Asociación ilícita

 Fiscalías Interior

Metán: Requieren juicio para una banda de estafadores de Córdoba

Dos hombres y dos mujeres oriundos de la provincia de Córdoba, serán llevados a juicio por un hecho en el que telefónicamente, engañaron a dos personas y realizaron actos de disposición con sus2 cuentas bancarias. El cabecilla operaba desde la Unidad Carcelaria 7 de San Francisco, Córdoba.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, requirió juicio para Leonardo Lucas Godoy como autor de los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real, en perjuicio de dos vecinos de esa ciudad. Para su hermano Cristian Godoy, Rocío Belén Galván y Melisa del Valle Maciel requirió juicio como partícipes necesarios de los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real.

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando uno de los damnificados ofrecía a la venta por Facebook, la moto de un amigo. Fue contactado vía Whatsapp por una persona que quería concretar la transacción, para lo cual le pidió que concurriera a un cajero automático y que una vez allí, lo llamaría su contador para indicarle cómo debía proceder para recibir un depósito.

Mediante engaños, los delincuentes obtuvieron datos de las cuentas del intermediario y del dueño del rodado, junto a otra información necesaria para acceder a las mismas y así obtuvieron importantes sumas de dinero bajo la modalidad de préstamos. El dinero obtenido fue derivado en pequeñas cantidades a otras cuentas.

Al detectar la maniobra, los damnificados realizaron la denuncia y la Brigada de Investigaciones 3 de Metán, tuvo a su cargo el análisis bancario, telefónico y el cumplimiento de otras medidas tendientes a identificar a los delincuentes.

Se pudo determinar que se trata de una banda delictiva organizada, que operaba con una modalidad diagramada y orquestada desde el interior de una unidad penitenciaria y donde cada uno de sus miembros, tenían una función asignada.

Leonardo Lucas Godoy fue individualizado como el cabecilla de la banda. Se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria N° 7 de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. En colaboración con otros reclusos, realizaban comunicaciones telefónicas y operaciones bancarias desde el interior de la cárcel.

Rocío Belén Galván, era la encargada de extraer el dinero mal habido desde cajeros automáticos o por ventanilla.

Cristian Godoy, hermano del cabecilla, es pareja de la acusada Galván y se encargaba de la extracción del dinero y de su resguardo.

Melisa del Valle Maciel es pareja de Leonardo Lucas Godoy y al igual que la otra mujer imputada, tenía la misión de ir a los cajeros o ventanillas de entidades financieras y extraer el dinero.

Con los elementos de convicción necesarios y con la colaboración de la División Investigaciones de San Francisco y la División Investigaciones de Sacanta, ambas del Departamental San Justo – Policía de la Provincia de Córdoba, se concretaron diversos allanamientos, de los cuales se pudo secuestrar dinero en efectivo, teléfonos celulares, anotaciones, numerosas tarjetas bancarias que usaban para el manejo del dinero que obtenían de sus maniobras delictivas y otros elementos de interés para la causa.

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 Fiscalías Capital

Desbaratan una banda que estafaba con el IFE desde un penal de Córdoba

El fiscal penal 1, Ezequiel Molinati, imputó provisionalmente por la comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita en concurso real  a Lucas Ariel Gómez; Andrés José Mamonde y Lucio Joel Blanco, en calidad de autores. Fueron trasladados desde Córdoba y se encuentran detenidos en Salta. No se descartan nuevas detenciones e imputaciones.

El fiscal Molinati los acusó porque mediante ardides y engaños, conformaron una asociación ilícita a los fines de cometer distintas estafas telefónicas y en mayo pasado, se hicieron de los datos bancarios de una mujer salteña, con los cuales realizaron distintas transacciones y operaciones bancarias en perjuicio de la víctima.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, -una mujer docente-, quien relató que el 29 de mayo de 2020, recibió un llamado de un supuesto abogado y representante de ANSES, encargado de tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Le dijo que necesitaba una tarjeta de débito para que dos hermanos de la mujer pudieran acceder al beneficio, ya que habían hecho un reclamo.

El 8 de junio pasado, la víctima fue a extraer fondos del cajero automático y solo tenía $400 (pesos  cuatrocientos), cuando debía tener al menos, $20.000 (pesos veinte mil). En la entidad bancaria, realizó la consulta correspondiente y le informaron que los fondos habían sido transferidos.

