Sur provincial: Una pareja intimada y un detenido por amenazar con armas al vecino

La Fiscalía Penal 2 de Metán intervino tras la consulta policial por amenaza contra un vecino, desobediencia judicial y por violación del aislamiento preventivo, social y obligatorio. El fiscal Gonzalo Gómez Amado, que está a cargo de la fiscalía de Rosario de la Frontera interinamente, también imputó a un hombre por la violación a las disposiciones sanitarias por el COVID-19.

El primer caso se inició tras los controles realizados por personal de la subcomisaría El Mirador sobre cumplimiento del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, que establece como medida de prevención para la propagación del COVID- 19, el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Una pareja de jóvenes fue demorada cuando se encontraban en la plaza del barrio Ramón Abdala, de Rosario de la Frontera. El tiene 19 años y ella es menor de edad. El fiscal, Gonzalo Gómez Amado imputó al mayor por la violación del aislamiento preventivo, social y obligatorio, mientras que la menor quedó a disposición del Juzgado de Menores de turno.

Por otro lado, el segundo caso inició tras la denuncia de un vecino de Lumbreras, quien denunció haber sido amenazado por un vecino. El juez interviniente ordenó una medida cautelar solicitada por el fiscal y al acusado, identificado como Humberto Ernesto Mendoza, se le prohibió acercarse al domicilio del damnificado, ejercer actos de violencia, proferir amenazas e ingerir bebidas alcohólicas.

A pesar de haber sido notificado de las medidas, vecinos de la cuadra alertaron a la policía que Mendoza nuevamente se encontraba afuera y vociferando frente a la casa del denunciante. Personal policial del destacamento Río Piedras llegó al lugar y pidió al acusado volver a su domicilio. El hombre desoyó el pedido e incluso amenazó al efectivo al decirle que “tenía marcado a dos policías” y que “los abriría de punta a punta”. El informe policial menciona que Mendoza se encontraba con aliento etílico. Se le secuestraron un machete y un cuchillo tipo carnicero cuando fue detenido.

Con estos elementos, el fiscal imputó a Mendoza por los delitos de amenaza en perjuicio de su vecino, desobediencia judicial y la violación a las disposiciones sanitarias por el COVID-19.

Violaron siete veces la cuarentena, intentaron robar y amenazaron armados a varias familias

El fiscal penal Marcos Ezequiel Molinati imputó a Ángel Federico Arias y Carlos Alberto Arias por el delito de violación de medidas sanitarias (siete hechos), en concurso real con amenazas con armas (siete hechos), tentativa de robo, violación de domicilio (dos hechos) y resistencia a la autoridad por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del coronavirus.

Según consta en el decreto de imputación, el pasado sábado 28 los imputados estuvieron en la vía pública en distintas horas del día y contravinieron las disposiciones del DNU que establece como medida de prevención del COVID- 19, la obligación de permanecer en sus residencias habituales, sin poder desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y contagio del virus.

En las actuaciones se indica que Ángel Federico Arias y Carlos Alberto se presentaron en los domicilios de seis denunciantes y los amenazaron, con machete en mano. Es que esas seis personas, habían apoyado a otro vecino que denunció a los Arias por un intento de robo.

Por los distintos hechos denunciados, el Juzgado ordenó la detención de los imputados y durante el procedimiento para dar cumplimiento a lo dispuesto, los acusados también amenazaron a los efectivos policiales.

Una patota violó la cuarentena, amenazó a dos vecinas y atacó su vivienda

El fiscal penal 6, Marcos Ezequiel Molinati imputó a diez personas por el delito de violación de medidas sanitarias en concurso real con violación de domicilio, amenazas con armas y daños. Una mujer advirtió al grupo que generaban problemas en su instalación eléctrica el sábado y el domingo, atacaron su precaria vivienda ubicada en un asentamiento de la zona sudeste. También amenazaron a la mujer y su hija.

El fiscal Molinati imputó a Carlos Campaña, Gabriel Campaña, Juana Campaña, Dahaiana Campaña, Clara Castillo, Hugo González, Lucas Daniel Demarche, Ariel Mauricio Robles y Gabriel Tomás Carabajal por la supuesta comisión del delito de violación de medidas sanitarias en concurso real con violación de domicilio, amenazas con armas y daños. También fue demorado un menor, por la supuesta comisión del delito de violación de medidas sanitarias.

