El Ministerio Público Fiscal y la Dirección General de Adultos Mayores firmarán un convenio de cooperación para que, en caso de corresponder la intervención de las fiscalías penales, médicos del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) puedan realizar una revisación integral a la persona que será institucionalizada en geriátricos y colaborar en su traslado.
Luego de que el Ministerio
Público Fiscal tomara intervención en distintos casos de abusos y maltrato a
ancianos, el procurador General, Abel Cornejo, recibió al director General de
Adultos Mayores de la Secretaría de Políticas Sociales de la Provincia, Nicolás
O´Brien a fin de interiorizarse sobre la situación.
En ese marco, la fiscal Penal N° 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria, informó que en las últimas actuaciones en las que solicitó a los juzgados intervinientes resguardar la integridad psicofísica de ancianos, la Secretaría de Adultos Mayores no pudo dar respuesta “porque carecen de personal, vehículo de traslado y médicos”, explicó el funcionario provincial.
En este sentido, Cornejo y O´Brien acordaron avanzar en un convenio de cooperación con la Dirección General de Adultos Mayores para que, en caso de corresponder la intervención de las fiscalías penales, médicos del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) puedan realizar una revisación integral a la persona que será institucionalizada en geriátricos y colaborar en su traslado.
Nicolás O´Brien consideró que “los ancianos se han convertido en un colectivo invisibilizado”, pero destacó que “las intervenciones que viene realizando la Procuración marcan un camino hacia un nuevo destino, que es el buen trato de la gente mayor y nos llenan de esperanza”.
“Los poderes del Estado no son
compartimentos estancos y, por ello, desde la Procuración General vamos a
trabajar para poder asistir, cuando así corresponda, a nuestros adultos
mayores”, precisó el Procurador General durante la reunión.
Según datos de la Dirección General de Adultos Mayores, en Salta viven 170.000 adultos mayores y se calcula que el 5% -unas 8.500 personas- son víctimas de abuso, maltrato, discriminación y abandono. Los cuatro geriátricos con los que cuenta la provincia disponen de cien camas en total, que se encuentran actualmente ocupadas.
En el encuentro también estuvo la directora de Gerontología, María Cortés.
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso la apertura de actuaciones administrativas para establecer responsabilidades en torno a la tramitación de 50 dosis de vacunas Sputnik V, las cuales habrían sido aplicadas a la misma cantidad de personas en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tal gestión no fue informada a las autoridades del Ministerio Público Fiscal ni del Servicio Médico del Ministerio Público.
El Procurador ordenó las actuaciones sumarias al tomar
conocimiento de que aproximadamente hace un mes y dentro del ámbito del CIF, se
habría dispuesto, sin conocimiento de la Procuración General ni de su Coordinación
General, pero tampoco del Servicio Médico del Ministerio Público; la tramitación
ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de 50 dosis de la vacuna rusa
contra el SARS-CoV-2. Las dosis habrían sido recibidas por igual cantidad de personas,
integrantes de una lista elaborada dentro del ámbito del CIF.
La medida inconsulta generó sorpresa y desagrado en el ámbito
de la Procuración, atento a que además de las posibles irregularidades en el
acceso a las vacunas, la situación revistió falta de solidaridad y equidad de quienes
decidieron avanzar en el acceso a las dosis y su disposición final, al no haber
contado con una opinión médica objetiva sobre el listado de personas con
prioridades que debían administrarse la vacuna Sputnik V y el orden de prelación
que debía seguirse para ello. Dichos parámetros
están establecidos por la autoridad sanitaria y de acuerdo a los grupos de la población
con mayor vulnerabilidad.
Cornejo consideró que pudieron advertirse “prima facie”,
irregularidades en orden a lo violación de distintas normativas vigentes, lo
que justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de instancias
disciplinarias internas “especialmente cuando es de dominio público que todavía,
la cantidad de dosis disponibles a nivel internacional, nacional y provincial, resulta
absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población”.
Las actuaciones administrativas tienen el objeto de deslindar responsabilidades,
determinar la vía de acceso a las dosis y la tramitación del pedido, como así también
los criterios adoptados para la confección de la lista, habida cuenta que el
Servicio Médico del Ministerio Público, no fue consultado.