Durante la investigación, el fiscal determinó que la organización delictiva estaba compuesta por dos familias, quienes operaban desde el Complejo Penitenciario 2, de Córdoba, conocida como la “cárcel de Bouwer”, ubicada en el paraje “Alto El Durazno”, a la altura de Bower, sobre la Ruta Nacional N° 36 de esa provincia.

Lucio Joel Blanco, Andrés José Mamonde y un tercero, se encontraban entonces privados de la libertad y realizaron llamadas a diversas provincias del norte argentino, haciéndose pasar por abogados de Anses y lograban que las víctimas transfirieran fondos a sus cómplices de confianza, todos familiares directos que no estaban privados de la libertad. Según lo recabado por el GIS -Grupo de Investigación Sector 1B de la Policía de la Provincia de Salta-, una de las hermanas de Mamonde, transfería el dinero a otra hermana y la pareja de ésta, mientras que la madre del mismo acusado transfería el dinero a otro de sus hijos. Ambas mujeres contaban con cuentas bancarias temporarias para retirar el dinero.

Para acusarlos de integrar una asociación ilícita, el Fiscal tuvo en cuenta que la banda contaría al menos con ocho integrantes, que se asociaron con el propósito colectivo de delinquir, con parentesco y vínculos entre sus integrantes. Utilizaban una línea telefónica para brindar identidad ficticia y conseguir los CBU de las víctimas y tenían roles y funciones bien designadas (personas que llaman telefónicamente y cometen el ardid, personas que reciben el dinero por transferencias y en ocasiones personas que retiran el dinero ilícito).  Y se confirmó además, la permanencia en el tiempo, lo que demostró que no fue un hecho casual. Por el contrario, la modalidad de estafas telefónicas se mantuvo en el tiempo porque la banda delictiva operó mínimamente, por un periodo de siete meses de 2020, y especialmente después de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación del coronavirus.

La investigación penal continúa, en pos de detener e imputar al resto de la banda por la comisión del delito de estafa y asociación ilícita en concurso real, en carácter de coautores.

649
 Fiscalías Capital

Allanamiento y detención en una financiera que estafaba con planes de «Autoahorro»

Bajo la dirección del fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, los investigadores del CIF, llevaron adelante este martes un allanamiento en una oficina ubicada en el centro de la capital salteña. Fue detenida una mujer, que será imputada en las próximas horas. Se sumarán otras detenciones.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal iniciaron tras numerosas denuncias referidas al accionar de bandas delictivas que operan en la provincia de Salta y que utilizaban como fachada, supuestas financieras que ofrecían la fácil adquisición de automóviles y otros bienes, a partir de un plan de «Autoahorro».

El modus operandi detectado era el de cobrar cuotas pactadas, pero sin concretar la entrega de los vehículos. De esa forma, lograban hacerse de una gran cantidad de dinero abonado por los clientes, para luego cambiar las denominaciones de las empresas a través de las cuales cometían las estafas.

Durante el procedimiento fueron secuestradas tres CPU, sellos, talonarios de facturas de cinco supuestas empresas, además de documentación vinculada con clientes y posibles víctimas, entre otros elementos de interés para la causa.

El allanamiento solicitado por el fiscal Ramos Ossorio fue autorizado por el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien también hizo lugar al pedido del MPF y ordenó la detención de una mujer mayor de edad, quien será imputada en las próximas horas por la comisión de los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita.  Habrá nuevas detenciones.

775
 Fiscalías Interior

Cerrillos: Desbaratan una banda e imputan a sus 10 integrantes

El fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal, imputó a diez personas que cometieron delitos bajo distintas modalidades en ese municipio. Ocho fueron acusados por la comisión del delito de asociación ilícita y otros dos, por encubrimiento. A la organización la lideraba una mujer.

El fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal, imputó a Jésica Belén Reimuth, de 28 años; Gustavo Darío Reimuth, de 32; Lucas Gastón Morales , alias “Pepe”, de 24; Leandro Sebastián Guaymás, alias “Kuku”; de 28; Adrián Alejandro Guaymás, alias “Maldito” o “Kakaroto”, José Joaquín Chocobar, alias “Griti”; Domingo Alberto López; alias “Gordo”, de 48 años; Eduardo David Chocobar, alias “Azteca”, de 31 años; Marcelino Lozano y David Eliseo López, de 38 años, todos domiciliados en Cerrillos.

Los ocho primeros fueron acusados de presunta comisión del delito de asociación ilícita. Los otros dos, por la presunta comisión del delito de encubrimiento.

