Advierten sobre nueva modalidad de ciberestafa

A través de un malware que ingresa en las computadoras portátiles y de escritorio, al ingresar a la cuenta de homebanking oficial, se despliega una ventana emergente que solicita el reingreso de datos, con lo que los hackers acceden y roban el dinero. Ante cualquier sospecha, se recomienda salir de la sesión y no ingresar información de ningún tipo en dicha página.  

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, advirtió a la comunidad sobre una nueva modalidad de estafa informática que se está empleando en relación al ingreso y uso de las cuentas de homebanking que hacen los usuarios de los distintos bancos desde sus computadoras portátiles y de escritorio.

Sucede cuando el usuario ingresa a su cuenta de homebanking oficial y por acción de un malware o software malicioso (troyanos y otros) que se instaló en su dispositivo, se despliega una ventana emergente del navegador, donde se advierte que hay un supuesto inconveniente en la conexión y se solicita el reingreso de datos relacionados a la cuenta en esa ventana, lo que les permite acceder a la cuenta y robar el dinero.

Para proteger la seguridad informática se recomienda no descargar archivos de remitentes desconocidos o sospechosos que permitan la instalación de los malware (pishing).

Si al ingresar al homebanking oficial se despliega una ventana emergente del navegador que solicite el reingreso del token de seguridad o cualquier otro dato vinculado a la cuenta, salir del navegador, cerrar la sesión y no aportar ningún tipo de información.

También se recomienda el uso de un antivirus y la actualización constante del sistema operativo y del navegador del dispositivo electrónico empleado.

La fiscal Cornejo insistió en la importancia de la prevención y concientización de la comunidad en general para evitar la comisión de estos delitos.

Fraude millonario al Estado: La Fiscalía pidió penas de 4 años para los acusados

En su alegato, la fiscal de UDEC Ana Inés Salinas Odorisio aseguró que cada uno de los delitos que el Ministerio Público Fiscal le endilga a Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza, quedaron demostrados durante las audiencias.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó a los jueces los jueces Norma Beatriz Vera, Maximiliano Troyano y Mónica Faber de la Sala 4 del Tribunal de Juicio que declare culpables a Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza de los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.

Para Ricardo Gabriel Fath solicitó la pena de cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo; para Hugo Alberto Colantuono y Andrés Esteban Fath solicitó la pena de cuatro años y seis meses; y para Jesús Ángel Mendoza, cuatro años de prisión.

Durante su alegato, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo la responsabilidad de los cuatro acusados en el fraude al presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Salinas Odorisio remarcó que, a lo largo del juicio, quedó demostrado sin lugar a dudas que los cuatro imputados actuaron de común acuerdo y con división de tareas para ejecutar la maniobra defraudatoria.

Ricardo Gabriel Fath era gerente del Banco Macro Sucursal Tribunales y Jesús Ángel Mendoza era asistente operativo de la misma sucursal. La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, efectivo policial, hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath.

 

 

Orán: Requerido a juicio por denunciar falsamente el robo de un vehículo

Reunidos los elementos de convicción necesarios, se requirió juicio para un hombre que denunció que había sido víctima del robo de un vehículo utilitario en Tucumán. Con esta maniobra, pretendía estafar a un tercero que lo había adquirido de buena fe en Orán. 

La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, solicitó juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, para César Augusto Avellaneda como autor del delito de falsa denuncia y estafa procesal en concurso real.

Según consta en el requerimiento, el acusado denunció falsamente a fines del mes de abril de 2022 en la ciudad de Orán, que había sido víctima del robo de un vehículo utilitario en la ciudad de Tucumán y que éste se encontraba en Orán y era usado para el comercio de mercadería con Bolivia. Con este ardid logró que la judicatura dispusiera el secuestro del automotor, intentando recuperarlo, engañando a las autoridades y ocasionando un perjuicio económico al tercero adquirente.

Del cumplimiento de las tareas dispuestas por la Fiscalía, pudo comprobarse que el vehículo en cuestión había sido entregada con documentación pertinente a su actual propietario en pago de una deuda por una persona vinculada al acusado.

En la presentación se detallan las medidas probatorias producidas durante la investigación y que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

Acusada de sustraer una tarjeta de crédito y dinero, quedó filmada haciendo compras

Una mujer, quien fue invitada a una reunión social, está acusada de sustraer la tarjeta de crédito de la anfitriona y dinero de un cajón de la vivienda. Fue identificada por cámaras de seguridad de los locales donde realizó compras por alrededor de 500 mil pesos. 

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó en forma provisional a una mujer de 37 años como autora de los delito de hurto simple y estafas reiteradas por el uso de tarjeta magnética o sus datos.

