Rosario de la Frontera: Los imputados por estafa en la venta de ganado declararán por escrito

Dos hombres fueron imputados en forma provisional por el delito de estafa en perjuicio de un empresario, al que le habrían vendido ganado por una suma superior a los cuatro millones de pesos. Los animales fueron decomisados porque el documento para el traslado y comercialización otorgado se encontraba adulterado.

Los fiscales penales de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra y Nicolás Rodríguez López, en el marco de la investigación que llevan adelante por la denuncia de estafa que realizó un empresario agropecuario, imputaron provisionalmente a un hombre de 57 años y a su hijo, también mayor de edad, por la posible comisión del delito de estafa.

El damnificado denunció que realizó una compra de hacienda valuada en más de cuatro millones de pesos a los acusados y a otras dos personas y que cuando los camiones que transportaban el ganado fueron interceptados en un control, el SENASA procedió al secuestro de lo transportado porque el documento autorizado para el traslado y comercialización del ganado (DTE) que le habrían entregado los vendedores, presentaba adulteraciones. El ganado secuestrado fue decomisado y sacrificado en un matadero.

Ante el pedido de los fiscales, el Juzgado de Garantías interviniente libró además orden de detención para otras dos personas vinculadas a la investigación.  

Los acusados estuvieron acompañados de un defensor particular, se abstuvieron de declarar y señalaron que lo harán por escrito.

Cabe recordar que inicialmente se abrió una instancia de mediación, la cual fracasó y ante la falta de acuerdo de las partes, se dio por concluida.

No declaró el acusado de estafar con un respirador

El hombre de 39 años que fue detenido en la provincia de Buenos Aires, acusado de estafar a una asociación de docentes autoconvocados con la compra de un respirador que pensaban donar al hospital de Metán, fue imputado y se abstuvo de declarar.

El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interino en Fiscalía Penal 1 de Metán, imputó provisionalmente este lunes a un hombre de 39 años por la posible comisión del delito de estafa.

La denuncia fue radicada en el mes de marzo de este año por un intermediario encargado de la compra de un respirador automático para una asociación de docentes autoconvocados de Metán. Relata que en diciembre de 2020 realizó la compra vía Internet de un respirador automático que debía ser entregado el 4 de enero de este año para ser donado al hospital del Carmen de esa ciudad.

El pago se realizó a través de transferencia bancaria y el producto nunca llegó y ante los sucesivos reclamos, el acusado solo le brindaba excusas y lo evadía.

En la acusación, se sostiene que el detenido habría realizado la venta del respirador y nunca lo envió a la ciudad de Metán y tampoco reembolsó el dinero que se pagó por él.

A partir de las tareas realizadas por la Brigada de Investigaciones 3 de Metán, se logró ubicar al acusado en la provincia de Buenos Aires y con la colaboración de fuerzas nacionales fue aprehendido y trasladado a la ciudad de Metán.

Estuvo acompañado por un defensor oficial y luego de conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención.

Desbaratan una banda que estafaba con el IFE desde un penal de Córdoba

El fiscal penal 1, Ezequiel Molinati, imputó provisionalmente por la comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita en concurso real  a Lucas Ariel Gómez; Andrés José Mamonde y Lucio Joel Blanco, en calidad de autores. Fueron trasladados desde Córdoba y se encuentran detenidos en Salta. No se descartan nuevas detenciones e imputaciones.

El fiscal Molinati los acusó porque mediante ardides y engaños, conformaron una asociación ilícita a los fines de cometer distintas estafas telefónicas y en mayo pasado, se hicieron de los datos bancarios de una mujer salteña, con los cuales realizaron distintas transacciones y operaciones bancarias en perjuicio de la víctima.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, -una mujer docente-, quien relató que el 29 de mayo de 2020, recibió un llamado de un supuesto abogado y representante de ANSES, encargado de tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Le dijo que necesitaba una tarjeta de débito para que dos hermanos de la mujer pudieran acceder al beneficio, ya que habían hecho un reclamo.

El 8 de junio pasado, la víctima fue a extraer fondos del cajero automático y solo tenía $400 (pesos  cuatrocientos), cuando debía tener al menos, $20.000 (pesos veinte mil). En la entidad bancaria, realizó la consulta correspondiente y le informaron que los fondos habían sido transferidos.

Durante la investigación, el fiscal determinó que la organización delictiva estaba compuesta por dos familias, quienes operaban desde el Complejo Penitenciario 2, de Córdoba, conocida como la “cárcel de Bouwer”, ubicada en el paraje “Alto El Durazno”, a la altura de Bower, sobre la Ruta Nacional N° 36 de esa provincia.

