, en el requerimiento se encuentran incorporados los informes de las empresas Gasnor, Edesa y Aguas del Norte, que dan cuenta de las respuestas negativas acerca de proporcionar los servicios básicos en los lotes que los imputados ofrecían al público. En este sentido, se observa que éstos iniciaron los trámites en las mencionadas empresas a los efectos de otorgar una apariencia de viabilidad y legitimidad al futuro loteo, sin embargo éstos fueron discontinuados.

Tampoco obran registros en la Dirección General de Inmuebles acerca de loteos o urbanizaciones aprobadas con los nombres “Los Arcos” o “Palmares de la Isla”.

Se demuestra también que se trata de un mismo grupo de acción, donde figuran como titulares de la sociedad “Ecovista”, Francisco Marcelino Alfaro, Justina Chaile y Marcos Sebastián Alfaro, con distribución de tareas para lograr el cometido defraudatorio.

Condenaron al municipal que estafó en nombre del Tribunal de Faltas

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el Juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional a Ramiro Gustavo Rivero, por el delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. El magistrado también lo inhabilitó por seis meses para ejercer cargos públicos.

Surgió de la investigación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.

El instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación, quien refirió que escuchó una sumariante decir “¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?” lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.

Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que al corroborar en el sistema con el número de acta observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.

En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad e indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo, por lo que personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.

El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó por ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.

Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500 y que podría retirar el vehículo en dos semanas.

El dicente aceptó y pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.

Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545.

El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento y fue allí que cuando consultó, se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal y que atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido.

Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa y que por esa razón busco asesoramiento.

Un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.

Metán: imputaron a un hábil estafador

Un hombre de 35 años fue detenido por un hecho donde adquirió mercadería a un comerciante usando la red social Facebook y simuló haberle hecho la transferencia del dinero. En el allanamiento realizado en su vivienda, se secuestró parte de los productos que se llevó de la casa del damnificado y otros elementos de interés para la causa. La audiencia de imputación se concretó este sábado.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó este sábado a Víctor Miguel Olivera como autor del delito de estafa – defraudación especial, en perjuicio de un comerciante de esa ciudad.

Según consta en la denuncia, el damnificado fue contactado en el mes de marzo por el acusado a través de Facebook. Le dijo que quería comprar los productos de iluminación que ofrecía, para revender y continuaron con las negociaciones vía Whatsapp. Finalmente la operación no se concretó.

En el mes de junio, ante una nueva publicación del damnificado, se contactó nuevamente el acusado pero desde otro perfil y usando el mismo número de teléfono. Luego de las negociaciones, le solicitó mercadería valuada en más de 70 mil pesos, la que sería buscada por un remis y acordaron el pago mediante transferencia bancaria.

Antes de que llegue el remis a buscar los productos, el acusado le envió una impresión de pantalla de un supuesto mail que le envió el banco, confirmando la transferencia con sus datos, por lo que confió y entregó la mercadería.

Luego pudo comprobar que no se había depositado el dinero en su cuenta y le reclamó al comprador, quien usó diferentes excusas.

Los efectivos de la Brigada de Metán iniciaron una minuciosa investigación y lograron identificar a Olivera, quien usaba un nombre falso y con orden de allanamiento solicitada por Gómez Amado al Juzgado de Garantías en turno, se ingresó en el domicilio de barrio Nuestra Señora del Carmen de esa ciudad.

Cumplida la medida, se produjo la detención de Olivera y el secuestro de mercadería cuya procedencia no pudo explicar y dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

Tras su imputación, Gómez Amado solicitó que se mantenga detenido mientras se completan las distintas medidas solicitadas para el esclarecimiento del hecho.

Un municipal detenido por estafar en nombre del Tribunal de Faltas

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a Ramiro Gustavo Rivero, acusado del delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. Permanece detenido.

Un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.

Surge del decreto de imputación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.

El instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación, quien refirió que escuchó una sumariante decir «¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?» lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.

Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que al corroborar en el sistema con el número de acta observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.

En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad e indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo, por lo que personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.

El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó por ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM  para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.

Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500 y que podría retirar el vehículo en dos semanas.

El dicente aceptó y pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.

Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545.

El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento y fue allí que cuando consultó, se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal y que atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido. Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con  desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa y que por esa razón busco asesoramiento.

Fingieron ser de Zoonosis y se llevaron casi 400 kilos de alimento para perro

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó preventivamente a Carlos Daniel Mendoza y Carlos Gabriel Campos, por los delitos de estafa y fraude a la administración pública (dos hechos) y tentativa de estafa y fraude a la administración pública, todo en concurso real. Ambos acusados asistieron a la audiencia de imputación asistidos por su defensa y optaron por declarar.

Según consta en el legajo de investigación, los imputados actuaron en connivencia y simularon ser empleados de la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Salta, área de la cual el imputado Carlos Daniel Mendoza fue despedido en febrero pasado.

