La Procuración General de la Provincia, realizó más de 50 derivaciones de actuaciones por la problemática forestal y de desmontes a Fiscalías de capital y el interior.
La mayoría se originan en remisiones de la autoridad ambiental provincial, que al detectar infracciones con daños ambientales, pasan a ser evaluados por el Servicio Medioambiente del CIF. Luego se giran, con las exigencias de reparación correspondientes, a las Fiscalías Civiles de toda la provincia, de acuerdo al lugar donde se haya detectado el ilícito ambiental.
Otra parte de las actuaciones en las que se detectan posibles comisiones de delitos, se remite a las Fiscalías Penales para su investigación. Por otra parte, existen denuncias civiles, penales y contravencionales radicadas por particulares, realizadas directamente en las Fiscalías, que están siendo investigadas por sus titulares.
Concentran la mayor tramitación ambiental forestal la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Laboral de Joaquín V. González; la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Laboral de Orán; la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Laboral de Tartagal y en menor, medida las dos Fiscalías en lo Civil y Comercial, del Trabajo y lo Contencioso Administrativo N°1 y 2 del Centro y las dos Fiscalías de Metán N° 1 y 2, por su competencia Civil y Comercial. A través de la tramitación en dichas fiscalías se busca la reparación integral conforme los parámetros constitucionales y legales y los criterios técnicos que emite el CIF en sus dictámenes forenses para cada intervención.
Algunos trámites ya han obtenido un acuerdo homologado judicialmente mediante un plan de reparación, que incluye los gastos de planificación técnica profesional, insumos y costos laborales y de ejecución por parte de los infractores. En otros casos, los Fiscales los llevan a juicio y exigen la reparación con más las indemnizaciones debidas a la sociedad, dejando las condenas en fondos públicos ambientales de la Ley 7070 para preservación.
En los casos en los que se evidencian incumplimientos a las órdenes de la Secretaría Ambiental, del Comité de Emergencia, o cuando se trata de actividades que causan daños o estragos, directamente son tramitados por las áreas penales, como oportunamente lo hicieron y hacen las Fiscalías N° 1, 3 y 4 de Capital; la de Rosario de la Frontera; de Joaquín V. González; las N° 1 y 3 de Orán; de Pichanal; de Tartagal; de Embarcación; de Salvador Mazza; de Metán y de Cafayate.
En estos últimos procesos, también el CIF elabora planes de reparación para ser requeridos al Juez y de esa forma, imponer a los infractores la restitución del bosque nativo.
