La investigación reconstruyó el accionar de una organización con roles definidos que operaba en la zona mediante la sustracción de ganado, su faena clandestina y posterior comercialización. Se les atribuyen al menos dos hechos ocurridos en septiembre y noviembre de 2025, esclarecidos a partir de intervenciones telefónicas, geolocalización y allanamientos que permitieron recuperar restos de los animales y vincular a los imputados con la maniobra delictiva.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente la elevación a juicio de la causa seguida contra nueve personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al abigeato, la faena clandestina y la comercialización ilegal de carne en el Valle de Lerma.
Según la acusación fiscal, todos ellos están imputados por el delito de asociación ilícita en calidad de coautores, mientras que además se les atribuyen dos hechos de abigeato doblemente agravado por el uso de fuerza y por la participación de tres o más personas.
La investigación del fiscal Escalante permitió establecer la existencia de una estructura organizada, con división de roles y permanencia en el tiempo, orientada a la obtención de ganancias mediante la sustracción sistemática de ganado.
En el caso de Mario Martiniano Aramayo, alias “Chivero”, de 51 años, es señalado como líder de la organización, la imputación se sustenta en su rol de dirección, coordinación y emisión de directivas al resto de los integrantes. Sus hijos, Mario Rodrigo Aramayo, alias “Rodrigo”, de 19 años; Martín Leandro Aramayo, alias “Sapo”, de 30 años; y Bruno Facundo Aramayo, alias “Pipi”, de 26 años, habrían tenido participación activa en la ejecución de los hechos, la faena de los animales y la logística posterior.
José Abel Pastrana, alias “Petiso”, de 38 años; Joaquín Matías Burgos, alias “Mataburro”, de 37 años; Jorge Maximiliano Prieto, alias “Maxi”, de 32 años; son señalados como partícipes en la sustracción, traslado y comercialización de la carne, mientras que Gastón Emanuel Esquite, de 30 años; y Alan Ezequiel Suárez, alias “Barni”, de 38 años, habrían intervenido principalmente en tareas de acopio, distribución y apoyo logístico para concretar los hechos.
El primero de los hechos investigados ocurrió el 18 de septiembre de 2025, en horas de la madrugada, en Finca El Molino, sobre Ruta Provincial 36, donde fue sustraída una vaca raza Jersey preñada, previo daño del alambrado perimetral. Según la investigación, el animal fue trasladado y faenado de manera clandestina.
En el marco de las tareas investigativas posteriores, el 11 de noviembre de 2025, durante un control vehicular realizado en un camino alternativo hacia Finca Las Peras, personal policial interceptó un vehículo en el que se trasladaban restos cárnicos que, tras los análisis correspondientes, fueron vinculados con el animal denunciado. A partir de ese procedimiento se realizaron allanamientos, donde se hallaron el cuero, otros restos y la cría sin vida, en coincidencia con las características aportadas por el damnificado.
El segundo hecho se registró el 17 de noviembre de 2025, también en horas de la madrugada, en Finca Quijano. Allí, los imputados sustrajeron un novillo de raza Holando Argentino, tras violentar el corral donde se encontraba el animal. La modalidad fue similar al hecho anterior, incluyendo la faena clandestina y posterior distribución de la carne.
La investigación determinó que parte de los productos cárnicos obtenidos era comercializada en carnicerías locales, mediante la intervención de algunos de los imputados, quienes ofrecían cortes a bajo precio, evidenciando el circuito de reducción de los bienes provenientes de los ilícitos.
Entre las pruebas reunidas se destacan intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles, informes de geolocalización que ubican a varios de los imputados en las inmediaciones de los hechos, testimonios, tareas de inteligencia criminal y los resultados de allanamientos realizados en diciembre de 2025, en los que se secuestraron herramientas de faena como sierras, cuchillos y otros elementos.
Asimismo, informes oficiales del Registro de Marcas y Señales y del SENASA confirmaron que los imputados no contaban con habilitación ni registros para desarrollar actividad ganadera, lo que refuerza la hipótesis fiscal sobre el origen ilícito de los animales.
Por otra parte, del análisis de los teléfonos secuestrados surgieron indicios sobre la posible comisión de otros delitos, como la organización de riñas de gallos, por lo que se dispuso la apertura de una nueva investigación.
Con estos elementos, el fiscal Daniel Escalante consideró acreditada, con el grado de convicción requerido en esta etapa procesal, tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal de los imputados, por lo que solicitó la elevación de la causa a juicio para su tratamiento en debate oral.