Vacunación rutinaria y Covid-19
Como rutina anual, se cumple en el CIF con la vacunación del
personal esencial, contra distintas enfermedades y en virtud de la inmunización
a trabajadores que está enmarcada en el artículo 21 del Decreto 351/79, que la
contempla como uno de los requisitos de los Servicios de Medicina del Trabajo y
de acuerdo a la OMS/OPS, que establece los Niveles de Prevención Primaria
Especifica, junto con Higiene y Seguridad del Trabajo, Higiene y Seguridad de
la Vida Familiar y Calidad del Medio Ambiente, ya que el personal del CIF se
encuentra integrado por profesionales que tienen contacto con cuerpos, muestras
biológicas y materiales potencialmente infectantes.
Durante 2020 y lo que va de este año, el proceso general de inmunización,
se vio alterado ante la situación pandémica por Covid-19 y que actualmente registra
un rebrote. A ello se suma la restricción a las autoridades de acceder a las
dosis necesarias para lograr un reparto equitativo en la sociedad y de acuerdo
a las prioridades establecidas. En el propio Ministerio Público Fiscal, hay fiscales,
funcionarias y funcionarios y personal, todos incluidos en grupos de riesgo y
que no accedieron todavía a la inmunización.
Vale recordar que dada la tarea específica que lleva
adelante el CIF, particularmente en materia de autopsias y otros exámenes cadavéricos,
desde la declaración de la COVID-19 como pandemia, numerosas personas del
equipo resultaron positivas para la enfermedad y luego de haberse cumplido los
protocolos establecidos para evitar más contagios y someterse al tratamiento, se
recuperaron en forma favorable.
Se trata de una de las siete personas que fue aislada preventivamente, a partir de los estudios realizados por la muerte de un hombre de 48 años, de General Güemes, con diagnóstico de neumopatía por COVID-19. Es un paciente asintomático, que en primera instancia dio negativo y en el segundo análisis, obtuvo como resultado positivo para COVID-19.
La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María
Luján Sodero Calvet, informó sobre el resultado del segundo análisis realizado
al trabajador del CIF, quien es un paciente asintomático y que le fuera
comunicado a la funcionaria por el Comité Operativo de Emergencias.
Advirtió, asimismo, sobre la necesidad de que toda la población extreme los recaudos para evitar contagios, dado que en este caso en particular el técnico no tuvo contacto con el cuerpo analizado y sí con una muestra obtenida en el domicilio del hombre fallecido en General Güemes. “Ello confirma el altísimo riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por coronavirus COVID-19”, agregó la Directora del CIF, institución que mantiene la actividad bajo estrictos protocolos de bioseguridad desde el 11 de marzo pasado, cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) determinó en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.
Sodero Calvet aclaró también que las seis personas restantes, que oportunamente fueron aisladas, dieron negativo en los estudios realizados por el COE, que autorizó que se reintegren a sus puestos de trabajo.
Los profesionales del Departamento Técnico Científico del CIF realizaron al menos unas 40 intervenciones sobre personas que fallecieron de muerte natural o “blanca”, desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto, a pesar de que el CIF solo debe realizar autopsias médico- legales en casos de muerte violenta o dudosa de criminalidad. Advierten la ausencia de prestación de servicios del departamento de Medicina y Química legal de la Policía de la Provincia.
La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María
Luján Sodero Calvet, informó que desde el 20 de marzo pasado, el Departamento
Técnico Científico lleva realizados al menos 40 exámenes cadavéricos y de otra índole
que no debía hacer, por tratarse de las denominadas “muertes blancas” o por
causas naturales. Sodero advirtió “reticencia y ausencia de prestación de
servicios del área de Medicina y Química legal de la Policía de la Provincia”, área
que debería tramitar ese tipo de casos.
Desde marzo pasado, y ante la reiterada respuesta de falta
de médicos de la Policía, los fiscales debieron recurrir a la asistencia del CIF,
aunque no se tratara de homicidios. La situación
se agravó ante otros hechos en los que el Poder Judicial debió recurrir al CIF porque
la Policía contestó que “no había médico disponible”.
Según el registro, los más de 40 hechos en los que intervino
la Policía, no tuvieron participación de sus médicos porque “no quieren ver ni
tocar los cuerpos y directamente, piden autopsias cuando no se trata de muertes
violentas”, con la consecuente sobrecarga de trabajo para el CIF, que
debería destinar sus recursos estrictamente a la resolución de investigaciones
originadas en crímenes.