Lucio Joel Blanco, Andrés José Mamonde y un tercero, se encontraban entonces privados de la libertad y realizaron llamadas a diversas provincias del norte argentino, haciéndose pasar por abogados de Anses y lograban que las víctimas transfirieran fondos a sus cómplices de confianza, todos familiares directos que no estaban privados de la libertad. Según lo recabado por el GIS -Grupo de Investigación Sector 1B de la Policía de la Provincia de Salta-, una de las hermanas de Mamonde, transfería el dinero a otra hermana y la pareja de ésta, mientras que la madre del mismo acusado transfería el dinero a otro de sus hijos. Ambas mujeres contaban con cuentas bancarias temporarias para retirar el dinero.

Para acusarlos de integrar una asociación ilícita, el Fiscal tuvo en cuenta que la banda contaría al menos con ocho integrantes, que se asociaron con el propósito colectivo de delinquir, con parentesco y vínculos entre sus integrantes. Utilizaban una línea telefónica para brindar identidad ficticia y conseguir los CBU de las víctimas y tenían roles y funciones bien designadas (personas que llaman telefónicamente y cometen el ardid, personas que reciben el dinero por transferencias y en ocasiones personas que retiran el dinero ilícito).  Y se confirmó además, la permanencia en el tiempo, lo que demostró que no fue un hecho casual. Por el contrario, la modalidad de estafas telefónicas se mantuvo en el tiempo porque la banda delictiva operó mínimamente, por un periodo de siete meses de 2020, y especialmente después de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación del coronavirus.

La investigación penal continúa, en pos de detener e imputar al resto de la banda por la comisión del delito de estafa y asociación ilícita en concurso real, en carácter de coautores.

Imputan a una mujer por estafar a dos adultos mayores

La acusada, que aseguraba ser pareja de uno de los hombres de 71 años, se había instalado en su casa y llevó a vivir a otro hombre de 79 años. En febrero, la Fiscalía de Violencia Familiar y Género N° 1 había solicitado el allanamiento para preservar la integridad física, psíquica, emocional y económica de los adultos. Los investigadores del CIF confirmaron que la imputada realizó pedidos de préstamos por canales electrónicos a nombre de ambos hombres.

La Fiscalía de Violencia Familiar y Género N° 1 imputó a una mujer de 42 años por estafa mediante el uso de tarjeta y desobediencia judicial en perjuicio de dos adultos mayores.

La investigación llevada a cabo por el personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) permitió -el 10 de febrero pasado- allanar la vivienda en la que se encontraban los dos septuagenarios y resguardar su integridad física, psíquica, emocional y económica.

La hija de uno de los adultos mayores había denunciado en dos oportunidades que una mujer, fingiendo ser pareja de su padre de 71 años, le impedía el contacto, lo sometía a maltratos y se había instalado a vivir en la casa del hombre. Además, también aseguró que la mujer llevó a vivir a la casa de su padre, en barrio Juan Pablo II, a otro hombre de 79 años, manteniéndolo encerrado en una habitación, en condiciones infrahumanas, con total falta de higiene y cuidados.

Ante ello, la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 1 tomó intervención y solicitó el allanamiento que permitió poner a resguardo a los dos adultos mayores y realizó una investigación que posibilitó corroborar las maniobras económicas de la mujer.

Los investigadores del CIF demostraron que la denunciada realizó pedidos de préstamos por canales electrónicos por un monto de 70.000 pesos. El 11, 12 y 13 de noviembre de 2020, por $ 20.000 cada día y el 18 y 19 por $4000 y $5000.

Además, en enero, febrero y marzo de 2020, la mujer solicitó microcréditos a nombre de los adultos mayores.

Teniendo en cuenta todo esto, la fiscala de Violencia de Violencia Familiar y Género N° 1 imputó a la mujer por estafa ya que, mediante ardides y engaño, y el uso no autorizado de las tarjetas de débito de los damnificados, sustrajo dinero y solicitó préstamos por medio de cajeros automáticos.

Investigadores del CIF lograron detener a un hábil estafador

En el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos, investigadores del CIF lograron la detención de un hombre que usando distintos nombres, fingía ser empleado de Trenes Argentinos y estafó al menos a 18 personas con la promesa de empleo. Será imputado en las próximas horas.

Los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a partir de una minuciosa investigación, lograron individualizar a un hombre de 62 años, con frondoso prontuario delictivo, y que cometió al menos 18 hechos de estafa contra personas que buscaban empleo.

El ardid del hábil estafador consistía en presentarse como empleado de Trenes Argentinos, con contactos e influencias para garantizar un empleo tanto a hombres como mujeres, a los que les solicitaba sumas de dinero para realizar las gestiones y los exámenes preocupacionales que nunca se realizaron.