Las denuncias fueron radicadas por una pareja que organizó una reunión social en su vivienda y a la que asistió la acusada. La anfitriona se percató sobre consumos por alrededor de 500 mil pesos que ella no había realizado y su pareja, detectó que faltaba dinero que tenía guardado en un cajón, por lo que pusieron en conocimiento a las autoridades de la situación.

Del relevamiento de cámaras de seguridad de los comercios y otras medidas, se pudo individualizar a la acusada como quien realizó las compras.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga detenida.

Segunda jornada del juicio por el fraude al Estado por 298.898 dólares

En la primera audiencia, sólo uno de los acusados declaró, aunque se negó a responder preguntas de la Fiscalía. Para hoy, está previsto el testimonio de testigos del hecho.

Hoy se desarrollará la segunda audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, en concurso real, en la Sala 4 del Tribunal de Juicio.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, es quien sostiene la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal e interrogará este lunes a varios testigos que fueron citados.

En el inicio del juicio, que tuvo lugar el viernes pasado, tras la lectura de la acusación del Ministerio Público Fiscal, el empleado del banco, Jesús Ángel Mendoza, fue el único de los acusados que aceptó declarar, dando su versión de los hechos, aunque no admitió preguntas de la Fiscalía.

Luego, la curadora de la herencia, María de la Paz Saravia, prestó testimonio y ratificó lo denunciado el 8 de febrero de 2021 en la Fiscalía. El abogado de la Gerencia de Asesoría Legal Regional del Banco Macro, Rafael Gómez Diez, también testificó, confirmando todo lo manifestando y contestó las preguntas de las partes involucradas.

La secretaria del Juzgado de Apelaciones en lo Civil y Comercial, María José Araujo, también prestó su testimonio y negó rotundamente la confección del oficio y la firma del mismo.

La causa

En marzo de 2021, luego de una investigación de la UDEC, fueron detenidos Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath;, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza.

Para la UDEC, los acusados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron una maniobra defraudatoria consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.

El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.

La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, quien como hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuono, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.

Inicia el juicio por el millonario fraude al Estado desde una cuenta bancaria

Entre el viernes 10 y el 29 de marzo se desarrollará la audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza. La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

El viernes 10 de marzo iniciará en la Sala 4 del Tribunal de Juicio la audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, en concurso real.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal durante el juicio, que será presidido por la jueza Norma Beatriz Vera.

La UDEC había elevado el requerimiento de juicio al Juzgado de Garantías 8 el 28 de julio de 2021, luego de que el Tribunal de Impugnación confirmara el rechazo del Juzgado de Garantías interviniente al pedido de juicio a prueba presentado por los hermanos Fath.

La denegación del beneficio se fundó en numerosas razones, entre las cuales se indicó que la solicitud fue realizada sólo por dos de los acusados, lo que implicaría que el acto procesal debería continuar hasta resolver la situación de los otros dos imputados, lo que es contrario a la naturaleza del instituto del juicio a prueba. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos se había manifestado contraria al pedido, al igual que los querellantes (representante de la sucesión, Provincia de Salta y banco Macro).

La causa

En marzo de 2021, luego de una investigación de la UDEC, fueron detenidos Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath;, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza.

Para la UDEC, los acusados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron una maniobra defraudatoria consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.

El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.

La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath (quien como hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuono, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.

Detenida e imputada por estafas a su empleadora

Una mujer detectó desde setiembre de 2021, compras que no había realizado con sus tarjetas de crédito, las que procedió a desconocer en las entidades emisoras. Como continuaban registrándose estos movimientos, fue incrementando las medidas de seguridad, hasta llegar a darles de baja. Se acusa a una mujer que había trabajado para ella de las estafas reiteradas. 

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó en forma provisional a una mujer de 31 años como autora del delito de estafa por uso de tarjeta magnética o sus datos en perjuicio de quien fuera su empleadora.

En su denuncia, la damnificada relata que desde el mes de setiembre de 2021, comenzó a detectar compras que no había realizado en sus tarjetas de crédito, por lo que decidió realizar el trámite de desconocimiento con las entidades emisoras. Al notar que se continuaban registrando este tipo de operaciones, aumentó las medidas de seguridad y llegó a dar de baja todos los plásticos.

De las tareas investigativas desplegadas, se pudo identificar a una empleada de la damnificada y a su pareja como principales sospechosos de usar las tarjetas de crédito sustraídas para realizar operaciones de compras junto a su pareja entre el 31 de agosto de 2021 hasta agosto de 2022.

Con los elementos de convicción necesarios, el fiscal Ramos Ossorio solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, orden de allanamiento y detención para domicilios vinculados a los investigados.

