El fiscal interino en la fiscalía penal 1 de Tartagal, Rafael Medina, imputó este lunes a Paola Alejandra Díaz, de 43 años, y a Rosa Fabiola Díaz, de 40, por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras. La primera se encuentra detenida y optó por declarar, mientras que para la segunda, quien fue imputada y se abstuvo de declarar, el fiscal solicitó el allanamiento de inmunidad al Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, por tratarse de una defensora oficial. Ambas cuentan son asistidas por una defensora oficial.
El fiscal penal Rafael Medina imputó este lunes a las dos mujeres, en el marco de la actuación preliminar iniciada de oficio el jueves último, ante la noticia criminis de posible venta de donaciones destinadas a comunidades originarias de la provincia. Lo hizo al conocer una entrevista periodística a la denunciante, transmitida por Video Tar de Tartagal y otros medios. Ese mismo día, el fiscal dispuso una serie de medidas, entre las cuales estuvo la de fijar una consigna permanente en el lugar en el que se encontraban las donaciones en cuestión, provenientes de distintas fundaciones. También ese día invitó a la denunciante a radicar una denuncia formal. La mujer hizo la correspondiente denuncia el jueves 4, en la Comisaría 45 de la norteña ciudad y realizó una ampliación el viernes 5, en sede fiscal.
Según esa denuncia, en enero de 2020, las acusadas Paola y
Rosa Díaz, habrían recibido de distintas fundaciones la donación de mercaderías
perecederas, ropas, zapatillas, alcohol en gel, agua mineral y pañales, entre
otras cosas.
Precisa que las mujeres las habrían mantenido ocultas las
donaciones durante todo el año y hasta la actualidad, con el objetivo de
comercializarlas a negocios de la zona y también, mantenerlas guardadas, hasta
tanto Paola Díaz se postulara como diputada, “lucrando con dichas mercaderías para
un beneficio propio, ya que tenían a su cargo la administración y cuidados de
los bienes provenientes de las Fundaciones, llevando a cabo una administración fraudulenta
de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel,
ya que la mercadería tenía un fin especifico, el de ser donada entre personas
de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia Wichi”, sostiene
el decreto de imputación.
El fiscal solicitó al juez de Garantías interviniente la autorización
para allanar distintos espacios donde se guardaron las donaciones, medida que se
concretó durante la mañana del domingo. Tras el allanamiento, iniciada con el
uso de la fuerza pública, se secuestraron bidones y botellas de agua, ropa
nueva y usada y zapatillas, todo distribuido en distintos ambientes.
De la cocina de un inmueble, se secuestraron dos cajas con mercadería
variada. De una habitación, se secuestraron 10 bultos en bolsas de consorcio;
25 bolsas de arpillera blanca, una bolsa de cartón, dos bolsos, cinco cajas de cartón
blanco, seis bolsas de plástico y dos de tela ecológica, todas con ropa y calzados
usados. Por otra parte, de un ambiente que funciona como depósito en el mismo
inmueble, se secuestraron diez bultos en bolsas de consorcio negra, otra
transparente y una de arpillera, todas con ropa nueva y usada. Por último, de la
planta baja y del interior de una cámara frigorífica en desuso, se secuestraron
38 bultos contenidos en bolsas de consorcio negras, 14 cajas de cartón, 10
bolsas plásticas, una bolsa de tela y otra de arpillera, todas con ropa nueva y
usada.
Finalmente, de un salón de eventos cuya requisa domiciliaria
fue autorizada por Rosa Díaz, se secuestraron 39 bidones de 5 litros de agua;
seis botellas de 2 litros; tres de 1,5 litros y dos fardos de seis unidades de
medio litro cada una.