Imagen ilustrativa. Foto: La Gaceta

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una vecina, que precisó que el sábado a las 19, su madre reclamó a los imputados por problemas en las instalaciones eléctricas, cuando el grupo se encontraba en la vía pública, en el asentamiento Virgen de Urkupiña, de la zona sudeste de la capital, en infracción a las disposiciones del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, que establece como medida de prevención de la epidemia del COVID- 19, la obligación de las personas a permanecer en sus residencias habituales, sin desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y contagio del virus.

En ese momento los imputados comenzaron una discusión con la mujer, arrojaron vasos de vidrio y se quedaron tomando bebidas alcohólicas toda la noche. Al otro día, a las 10 de la mañana, la denunciante salió a la calle y los imputados se le acercaron con cuchillos y palos, lanzaron piedras a su casa e ingresaron con los palos.

Al llegar la policía, logró la detención de varios y posteriormente de otros. Dos de ellos, aún libres, amenazaron a la mujer al gritar que:”ya vamos a quemarte el rancho y te vamos a abrir como campera, uno a uno los vamos a agarrar”.

En tanto, el menor imputado se encontraba en la vía pública peleando con un hombre, en clara violación de la cuarentena obligatoria. En ese caso se sometió el caso a proceso sumarísimo, por la declaración de flagrancia, ya que el joven fue aprehendido de manera inmediata posterior a la comisión del hecho por personal policial.

Robo: Lo vieron por las cámaras y lo encontraron dentro de un local de comida

La Fiscalía Penal Nº2 intervino en un hecho delictivo ocurrido en el casco céntrico de la ciudad tras la intervención del personal policial que encontró al hombre dentro de un local de comidas, después de ser registrado por las cámaras de la zona. Fue detenido e imputado por la supuesta comisión del delito de robo calificado.

Google Street View

El Centro de videovigilancia alertó vía radial, la madrugada del miércoles pasado, sobre la presencia de una persona que intentaba ingresar a un local de comidas situado entre las calles Ituzaingó y Urquiza. La unidad policial que se encontraba en cercanías se desplazó por calle Ituzaingó, antes de llegar a Urquiza y los efectivos detectaron una mochila roja y negra. En el lugar, se percataron de una ventana en la parte posterior del local que se vincula con una playa de estacionamiento. El acusado estaba dentro del local y salió por la ventana.

Fue demorado y en consulta con la fiscal Mónica Poma, se pidió su detención. Fue identificado como Alejandro Rodolfo Apaza, de 23 años. En la requisa se le secuestraron $520 (quinientos veinte pesos), y herramientas varias que se encontraban en la mochila. El dueño del local precisó un faltante de la caja, de $500.

Pocas horas después fue imputado por la fiscal Poma por el delito de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa y por el incumplimiento del protocolo establecido en el decreto nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del Coronavirus. La fiscal pidió la prisión preventiva, atento a que contaba con antecedentes condenatorios.

Coronavirus: Hay 119 reclusos en situación de riesgo en el penal de Villa Las Rosas

El fiscal penal 6, Marcos Ezequiel Molinati, realizó este viernes una inspección en la Unidad Carcelaria Nro. 1 de Villa las Rosas, donde verificó el funcionamiento y la adopción de medidas sanitarias preventivas por la pandemia de Coronavirus.

Mediante la inspección, solicitada a pedido del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el fiscal Molinati constató que el funcionamiento del penal es normal y que fueron individualizados por el servicio médico penitenciario, un total de 119 reclusos considerados en situación de riesgo por el coronavirus, sobre los cuales se tomaron medidas sanitarias:

  • Los internos de más de 60 años, se encuentran aislados del resto de la población carcelaria en el pabellón PAM.
  • El resto de internos en situación de riesgo son controlados diariamente por el personal sanitario del penal.
  • Asimismo, se está instalando dentro del penal un pabellón médico, aislado del resto de los pabellones,  para eventuales cuarentenas o atenciones a los reclusos.
  • Se dispuso también una restricción de las visitas solo a los familiares directos, previo control al ingreso del penal por parte de un enfermero afectado a la tarea. También se restringieron las visitas provenientes de otros países.
  • Todo el personal penitenciario fue preparado para la contingencia y utiliza barbijo y guantes.
  • El personal también cuenta con protocolos ante la posible aparición de un caso de contagio de Covid-19, pero  hasta la fecha no se registra ningún caso sospechoso.