Según surge del decreto de imputación, la banda era liderada por una mujer, la que la mayoría de las veces hacía de “campana”. El resto de sus integrantes, operaban bajo diversas modalidades delictivas, tales como violentar y robar dentro de viviendas; como motochorros o descuidistas.

Luego de cometidos los ilícitos, los objetos robados eran llevados a la vivienda del “Gordo” López, lugar donde eran ofrecidos para la venta y que luego de pactada, los elementos eran llevados por “Pepe” Morales en motocicleta, conducida por “Azteca” Chocobar”. Además, en los domicilios de Marcelino Lozano y David López eran reducidos los elementos sustraídos.

La investigación arrojó que la banda, que tenía atemorizados a los vecinos, operó por lo menos, desde fines de junio y hasta mediados de agosto de este año. Hasta el 12 del mes pasado, se llegaron a denunciar 12 hechos.

Al momento de realizarse la audiencia de imputación prevista para siete de los diez imputados, el último 27 de agosto, todos se abstuvieron de declarar.

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 Fiscalías Interior

Metán: imputaron a miembros de una banda de estafadores

Dos hombres y dos mujeres oriundos de la provincia de Córdoba, fueron extraditados a la ciudad de Metán e imputados por un hecho donde, telefónicamente, engañaron a dos personas y realizaron actos de disposición con sus cuentas bancarias. El cabecilla operaba desde la Unidad Carcelaria 7 de San Francisco, Córdoba.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Leonardo Lucas Godoy, a su hermano Cristian Godoy, a Rocío Belén Galván y a Melisa del Valle Maciel por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas en concurso real en perjuicio de dos ciudadanos de Metán.

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando uno de los damnificados ofrecía a la venta por Facebook, la moto de un amigo. Fue contactado vía Whatsapp por una persona que quería concretar la transacción, para lo cual le pidió que concurriera a un cajero automático y que una vez allí, lo llamaría su contador para indicarle cómo debía proceder para recibir un depósito.

Mediante engaños, los delincuentes obtuvieron datos de las cuentas del intermediario y del dueño del rodado, junto a otra información necesaria para acceder a las mismas y así obtuvieron importantes sumas de dinero bajo la modalidad de préstamos. El dinero obtenido fue derivado en pequeñas cantidades a otras cuentas.

Al detectar la maniobra, los damnificados realizaron la denuncia y la Brigada de Investigaciones 3 de Metán, tuvo a su cargo el análisis bancario, telefónico y el cumplimiento de otras medidas tendientes a identificar a los delincuentes.

Se pudo determinar que se trata de una banda delictiva organizada, que operaba con una modalidad diagramada y orquestada desde el interior de una unidad penitenciaria y donde cada uno de sus miembros, tenían una función asignada.

Leonardo Lucas Godoy fue individualizado como el cabecilla de la banda. Se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria N° 7 de la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. En colaboración con otros reclusos, realizaban comunicaciones telefónicas y operaciones bancarias desde el interior de la cárcel.

Rocío Belén Galván, era la encargada de extraer el dinero mal habido desde cajeros automáticos o por ventanilla.

Cristian Godoy, hermano del cabecilla, es pareja de la acusada Galván y se encargaba de la extracción del dinero y de su resguardo.

Melisa del Valle Maciel es pareja de Leonardo Lucas Godoy y al igual que la otra mujer imputada, tenía la misión de ir a los cajeros o ventanillas de entidades financieras y extraer el dinero.

Con los elementos de convicción necesarios y con la colaboración de la División Investigaciones de San Francisco y la División Investigaciones de
Sacanta, ambas del Departamental San Justo – Policía de la Provincia
de Córdoba, días pasados se concretaron diversos allanamientos, de los cuales se pudo secuestrar dinero en efectivo, teléfonos celulares, anotaciones, numerosas tarjetas bancarias que usaban para el manejo del dinero que obtenían de sus maniobras delictivas y otros elementos de interés para la causa.

Gómez Amado, una vez concretada la audiencia de imputación, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de la detención de los acusados.

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 Económicos Complejos

Imputaron a “Los intocables”, personal del Registro Civil y un permisionario por la venta de actas

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio imputó este viernes por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y concusión -en un número indeterminado de hechos-, en concurso real y en calidad de coautores a Marcelo Gerardo Romero, Aldo Daniel Gómez y Mauro Cristóbal Paz, José Antonio Daruich y en carácter de partícipe necesario, a José Waldo Mercado. También fueron imputados provisionalmente por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores.