Según el detalle brindado por el CIF, se realizaron desde el 20 de marzo último: 18 autopsias, 37 exámenes cadavéricos, cuatro juntas médicas y un examen de huesos, con varios profesionales afectados.
“No hay justificativo ni información fehaciente sobre la
falta de médicos de la Policía” informó Sodero y estimó que “tal vez pueda
existir desconocimiento sobre protocolos de prevención de contagios de COVID-19
u otras razones”, analizó la funcionaria, para luego remarcar que la Policía
está derivando autopsias evitables, cuando el principio que rige en el mundo,
ante el marco de pandemia, “es reducir al mínimo la cantidad de autopsias
realizadas”.
En algunos casos, según se pudo constatar, efectivos
policiales informaron que “les pidieron que dijeran que los especialistas estuvieron
en los lugares de muertes informadas, aunque no concurrieron a donde fueron
convocados”. Otras respuestas brindadas a las fiscalías intervinientes, fueron
que “los médicos no se encuentran” o “no hay disponibilidad”.
La directora del CIF pidió a los fiscales que registren
por escrito la respuesta policial ante cada requerimiento, para que a
partir de este lunes, la Policía de la Provincia, informe cuál fue el destino
de sus profesionales en cada caso que debió resolver el CIF.
Qué implica realizar una autopsia
El caso más evidente que abordó el CIF en los últimos días, fue
el fallecimiento de una paciente de enfermedad terminal, de 98 años, para quien
se pidió autopsia. Se la define como un «examen anatómico de un
cadáver», aunque el proceso conlleve mucho más que el análisis del cuerpo
en sí. La autopsia comienza en el lugar del supuesto hecho, con el análisis de
la escena y recolección de indicios relacionados directamente con el cuerpo. Los
indicios biológicos que están en el cadáver y la ropa se levantan cuando el
cuerpo está en la morgue.
En el lugar se hace un primer examen tanatológico, examen
traumatológico, búsqueda de lesiones y luego, deben esperarse los resultados
preliminares y finales, con los consecuentes estudios anatomopatológicos y
otros, establecidos por protocolo.
También debe hacerse el fichaje, es decir, la toma de
huellas para luego ingresarlas a AFIS (Sistema Automatizado de Búsquedas de
Huellas Dactilares). Una vez finalizado
todo el proceso, el cadáver es cerrado y se lo limpia y prepara para poder entregarlo
a la familia.
Todo ese proceso implica el destino de recursos del CIF, los
cuales deberían estar afectados solamente al avance de investigaciones
criminales, como las de los últimos homicidios registrados en Salta.
Los familiares de una persona que se encontraba desaparecida, identificaron las prendas de vestir encontradas en proximidades del río Arenales como suyas, por lo que se realizó un cotejo genético entre el fallecido y un supuesto pariente directo. Los resultados del estudio científico permitirán su identificación fehaciente.
De las distintas tareas investigativas desplegadas, se localizó a una familia que identificó las prendas de vestir encontradas en el lugar, como las de un pariente mayor de edad desaparecido.
Para una identificación fehaciente, Salinas Odorisio solicitó que el Servicio de Biología Molecular Forense del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, realice un cotejo genético entre los restos óseos encontrados y un supuesto familiar directo.
El Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a cargo de Pedro Villagrán, emitió un documento con observaciones y recomendaciones sencillas a tener en cuenta sobre medidas preventivas en torno a la pandemia de Covid-19.
El procurador Abel Cornejo, junto a la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet y el jefe del Departamento Técnico Científico, Pedro Villagrán.
• Reconocer que enfrentamos un desafío infeccioso, por lo que las medidas a tomar aunque parezcan extremas, son correctas. El objetivo es REDUCIR la circulación del virus. Así disminuirá la velocidad de contagio y por lo tanto la cantidad de infectados.
• Los virus son entidades muy pequeñas del orden de unos cuantos nanómetros. Sin embargo este virus es grande, digamos “Gordo” y “Pesado”, pues está formado por proteínas y azúcares. Cuando una persona estornuda o tose, expulsa gotitas de saliva. Esas microgotas de desplazan por el aire, pero como el Corona Virus es “Gordo” y “Pesado”, no llega muy lejos; a lo sumo llega a 1 ó 1,5 metros de distancia. Por esta razón, se solicita que se cumpla la denominada “Distancia Social”, de dos metros entre persona y persona. Cuando dos personas se encuentran a dos metros de distancia NO hace falta barbijo, pues el virus NO puede llegar por vía aérea, por su peso.
