Fueron condenados por estafa y falsedad ideológica

El caso demandó una exhaustiva investigación hasta que se llegó a la condena impuesta a los acusados, por un hecho ocurrido en 2013. Se había transferido un inmueble mediante escritura apócrifa.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal de Juicio Sala VII, en el juicio en el que una contadora de 54 años y un hombre de 63 años, resultaron condenados por estafa.

La jueza Paola Marocco condenó a María Alejandra Torrado, a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, cinco años y cuatro meses de inhabilitación absoluta y costas, por los delitos de estafa y falsedad ideológica, en concurso real; y a Luis Eduardo Caballero, a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional y costas, por los delitos de estafa y falsedad ideológica, en concurso real.

Además, la jueza le impuso a los condenados, reglas de conducta por el término de tres años, entre las que se cuenta realizar trabajos no remunerados a favor de una institución de bien público, por el término de seis meses.

El hecho por el que resultaron condenados ambos, sucedió en 2013, cuando por una transferencia a la contadora Torrado, por la que Caballero adquirió un inmueble perteneciente al damnificado y propietario legítimo, se comprobó que la escritura era apócrifa, suplantándose la identidad por un homónimo.

Al tomar conocimiento de la situación en oportunidad de acudir a solicitar una cédula parcelaria, el damnificado se encontró con que la titularidad del inmueble había sido transferida a Caballero.

Esclarecen estafa con tarjetas de crédito a un comercio

Tras una minuciosa investigación, se identificó a un hombre como principal sospechoso de haber realizado compras online en una empresa que vende insumos de informática con tarjetas de crédito que no le pertenecían.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó en forma provisional a un hombre de 31 años como autor del delito de estafa.

La investigación se inició a partir de la denuncia del propietario de una empresa que vende insumos informáticos y electrónicos en la ciudad de Salta, al tomar conocimiento de que le fueron desconocidas compras online que se realizaron en diciembre de 2021 con 3 tarjetas de crédito.

Las tareas investigativas permitieron determinar que las compras online se realizaron con tres tarjetas de crédito que no le pertenecían al comprador y que el retiro de los productos valuados en alrededor de 400 mil pesos, fueron realizadas por dos remiseros, que habrían sido contratados para la tarea.

Con los datos aportados desde el comercio damnificado, los remiseros involucrados y las tareas desplegadas por los grupos investigativos, se identificó en la ciudad de Pichanal al principal sospechoso, quien casualmente posee un comercio de similar rubro en esa ciudad.

Con los elementos de convicción necesarios, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, orden de allanamiento y detención del sospechoso.

Ratifican la denuncia por estafa contra un legislador

En sede fiscal, la mujer que radicó la denuncia contra un diputado provincial por el departamento La Candelaria, ratificó en su declaración lo vertido en sede policial. El fiscal trabaja en el análisis de las distintas medidas probatorias dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho investigado.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, en el marco de la investigación que lleva adelante, informó que la denunciante fue citada a sede fiscal y que en su declaración ratificó en todos sus términos lo vertido en sede policial.

Cabe recordar que la mujer señala que había gestionado una beca oportunamente ante el legislador, y que al realizar un trámite en ANSES, descubrió que en la cuenta bancaria por donde percibía el beneficio, se realizaban movimientos con importantes sumas de dinero a su nombre, y que ella desconocía.

El fiscal Rodríguez López explicó que la investigación se encuentra en curso y que se trabaja en el análisis de las distintas medidas probatorias dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho, entre las que se cuenta la solicitud de informes a la institución bancaria, a la Cámara de Diputados y otras diligencias.

Rosario de la Frontera: Se investiga una denuncia por estafa contra un legislador

Fue radicada el pasado viernes por una mujer, contra un diputado provincial por el departamento La Candelaria. Desde la Fiscalía, se dispusieron diversas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, tomó intervención ante una denuncia radicada el pasado viernes en esa ciudad, en la que una mujer denuncia a un diputado provincial por el departamento La Candelaria, por el delito de estafa.