La investigación es dirigida por la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien reunidos los elementos de convicción necesarios, solicitó orden de allanamiento y detención al Juzgado de Garantías 6.

Como resultado de la medida realizada por los investigadores del CIF, en las últimas horas se logró la detención del acusado y el secuestro de elementos de interés para la causa. La audiencia de imputación se concretará en las próximas horas.

Metán: imputaron a una falsa abogada y a un cómplice

Tras una minuciosa investigación, el fiscal penal Gómez Amado, logró identificar a una mujer que simulaba ser abogada y que junto a dos personas que colaboraban con ella, cometieron hechos de estafa. Inicialmente se imputó a una de las mujeres involucradas y la falsa profesional y el otro acusado, fueron imputados el pasado viernes, luego de cumplir aislamiento sanitario con orden de detención impartida por el Juzgado de Garantías interviniente.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó el pasado viernes a Maximiliano Alejandro Martins como autor del delito de estafa y a Cynthia Elizabeth Moya como autora de los delitos de estafas reiteradas y usurpación de título. Los acusados estuvieron asistidos por abogados particulares y se abstuvieron de declarar.

Por el hecho, ya se encontraba imputada por el delito de estafa, Ana Macarena Párraga de 27 años, quien colaboraba con la falsa abogada.

Gómez Amado inició una investigación a partir de la denuncia de un ciudadano de Metán, que resultó engañado por una mujer que se presentaba como abogada y que lo estafó en distintas sumas de dinero que le solicitaba para “trámites administrativos” de expedientes que supuestamente llevaba a su nombre.

La mujer pedía que le transfieran dinero a través del CBU, incluso enviaba a personas “de confianza” a buscar los pagos y brindaba recibos.

De las tareas desplegadas se pudo establecer la identidad de la mujer, residente en la ciudad de Salta y que no era abogada. También se pudo determinar quiénes eran el hombre y la mujer que trabajaban en conjunto con ella.

En la investigación surgió que existían otras denuncias contra la principal acusada por hechos de estafa.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, Gómez Amado solicitó al Juzgado de Garantías interviniente orden de allanamiento y detención para los domicilios de los investigados, donde pudo secuestrarse elementos de interés para la causa.

La mujer que fingía ser abogada y su otro colaborador, se encontraban cumpliendo aislamiento sanitario con orden de detención y cuando recibieron el alta, se llevó a cabo la audiencia de imputación.

Metán: estafaba fingiendo ser abogada

Tras una minuciosa investigación, el fiscal penal Gómez Amado, logró identificar a una mujer que simulaba ser abogada y que junto a dos personas que colaboraban con ella, cometieron hechos de estafa. Se imputó a una de las mujeres involucradas y los otros dos acusados se encuentran cumpliendo aislamiento con orden de detención impartida por el Juzgado de Garantías interviniente.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, inició una investigación a partir de la denuncia de un ciudadano de Metán, que resultó engañado por una mujer que se presentaba como abogada y que lo estafó en distintas sumas de dinero que le solicitaba para «trámites administrativos» de expedientes que supuestamente llevaba a su nombre.

La mujer pedía que le transfieran dinero a través del CBU, incluso enviaba a personas «de confianza» a buscar los pagos y brindaba recibos.

De las tareas desplegadas se pudo establecer la identidad de la mujer, residente en la ciudad de Salta y que no era abogada. También se pudo determinar quienes eran el hombre y la mujer que trabajaban en conjunto con ella.

En la investigación surgió que existían otras denuncias contra la principal acusada por hechos de estafa.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, Gómez Amado solicitó al Juzgado de Garantías interviniente orden de allanamiento y detención para los domicilios de los investigados, donde pudo secuestrarse elementos de interés para la causa.

Ana Macarena Párraga de 27 años, quien colaboraba con la falsa abogada, fue imputada el pasado viernes en la ciudad de Metán como autora del delito de estafa. Estuvo asistida por un abogado particular y desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.

La mujer que fingía ser abogada y su otro colaborador, se encuentran cumpliendo aislamiento sanitario con orden de detención y serán imputados cuando reciban el alta médica.

Ampliación: No declaró Pablo Rangeón

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, amplió la imputación contra el productor de modas Pablo Marcelo Rangéon, por la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de una víctima; abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una segunda víctima y abuso sexual con acceso carnal y estafa, en perjuicio de una tercera. Durante la audiencia celebrada el miércoles 31 de marzo, Rangeón se abstuvo de declarar.