• Al ser un virus “pesado”, se genera un problema adicional: tiene más resistencia para permanecer fuera de la persona infectada y queda disponible en superficies por un tiempo indeterminado. Dependerá de la temperatura, humedad y ventilación, entre otras variables. Sin embargo, debemos suponer la presencia de virus en superficies, en especial en lugares de circulación del virus o bajo sospecha de su existencia. Una persona infectada que estornuda o tose sobre su mano y luego toca una superficie, escritorio, picaporte o pasamanos, deja virus, el cual podría estar vivo. Por ello es importante NO llevarse las manos a la boca, nariz y ojos, sin antes proceder a su higiene.
• Resulta que el virus corona está formado por una serie de moléculas, proteínas con fósforo y lo recubre (a modo de “piel”) una membrana que contiene glicoproteínas con azúcares que le dan el aspecto espinoso (spike). Esas “espinas” son la llave que usa el virus para adherirse a las mucosas de la boca, ojos y nariz. He aquí la clave para la higiene; esa GLICOPROTEINA se disuelve en JABÓN, por lo tanto el MEJOR ANTISÉPTICO es el jabón. Con el lavado con agua y jabón esa glicoproteína se disuelve y el virus muere.
• El alcohol el gel para manos es también utilizado, pero cuando no disponemos de agua y jabón cerca para higienizarnos.
• Para superficies de contacto (mesas de trabajo, escritorios, picaportes, pasamanos), podemos utilizar una solución jabonosa en spray o paño y alternativamente una solución de alcohol 70% (siete medidas de alcohol y tres de agua) a fin de pulverizar.
• Para la desinfección de pisos, baños o muebles, podemos usar una solución de lavandina (una medida de lavandina y cinco de agua).
• Los guantes de látex o nitrilo, son una barrera para evitar el contacto directo con la infección y se usa en casos donde haya circulación o sospecha (claro está que en el sistema sanitario es indispensable). En principio, si se extreman las medidas de “DISTANCIA SOCIAL”, “LAVADO DE MANOS” Y “DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES”, el uso de guantes látex o nitrilo quedará limitado solo a casos de contacto absolutamente necesario o para la limpieza de las instalaciones (En este caso, es aconsejable utilizar guantes de goma de mayor gramaje, tipo cocina).
En el marco del Día Internacional de la Mujer, fue impuesto el nombre de Cintia Fernández al edificio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Hablaron la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet; el defensor general de la Provincia y abogado querellante en el caso de Cintia, Pedro García Castiella; la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández y el procurador general, Abel Cornejo. Los cuatro integran el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y violencia de Género.
Directora del CIF, María Lujan Sodero Calvet
“No es un acto más; es consecuente con la línea que la Procuración General ha trazado: ni admitir ni tolerar la impunidad en ningún hecho de violencia hacia las mujeres”, afirmó la directora del CIF, María Lujan Sodero Calvet y dijo que la fecha elegida para este acto “simboliza la lucha sin descanso de una mujer por otra mujer, de Ana, por su hija Cintia; de Ana, por todas las víctimas”. Destacó que el edificio del CIF sea el elegido para imponer el nombre de Cintia, porque ella iba a dedicarse a la Genética, especialidad fundamental para resolver crímenes. Sodero también pidió que “las víctimas no solo tengan justicia, sino sensibilidad por parte del servicio de Justicia”.
Defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella
Por su parte, el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, consideró inescindible hablar de Cintia y Ana. “Cintia se convirtió en icono de la guerra a la violencia y los femicidios, que nos cachetean a quienes ocupamos funciones públicas y a toda la sociedad”, sostuvo y luego de compartir una semblanza, dijo que su muerte “todavía nos tiene que sacudir porque ella hoy no está para cumplir todos sus sueños”.
García Castiella destacó la trascendencia y significado del homicidio de Cintia para la sociedad y el sistema, y pidió que su muerte “no haya sido en vano”. Destacó que Ana, a pesar del dolor, haya organizado la lucha desde la Comisión de Familiares de Victimas contra la Impunidad, las marchas y la Fundación que lleva el nombre de su hija.
El Defensor también criticó duramente a “quienes tenían que investigar y en lugar de eso, encubrieron”, y enfatizó que Ana, a través de su lucha por Justicia, “se llevó puesto un sistema de indiferencia, formal, rutinario y herrumbrado”.
Presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández
A su turno, Ana Fernández agradeció a la Comisión de Familiares contra La Impunidad, el equipo de la Fundación, a al Procurador y el Comité, por haber decidido imponer el nombre de su hija a un lugar tan emblemático y significativo en la lucha por la verdad y la justicia. Reivindicó a todas las víctimas de violencia y advirtió que aunque “la justicia perversa, me arrastró más de ocho años, le seguiré dando batalla al sistema, por todas las mujeres que aún no tienen justicia. Nadie me callará ni me voy a arrodillar a ningún mortal en búsqueda de verdad”.
Fernández dirigió un mensaje a los varones y exigió “basta de violencia, basta de femicidios y que los hombres entiendan que no es no”. También pidió más celeridad en las causas, que se cumplen en tiempo y forma, y especialmente, humanización de la justicia. “Mi hija fue parte de esta vida; en cada número de expediente, hay una persona que fue parte de esta sociedad y familias que sufren”, afirmó Fernández, quien concluyó sus palabras con la lectura del poema “Cuando yo me vaya”, de Carlos Alberto Boaglio.
Procurador general de la Provincia, Abel Cornejo
Finalmente, habló el procurador Abel Cornejo, quien pidió perdón a Ana por todo el sufrimiento que debió atravesar en búsqueda de Justicia. “Hasta ahora no escuché a nadie hacerlo; pero yo sí lo haré”, afirmó, y ratificó que hace propia la lucha “desde que adoptamos la decisión de que la perspectiva de género sea un objetivo estratégico de la gestión; porque hoy pedir una sociedad mejor, es un pedido vacuo. Hoy necesitamos una sociedad algo menos violenta y menos injusta; que abra las manos para que haya más oportunidades que sistemáticamente se le negaron a Ana”. Dijo que esa negación permanente, llevó a que cada vez, “luchemos contra ese horror monstruoso que se llama femicidio; en una lucha frontal total y para siempre contra los femicidas que se jactan de reducir a las víctimas a una cosa”. Y advirtió que “nunca más vamos a tolerar el desprestigio de las víctimas”.
Consideró que “al sistema hay que cambiarlo; trabajar por el cambio social”, para evitar sentir el agobio por falta de respuestas que genera la impotencia del sistema. Y aseguró estar convencidos de que se puede hacer. “Hay que cambiarlo desde la Educación”, afirmó y cuestionó que “se naturalicen los abusos; que se hagan marchas para defender un sector de la vida de quienes creen defenderla y que no sean multitudinarias cuando la víctima es una mujer asesinada”.
También aseveró que no lo detendrán las “operaciones, oposiciones o desgastes que pretendan hacer”, porque debemos ser “un despertador de conciencias permanentes”. Habló de la ética de las convicciones y de la responsabilidad, porque “si tenemos convicciones, debemos ir hasta el final con ellas y hacerlo con responsabilidad”.
Cornejo también citó a “el femicidio histórico que llegó a inspirar letras del folklore; de una mujer víctima de la brutalidad y violencia patriarcal, como fue el caso de Juana Figueroa, asesinada el 29 de marzo de 1903 y dijo que “tuvieron que pasar 130 años de ese holocausto, para que hoy se ponga el nombre de Cintia al CIF, con su otro holocausto. También recordó a Rosana Alderete, asesinada el 28 de agosto de 2004, junto a dos de sus tres hijos y cuyo caso impulsó la sanción de la ley de violencia familiar.
“La injuria, negligencia e impavidez de las que fueran víctimas Rosana Alderete y sus hijos, después de 41 denuncias, no tiene nombre”.
El Procurador también remarco de “legalizar” la OVIFG (Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia de Salta), porque falta la ley que la regule y consideró que “la violencia no ocurre de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30”. Finalmente, destacó a algunas de las mujeres que conoció y de las que aprendió: Alicia Moreau, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, Carmen Argibay y la poetisa Kuki Herrán, a la que calificó como “una escritora de la libertad”.
Participaron en el acto la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público Fiscal y Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad; el defensor general, Pedro García Castiella; el procurador general, Abel Cornejo; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Luján Sodero Calvet y la presidenta de la Fundación Cintia Fernández e integrante del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, Ana Fernández; referentes de la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad y de otras organizaciones sociales.