La denunciante señala que había gestionado una beca oportunamente ante el legislador, y que al realizar un trámite en ANSES, descubrió que en la cuenta bancaria por donde percibía el beneficio, se realizaban movimientos con importantes sumas de dinero a su nombre, y que ella desconocía.

Desde la Fiscalía se dispusieron diversas medidas, tales como solicitar informes a la institución bancaria, a la Cámara de Diputados, citar a la denunciante para que preste declaración en sede Fiscal para ampliar detalles y otras diligencias tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho.

Rosario de Lerma: Acusado de cuatro hechos de estafa

Usando una falsa identidad, alquiló vajilla, sillas y manteles y no los regresó. Se pudo constatar que posee antecedentes delictivos.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó en forma provisional a un hombre de 58 años como autor del delito de estafa (4 hechos) en perjuicio de comerciantes de ese departamento.

Son cuatro personas que denunciaron hechos con el mismo modus operandi y que describieron a la persona que los estafó con similares características. Ante esta situación los investigadores iniciaron tareas que permitieron identificar al sospechoso, que vive en la ciudad de Salta.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal Escalante solicitó al Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, orden de allanamiento para el domicilio del investigado, donde se logró secuestrar algunos de los elementos denunciados.

Tras la imputación, desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga la detención del acusado.

Imputado por estafa y usurpación en loteos de San Agustín y La Merced

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, de manera provisional, a un hombre de 42 años. Es por la presunta comisión de los delitos de estafa y administración fraudulenta en concurso ideal, usurpación y estafa (dos hechos), todo en concurso real.

Lotes La Merced

De las testimoniales y  abundante documentación aportada por los supuestos compradores, surge que el acusado habría vendido lotes pertenecientes a su propietario original, consignándose en los boletos de compraventa la frase “por cuenta y orden” de específicas personas, quienes no habrían concedido autorización y aludiendo a una escritura pública que no se condice con lo autorizado.

Uno de los damnificados compró terrenos al acusado por cuenta y orden de los titulares del dominio. Primero, se vende un inmueble del loteo La Merced, luego, en el mismo año, compró dos lotes, existiendo boleto de compraventa con fecha 5 de marzo de 2020. Conforme a la documentación presentada por la defensa técnica del acusado, rola poder general de administración y disposición en relación a un inmueble, no así respecto al otro.

Existen dos hechos nuevos de estafa en perjuicio de otros dos damnificados, que habrían sido cometidos por el acusado, quien no dispondría del poder general de administración y disposición, en relación al loteo en cuestión, puesto que en el contrato se alude a una escritura pública que data de 2018.

Según otra denuncia, interpuesta por otro damnificado, quien denuncia al acusado por un lote que adquirió en 2015 y canceló en 2016. En el boleto de compraventa del inmueble se consigna “por cuenta y orden del titular del dominio…”, pero no existiría poder alguno para la realización del acto.

En otra de las denuncias, interpuesta por una damnificada, se adjunta boleto de compraventa por dos lotes, en el que el acusado habría actuado, nuevamente, por cuenta y orden del titular, cuando no habría contado con el poder para realizar tales transacciones.

Por último, con fecha 15 de octubre de 2021, comparece un matrimonio con documento de compraventa de fecha 11 de diciembre de 2017 y que el acusado no contaría con la autorización del propietario original para celebrar la operación.

Lotes San Agustín

Conforme a la denuncia interpuesta por  un damnificado, se cuenta con un boleto de compraventa, celebrado el 7 de junio de 2017, por un lote en la localidad de San Agustín, departamento de Cerrillos.

El lote se vendió con el fin de que el acusado cumpliera con la condición de realizar el loteo. El 17 de septiembre de 2019 se celebra un nuevo acuerdo, en el que el acusado adquiere una fracción de terreno con el fin de realizar la ampliación del loteo “El Portal de San Agustín” para subdividirlo en terrenos urbanos. Se comprometía a realizar las gestiones necesarias para la posterior venta asumiendo la responsabilidad de regularización de loteos.