Mediante maniobras ardidosas, los acusados pidieron la entrega de alimentos para perro al personal del Hipermercado Libertad e hicieron incurrir en el error a los damnificados, quienes realizaron la disposición patrimonial solicitada mediante la entrega de 193 kilos de alimento, el 27 de febrero, y de la misma cantidad, el 14 de abril. Ambas partidas estaban destinadas a una donación para la Subsecretaria de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Salta.

Esto causó un perjuicio al hipermercado mencionado y también una defraudación a la Administración Pública Municipal, al hacerse los imputados indebidamente de la mercadería que estaba destinada a la comuna.

Los acusados intentaron realizar la misma maniobra el 26 de mayo, en el mismo hipermercado y solicitaron la entrega de 300 kilos de alimento, pero no pudieron consumar el hecho.

La intervención de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke se produjo tras la denuncia radicada el 26 de mayo por el subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Salta, Luciano Gastón Simkin, quien hizo notar que Carlos Daniel Mendoza, de 63 años, fue empleado de Zoonosis hasta el día 7 de febrero y que fue puesto a disponibilidad por distintos hechos delictivos en la Subsecretaría.

Además, indicó que al tomar conocimiento por parte de personal policial de que dos personas retiraban 300 kilos de alimento para perro que estaban destinados a Zoonosis, se desplazó de manera inmediata hacia el comercio, donde los imputados estaban por cargar el alimento en un automóvil Renault 9, conducido por Carlos Gabriel Campos, de 35 años.

Simkin también se entrevistó con la encargada de Recursos Humanos del hipermercado, quien le informó que las mismas personas ya habían retirado en febrero y en abril las cantidades de alimento mencionadas.

Nueva estafa con la venta de terrenos

Un hombre que simulaba ser empleado de Tierra y Hábitat, vendió un terreno en Atocha a una mujer. Le solicitó una importante suma de dinero y una motocicleta como forma de pago. La damnificada descubrió luego que los papeles eran apócrifos y lo denunció. Fue imputado y se solicitó que se mantenga su detención.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria extraordinaria, Leandro Flores, imputó este lunes a Pablo José Yañez como autor de los delitos de estafa y violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia.

La denuncia fue radicada el pasado martes 14 por una mujer que mediante la red social Facebook, contactó a una persona que vendía un terreno en Atocha. Esta persona le dio un nombre falso y le dijo que era empleado de Tierra y Hábitat.

Le solicitó para la entrega del terreno una importante suma de dinero y la entrega de una motocicleta y una vez concretada la operación, le brindó una carpeta con la documentación.

La damnificada verificó luego que se trataba de papeles apócrifos y cuando intentó reclamarle al vendedor, este la evadió y luego bloqueó todo medio de contacto, por lo que radicó la denuncia.

Personal policial de la División de Delitos Económicos tomó intervención en la investigación y luego de identificar al sospechoso, llevaron a cabo el allanamiento en la vivienda y su detención.

El fiscal Flores solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga privado de su libertad al acusado mientras se completan diversas medidas solicitadas.

Violó por tercera vez la cuarentena y estafó a dos personas

El fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, imputó a Gustavo Exequiel Ugarte por la presunta comisión de los delitos de violación a las medidas adoptadas para evitar la propagación de una pandemia y estafa (dos hechos), todo en concurso real en calidad de autor. Fue solicitado el mantenimiento de su detención.

Del decreto de imputación se desprende que este miércoles 15 de abril, el imputado circuló en la vía pública, en Cerrillos, y omitió dar cumplimiento a las directivas impartidas por personal policial, sin tener permiso de circulación ni justificación alguna.

Se trata de la segunda imputación del acusado, quien el pasado sábado 11 de abril fue acusado por la misma fiscalía por omitir el cumplimiento a las mismas directivas del personal policial, que en el primer episodio le labró un acta de infracción por circular sin permiso ni justificación en el marco del DNU 255/20.

El imputado también está acusado de defraudar a dos personas, a quienes les pidió sus bicicletas, no se las devolvió y las vendió a terceros.

Detienen a falso “gestor” municipal

Un hombre señalado por testigos como “puntero político”, estafó al menos a cuatro personas simulando ser empleado municipal o tener contactos para realizar trámites relacionados al levantamiento de multas de tránsito a cambio de dinero. Tenía sellos apócrifos.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos, integrada por los fiscales penales María Eugenia Guzmán y Leandro Flores, llevan adelante una investigación en la que un hombre identificado como Víctor Álvarez, “Moncholo”, simulaba ser empleado municipal o gestor con “contactos” y ofrecía a cambio de una suma de dinero, solucionar infracciones de tránsito.

Con autorización del Juzgado de Garantías 5, se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado, se secuestraron documentos y sellos vinculados a la investigación y se procedió a la detención de Álvarez.

De las tareas investigativas desplegadas, se pudo saber que “Moncholo” solicitaba a los contribuyentes una suma de dinero a cambio de solucionarles infracciones de tránsito e incluso les brindaba un recibo con sello impreso.

Los testigos refirieron que el acusado es conocido como “puntero político” y les decía que era empleado municipal o se presentaba como gestor con “contactos”. Tras su detención fue imputado por los delitos de estafa e impresión fraudulenta de sellos (4 hechos).