También asistieron el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa; el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas; la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes y el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Eduardo Barrionuevo. Además, participaron la presidenta del Tribunal de Juicio Salta IV, Norma Beatriz Vera; la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y la consejera del Colegio de Abogados y Procuradores, Cinthia Vanina Zamora, el fiscal que intervino en el caso, Ramiro Ramos Ossorio, e integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género; entre otras autoridades, invitados especiales y público en general.
El acto de imposición del nombre de Cintia Vanesa Fernández al edificio del CIF, será el 8 de marzo, a las 11. Será la primera de una serie de acciones destinadas a mantener presentes a las víctimas de violencia machista de Salta. “Cada lugar que rememore a una víctima, recordará a la comunidad que cada una tiene nombre y un apellido, una historia y una vida truncada”, afirmó el Procurador y destacó que todas las herramientas que sumen para generar conciencia social sobre la problemática, serán adoptadas por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género.
Fue una de las decisiones confirmadas durante la última reunión, oportunidad en la que se incorporaron la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; el exsecretario de Justicia y actual defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella; la comunicadora Itatí Carrique y la referente del colectivo de mujeres trans, Luz Bejerano.
Cintia Fernández, de 23 años, fue encontrada asfixiada y golpeada en mayo de 2011 por su madre, en su departamento de la zona sur de la ciudad de Salta.
En junio pasado los jueces de la Sala IV del Tribunal del Juicio de Salta, Norma Beatriz Vera, Roberto Lezcano y Paola Marocco, condenaron a 23 años de prisión a Mario Federico Condori.
Por el MPF, intervino el fiscal penal, Ramiro Ramos Ossorio y alegó el querellante Pedro García Castiella. Durante el proceso oral y público, tres testigos fueron detenidos por falso testimonio, de los cuales dos también fueron imputados por encubrimiento. Son los casos del expolicía Calixto Mamaní, quien era compañero de Condorí en la División Trata de Personas y en la Brigada de Investigaciones; de la oficial Gimena Núñez, que intervino en el inicio de las investigaciones del homicidio y fue jefa del condenado en la fuerza; y de José Antonio Ormeño, administrador del complejo habitacional Parque La Vega, donde vivía la víctima. Ana, su madre, encaró una lucha titánica para esclarecer el crimen. Preside la Fundación Cintia Fernández, que asiste integralmente a víctimas de violencia.
Otros temas abordados por el Comité
Tras los últimos hechos de violencia hacia mujeres registrados en Salta y el país, los presentes coincidieron en señalar la necesidad de seguir trabajando en pos de políticas públicas sólidas y permanentes. En ese sentido, el Procurador ratificó su posición acerca de que trabajar a favor de políticas de Estado en contra de la violencia hacia la mujer (expresada en todas sus formas), “no es ideología de género y sí una cuestión de Derechos Humanos”.
También se abordó la discusión sobre la posible disminución de consignas policiales a víctimas de violencia; tema sobre el cual se consideró que “los dispositivos electrónicos no son una alternativa a la consigna policial, y en cambio, sí son una herramienta de apoyo a la custodia de las víctimas de violencia”.
Finalmente, el Comité consideró oportuno recordar a medios y comunicadores, a través de publicaciones en las redes sociales del Ministerio Público Fiscal, las herramientas para comunicar con perspectiva de género, a través de los consejos elaborados por la Iniciativa Spotlight para la cobertura periodística sobre hechos de violencia de género y femicidio y ESI para periodistas.
Al Comité lo preside el procurador general, Abel Cornejo y lo coordina Ana Cecilia Carraro. Además de los nuevos miembros, lo integran la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet, las fiscales de Violencia de Género, Claudia Geria y de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, además de las directoras del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso, del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq y de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Rosaura Gareca. También, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández; la vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta e integrante de la Fundación Cintia Fernández, Gabriela Rodríguez; y María Pía Ceballos, integrante de la Subsecretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Este año se sumaron el subsecretario de Formación, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Federico Uldry y la subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad, Gabriela Gaspar y de Promoción Social, Jacqueline Cobo. Completan el Comité las abogadas Tania Nieves Kiriaco, Carina Iradi y Yésica Montagna, además del letrado Leandro Ramos.