Realizado el análisis pertinente de la situación, surge que el acusado se habría salteado y omitido algunos pasos, dirigiendo su conducta a la venta de los lotes, sin contar con poder para ello.

Los tres hechos a imputar de manera provisoria, por parte de la fiscalía serían: Por un lado, considera la falta de precisión, prolijidad, claridad, en el cumplimiento de los deberes, que denota una forma irregular de actuar, lo que constituiría quebrantamiento de la fidelidad y, en cuanto a su modalidad, existe una seria evidencia de defraudación por abuso.

Por otro lado, el perjuicio patrimonial que se alcanza con el engaño y los gastos que debe afrontar una de las damnificadas, al no contar con todos los servicios; en tanto, otra damnificada compró un terreno que resultó ser de otra persona.

Por último, la posesión conferida al acusado y su oposición a devolver la misma, valiéndose de la violencia y el abuso de confianza, además de publicaciones en una red social en los que se ofrecen los terrenos. Todo ello, entiende la fiscalía, encuadra dentro del tipo penal de usurpación.

Con los elementos colectados, el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, entiende que constituyen elementos suficientes para ampliar la imputación provisional por la comisión de estafa (seis hechos), todo ello en concurso real.

Tartagal: Detenido por no querer pagar un viaje en remis

Un hombre de 22 años, que realizó un viaje desde Embarcacion a la ciudad de Tartagal, se negó a pagarle al remisero y fue imputado. Fue asistido por un defensor oficial y prestó declaración. Se solicitó que se mantenga su detención.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, imputó en forma provisional a un hombre de 22 años como autor del delito de estafa.

El hecho investigado ocurrió este martes, cuando el acusado realizó un viaje en remis desde la ciudad de Embarcación hasta la ciudad de Tartagal y se negó a pagar el importe de 4000 pesos.

El conductor se comunicó con personal policial, que se presentó en el lugar y demoró al acusado.

Durante la audiencia de imputación, estuvo acompañado de un defensor oficial y prestó declaración, dando su versión de lo ocurrido. Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención.

Imputan a una mujer por estafa con planes sociales

Una referente social fue denunciada por retener el DNI, tarjeta bancaria y apropiarse del dinero del Plan Potenciar Trabajo de un hombre. La semana pasada allanaron su vivienda y secuestraron varios DNI, tarjetas y documentación. Interviene la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer de 45 años por estafa en perjuicio de un hombre beneficiario del Plan Potenciar Trabajo.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) iniciaron luego de que una mujer denunciara a otra -identificándola como puntera política y a cargo de un comedor- por quedarse con las sumas del subsidio de su marido.

En la denuncia, la mujer contó que la referente había inscripto en el plan social a su marido, abriendo una cuenta bancaria. Para ello, le solicitó el Documento Nacional de Identidad y otra documentación de carácter personal.

Según el relato, aprovechándose de la situación de precariedad y teniendo en su poder la tarjeta de débito a nombre de su marido, percibió las sumas otorgadas en virtud del subsidio (realizando transferencias a la cuenta bancaria de titularidad de la imputada), y le entregó un monto irrisorio. Ante el reclamo de ello y el pedido de restitución del DNI y de la tarjeta de débito, la denunciante aseguró que la imputada le manifestó que la diferencia era retenida “para cubrir las necesidades del partido al que representa, y en particular del Comedor que dirige”.

Por último, la denunciante aseguró que “corroboraron que el partido político únicamente retiene para su financiamiento un 2% de los haberes a los titulares, por lo que las transferencias realizadas a la propia cuenta de la acusada, fueron para su propio provecho”

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación y, tras reunir distintos elementos de prueba, solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento a la vivienda de la denunciada, medida que se concretó días atrás.

