La investigación se inició en 2021, tras detectarse la venta no autorizada de actas que eran obtenidas a través de personal del organismo. Por los hechos se encuentran imputados un asesor jurídico, dos empleados de Archivo y un permisionario de estacionamiento medido.
La auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Eugenia López Ahanduni, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito de prueba en la causa contra personal del Registro Civil y un permisionario del estacionamiento medido por fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita..
Durante la audiencia, el juez Marcelo Rubio admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la única defensa que realizó un ofrecimiento probatorio.
La investigación se inició en 2021, a partir de la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien informó sobre la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y defunción que debían ser tramitadas por los canales habilitados y mediante el pago del arancel correspondiente.
Por los hechos se encuentran imputados quien se desempeñaba como asesor jurídico del organismo y dos empleados de la oficina de Archivo por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, concusión (en un número indeterminado de hechos) y asociación ilícita, en calidad de coautores y en concurso real. El permisionario está imputado como partícipe necesario de los mismos delitos.
Según se estableció durante la investigación, el permisionario habría captado en la vía pública a personas interesadas en obtener actas y les solicitaba dinero para gestionar la documentación. Para ello, habría recibido los pedidos y el dinero y luego requerido las actas a sus contactos dentro del Registro Civil.
Las actas eran emitidas como “trámite oficial”, modalidad que permitía su expedición sin el pago de la tasa correspondiente. Una vez obtenidas, eran entregadas al permisionario, quien las vendía a los interesados por montos superiores a los establecidos oficialmente.
La investigación permitió además determinar que la maniobra no se habría limitado a hechos aislados, sino que se habría desarrollado de manera reiterada, con la intervención de distintas personas y una distribución de funciones entre quienes actuaban dentro y fuera del organismo.
Imputaron a “Los intocables”, personal del Registro Civil y un permisionario por la venta de actas