El Organismo Argentino de Acreditación auditó el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en el marco del proceso de acreditación que se lleva adelante. El referente científico español, Manuel Crespillo Márquez, sugirió conformar una Comisión Nacional de Laboratorios Forenses, “que tome como referencia al salteño, el primer acreditado en el país“. También destacaron la tarea del Banco de Datos Genéticos de Salta, que fue el primero en remitir datos al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
El procurador general, Abel Cornejo, y la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, recibieron a la auditora y experta universitaria en Requerimientos de Calidad para Acreditación de Laboratorios Químicos, Anahí Monier y al especialista, Manuel Crespillo Márquez, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia de Barcelona. Ambos se desempeñan en el Organismo Argentino de Acreditación, que es el único órgano de acreditación dentro del Sistema de Normas, Calidad y Certificación de la República Argentina y es la Autoridad Nacional de Monitoreo de la conformidad de las buenas prácticas de laboratorio.
La acreditación es una declaración de competencia técnica e imparcialidad que debe ser demostrada por la entidad que se somete a la evaluación conducente a la acreditación, mantenida y mejorada a lo largo del tiempo. En esta oportunidad, el Departamento Técnico Científico es evaluado en la determinación del perfil genético, estudios de vínculos biológicos e identificación por comparación de perfiles únicos.
Oportunamente, el Servicio de Biología Molecular Forense fue acreditado por las prácticas periciales a su cargo y se considera un referente en materia de acreditación de laboratorios forenses del país. En ese contexto es que Crespillo Márquez sugirió que Salta sea referente para estandarizar parámetros de trabajo, a través de la creación de una Comisión Nacional de Laboratorios Forenses.“Me saco el sombrero ante lo que han logrado en Salta”, afirmó el reconocido especialista en la materia.
Destacaron, por otra parte, que el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, y dando cumplimiento a la Ley 26.879 que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, haya sido el primero en remitir perfiles genéticos del Banco de Datos Genéticos de Salta al Nacional.
El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual fue creado por la ley 26.879, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se reglamentó por el decreto 522 del 17 de julio del 2017. Su finalidad es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual. El Registro Nacional recibe los perfiles de ADN de condenados con sentencia firme y de evidencias biológicas de autores no individualizados vinculados a delitos contra la integridad sexual, que deben ser remitidos desde los Registros Provinciales y los laboratorios acreditados en todo el país por orden judicial.
Salta, a través del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, fue la primera provincia en remitir perfiles genéticos obtenidos por el Banco de Datos Genéticos local al Registro Nacional. El Banco de Datos Genéticos de Salta funciona en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y se puso en marcha en marzo de 2018. Fue creado por ley provincial 7.775, e instaurado en el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tiene a su cargo obtener la identificación genética del análisis de ADN no codificante asociado a una muestra o evidencia biológica.
Con Cornejo y Carraro, estuvieron la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet y el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Villagrán.
El nuevo sistema informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales entrará en vigencia a partir del próximo lunes 17 de febrero. El sistema mejorará la comunicación entre las partes, garantizará transparencia y celeridad en la investigación, anunció la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, quien junto a la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet, anticiparon la capacitación de fiscales penales, auxiliares, informáticos y técnicos del CIF.
“La capacitación es esencial para la implementación del nievo sistema, que por disposición del procurador general, Abel Cornejo, fue actualizado y perfeccionado y entrará en funcionamiento el lunes 17. El sistema tiene grandes ventajas, tanto para los fiscales penales como para la directora del CIF”, destacó Carraro. En el mismo sentido, la Coordinadora General indicó que “los fiscales, a través del sistema de legajos, podrán realizar los pedidos de forma directa y la solicitud quedará vinculada a la causa”.
El sistema, cuyo perfeccionamiento estuvo a cargo de la coordinadora de Informática de la Procuración, Patricia Aballay, permitirá realizar un seguimiento del pedido hecho por cada fiscal y sobre qué servicio y gabinete técnico es el que interviene. “Para el CIF también tiene su ventaja, porque la Directora tomará conocimiento directo de los pedidos de la fiscalías”, precisó Carraro.
Por su parte, la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet, destacó que el nuevo sistema permitirá lograr una mayor y mejor comunicación entre las partes y aplicar la lógica fiscal desde el primer momento.
“Habrá una mayor conectividad entre el CIF y las fiscalías. Se trata de lograr mayor accesibilidad y que el CIF sea una parte más del legajo fiscal. El espíritu del nuevo sistema es vincular, unificar y conectar”, finalizó Sodero.