Según consta en el decreto de imputación, Mercado, quien se desempeñaba como permisionario (cobrador de estacionamiento medido), procedió a captar en la vía pública, a un número indeterminado de personas y les solicitó dinero, para que a través de funcionarios del Registro del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en calle Almirante Brown Nº 160, se realice el trámite de obtención de actas de ese organismo.

Así, lo imputados Romero, Gómez, Paz y Daruich, abusando de la función desempeñada como funcionarios públicos del Registro Civil y actuando en connivencia con el imputado Mercado, expidieron instrumentos del Registro Civil con la leyenda “trámite oficial”. Todo ello, sin abonar los tributos para el trámite, lo que generó un importante perjuicio patrimonial a la Hacienda Provincial.

La fiscala también los imputó provisionalmente por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores, por haber formado parte de una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública Provincial

La intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, inició a partir de la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien tomó conocimiento que personas desconocidas se estarían beneficiando con la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y otra documentación. Además, los documentos se comercializaban en negocios no autorizados, colindantes al edificio del Registro Civil. Una fotocopiadora fue uno de los comercios apuntados y a su vez, habría cobrado una tasa, cuando el acta que se entrega podría estar siendo proporcionada por personal del Registro Civil con sello de trámite oficial (es decir, un trámite sin arancel) o con un valor menor al cobrado. A la investigación se agregó la denuncia radicada el 25 de marzo pasado, por la directora General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, María Verónica Saicha Ibáñez.

En algunos de los casos advertidos durante la investigación, por ejemplo, una mujer pagó $1500 (mil quinientos pesos) por dos actas de nacimiento, cuando el costo real de la expedición de los actas online de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio y otras, tienen un costo de $ 250 (doscientos cincuenta pesos); y de $ 117,17 (ciento diecisiete con diecisiete centavos pesos) cuando se tramitan en forma presencial.

Según se advirtió de las tareas de vigilancia desplegadas por la División de Investigaciones y Criminología del CIF, en promedio, en un día de vigilancia, el permisionario entregó de 10 a 15 actas, a un costo de 520 pesos cada una.

También se supo que a los abogados Romero y Gómez, se los denominaba “Los intocables”. El primero, se desempeñaba como subdirector del Registro Civil, y el segundo, como asesor jurídico, mientras que Paz y Daruich, eran personal de la oficina de Archivo del Registro Civil. Ello permitió establecer que no solo por la función que desempeñaron sino el rol que cumplió cada uno de ellos en las actividades ilícitas y defraudatorias que tienen como damnificado al Estado Provincial y a los ciudadanos que abonan aranceles exigidos fuera de las tasas previstas, obteniendo de este modo un beneficio económico para sí, mediando la captación de los civiles a través de la intervención de un permisionario, que a sabiendas del origen ilícito actuó como nexo para obtener las partidas (nacimiento, matrimonio y defunción), a cambio de montos discrecionales que luego entrega a los funcionarios provinciales.

Todos los imputados declararon, pero no aceptaron preguntas y siguen detenidos.

759
 Económicos Complejos

Desbaratan una banda que cometió 18 estafas

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a Cristo Arnaldo Suárez, Rocío Inés Roldán Matuz, Mabel Deolinda Díaz y Eduardo Emanuel Vale, todos con domicilio en la provincia de Córdoba, acusados de los delitos de estafa (18 hechos) y asociación ilícita, todo en concurso real. Los imputados continuarán detenidos y el fiscal no descartó nuevas detenciones en el marco de la investigación.

Del decreto de imputación, surgió que los acusados formaban parte de un grupo delictivo con división de tareas para hacer incurrir en error a las víctimas, a quienes convencieron de realizar disposiciones patrimoniales. Para esto, los acusados utilizaron, en todos los casos, la misma línea telefónica para comunicarse con las víctimas. Luego vaciaron sus cuentas bancarias y solicitaron distintos préstamos de dinero, por lo que causaron un perjuicio económico de importancia a sus víctimas.

Para las disposiciones patrimoniales que obtuvieron mediante los engaños, los imputados aparentaron -en algunos casos-, que llamaban para realizar un giro de dinero para un familiar enfermo; mientras que en otros, les hicieron creer que ganaron un premio y expresaron mentidamente a los damnificados que, para poder recibirlo, debían ingresar sus datos en el cajero automático, con lo que burlaron la buena fe de las víctimas.

Tras diversas tareas investigativas, fue requerido al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento en los domicilios de los acusados, medida con la que se logró el secuestro de diversos elementos probatorios como celulares, chips tarjetas de memoria, documentación varia y dinero en efectivo, además de concretar la detención de los imputados.