Yacuy: Imputado por robar una escuela e incumplir la cuarentena

El fiscal penal de Salvador Mazza, José Armando Cazón, imputó a un hombre de 20 años, acusado de los delitos de robo calificado, violación de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del coronavirus y desobediencia judicial. El imputado declaró ejerciendo el derecho a la defensa. Hay un prófugo.

Crédito: Diario El Tribuno

El fiscal penal José Armando Cazón solicitó el mantenimiento de prisión del acusado y ordenó medidas tendientes a detener a un segundo hombre que está prófugo, quienes habrían escalado el cerco de la Escuela N° 4100 del Paraje Yacuy, ingresado a la dirección del establecimiento tras violentar la puerta y sustraído distintos objetos.

Ambos incumplieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto 297/2020, del Poder Ejecutivo Nacional. Se trata del primer caso del norte en la Justicia Ordinaria Provincial.

Investigan el origen de una falsa alarma por Covid-19 positivo, viralizada en el norte

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, investiga el origen y responsable o responsables de socializar un mensaje que alarmó a la sociedad, al informar que una menor de 14 años era paciente de COVID19 positivo, situación sanitaria que fue descartada por autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia.

La fiscal Souto ordenó distintas medidas tendientes a precisar el origen de una información que circuló en esa ciudad, que indicó que una menor de 14 años había ingresado al hospital regional, “con todos los síntomas del COVID19  y en compañía de su progenitora”, a quien se le atribuyó que dijo que “hace  10 días estuvo internada en un hospital de Chaco y al darle el alta, luego llamaron e informaron que el Covid-19 le dio positivo”. Una de las medidas ordenadas fue el pedido de información a la Jefatura de la Unidad Regional 4, ya que el texto falso difundido se viralizó en formato de parte policial interno.  

La fiscal confirmó que las autoridades del hospital local, dieron intervención al Ministerio de Salud y que la titular de esa cartera, Josefina Medrano, descartó a los funcionarios de Salud de Embarcación que se trate de un caso positivo. En cambio, se activó el protocolo y se tomaron las medidas establecidas para el protocolo de salud.

La fiscal recordó que la elaboración o difusión de información falsa es delito penal e insistió en la recomendación de utilizar fuentes oficiales o medios de comunicación formales para informarse sobre la pandemia de coronavirus. Esa recomendación fue advertida por Souto la semana pasada a la Municipalidad local, organismos oficiales provinciales y nacionales con dependencias en ese municipio y medios de comunicación, para que solo compartan, publiquen y se remitan a la información sobre la pandemia, con datos oficiales.

El delito de la intimidación pública es un ilícito que atenta, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Argentino, contra el orden público, y se encuentra contenido en el Libro 8, Capítulo 3 de dicha legislación de fondo. El delito consiste en el desenvolvimiento de cualquier tipo de conductas capaz de generar o infundir temor público, con el peligro de promover tumultos o desordenes sociales.

En su art. 211 el Código Penal Argentino determina que «será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años».

El art. 212 establece que, «será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación».

Coronavirus: Lo imputarán por robo e incumplimiento de la cuarentena

Se trata de un hombre que fue detenido tras robar distintos elementos de la escuela de Yacuy. El acusado también será imputado por resistencia a la autoridad al incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto 297/2020, del Poder Ejecutivo Nacional y por resistencia a la autoridad. Se trata del primer caso del norte en la Justicia Ordinaria Provincial.

El fiscal penal de Salvador Mazza, José Armando Cazón, imputará en la tarde de este martes a un hombre mayor de edad, por los delitos de robo agravado e incumplimiento del protocolo establecido en el decreto nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del Coronavirus y por resistirse a la autoridad.

Vale recordar que la Procuración General de la Nación remarcó la naturaleza federal en la materia y la intervención de fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación en torno a las infracciones al artículo 205 del Código Penal de la Nación. Sin embargo, y a los fines de preservar la salud pública, desde Nación se hizo hincapié en la necesidad de evitar los planteos de competencia en los casos en que ya se encuentre interviniendo la justicia provincial.

De este modo, los fiscales provinciales intervienen frente a la posible comisión de hechos delictivos relacionados con el COVID-19 cuando se registran en el territorio de la provincia de Salta y siempre que no se encuentren sometidos a la jurisdicción federal.

