Armando Cazón

El juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, hizo lugar a la solicitud del penal de Salvador Mazza, Armando Cazón y declaró la incompetencia material y territorial de la fiscalía, en la causa que tiene a cuatro imputados que permanecen detenidos y 279 caños secuestrados tras el robo millonario de una antena. La antena de alta tensión, de 40 metros de altura, formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia. Por ello, la causa pasa al fuero federal.

La intervención del fiscal provincial, se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de Tartagal y Salvador Mazza, luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero, un grupo de personas desconocidas, volteó una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas de Aguaray. También indicó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.

En la ampliación, el denunciante manifestó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el costo total del daño sufrido fue de cuatro millones de pesos.

De los informes se desprende que el personal policial tomó conocimiento que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.

Al llegar al lugar los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.

Ninguno de los propietarios pudo justificar la procedencia de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por dos mil pesos a unos paisanos de Yacuy.

En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y logo de la empresa damnificada.

Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, el fiscal penal Armando Cazón entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas por la comisión del delito de robo calificado en grado de coautores, quienes permanecen detenidos.

La antena de alta tensión formaba parte del Corredor de Intercambio Juana Azurduy, instalada por la contratista y encargada del proyecto ESE&CC para el abastecimiento de energía al sistema local desde Bolivia.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó provisionalmente a tres hombres acusados del delito de robo calificado en grado de coautores.

La intervención del fiscal se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones, luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero, un grupo de personas desconocidas voltearon una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas de Aguaray. También indicó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.

En la ampliación, el denunciante manifestó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el costo total del daño sufrido es de cuatro millones de pesos.

De los informes se desprende que el personal policial tomó conocimiento que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.

Al llegar al lugar los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.

Ninguno de los tres propietarios pudo justificar la procedencia de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por dos mil pesos a unos paisanos de Yacuy.

Posteriormente, los hierros fueron secuestrados y los acusados detenidos.

Tras las denuncias, informes policiales, estudio de fotografías y distintas declaraciones testimoniales, el fiscal Cazón dispuso la imputación de los acusados y su detención.