La Unidad Fiscal cuestionó la liberación de José Dimas Ruiz y advirtió inconsistencias en la resolución judicial, antecedentes de beneficios previos y demoras que afectaron el avance del proceso.
La Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado presentó un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juez Mario Maldonado que concedió la libertad a José Dimas Ruiz, imputado por el robo a la empresa frutihortícola.
Los fiscales sostienen que la resolución presenta errores relevantes, ya que afirma que el imputado no habría gozado de excarcelaciones anteriores, cuando en realidad fue beneficiado con detención domiciliaria en marzo de 2023 por el entonces juez Parisi. Señalan además que, mientras cumplía esa modalidad, habría participado en otros dos delitos contra la propiedad, lo que motivó la revocación del beneficio.
También cuestionan el razonamiento del magistrado al descartar conductas dilatorias por parte del imputado. En ese sentido, sostienen que Dimas Ruiz habría intervenido en el pago de una suma de dinero al exjuez Parisi para obtener la prisión domiciliaria, hecho que fue considerado en el proceso que derivó en la destitución del exmagistrado.
Asimismo, los fiscales atribuyen la demora en la realizacion del debate a decisiones equivocadas del juez de Garantías, quien irrazonable y sistemáticamente negó la autorización para extraer datos de los teléfonos celulares secuestrados, así como por denegar los recursos interpuestos por la Unidad Fiscal para revertir esa decisión. Indican que esta situación los obligó a recurrir en queja ante el Tribunal de Impugnación que finalmente hizo lugar al planteo y revoco la decision del magistrado de grado que impedia sin razon acceder al contenido de los celulares. Agregan que el trámite también se vio demorado por la negativa del mismo juez de Garantías a elevar un informe que por ley, estaba obligado.
Por otra parte, señalan que existieron demoras atribuibles al propio Tribunal de Juicio, integrado por el juez Maldonado, quien en una primera instancia mediante una sentencia se negaba a intervenir para la realización del debate. Esa decisión fue cuestionada por la Unidad Fiscal mediante un planteo de nulidad que, tras ser rechazado por el propio juez, fue recurrido y posteriormente revocado por el Tribunal de Impugnación.
Finalmente, los fiscales solicitaron al Tribunal de Impugnación que revoque la decisión apelada y disponga de manera inmediata la fijación de la audiencia de debate.