Como resultado del procedimiento fueron incautados varios DNI, tarjetas bancarias y otra documentación relacionada a la causa. La mujer fue detenida e imputada provisionalmente por estafa.

Durante la audiencia, la mujer –que fue asistida por un abogado particular-, se abstuvo de declarar. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantenga su detención mientras continúa con la investigación.

Rosario de Lerma: Imputado por estafa y fraude en la compraventa de lotes

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó provisionalmente a un hombre de 41 años por los delitos de administración fraudulenta y estafa (siete hechos), todo en concurso real. Durante la audiencia, el acusado se abstuvo de declarar.

Según la denuncia radicada en junio de 2021, mediante contratos de compraventa firmados en 2015 y 2016, el denunciante le habría cedido la posesión al denunciado de lotes correspondientes al Loteo La Merced para su posterior venta, cuya ganancia sería distribuida entre ambas partes, bajo el cumplimiento de ciertas exigencias tributarias y registrales.

En cuanto a la venta de los lotes, la misma se dividió en tres partes: 40 % del primer terreno en la que el damnificado le suscribiría un poder de Disposición y Administración; 30 % una vez aprobados los planos de desmembramientos y subdivisión y el 30% restante una vez concluido el loteo con planos aprobados y servicios en funcionamiento. El acuerdo no autorizaba que el comprador solicitara el concurso de terceros.

El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante sostuvo que de los elementos recabados en la investigación “surgiría un perjuicio patrimonial derivado de la toma de posesión consentida de los terrenos, pero para un específico fin, cual es la preparación administrativa y logística de ellos, a fin de ser vendidos en la oportunidad fijada”.

Según entiende el fiscal Escalante, la conducta del acusado implica una deslealtad en el manejo de bienes ajenos, cuyo perjuicio recayó en el patrimonio del damnificado. Cita, además, que la falta de transparencia habría devenido en perjuicio evidente, al no tener conocimiento la víctima de la celebración de algunos boletos de compraventa y el no cumplimiento de las diligencias administrativas ante organismos municipales y provinciales, como se convino.

Durante la audiencia de imputación celebrada el miércoles 9 de febrero, el acusado, asistido por su defensor particular, se abstuvo de declarar.

Condenan en juicio abreviado a una falsa abogada

Cynthia Guadalupe Flores fue condenada a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, más una serie de reglas de conducta, por el delito de estafa y usurpación de título en concurso real.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, en acuerdo con la defensa de la imputada, solicitaron ante el Juzgado de Garantías 8, la aplicación de Procedimiento Abreviado Inicial.

Por su parte, la acusada ofreció sumas de dinero en concepto de reparación del daño ocasionado a las víctimas, siendo una de ellas, la profesional a la que usurpó la matrícula para operar.

Las actuaciones se iniciaron cuando una abogada, cuya matrícula está inhabilitada desde diciembre de 2020 por las tareas que desempeña, radicó denuncia en una comisaría de la ciudad de Orán, al tomar conocimiento de la actividad ilícita que estaría desplegando la acusada.

De la investigación surge que Flores, de 34 años, sin poseer título habilitante para ejercer la profesión de Abogada, con engaños y mentiras, usando la matrícula profesional de la denunciante, actuó con un modus operandi preciso -según se desprende de la sentencia- y captó a la otra damnificada, a la que solicitaba pagos por adelantado por tareas como representación en juicios, poderes para actuar en nombre de sus clientes y por ante entidades públicas y emitió comprobantes de pago.

A la acusada se le secuestró oportunamente, documentación relacionada al ejercicio de la profesión de Abogada, entre otros elementos.

Además, se desprende de la investigación que Flores hizo uso de las redes sociales y se presentó en diferentes programas de medios de comunicación local para promocionar su actividad como profesional del Derecho.

La jueza Claudia Puertas, luego de recibir la confesión de la acusada y la aceptación de los hechos que se le enrostran, le impuso el cumplimento de una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta. Además se acordó el pago de una suma de dinero a las damnificadas en concepto de reparación del daño.