Tras escuchar los alegatos del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y de los abogados defensores de la acusada, Rosa Fabiola Díaz, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó de su cargo, en decisión unánime, a la defensora oficial Civil 1 de Tartagal. También dispuso inhabilitarla para ejercer cargos públicos por el plazo de ocho años. El veredicto ordenó, además, remitir la documentación presentada por el procurador general Abel Cornejo al Fiscal Penal que por turno corresponda.
La última jornada del juicio contra la acusada, inició con el alegato del procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien afirmó que todo lo que vinieron sosteniendo tanto él, como el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, durante todo el juicio, “está absolutamente acreditado, demostrado y probado en este juicio“.
Las causales de destitución fueron mala conducta, mal desempeño y falta de los deberes a cargo de la magistrada de la Defensa.
Cornejo calificó al juicio como “inaudito y sin precedentes”, por el hecho de que confluyeron el Defensor General y el Procurador General en la necesidad de generar el proceso de remoción, al tiempo que remarcó que ello ocurrió mientras ambos magistrados se encontraban “en un proceso de incertidumbre, debido a intimidaciones, acusaciones y una campaña difamatoria previa, con el único fin de hacer retroceder las instituciones del Estado”.
Por ello, el Procurador recordó los mecanismos constitucionales por los que se puede someter a juzgamiento a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, y que hubiesen sido los correctos, porque hay un proceso expreso en la Carta Magna y que no es “con insultos ni con difamaciones ni generando esa suerte de decaimiento de instituciones del Estado”.
Inmediatamente después, el Procurador repasó las pruebas y testimonios recabados durante el juicio en torno a la denuncia de haber retenido y vendido junto a su hermana Paola Díaz y su madre -hoy fallecida- en el inmueble de propiedad de su madre, donaciones efectuadas por la “Fundación Los Nobles” de la provincia de Santa Fe, las que, además de no ser entregadas a sus destinatarios (comunidades aborígenes de la zona) habrían sido comercializadas en distintos lugares de esa ciudad.
En el caso conocido como “Jacoba” Olarte”, Díaz fue acusada de haber participado en una venta simulada de un bien inmueble de Joaquín V. González, del departamento Anta. La supuesta venta se realizó entre la pareja de su hermana Paola Díaz, Gustavo Mónico Marcelo Serrano y Olarte. Por este caso, Rosa Fabiola Díaz fue imputada por el delito de abuso de autoridad. Y ella y su hermana, Alejandra Paola Díaz también fueron imputadas por el delito de usurpación y robo en concurso real, en el mismo caso.
Sobre la causal de mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, Cornejo recordó que se la acusó de haber incumplido de forma grave y reiterada obligaciones y deberes funcionales de tipo formal y material. Se le atribuyó la existencia de 150 casos correspondientes a los años 2017-2020 en los cuales no existen razones para que la Defensora a cargo del servicio no haya iniciado trámite o actuación judicial. De los 150 casos referidos, 29 de ellos fueron clasificados como casos “testigos”.
Posteriormente alegó la defensa de la acusada. Uno de los abogados, repudió cualquier expresión ofensiva que se haya vertido en contra del Procurador y manifestó su solidaridad con el funcionario.
Finalmente, hizo uso de la palabra la exdefensora oficial de Tartagal, Rosa Díaz. La decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue la de la destitución de la defensora oficial de Tartagal, Rosa Fabiola Diaz e inhabilitarla por ocho años para ejercer cargos públicos.
Los fundamentos se conocerán el martes 6 de julio, a las 11.