Cabe recordar que el lunes 8 de marzo, Rangeón fue inicialmente imputado por el delito de de abuso sexual con acceso carnal continuado, en perjuicio de una mujer y en calidad de autor.

La intervención de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, se produjo tras la denuncia radicada por la primera víctima el pasado 1 de marzo, quien sostuvo que trabajó durante 7 años como encargada de la escuela de modelaje del imputado.

En su relato, la denunciante dijo que durante el período comprendido entre 2010 y 2017, el acusado la sometió sexual y psicológicamente y que en algunas oportunidades, lo hizo a través de agresiones físicas.

La mujer denunció también que tras hacer públicos los hechos a través de una cuenta de la red social Facebook, empezó a sufrir amenazas a través de cuentas falsas.

Tras recibir los testimonios de la víctima y del acusado, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, requirió al Juzgado de Garantías 8 la prisión preventiva del imputado.

Nuevas denuncias

El 9 de marzo, una segunda víctima radicó la denuncia en la Comisaría 3, donde relató que en una noche de noviembre de 2019, asistió al boliche Hakuna, en compañía de una amiga y del acusado. Indicó que en ese lugar, el imputado le dio una bebida alcohólica y que luego se despertó en su domicilio, sin recordar nada.

La denunciante sostuvo que despertó con lesiones y supuso que había sido abusada sexualmente. Luego, recibió una llamada del acusado, a quien decidió bloquear, luego de que este le dijera que tenía todo grabado.

El 11 de marzo, radicó la denuncia una tercera víctima, ante la Oficina de Orientación y Denuncia, donde relató que en agosto de 2019, fue a la agencia de modelos del denunciado y dijo que este abusó de ella en noviembre del mismo año. También denunció que el acusado se quedó con $40.000 que le había entregado para el alquiler de un inmueble que el acusado nunca le dio.

Teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, valoró las nuevas denuncias y las declaraciones testimoniales de las denunciantes y entendió que constituyeron elementos suficientes para ampliar la calificación legal de los hechos.

Dos condenados por estafar con la venta de terrenos

Ambos recibieron penas efectivas por hechos donde publicitaban la venta terrenos que no les pertenecían, recibían dinero de los interesados en carácter de adelanto y luego desaparecían. Uno de ellos incluso señalaba a los damnificados, tener vinculación con Tierra y Hábitat.

El fiscal penal Leandro Joaquín Flores, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Pablo José Yañez como autor de los delitos de estafa (siete hechos), falsificación de instrumento público (4 hechos) y violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia y contra Carlos Pelaez, como partícipe secundario del delito de estafa y violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia.

La investigación inició por denuncias en contra de Yañez, quien desde 2019 y 2020, simulando ser empleado de Tierra y Hábitat, ofrecía la venta de terrenos que no le pertenecían y solicitaba a los interesados sumas de dinero como seña, para luego desaparecer sin cumplir con lo acordado. Incluso les brindó documentación apócrifa.

En uno de los hechos, contó con la participación secundaria de Paz en su actividad delictiva.

La jueza Norma Beatriz Vera le impuso a Yañez una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y a Pelaez, 9 meses de prisión efectiva.

Desbaratan una banda que cometió 18 estafas

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a Cristo Arnaldo Suárez, Rocío Inés Roldán Matuz, Mabel Deolinda Díaz y Eduardo Emanuel Vale, todos con domicilio en la provincia de Córdoba, acusados de los delitos de estafa (18 hechos) y asociación ilícita, todo en concurso real. Los imputados continuarán detenidos y el fiscal no descartó nuevas detenciones en el marco de la investigación.

Del decreto de imputación, surgió que los acusados formaban parte de un grupo delictivo con división de tareas para hacer incurrir en error a las víctimas, a quienes convencieron de realizar disposiciones patrimoniales. Para esto, los acusados utilizaron, en todos los casos, la misma línea telefónica para comunicarse con las víctimas. Luego vaciaron sus cuentas bancarias y solicitaron distintos préstamos de dinero, por lo que causaron un perjuicio económico de importancia a sus víctimas.

Para las disposiciones patrimoniales que obtuvieron mediante los engaños, los imputados aparentaron -en algunos casos-, que llamaban para realizar un giro de dinero para un familiar enfermo; mientras que en otros, les hicieron creer que ganaron un premio y expresaron mentidamente a los damnificados que, para poder recibirlo, debían ingresar sus datos en el cajero automático, con lo que burlaron la buena fe de las víctimas.

Tras diversas tareas investigativas, fue requerido al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento en los domicilios de los acusados, medida con la que se logró el secuestro de diversos elementos probatorios como celulares, chips tarjetas de memoria, documentación varia y dinero en efectivo, además de concretar la detención de los imputados.