En cumplimiento de la medida se detuvo a la mujer de 31 años y se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Declaró el acusado de estafar con la adjudicación de viviendas sociales

Fue imputado por dos hechos de estafa y por falsedad documental, cometidos con la misma modalidad. Dio su versión de lo ocurrido y se solicitó la continuidad de su detención. Las actuaciones iniciaron a partir de una denuncia radicada por el Gobernador de la Provincia.

La fiscal penal Sofia Cornejo, interina a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, imputó en forma provisional a un hombre de 30 años como autor de los delitos de estafas reiteradas (2 hechos) y falsedad documental (1 hecho) en concurso real.

Acompañado de un defensor oficial, el acusado prestó declaración, dando su versión de los hechos y la fiscal Cornejo solicitó al Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro en feria, que se mantenga detenido.

En los dos hechos endilgados, el acusado, simulando tener contactos con funcionarios de organismos provinciales y de un sindicato a nivel nacional, habría ofrecido gestionar y entregar adjudicaciones de viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero, lo que se concretó respecto de los damnificados, y como así también confeccionó y utilizó documentos privados con sellos y membretes de aquellas instituciones, las que entregaba a los damnificados como constancias del pago, ocasionando con este accionar perjuicio económico a los denunciantes.

En la causa obran las denuncias de dos damnificados y la realizada por el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, al tomar conocimiento de la situación.

Ciberdelincuencia: Investigan una organización que estafaba por Facebook

La investigación se inició al tomar conocimiento de que estas personas, junto a otras no identificadas, estarían ofreciendo en alquiler a través de Facebook, una propiedad que no les pertenecía. Solicitaban a los posibles locadores un adelanto de dinero.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó en forma provisional a un hombre de 30 años y a un adolescente de 17 años como coautores del delito de tentativa de estafa.

La propietaria de una vivienda en Campo Quijano radicó denuncia al tomar conocimiento de que personas desconocidas, la estarían ofreciendo en alquiler mediante Facebook y solicitaban a los interesados dinero en forma de adelanto o seña y al concretar el pago, interrumpían la comunicación.

De las tareas investigativas desplegadas, se pudo individualizar a los acusados como sospechosos de participar de esta actividad ilícita y se procedió a la detención del mayor e imputación de ambos.

Al momento de su detención se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, que serán analizados y permitirán a la fiscal Cornejo, junto a otras medidas dispuestas, esclarecer la situación y determinar si existen damnificados con este accionar.

Se hacía pasar por policía para estafar transeúntes y quedó imputado

El hombre se valió de una falsa identificación para apoderarse de pertenencias de ocasionales transeúntes en plena vía pública. Se solicitó prisión preventiva.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de estafa (tres hechos), a un hombre de 29 años.

Según consta en las actuaciones, uno de los hechos sucedió en la madrugada del pasado 9 de diciembre, entre calles Lerma y La Rioja, cuando el acusado se hizo presente en un motovehículo tipo enduro, descendió y se acercó al damnificado, un hombre que se encontraba sentado en esa intersección, se presentó como personal policial de la Brigada y le solicitó sus datos personales, para luego pedirle que le exhibiera sus pertenencias.

El damnificado accedió y sacó varios elementos, entre ellos un teléfono celular, 5 mil pesos en efectivo, entre otros, tras lo cual le solicitó que se identificara, recibiendo como respuesta la exhibición de una placa con escudo de la policía.

Tras ello, el acusado le habría pedido al denunciante que se colocara mirando la pared, situación que habría aprovechado para tomar los elementos y el dinero y darse a la fuga en su motovehículo.

El mismo día, minutos después, en Avenida San Martín, entre Catamarca y Santa Fe, el acusado interceptó a otro hombre que caminaba por el lugar, se presentó como personal policial de Investigaciones y exhibió la placa con escudo policial. Luego le habría solicitado sus datos personales y que exhibiera sus pertenencias (un cargador de celular y 3 mil pesos en efectivo), se habría apropiado de ellas para, a posterior, darse a la fuga en su rodado.

Días, después, el 12 de diciembre pasado, con igual modalidad delictiva, el acusado interceptó a otro hombre en la intersección de Avenida San Martín y Catamarca. En esta oportunidad se habría apropiado de un teléfono celular y 3 mil quinientos pesos en efectivo, para luego darse a la fuga a bordo de su motovehículo.

El fiscal Jovanovics solicitó orden de allanamiento al Juzgado de Garantías en turno para el domicilio del acusado, en el que se secuestraron varios elementos de importancia para la causa.

Es así que el acusado, valiéndose de un título falso y haciéndose pasar por policía, se apropió indebidamente de pertenencias y dinero de los damnificados, tipificando con su conducta el delito de estafa, contando con elementos probatorios de suficiencia, quedando e primero de los hechos, incluso, registrado por las cámaras de seguridad del Servicio de Emergencias 911.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Jovanovics solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva.