Hoy declararon once testigos. La próxima audiencia será el 7 de setiembre.
El fiscal Penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate que tiene como objeto determinar la responsabilidad en el trágico suceso que resultó en la muerte de un joven y en lesiones graves a otro.
El caso bajo investigación involucra a un joven de 21 años, acusado como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de Kevin Mansilla, así como a un hombre de 26 años, señalado como autor del delito de lesiones graves en perjuicio de Erik Ibánez.
En la jornada de hoy, declararon once testigos que habían sido citados para prestar su testimonio. Uno de ellos, no pudo realizar su declaración debido a que se encuentra residiendo en el sur del país.
La continuidad del juicio está programada para el día 7 de septiembre, a las ocho y media de la mañana, en el que se espera tomar declaración vía plataforma digital al testigo ausente en la jornada de hoy, y a la psicóloga del Poder Judicial, quienes podrían brindar información valiosa para esclarecer los hechos. Además, se espera el testimonio de los médicos que intervinieron en el caso, tanto del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), como del profesional que brindó atención médica a la víctima,
El hecho investigado ocurrió el 2 de mayo de 2022 por la madrugada, en la localidad de El Jardín, cuando en el marco de una pelea, Mansilla junto a un amigo, resultaron gravemente lesionados.
El acusado era padrastro de la niña y los actos de abuso los cometió desde que tenía 7 años y hasta aproximadamente los 12 años. La menor reveló lo sucedido en una clase y la denuncia fue realizada por la directora del establecimiento al que concurría.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra un hombre de 41 años como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en perjuicio de una menor de edad.
En septiembre de 2021, durante una clase, una menor de 12 años reveló que sufría tocamientos de parte de su padrastro desde que tenía 7 años, lo que fue denunciado por la Directora del establecimiento y luego ratificado por la niña en cámara gesell.
En el veredicto, el juez Ramón Haddad, le impuso una pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo al acusado y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho ocurrió en septiembre de 2020, cuando un hombre ingresó a la clínica municipal con sospecha de COVID-19 y sufrió un accidente en el baño. Tanto el paciente como su pareja advirtieron a los médicos tratantes sobre dolencias que lo aquejaban, las que no fueron atendidas con la diligencia necesaria, y que derivaron en el fallecimiento del paciente.
El pasado miércoles se produjeron los alegatos de las partes, donde el fiscal Rodríguez López solicitó al Tribunal la absolución por el beneficio de la duda de los dos profesionales acusados, mientras la querella pidió que sean condenados a la pena de 1 año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por 3 años y la defensa de los médicos, su absolución en forma lisa y llana.
En el veredicto, la jueza Poma Salvadores absolvió a los profesionales de la salud en forma lisa y llana del delito por el que llegaron acusados.
El hecho juzgado ocurrió en septiembre de 2020, cuando Lezcano ingresó a la clínica municipal de Rosario de la Frontera con sospecha de COVID – 19 y estando internado, sufrió una caída en el baño. A partir de este incidente, comenzó a referir dolencias que le dificultaban respirar. Su esposa solicitó a los profesionales juzgados y al Gerente del nosocomio la debida atención y denunció que no fueron diagnosticadas y/o tratadas con la urgencia que el caso requería.
Finalmente su pareja falleció y los médicos tratantes, fueron requeridos a juicio por no actuar con celeridad, precaución, dedicación personal e indelegable y con todos los recursos que la emergencia requería en el momento, contribuyendo de tal forma a aumentar el riesgo para el paciente, que pudo ser evitado, o por lo menos haberlo intentado o disminuido, actuando con negligencia e inobservancia de los deberes a su cargo.
En la causa se encuentra también acusado el entonces gerente del hospital local, Carlos Alejandro Peso, quien será juzgado oportunamente y por separado debido a que no se encuentra en el país.
Dos jóvenes fueron detenidos el pasado martes en la terminal de ómnibus local con alrededor de 900 dosis de marihuana. Habían realizado un viaje desde Salta hacia esa ciudad.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó de forma provisional a dos hombres de 20 y 21 años como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención.
Este viernes se produjo un siniestro en esa ciudad, donde por razones que se investigan, se precipitó una avioneta y se produjo el fallecimiento de una persona. Se dio intervención a las autoridades aeronáuticas.
El fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino en la Fiscalía Penal 1 de Metán, investiga un hecho ocurrido este viernes en Finca El Molino, inmediaciones del parque industrial de esa ciudad, donde por razones que se investigan, una avioneta se precipitó a tierra y se produjo el deceso de una persona.
Rodríguez López dispuso el trabajo de Personal de Criminalística, Bomberos y médico del CIF en el lugar y el piloto fue identificado como Diego Nicolás Romero, de 29 años, oriundo de la provincia de Corrientes.
Desde la Fiscalía se dio intervención a la Junta de Seguridad en el Transporte Delegación NOA.
Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía 10 y luego 13 años. La denuncia fue radicada por la madre de la niña al tomar conocimiento de la situación. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El fiscal penal Nicolás Rodríguez López, subrogante en la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Sur, en la audiencia de debate contra un hombre de 38 años como autor de los delitos de abuso sexual simple agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menor de edad, abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menor de edad y abuso sexual simple agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menor de edad, todo en concurso real y en perjuicio de la hija de su pareja.
Los hechos fueron denunciados por la madre de una menor de edad, al tomar conocimiento de que su padrastro había vulnerado su integridad sexual cuando tenía 10 años y luego cuando ya había cumplido los 13 años.
La jueza Carolina Poma Salvadores le impuso una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Diego Nicolás Rodríguez López, requirieron ante el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Sur-Joaquín V. González, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al exauxiliar fiscal Sergio Ariel Dantur, acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública.
En la presente causa, surgió que el imputado, investigado por su vínculo con el acusado policía de la subcomisaría El Dorado de Apolinario Saravia, Walter Mamaní, hizo entrega voluntaria de un teléfono celular como supuesto de uso oficial y omitió poner a disposición el teléfono corporativo del Ministerio Publico Fiscal, por lo que realizó la maniobra de entregar el teléfono de uso particular como si fuera oficial.
En un primer momento, el resultado de la inspección al teléfono celular aportado por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simensen de Bielke, fue utilizado como elemento de prueba en contra de Dantur, lo cual fue sostenido por el Juez de Garantías y el Tribunal de Impugnación.
Fue así que por disposición del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, fue creada la Unidad Fiscal para investigar la conducta de Dantur, quien al entregar el teléfono celular y no especificar que se trataba de un móvil personal y no oficial, generó la declaración de nulidad de las actuaciones, conducta que condujo al error no solamente del Tribunal, sino también de la fiscala que investigaba la causa.
Se agregó como conducta reprochable a Dantur, que el teléfono celular oficial no fue utilizado a tales fines, sino que se verificó una utilización ambigua y confusa del aparato, lo que alteró el desarrollo de las tareas encomendadas como funcionario público, que perjudicó el normal y correcto desempeño de su función pública.
Extracción de datos
En el análisis del plexo probatorio reunido, concurrieron como prueba objetiva de indubitada certeza, los informes de los peritos del Gabinete de Informática del CIF, quienes realizaron un análisis integral del informe de extracción sobre los teléfonos secuestrados al auxiliar fiscal Sergio Dantur. Surgió así un informe de 8182 páginas, con un resumen de 300, del cual fueron sustraídos distintos elementos de interés para profundizar en el análisis.
También pudo establecerse que el teléfono de la línea oficial del Ministerio Público Fiscal, era utilizado por la hija de Dantur, menor de edad, quien recibía mensajes de trabajo y que luego eran reenviados por la madre de la niña a la línea personal utilizada por Dantur.
Los teléfonos analizados fueron el oficial (otorgado por el Ministerio Público Fiscal) y el personal. Del último, surgieron los mensajes intercambiados con el comisario detenido e imputado, Walter Mamaní, cuando se realizó la inspección ocular. El imputado también realizó consultas y visitó páginas de contenido con información referida al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Existen comunicaciones en las que se presume que Dantur intercambiaba cheques de manera frecuente.
Por otra parte, se hallaron comunicaciones con un acusado de venta de motos robadas, en las que el imputado Dantur se comunicó con alguien a quien señaló como “Jujuy”, detrás del apodo. El exfuncionario hizo referencia a que esperaba el embarque y que ya tenía un par de tornillos. Las tareas complementarias con la Brigada de San Pedro de Jujuy, revelaron que sería una persona que estuvo detenida en esa ciudad jujeña, por comerciar con motocicletas robadas, las que eran llevadas a “Chaco” y que desde allí regresaba con “carne”.
Dantur también posee un registro de búsqueda de armas de distintos calibres y recibió un mensaje de alguien a quien le preguntó si tenía una para venderle. A través de un audio, Dantur dijo a otro hombre que le interesaba comprar un arma y que quería una 45” o una Ballester Molina, también un fusil o subfusil, al que se le pueda poner una mira holográfica o láser.
Dantur mantuvo una fluida comunicación con distintos dirigentes políticos y un exfuncionario provincial, quien le habría facilitado vídeos de las filmaciones obtenidas en el caso Mamaní. La misma persona advirtió a Dantur “que tenga cuidado con Mamaní, porque se la estaba mandando cambiada”.
El 28 de junio de 2020, Dantur le dijo al policía Walter Mamaní que dejaba el expediente en la mesa de la fiscalía, en su oficina y sobre su escritorio; que pidiera las llaves y que se quedara tranquilo compulsando las actuaciones “y a la mierda”.
Por lo expuesto, quedó demostrada la materialidad del hecho y la participación responsable del encartado. La exigencia de un elemento subjetivo implícito en el tipo penal, se dio por el conocimiento y la voluntad de actos contrarios a la función pública que afectaron el bien jurídico protegido, que es la administración pública.