1031
 Económicos Complejos

Estafaban desde Córdoba y se quedaron con más de $290 mil de la cuenta de un salteño

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a Zaira Martínez Abigail, Pablo Sebastián Duarte, Darío Ezequiel Amado Martínez, Malena Ariadna Lindon, Katerinne Juliana Spallina y Lucas Matías Rondinella, todos con domicilio en la provincia de Córdoba, acusados de los delitos de estafa (un hecho) y asociación ilícita, todo en concurso real, en calidad de coautores. Permanecerán detenidos. El fiscal no descartó nuevas detenciones en el marco de la investigación.

Del decreto de imputación, surgió que los imputados actuaron de común acuerdo y con división de tareas, conformaron un grupo delictivo. Es que a partir de las investigaciones, se tuvo que los detenidos realizaron operaciones bancarias no autorizadas por el denunciante y víctima, por la suma total de $290.200, para luego disponer discrecionalmente de esa suma y realizar extracciones y transferencias bancarias, lo que generó un grave perjuicio económico al denunciante.

La intervención del fiscal penal Leandro Flores, se produjo tras la denuncia radicada por la víctima, quien expresó que el 14 de septiembre de 2020, notó que no ingresaban llamadas a su celular, por lo que llamó a la empresa proveedora del servicio y una operadora le dio a conocer que su línea fue desactivada y denunciada por robo ese mismo día.

Entonces, el denunciante sospechó y se dirigió a un cajero automático, donde solicitó los movimientos de su cuenta y se dio con la novedad de que solo le quedaban $200 (doscientos pesos), cuando el día anterior, la cifra era de $295.898 (doscientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y ocho).

En su denuncia, reconoció que no realizó la extracción o transferencia del dinero. También aclaró que previamente, se comunicó a su celular una mujer que expresó ser del banco del cual la víctima es cliente. Sostuvo que esta mujer le recitó el número de su tarjeta de crédito para “corroborar”, mientras que la víctima confirmó que eran los números y le reclamó que si efectivamente el llamado provenía del banco, deberían contar con ese números, pero le respondieron que si no confirmaba le bloquearían sus transferencias de sueldo.

802
 Económicos Complejos

Licencias de conducir: Ya hay once imputados y no descartan nuevas detenciones

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó por el delito de asociación ilícita a los once detenidos en el marco de la investigación iniciada tras distintas denuncias por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y de la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. La fiscal no descartó nuevas detenciones o cambios en la figura de imputación.

Tras los elementos colectados durante la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke entendió que los detenidos participaron activamente de las maniobras y que no se trató de hechos aislados, ya que surge claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos a cambio de dinero.

Las imputaciones por asociación ilícita recayeron sobre Marianela Castro y César Martín Ganami, quienes participaban en la asociación mediante la captación de ciudadanos que, urgidos de la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata, a través del empleado Alejandro Jorge Soria y de los Inspectores Ricardo Martín Miguel Nina y Julio Federico Barrientos Herrera, quienes también, a sabiendas que dicho otorgamiento es gratuito, obtenían beneficios económicos.

También se tiene por acreditada a prima facie la participación de las examinadoras Carmen Nieves Campos y Gabriela Anahí Dagum, quienes en tal carácter y siendo las encargadas de verificar que los exámenes teóricos fueran rendidos y aprobados como requisito previo e ineludible para continuar el trámite referido, sabían quiénes eran las personas enviadas por Castro y Ganami para que los exámenes no fueran debidamente rendidos. En diversas ocasiones y pese a los errores que no permitían su aprobación, los exámenes eran considerados como aprobados.

Según la fiscal, la intervención de los inspectores Ariel Ramiro Ruiz, Juan Carlos Conte y José Fernando Vieira, no puede separarse de las maniobras llevadas adelante por los otros partícipes, pues a su cargo se encontraba la toma de los exámenes prácticos de manejo, en los cuales surge que las personas que ya se encontraban dentro del circuito, no rendían el examen de manejo o bien, eran firmados directamente a través de la intervención de Castro y Ganami en forma irregular, a cambio de los pagos convenidos.

Por último, el encargado de emitir las licencias de conducir, Javier Fernando Martínez, permitía que las licencias que eran marcadas por los anteriores participantes, a través de su firma, fueran expedidas sin ningún tipo de inconveniente, mientras que en otras oportunidades otorgaba las licencias sin que cumpliera ninguno de los requisitos, como exámenes médicos, teóricos o prácticos, siendo la persona a cuyo cargo se encontraba la clave del sistema.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se produjo tras la denuncia radicada en abril de 2018 por el exdirector general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.