En esos casos, hablamos de aeropuertos, rutas nacionales y cruces migratorios (legales e ilegales) entre otros espacios de jurisdicción federal.

El fiscal penal José Armando Cazón, adelantó que solicitará el mantenimiento de prisión del acusado.

Desde el inicio de las actuaciones, entre Salvador Mazza, Aguaray y Santa Victoria Este se intimó preventivamente por infracción al aislamiento social, preventivo y obligatorio a 34 personas.

Embarcación: detenido por violar dos veces el protocolo sanitario

Se trata de un hombre de 22 años, quien fue detenido por infringir el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio por Coronavirus. Había sido intimado el 19 de marzo pasado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción. Esta vez, lo encontraron circulando en territorio de competencia provincial.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, pidió la detención de un hombre de 22 años, quien fue intimado hace cinco días por la fiscalía federal  correspondiente por la misma infracción, reiterada este lunes. Tal como lo establece la normativa vigente, en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del Coronavirus, se estarían infringiendo los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal de la Nación.  

El Art. 205 establece sanciones al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia  y el 239, para quien resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

El control de legalidad del detenido, quien se hallaba circulando en inmediaciones de la principal de Embarcación, se realizará este miércoles 25, a las 9, en el Juzgado de Garantías interviniente, en Tartagal, ciudad cabecera del departamento General José de San Martín. El traslado del acusado se realizará bajo estrictas normas de seguridad sanitaria, establecidas por protocolo.

En la jurisdicción de responsabilidad de la fiscal Souto, se produjeron en los últimos días, 14 intimaciones en Embarcación, cuatro en Morillo y otras dos en Ballivián.

El procurador Abel Cornejo, en videoconferencia con la ministra de Justicia de la Nación

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, participó de la videoconferencia organizada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, quien reunió virtualmente al Consejo de Procuradores de la República Argentina. Se analizaron las acciones que se vienen desarrollando para asegurar el cumplimiento del decreto referido a la Emergencia Sanitaria por coronavirus.

La ministra de Justicia monitoreó el cumplimiento de la cuarentena en todo el país y reunió, mediante videoconferencia, a todos los procuradores, para hacer un seguimiento de cómo se controla el cumplimiento del decreto de Emergencia Sanitaria. Junto a Losardo y Cornejo, participaron 13 procuradores generales más de todo el país.

«El aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante el decreto 297/2020, es una medida excepcional que el Gobierno nacional adopta en un contexto crítico», dijo Losardo ante los jefes de los fiscales, quienes deben velar por el cumplimiento de la norma nacional.

En ese sentido, Cornejo coincidió con la Ministra, al señalar que “la Emergencia Sanitaria exige un trabajo articulado de todos los poderes del Estado”, y que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio es la única manera de luchar contra la pandemia”.

En la conferencia, se recordó que el objetivo es «proteger la salud pública» y que «todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma temporaria deberán permanecer en sus domicilios habituales o casuales». Y que «deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán circular por rutas, vías y espacios públicos. Solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos», manifestó la titular de la cartera de Justicia.

La Ministra estuvo acompañada por los secretarios General de Justicia y Derechos Humanos Laura Marrazzo; de Justicia Juan Martín Mena, y los subsecretarios de Política Criminal Pablo Barbuto, y de Gestión Administrativa Walter Waisman. Losardo también abordó con los procuradores provinciales una agenda de trabajo concreto para la aplicación del decreto que incluye la cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos.

La conferencia, realizada desde la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contó con la participación de los procuradores de 14 provincias, entre los que se encontraban Julio Conte Grand (Buenos Aires), Mario Bongianino (La Pampa), Eduardo Quattropani (San Juan), Abel Cornejo (Salta), Jorge García (Entre Ríos), Jorge Crespo (Rio Negro), Alejandro Ficoseco (Jujuy), Javier Vallejos (La Rioja), Jorge Barraguirre (Santa Fe), Luis De la Rúa (Santiago del Estero), Jorge Miquelarena (Chubut), Edmundo Jesús Jiménez (Tucumán), Alejandro Gullé (Mendoza), el fiscal penal Jorge Baclini (Santa Fe) y el fiscal adjunto José Gómez (Córdoba).