Orán: El Ministerio Público Fiscal pidió celeridad para concretar dos juicios de interés público y relevancia institucional

Las Unidades Fiscales que intervienen en el distrito Orán presentaron pedidos de pronto despacho para que avancen dos procesos judiciales de alto impacto institucional. Los planteos están vinculados a la causa por el robo a la empresa Abra del Sol y al expediente que tiene como imputado al exjuez de Garantías Claudio Parisi.

Las Unidades Fiscales creadas por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, para intervenir en el distrito Orán solicitaron a los tribunales competentes que adopten las medidas necesarias para avanzar con la realización de los juicios orales y públicos en dos causas consideradas de interés público y relevancia institucional.

Los planteos fueron presentados en carácter de pronto despacho, con el objetivo de evitar nuevas demoras en expedientes que se encuentran en condiciones de avanzar hacia la instancia de debate.

Robo a la empresa Abra del Sol

La primera de las causas mencionadas se refiere al robo sufrido por la empresa Abra del Sol, hecho que causó gran conmoción en la ciudad de Orán por la violencia desplegada por sus autores, quienes el 16 de diciembre de 2022 ingresaron al predio de la firma con los rostros cubiertos por pasamontañas y portando armas de fuego largas y cortas. Allí golpearon a empleados y personal de seguridad, les ataron las manos con precintos, les sustrajeron sus teléfonos celulares y una importante suma de dinero en pesos y dólares. 

Además, privaron de su libertad a uno de los socios gerentes y lo trasladaron en su camioneta Toyota SW4, dominio AB713XY, hasta un lugar alejado, donde lo abandonaron.

Por el hecho ya fueron condenados algunos de sus autores, entre ellos Cristian Gabriel Palavecino, quien actualmente cumple condena en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza bajo el régimen de Personas Privadas de Libertad de Alto Perfil, y su mano derecha, Delfor Rogelio Sandoval, quienes reconocieron integrar una asociación ilícita dedicada a la comisión de este tipo de delitos.

Resta definir la situación procesal de otros imputados, entre ellos el contador de la empresa Abra del Sol, José Dimas Ruiz, quien fuera candidato a intendente de la ciudad de Orán.

La Unidad Fiscal requirió al Tribunal interviniente, en carácter de pronto despacho, que se lleven adelante las medidas necesarias para concretar la realización del juicio sin admitir más demoras, en razón de que las partes ya ofrecieron sus pruebas y estas fueron proveídas, restando únicamente la fijación de la fecha para la realización del debate.

Los representantes del Ministerio Público también recurrieron la decisión del juez de ordenar la devolución de la camioneta secuestrada a Delfor Sandoval. El mismo reconoció haber integrado una asociación ilícita, por lo que entienden que el vehículo debe ser decomisado en favor del Estado Provincial por constituir una ganancia proveniente de las actividades ilícitas que confesó cometer. Asimismo, reclamaron que la misma premura que se tuvo para resolver esa cuestión se tenga para disponer la realización del debate.

Investigación contra el exjuez Claudio Parisi

La segunda presentación fue realizada en una causa que tiene como imputado al exjuez de Garantías de Orán, Claudio Parisi, quien fue destituido recientemente por el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones.

Se lo acusa del supuesto cobro de sumas de dinero a cambio de conceder distintos beneficios procesales en la tramitación de causas que tenía a su cargo. Justamente, una de las personas que habría resultado beneficiada por ese accionar fue José Dimas Ruiz, en relación con su participación en el robo a la empresa Abra del Sol.

En la causa mencionada, y debido a distintas excusaciones de magistrados del Poder Judicial de Orán, el Tribunal quedó conformado por jueces de la ciudad de Tartagal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin perjuicio de ello, los fiscales consideraron que existen diferentes planteos pendientes de resolución que no admiten mayores dilaciones. Recordaron que el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución que dispuso el otorgamiento de prisión domiciliaria al imputado, por entender que no se encuentran dadas las condiciones para modificar la modalidad de detención. 

En ese contexto, solicitaron que se adopten con celeridad las medidas procesales necesarias para avanzar hacia la realización del juicio.

En esta última causa ya fueron condenados por su participación en los hechos el exsecretario letrado del Juzgado, Maximiliano Correa; un exempleado de la Defensoría de Violencia de Género, Héctor Alderete; y un abogado del foro local, Roberto Ortega Serrano.

Orán: El exsecretario del Juzgado de Garantías fue condenado por delitos contra la administración de justicia

Maximiliano Correa, exsecretario letrado del Juzgado de Garantías N.º 2 de Orán, admitió su intervención en dos hechos de cohecho pasivo agravado.

Los fiscales Alda Daniela Murúa, Mariana Torres, Carlos Salinas, y Daniel Espilocín representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia celebrada ante la Sala I del Tribunal de Juicio, donde se homologó un procedimiento abreviado, solicitado por el propio acusado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñaba como secretario letrado del juzgado a cargo del exjuez Claudio Alejandro Parisi, a fin de prestar confesión sobre los hechos investigados.

En dicha audiencia, Correa reconoció haber intervenido en dos oportunidades, aprovechando su condición de funcionario judicial y su relación de amistad con el magistrado destituido, para intermediar en la entrega de sumas de dinero destinadas a que éste otorgara beneficios procesales indebidos a dos imputados en causas tramitadas ante el Juzgado a su cargo.

Como consecuencia, el Tribunal lo condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, en calidad de partícipe secundario de dos hechos de cohecho pasivo agravado, en concurso real.

Además de la pena de prisión condicional, se le impuso la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como empleado público, junto con reglas de conducta, entre ellas la obligación de fijar residencia, someterse al control del Patronato de Presos y Liberados y realizar un curso de ética judicial, cuyo cumplimiento deberá acreditarse en el plazo fijado.

Durante la investigación, la Unidad Fiscal constató que Maximiliano Correa, en su carácter de abogado, intermedió para que el magistrado a cargo del Juzgado recibiera dádivas a cambio de otorgar beneficios procesales indebidos en favor de dos imputados. Entre los hechos confesados se encuentran la concesión de la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, imputado por tentativa de femicidio, y la declaración de nulidad del requerimiento acusatorio, lo que impidió la elevación de la causa a juicio. Asimismo, se incluyó la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien actualmente permanece prófugo, acusado de causar la muerte de una mujer mientras conducía una camioneta, darse a la fuga y hacer desaparecer el vehículo.

El condenado arribó al juicio tras haber permanecido un año y tres meses en prisión preventiva, medida dispuesta ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Cabe recordar que por estos hechos ya fueron condenados Roberto Ortega Serrano, defensor de los imputados mencionados y autor del pago de las dádivas, y Héctor Manuel Alderete, ex empleado de la Defensoría de Violencia de Género, quien también actuó como intermediario.

Resta ser juzgado el imputado Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo como juez de Garantías, quien actualmente cumple prisión preventiva y optó por la realización de un juicio oral y público.