En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos que debían ser investigados.

En este sentido, sostuvo que al tomar posesión del cargo, en setiembre de 2018, advirtió un cúmulo de expedientes en los que se investigaba la emisión de licencias de conducir sin respaldo documental, verificando dos tipos de irregularidades.

La primera, se trata de licencias de conducir sin respaldo documental en las cuales sus titulares no realizaron los estudios médicos y tampoco rindieron los exámenes teóricos y prácticos; mientras que la segunda corresponde a licencias de conducir que cuentan con todas las firmas pero cuya irregularidad se verifica al no haber pasado por algún eslabón del proceso, ya sea el examen médico o bien los exámenes teóricos o prácticos o todos ellos.

Por su parte, el actual subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, expresó que una persona que no quiso identificarse y que desaprobó su examen, le dijo que le parecía injusta la situación porque “en cercanías del edificio de Tránsito una mujer vendía las respuestas de los exámenes”.

Luego logró verificar que una persona que ingresó a tomar el examen tenía en sus manos las respuestas marcadas como correctas y que las personas que le habrían entregado las respuestas correctas, eran una pareja (Castro y Ganami) que cobraba $1500 para ello. Y si no deseaban rendir el examen práctico en el canchón, debían pagar $3000, ya que se encargaban de llevar el formulario y devolverlo firmando.

Cabe destacar que se encuentran pendientes los resultados de diversas medidas para determinar la participación de otras personas en los hechos y la existencia de un perjuicio patrimonial al erario municipal como consecuencia de las maniobras, por lo que la fiscal no descartó nuevas detenciones ni modificaciones en las figuras de imputación.

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 Económicos Complejos

Once detenidos por la entrega irregular de licencias de conducir

Diez personas fueron detenidas este lunes, en el marco de la investigación iniciada tras distintas denuncias radicadas por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y de la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. Además de los diez detenidos de hoy, hay otro acusado, quien se encontraba detenido por otro delito, diferente al que se investiga en este caso. Interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke.

Los detenidos serán imputados en las próximas horas, acusados del delito de asociación ilícita. Es que tras los elementos colectados durante la investigación, que contó con la colaboración de la División de Delitos Económico de la Policía, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke entendió que los detenidos participaron activamente de las maniobras y que no se trató de hechos aislados, ya que surge claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos.

Según el legajo de investigación, todos los detenidos participaban en la asociación mediante la captación de ciudadanos que, urgidos por la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata. En diversas ocasiones y pese a los errores que no hubiesen permitido la aprobación, los exámenes teóricos y prácticos también eran considerados como aprobados o ni siquiera eran tomados.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se produjo tras la denuncia radicada en abril de 2018 por el exdirector general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.

En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos que debían ser investigados.

En este sentido, sostuvo que al tomar posesión del cargo, en setiembre de 2018, advirtió un cúmulo de expedientes en los que se investigaba la emisión de licencias de conducir sin respaldo documental, verificando dos tipos de irregularidades.

La primera, se trata de licencias de conducir sin respaldo documental en las cuales sus titulares no realizaron los estudios médicos y tampoco rindieron los exámenes teóricos y prácticos; mientras que la segunda corresponde a licencias de conducir que cuentan con todas las firmas pero cuya irregularidad se verifica al no haber pasado por algún eslabón del proceso, ya sea el examen médico o bien los exámenes teóricos o prácticos o todos ellos.

Por su parte, el actual subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra Gilberto, expresó que una persona que no quiso identificarse y que desaprobó su examen, le dijo que le parecía injusta la situación porque “en cercanías del edificio de Tránsito una mujer vendía las respuestas de los exámenes”.

Luego logró verificar que una persona que ingresó a tomar el examen tenía en sus manos las respuestas marcadas como correctas y que las personas que le habrían entregado las respuestas correctas, eran una pareja que cobraba $1500 para ello. Y si no deseaban rendir el examen práctico en el canchón, debían pagar $3000, ya que se encargaban de llevar el formulario y devolverlo firmando.

Cabe destacar que se encuentran pendientes los resultados de diversas medidas para determinar la participación de otras personas en los hechos y la existencia de un perjuicio patrimonial al erario municipal como consecuencia de las maniobras, por lo que la fiscal no descartó nuevas detenciones ni modificaciones en las figuras de imputación.

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